Mientras sigue la causa judicial con la incautación de 10 millones de pesos y 120 mil dólares a la familia Torner; el Ministerio de Salud ordenó el decomiso de todos los remedios y el inicio de la investigación por delitos contra la salud pública.

La situación judicial de la familia Torner de Paraná, no es para nada sencilla. No sólo que debe enfrentar la denuncia y posible imputación por los delitos de una millonaria evasión fiscal, sino que además, se le inició una investigación por la posibles delitos contra la Salud Pública.

UNO informó ayer que se allanaron las propiedades de la familia Torner, y de la exconcejal de Paraná por el radicalismo, Adriana Torner. En los procedimientos ejecutados por inspectores de la AFIP como personal de Gendarmería secuestraron 10 millones de pesos, 120.000 dólares y quedó en observación una gran cantidad de cajas y bultos con medicamentos de todo tipo.

Se hizo saber que la AFIP avanza con la denuncia por una millonaria evasión fiscal, en tanto que ahora también se inició de oficio un sumario administrativo por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos.

 

Más operativos

Las autoridades del organismo chequearon los numerosos bultos y caja con remedios que se encontraban en el depósito de calle Feliciano y 9 de Julio de Paraná.

Se informó a UNO que se constató que había medicamentos de venta libre, con recetas y bajo receta archivada, pero además, se comprobó que las caras visible de la familia Torner, no cuentan con autorización para la venta de tales medicamentos.

Ante esto, se ordenó el secuestro de todos los bultos, con el fin de disponer en un corto plazo su posterior destrucción. Se aclaró que no se los entregaría a hospitales o centros de salud -y si bien no estaban vencidos- se constató que el lugar dónde se encontraban no era el apto para el almacenamiento.

Dispusieron el secuestro de los medicamentos que serán a corto tiempo incinerados -pese a no estar vencidos-, por haber estado guardados en un lugar sin las condiciones óptimas.

El Ministerio tiene sobrados motivos para reclamarle en poco tiempo al juzgado federal que se profundice la investigación por los posibles delitos de la violación de las normas de Salud Pública, sobre todo a la hora de conservación, acopio y venta de medicamentos que deben realizarse bajo severos protocolos administrativos, operativos y financieros. (UNO)

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