El subsidio social de la Nación quedará sin efecto a partir del 1° de enero de 2019 y se traspasaría a las provincias, que analizan su impacto económico.
Mediante una resolución 122/2018 del Ministerio de Energía, el gobierno nacional anunció la eliminación de la tarifa social que protegía a los consumidores del servicio eléctrico con mayor grado de vulnerabilidad, y estableció su traspaso a las provincias. Así quedó especificado en el texto, que lleva la firma del titular de la cartera, Javier Iguacel: «Para la continuidad del beneficio de la Tarifa Social resulta indispensable la contribución de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el financiamiento de su aplicación en relación con los usuarios domiciliados en dichas jurisdicciones, mediante los mecanismos que oportunamente se implementen en cada una de ellas».
Desde el Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE) analizan el impacto económico que tendrá la medida. Luciano Paulín, director de Análisis Normativos y Estudios Especiales del organismo señaló a UNO que están trabajando en el tema y adelantó: «De materializarse concretamente la medida que se anunció, implicaría que aproximadamente 115.000 usuarios de la provincia se quedarán sin la tarifa social nacional. Representa a un tercio del total del padrón general de usuarios de todo Entre Ríos, los cuales se verán seriamente afectados». En tanto, indicó que en Paraná la determinación alcanza a 15.000 usuarios que cuentan con este beneficio.
A su vez, comentó: «Lo que estamos terminando de armar es cuánto representa económicamente para la Provincia, que según la Resolución, debería hacerse cargo. Será una decisión política del gobernador (Gustavo Bordet)».
Consultada sobre la situación, Laura Stratta, ministra de Desarrollo Social de la Provincia, expresó con preocupación: «Nos enteramos por la Resolución que firmó el Ministerio de Energía de la Nación de esta decisión, que es unilateral y sin consenso con las provincias, y que golpea nuevamente a los sectores más vulnerables».
A su vez, recalcó: «Estamos trabajando desde que conocimos la noticia. La Provincia ya venía también subsidiando pero no en esta escala. Es un impacto muy grande para nuestro presupuesto».
En este marco, cabe recordar que además de los beneficiarios del subsidio nacional, el gobierno de Entre Ríos implementó, a través de la Secretaría de Energía, el programa Tarifa Eléctrica Social (TES), que subsidia parte del consumo eléctrico de sectores sociales de escasos recursos, garantizándoles igual calidad del servicio en cualquier punto de la provincia, sea zona urbana o rural. En este marco, se beneficia básicamente a grupos de jubilados y pensionados que cumplan con las condiciones requeridas, y a grupos familiares que acrediten su situación socioeconómica.
También existen otros programas, como el de Inclusión al Consumo de Energía, que procura garantizar mejores condiciones de prestación y más seguridad a las familias que no gozaban del servicio o que estaban usufructuándolo en condiciones irregulares; las tarifas para la salud, que bonifica el consumo a clientes de escasos recursos económicos afectados por problema de salud que requieran de la utilización de equipos de alto consumo eléctrico; la tarifa eléctrica del deporte, a partir de la cual la Secretaría de Energía bonifica parte del costo energético a clubes de la provincia. Las entidades que gozan de este beneficio están exentas del pago de tasa municipal o alumbrado público prorrateado, según el caso; y también un subsidio a instituciones educativas de gestión privada, concebido para acompañar a aquellas instituciones educativas de gestión privada que llevan adelante una tarea de formación y contención, ya sea a través de comedores, jornada completa, talleres, asilos y cualquier modalidad que amerite su incorporación. Se bonifica el 27% sobre el básico y están exentos de tasas e impuestos.
Ahora, con la eliminación del subsidio nacional, que abarca a numerosos colectivos poblacionales, como los titulares de planes sociales, la preocupación de las provincias se acrecienta y tras la decisión tomada y oficializada a través de la Resolución 122 del Ministerio de Energía, cada gobernante deberá resolver si sostiene o no ese beneficio.
Gas natural
En mayo se resolvió continuar la bonificación del gas para quienes cuentan con el beneficio de la tarifa social para ese mes y para junio. Ya desde julio, volvieron a regir los criterios que restringen el beneficio de la tarifa social a los usuarios del gas natural, lo que supone que luego de un cupo con un subsidio del 75%, el resto se pagará con precio pleno, similar al de los usuarios sin beneficio social.
Luis Garay, defensor del Pueblo de Paraná, señaló que son en la actualidad 6.879 los usuarios del servicio de gas natural que acceden a este beneficio. A su vez, opinó que una quita del subsidio nacional «afectaría a todos los beneficiarios».
No obstante, opinó: «Prácticamente en la actualidad no existe la tarifa social. Antes de que se hiciera la primera modificación se subsidiaba el 100% del porcentaje de lo que es el gas a boca de pozo, es decir, del 70%. El usuario que era beneficiario de una tarifa social pagaba ese 30% restante».
«Hoy ya prácticamente no existe más nada de eso. Es un porcentaje solamente lo que se bonifica y como Defensoría lo planteamos en la audiencia pública», señaló.
Polémica resolución que preocupa a los gobernadores
La resolución 122/2018 del Ministerio de Energía, publicado en el Boletín Oficial, señala en sus considerandos: «Establécese que a partir del 1° de enero de 2019, el régimen de Tarifa Social establecido en virtud de lo previsto en la Resolución Nº 6 del 25 de enero de 2016 del exministerio de Energía y Minería, sus modificatorias y complementarias, para los beneficiarios que se encuentran domiciliados en las distintas jurisdicciones del servicio público de distribución de electricidad, será aplicable por los mecanismos que se instrumenten en cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a dicho régimen y que involucrará la asunción de su financiamiento y la coordinación con los agentes distribuidores y/o prestadores del servicio público de distribución de cada jurisdicción, los respectivos entes reguladores locales y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)». (UNO)
