Marcelo Casaretto de oficio o con denuncias oficiales, trata de aclarar las acusaciones que se dan en las redes sociales o en el organismo. Se han desadjudicado 30 casas tras detectarse severas irregularidades.
El Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) inició campañas para tratar de neutralizar situaciones irregulares que se hayan detectado con la entrega o adjudicación de casas de los planes oficiales. Es así que se solicitó información de alquiler de viviendas o la existencia de inmuebles que se encuentres deshabitados.
En ese sentido, el presidente del organismo Marcelo Casaretto aclaró a UNO que a través de las redes sociales o del contacto con personas es que lo imponen de situaciones -aparentemente- ilegales, para lo cual «les pido que hagan las denuncias correspondientes en el IAPV para de esa manera tener las herramientas que permitan constatar tales situaciones al margen de la ley».
Tras esta campaña, que ahora se profundizó, el funcionario provincial informó que se han desadjudicado en los últimos meses cerca de 30 casas donde se comprobaron las irregularidades.
Recordó que algunas de las acciones que emprendió el IAPV fueron de oficio «y al contar con la denuncia, más la constatación que la casa está deshabitada o bien alquilada sin la intervención de nuestro organismo, es que avanzamos con el proceso de quitar la titularidad de esa vivienda».
«Lo único que le pido a la gente cuando me manda la información es la documentación o material que nos permita comprobar la denuncia. Luego se toman los pasos administrativos y con la intervención de la justicia se inicia el proceso de desalojo», aclaró Casaretto.
Por lo pronto, reiteró: «Está prohibido alquilar viviendas del IAPV, y esto es así porque las familias a quienes le alquilan una vivienda, pueden presentarse ante el organismo para obtener la adjudicación de la vivienda a nombre de su familia, si encuadra dentro de los requisitos del IAPV».
«Las familias a quienes les hayan alquilado viviendas del IAPV, deben presentar la denuncia con las pruebas correspondientes, ya sea el contrato de alquiler, los recibos firmados o los servicios a su nombre en el domicilio, como la factura de energía eléctrica. En base a esa denuncia, el IAPV con sus inspectores y la Escribanía de Gobierno hará las constataciones, y tramitará la Resolución de desadjudicación a quienes no la ocupan, y la adjudicación a quienes la ocupan», explicó.
Más adelante, añadió: «En adelante, tendrán que asumir el pago de las cuotas, pero ya no de un alquiler, sino de la vivienda propia. Los únicos adjudicatarios de viviendas sociales que pudieran alquilar sus casas son quienes las hayan pagado totalmente».
Casaretto se encargó de destacar que «el IAPV ha construido 54.000 viviendas en 60 años de existencia, en toda la Provincia. El objetivo de este gobierno es que las viviendas sociales se destinen a familias que la necesitan, y las ocupen efectivamente. Tal vez algunas viviendas fueron mal asignadas en otras gestiones, o hay quienes reunieron los requisitos en su momento y luego su situación cambió. Aún partiendo de la buena fe, ya no la necesitan. Tenemos 28.000 inscriptos en registros de demanda del IAPV, esperando».
«No avalamos el alquiler de viviendas sociales cualquiera sea la persona que lo haga, sin importar su partido político, pertenencia sindical o amistades o relaciones de cualquier naturaleza. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso», enfatizó el exsenador peronismo por Tala.
Deshabitadas
Otro punto de la campaña de difusión del IAPV es lo concerniente a las denuncias por falta de ocupación de viviendas.
Ante esto, dijo Casaretto: «Me llegan comentarios por redes sociales de falta de ocupación de una vivienda en Colonia Avellaneda, desde 2010. Consulté en el organismo, y no se registran denuncias anteriores. Como Presidente del IAPV firmé hoy la nota iniciando el trámite para la inspección de constatación de la situación por parte de personal del IAPV y de la Escribanía de Gobierno, y de acreditarse, proceder a la desadjudicación de la vivienda, para su entrega a una familia inscripta en el Registro de Demanda Habitacional del Instituto». (UNO)
