Un juez puso pausa a la ordenanza que no permitía la venta de glifosato. Provocó el rechazo de los vecinos y de la Municipalidad. El pueblo que se movilizó para frenar las papeleras se reorganiza para luchar contra los agrotóxicos.
En Gualeguaychú, por ordenanza estaba prohibido el uso y la venta de agroquímicos. Pero la reciente resolución del juez Pablo Seró de Concepción del Uruguay puso en pausa la legislación y permitió que un grupo de firmas locales y de alcance nacional continúen comercializando glifosato. Ayer hubo una reunión en el Concejo Deliberante de la localidad en la cual participó un centenar de vecinos. Preparan medidas judiciales y movilizaciones en la ciudad entrerriana.
«Glifosato Cero» fue la consigna lanzada por la Municipalidad de Gualeguaychú ante la ordenanza que en abril aprobó el Concejo Deliberante con la cual fue establecida la prohibición de comercialización, transporte, acopio y aplicación de glifosato en el ejido de Gualeguaychú. Desde el municipio sostienen que se han tocado grandes intereses económicos y apuestan a la movilización popular, al menos eso quedó demostrado ayer en el encuentro que se mantuvo en el salón del Concejo Deliberante y donde se explicaron los alcances de la medida cautelar aplicada por el juez federal. UNO siguió en directo la realización de esta instancia y luego habló con el viceintendente Jorge Maradey.
Del encuentro también participaron el secretario de Gobierno Ignacio Farfán; el secretario de Desarrollo Social y Salud Martín Roberto Piaggio; el director de Asuntos Legales Mariano Fiorotto; y la directora de Ambiente Susana Villamonte.
La reunión comenzó con un video donde Estela Lemes, una docente rural, relató el episodio en el que fue fumigada sobre la escuela donde da clases. Actualmente, Lemes realiza un tratamiento médico por estar contaminada con glifosato en su sangre. «El testimonio de Estela, la marcha de diciembre contra el cáncer, y todas las manifestaciones realizadas por el pueblo de Gualeguaychú nos llevaron a aprobar la ordenanza que prohíbe el glifosato en la ciudad», destacó Jorge Maradey.
Alcances
El secretario de Gobierno, Ignacio Farfán, explicó los alcances legales de la medida cautelar que suspendió la ordenanza para las seis empresas que presentaron la demanda y que pretenden declararla inconstitucional.
«La Municipalidad va a impugnar la competencia del juez Seró porque creemos que esto debe dirimirse en la Justicia local, para determinar en los juzgados de la ciudad la plena vigencia de la ordenanza», destacó Farfán, quien además remarcó: «El derecho más valioso es el derecho a la vida, y es el que tiene que primar en la decisión de los jueces, aunque muchas veces no ocurre».
Los vecinos hicieron varios planteos y consultas para saber de qué se trataba la medida judicial impuesta y aquella que llevará adelante la Municipalidad para contrarrestarla.
También criticaron a los comerciantes de agroquímicos y aclararon que no son solo locales sino que algunos están relacionados a grandes acopiadores vinculados a la soja y al gobierno nacional. Asimismo preguntaron por las ordenanza similares que fueron aprobadas en Paraná y Concordia (Ver Los grises…).
Es para destacar la participación, no solo por la cantidad de personas, sino también por las intervenciones, la mayoría atinadas y de gran repercusión entre los presentes y a partir de las más de 1.000 reproducciones que tuvo el video del encuentro en Internet.
La puesta en pausa de la ordenanza provocó preocupación y de alguna manera, en la localidad se vivió como un retroceso impuesto a la lucha más general por al ambiente y la salud pública, de hecho en este sentido fueron las opiniones volcadas en las redes sociales.
Los vecinos, en la reunión, entre sus distintas intervenciones dieron cuenta de que estos principios están por encima de los derechos económicos. También se explicó que los mayores fundamentos de la demanda están dados en el comercio y no en esos otros aspectos.
Entre los participantes había muchos ambientalistas de larga experiencia en la lucha, sobre todo contra la pastera de Fray Bentos. En sus intervenciones hablaron de movilizaciones y de unirse a otras localidades como la de Concepción del Uruguay y estos pedidos fueron aplaudidos.
Desde el Municipio contaron que desde la existencia de la ordenanza se hicieron actuaciones y actas de infracción y que los controles se llevaron adelante. Hablaron además de volcar herramientas legales y populares para demostrar que lo que está en juego es la salud.
Argumentos
Maradey, dijo a UNO luego de concluir la reunión: «Lo primero que pedimos es que la competencia sea en la localidad y que sea un juez en lo comercial. Lo que más le criticamos (al juez federal) es que se haya abierto la feria judicial con un tema que no es urgente», y agregó que Seró no los atiende desde hace meses incluso por otras cuestiones también vinculadas al cuidado del ambiente.
