Es por razones de salud de Alberto Javier Seró, uno de los tres vocales del tribunal que entiende en el juicio contra los nueve policías y el ex médico de la fuerza. Están acusados de cometer, en 2015, los delitos de vejámenes, falsedad ideológica e incumplimientos de los deberes de funcionario público, como de torturas, contra el ciudadano uruguayense Jorge López.
A tres años de esos hechos (ocurrieron el 25 de Mayo de 2015), y cuando sólo restaban las declaraciones de los imputados, como los alegatos de la Fiscalía con la Querella y los de las Defensas, un grave problema de salud del juez Seró pone en riesgo la continuidad del juicio.
El lunes 28 de mayo vencerá el plazo que establece el Código Procesal Penal para que se reinicie el juicio oral y público con los tres miembros del Tribunal presentes, constituido en este caso por Seró, Fabián López Moras y Rubén Alberto Chaia. Si para entonces no se logra conformar, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia deberá nombrar un nuevo Tribunal conformado por tres nuevos vocales que no hayan tenido ningún tipo de intervención en esta causa.
Según supo El Miércoles Digital, Seró, quien preside el mencionado tribunal, permanece internado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras una importante intervención quirúrgica, por lo que en ámbitos judiciales ven como casi imposible que para el 28 de mayo pueda reintegrarse.
¿QUÉ HARÁN LAS PARTES?
Este sitio consultó al abogado José Ostolaza, defensor de algunos de los imputados, para saber cuáles son los pasos a seguir. “Estamos esperando que se venza el plazo. Ya los abogados estamos hablando entre nosotros, tanto los de la Defensa como de la otra parte, para ver cómo seguimos”, adelantó el letrado.
Fuentes judiciales indicaron a este medio que las partes -si se ponen de acuerdo- pueden sugerir que el hipotético nuevo tribunal acepte por lectura y por videos los testimonios de los más de 30 testigos que declararon en estas semanas de audiencias. De todas formas, tanto Ostolaza como la fiscal María Albertina Chichi se mostraron escépticos -ante este medio- con esta posibilidad, puntualmente porque el Código Procesal Penal no lo establece, no hay antecedentes al respecto y porque además se corre el riesgo de que sea apelado en una instancia de casación. Por ende, es muy probable que todo vuelva a foja cero.
JORGE RUBÉN DÍAZ / EL MIÉRCOLES DIGITAL
