Según el juez, el jefe comunal, Sergio Varisco, hizo un “acuerdo político” con Daniel Celis, que financió la campaña de Cambiemos en 2015 y, a cambio, puso a su gente en una dependencia municipal presuntamente para distribuir con móviles oficiales la droga en la ciudad.
La telaraña judicial que atrapa al intendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco, es el resultado esperable de una larga saga de relaciones peligrosas que habían sido visibilizadas hace casi una década, pero que estallaron un año atrás a partir del aterrizaje, en un campo de la localidad de Colonia Avellaneda, en las afueras de la capital provincial, de una avioneta que llevaba 300 kilos de marihuana. A partir de ese momento, tal como si fuera el resultado de un alud, quedaron al desnudo hechos gravísimos como la comprobación de un “acuerdo político”, como lo llama la Justicia, entre Varisco y la organización criminal liderada por Daniel “Tavi” Celis, quien para la comunidad local es un mini Escobar a la criolla que maneja los hilos del narcotráfico en varias zonas de Entre Ríos y en menor medida en Santa Fe. Desde el destape, quedó en cueros y en la calle una relación que comenzó con el financiamiento de la campaña electoral del intendente radical en Cambiemos en 2015, a cambio de una contraprestación del oficialismo político que significó la puesta en operaciones de una dependencia municipal desde la cual la gente de Celis distribuía cocaína y otros estupefacientes utilizando móviles de la flota estatal.
De acuerdo con la investigación a cargo del juez federal Leandro Ríos, las operaciones funcionaban supuestamente con pleno conocimiento del intendente Varisco y dos de sus colaboradores de confianza, el concejal Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad de Paraná, Griselda Bordeira, que es además integrante de la Policía de Paraná. Tanto Hernández como Bordeira quedaron detenidos la semana pasada luego de prestar declaración indagatoria, mientras que el intendente de Cambiemos sólo fue procesado, aunque los cargos contra él podrían ser más graves, incluso, que los de sus allegados. En los círculos políticos consultados por PáginaI12 se cree que Ríos quiere analizar bien el expediente a su cargo antes de tomar una decisión, la de meter preso al intendente, que significaría para Paraná una crisis sin precedentes. De todos modos, como si se tratara de un caso que involucra a otra persona, el todavía intendente Varisco convocó el viernes por la noche a un sorpresivo acto en la sede de la UCR local, para proclamar su “inocencia” y advertir: “Nos defenderemos en los planos judicial, mediático y político”.
En la causa, Varisco está imputado de “haber proporcionado en forma periódica los recursos económicos necesarios a favor de Daniel Celis para la adquisición y comercialización de cocaína” a través de los empleados municipales que él incorporó desde su gestión en la Unidad Municipal 2. Se subraya que de esos mismos hechos participaron, el concejal Hernández y la subsecretaria Bordeira en calidad de “asistentes y colaboradores”. El juez Ríos ordenó que los tres imputados sean sometidos a análisis toxicológicos para determinar si hay presencia de droga en sangre.
En Paraná, al menos por el precario sondeo que este diario pudo realizar durante algo más de 48 horas, todo el mundo sabía de antemano la relación de años entre Varisco y Celis, aunque nadie creía que “pudieran haber llegado a tanto”. Lo asombroso es que actores políticos como el presidente Mauricio Macri, el ministro del Interior Rogelio Frigerio o la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, enfrascada en una supuesta feroz lucha contra el narcotráfico, no hayan tomado nota de indicios vehementes que están a la luz, en el plano local, desde hace cerca de una década. En 2015, la presencia de Celis acompañando a Varisco en sus recorridas por los barrios suburbanos de Paraná quedó registrado en fotografías de los medios gráficos y en imágenes de la televisión. De eso tampoco tomó nota Lilita Carrió, que acompañó a Varisco en sus recorridas, favor retribuido por el intendente con la designación de Rosa Hojman, referente local de la diputada chaqueña, como titular de la subsecretaría de Ambiente Sustentable de Paraná.
A fines de 2010, por primera vez en forma pública, la revista Análisis denunció a Daniel “Tavi” Celis como el presunto jefe del narcotráfico en Entre Ríos. En noviembre de ese año, la misma revista publicó como nota central un reportaje a Celis, quien por supuesto negó toda relación suya con la distribución y venta de estupefacientes. Al mismo tiempo, tal vez como reaseguro y carta de recomendación a su favor, Celis señaló: “Muchas veces he trabajado en los barrios para los radicales y en especial para Sergio Varisco”, según recordó en su libro Las cenizas del narco el periodista Daniel Enz, fundador de la revista Análisis. La referencia era importante sin duda para Celis, teniendo en cuenta la historia de la UCR y la del propio Varisco, cuyo padre, Humberto Varisco, fue intendente de Paraná en los primeros años del regreso de la democracia. El mismo Sergio Fausto Varisco ya había cumplido su primera gestión en el mismo cargo que su padre, en el período 1999-2003.