«Creemos que el argumento (el de Seró) no tienen constitucionalidad alguna», dijo el viceintendente de Gualeguaychú y explicó que la constitución entrerriana sostiene que cuando hay problemas locales, el primero que debe actuar es el que está más cerca. «Bueno, en este caso es el municipio que tiene autonomía legislativa», y agregó: «Nos enteramos que una fiscal de Concepción también presentó una desestimación porque sostuvo que lo presentado fue hecho con mucha ligereza y esto va a ayudar muchísimo».
También opinó que esta medida va de la mano de prórrogas en el uso del glifosato aprobadas en Europa y también en la presentación que realizaron sobre las recomendaciones para aplicar fitosanitarios impulsada por los ministerios de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria de la Nación. «Priorizan un negocio y el dinero en lugar de la salud y el ambiente», sostuvo.
«La ordenanza lleva muy poco tiempo promulgada y vendrán los embates de los intereses económicos porque no solo es la venta (del glifosato) sino que viene unida a otros agroquímicos, plaguicidas y fertilizantes, semillas transgénicas y es todo un gran negocio al que le hacemos frente. Es gente poderosa, pero el pueblo tiene experiencia en esto», y confirmó que en los próximos días realizarán una convocatoria a la ciudadanía para aunar propuestas de medidas a realizar. «El pueblo movilizado es importante. Esto no es un problema mío ni de la gestión, es un problema de salud pública, de todos, ni siquiera es un problema de producción», dijo entre otras consideraciones.
Durante el encuentro, Martín Roberto Piaggio, sostuvo: «Entiendo que es necesario encontrarnos e intercambiar opiniones sobre esta temática, ya que desde el primer día que asumimos el gobierno municipal encaramos el compromiso ambiental como uno de los principales ejes», y agregó: «Este compromiso es el que nos guió a presentar dos proyectos de ordenanzas que fueron debatidos en el ámbito del Concejo Deliberante de manera muy participativa».
«Hoy vemos con mucha preocupación que un juez de otra ciudad nos plantee una situación adversa que amenaza al paso que como comunidad logramos dar en pos de la ciudad que queremos vivir, enmarcados en un proceso que necesita del compromiso de todos los vecinos», destacó Piaggio, al tiempo que agregó: «Esto se enmarca en una estrategia que va más allá de lo jurídico porque sabemos a dónde queremos llegar, y también somos conscientes de que el camino no va a ser fácil».
También sostuvo: «Estas luchas dependen del compromiso de todos y cada uno de los vecinos, y que hoy hayamos podido hacer este encuentro es producto de cómo nos movilizamos como comunidad». }
Según Piaggio la ordenanza aprobada en la localidad no nació de la nada. «Nació del dolor de muchos vecinos y ahí es donde tenemos que organizarnos para revertir estas decisiones», remarcó.
De esta manera, en Gualeguaychú se esperan para los próximos días nuevos encuentros en donde se delinearán medidas legales e iniciativas populares que avancen en revertir la medida judicial.
Los «grises» en Paraná y Concordia
Tanto en Paraná como en Concordia hay ordenanzas similares, pero las dos permiten la venta de los agroquímicos. En la reunión que hubo ayer en Gualeguaychú, algunos vecinos preguntaron por la legislación de estas dos ciudades entrerrianas.
En Paraná, la ordenanza sobre el uso de glifosato y agroquímicos fue aprobada en la última sesión de 2017 del Concejo Deliberante y se mantiene vigente. Pero luego, en febrero, hubo aspectos que fueron vetados por el intendente Sergio Varisco como la prohibición de comercialización y circulación de glifosato dentro del ejido de la capital provincial. En su momento debieron aclarar esta cuestión y desde el municipio argumentaron que tomaron esa medida porque la comercialización estaba autorizada por leyes provinciales y una ordenanza como normativa menor no podía estar en contra de una norma superior. Entonces dijeron que lo que sí se mantenía vigente era el resto de la ordenanza que estableció la prohibición del uso del agroquímico destinado a la fumigación aérea y fertilización agrícola o forestal en todo el ejido local.
Por otra parte, en abril, fue aprobada una ordenanza de tenores similares en Concordia y entre los considerando se señaló que el glifosato está dentro de agentes probablemente cancerígenos para los seres humanos.
En la Capital del citrus se estableció en su artículo 1º prohibir el uso y utilización de herbicidas de síntesis química en paseos, plazas, parques y jardines, entes públicos o privados, clubes, hoteles y cabañas con espacios parquizados, instituciones educativas y espacios de concurrencia masiva, en general en todo espacio de acceso público, en todo el ámbito de la ciudad y su ejido. Pero la normativa tampoco prohibió la venta de estos productos, bajo argumentos similares a los de Paraná. (UNO)