Durante la campaña para intendente del 2015, reapareció en el debate público local el combo Varisco-Celis-narcotráfico. En el programa Quién dice qué, que se emite en el Canal Once de Paraná, el periodista Nicolás Blanco le hizo la pregunta necesaria, por lo que se decía en los ámbitos políticos y en la calle del entonces candidato a intendente por la coalición Cambiemos:
–¿Y por qué cree que a usted lo vinculan con el narcotráfico?
–Porque no encontraron otras cosas o por las alianzas que yo hago o por cualquier cosa.
Hoy, después de más de dos años de gestión como intendente, el juez Leandro Ríos está investigando esas “cosas” que tienen que ver con la relación de Varisco, Hernández, Bordeira y otros con el narcotráfico.
Todo comenzó con el secuestro de 300 kilos de marihuana que habían llegado en una avioneta, procedentes de Paraguay. En relación con ese hecho, fueron detenidas 21 personas, incluyendo a “Tavi” Celis y a una curandera de 74 años (ver aparte) que nada tenía que ver con el tema, salvo el hecho de haber ofrecido sus servicios para evitar que la lluvia dañara ese día la improvisada pista de aterrizaje.
La investigación acumula miles de horas de escuchas telefónicas en las que jugaron un papel preponderante los contactos que mantuvieron el concejal Hernández y la subsecretaria Bordeira con los jefes de la banda. Una de esas escuchas da cuenta de una conversación entre “Tavi” Celis y el concejal oficialista Pablo Hernández. Celis afirma durante el diálogo que hizo “con Varisco un acuerdo” y de esa manera contradice lo afirmado por el intendente, ante el juez Ríos, ante quien negó primero como testigo y luego como imputado toda relación con el jefe narco. A pesar de la negativa de Varisco, el juez Ríos ya dejó señalado en sus resoluciones que el “acuerdo político” fue pactado durante la campaña electoral de 2015. El pacto habría implicado el aporte de una suma no menor al millón de pesos para solventar la propaganda que llevó al candidato de Cambiemos a su segunda gestión al frente de la comuna local.
La supuesta contraprestación ofrecida, primero por el candidato y luego ejecutada por el ya intendente, fue el de dar trabajo en la Municipalidad local a los hombres elegidos por Celis, que en los hechos obtuvieron el control absoluto de la Unidad Municipal 2. A esa dependencia ingresaron 33 personas designadas en realidad por Celis, con el aval y la firma del intendente y sus dos colaboradores de mayor confianza. De acuerdo a la hipótesis que maneja el juez, eso le permitió a la banda manejar, desde la estructura del Estado municipal, el almacenamiento y la distribución de la droga utilizando incluso los camiones del municipio. Los nexos entre el jefe del Ejecutivo local y la organización de Celis fueron, según surge del expediente, Roberto Sabbioni, Pablo Hernández y Griselda Bordeira.
En una escucha que reproduce el diálogo entre un ex funcionario de los primeros tiempos de Varisco en el municipio y el abogado Hugo Gemelli, defensor de Celis, cuando este estaba detenido por el robo a una estancia de la localidad de Diamante, la conversación da cuenta de la existencia del famoso “acuerdo político” preelectoral. Otro de los personajes clave, detenido después de los sucesos de mayo de 2017 por el aterrizaje de la avioneta en Colonia Avellaneda, es Cristian Javier Silva, quien fue el segundo jefe de la Unidad Municipal 2, que supuestamente manejaba el tráfico de drogas en Paraná y en otras localidades de la provincia. La relación de Silva con Celis está documentada y su presencia en la estructura municipal, favorecida por el intendente Varisco, es una de las pruebas más contundentes con las que cuenta el juez Ríos.
En el entramado municipio-banca de narcotraficantes, la figura de la subcomisaria Bordeira adquiere una importancia fundamental, y de allí su detención inmediata luego de su declaración indagatoria. Uno de los detalles más irónicos es que la Secretaría de Seguridad, de la que dependía Bordeira, fue creada por Varisco luego de asumir el cargo y presentada en sociedad como una medida destinada a combatir el delito y garantizar el bienestar de los vecinos. Todavía no ha sido sancionada por la Policía de Paraná de la que forma parte, de la misma manera que sigue en suspenso la situación procesal de Varisco, que tendrá que ser resuelta esta semana por el juez Ríos y que puede incluso ponerle broche a un escándalo político-institucional inédito en la provincia, que ya acumula más de treinta detenidos, entre miembros rasos de la banda narco y funcionarios del gobierno de Cambiemos en Paraná. (Página 12)
