El Presidente Municipal José Eduardo Lauritto fue invitado especialmente este martes para realizar una exposición en el Senado de la provincia de Entre Ríos en el marco del análisis que la Cámara Alta realiza sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo en el que se buscan crear las herramientas para que las fuerzas provinciales puedan actuar en los casos de venta ilegal de drogas a baja escala. El gobierno provincial ha puesto energía en promover esta ley que da el control de las acciones tendientes a combatir los denominados “quioscos” a la policía provincial, en lo que se denomina el “narcomenudeo”, y el Intendente Lauritto fue consultado en relación a su experiencia, tanto legislativa como judicial y en rol ejecutivo.
El proyecto de ley propone que la provincia adhiera a las disposiciones del artículo 34 y concordantes de la ley nacional 23737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos en la ley 26052. “La adhesión a las citadas leyes nacionales posibilitará asumir la competencia para la persecución, investigación y juzgamiento de los delitos previstos”, se afirma en los fundamentos que sustentan la iniciativa, que espera ser aplicada a partir de 2018.
Opinión favorable
“Estoy decididamente a favor de este proyecto de ley”, aseguró Lauritto ante los Senadores que lo convocaron y ante los jueces federales de Paraná y Concepción del Uruguay. “Creo que es un proyecto que tiene buena técnica legislativa, y creo que este tercer intento que realiza la provincia está dirigido a que todo funcione para combatir la problemática de la droga. Me parece importante decir que buscar esta adhesión a las disposiciones del artículo 34 de la Ley 23.737 es seguir un camino correcto. Las estadísticas del Ministerio Público Fiscal en todo el país muestran que los 10 años de la experiencia de Buenos Aires y lo que está sucediendo en Córdoba y en Salta, son muestras de que se puede avanzar en este sentido”.
El intendente Lauritto también celebró la importancia de que el próximo 15 de diciembre se inaugure en Concepción del Uruguay el nuevo Tribunal Oral Federal en lo criminal de nuestra ciudad. “Es un proyecto de mi autoría presentado el 1 de junio de 2006, contempla la creación de 23 cargos y que también tiene como objetivo recuperar lo que fuera el juzgado criminal de sentencia que había perdido la ciudad en el año 1993. Este proyecto tuvo el acompañamiento de los diputados Carlos Daud, Juan Carlos Godoy, Carlos Cecco, Raúl Solanas, Blanca Osuna, Rosario Romero, Emilio Martínez Garbino y hoy es una realidad que también permitirá trabajar en lo que refiere a la lucha contra el narcotráfico, que es una de las principales demandas de nuestra comunidad”, detalló Lauritto.
El actual proyecto
El proyecto de ley contra el narcomenudeo, deroga las leyes provinciales 9783 y 10329. Es que en Entre Ríos, ya se sancionó y promulgo la ley 9783, que adhirió a la ley nacional 26052, acompañando así las medidas impulsadas por el gobierno nacional entonces. Fue promulgada a través del decreto 4387 del año 2007, pero se dispuso –en el mismo instrumento- que la vigencia y operatividad quedaba “suspendida hasta que se obtengan los créditos a los que alude el artículo segundo de la misma, y quinto de la ley nacional y se incorporen al presupuesto general de la Provincia, conforme lo exige nuestra Constitución Provincial”.
En aquél entonces se pidió al Poder Judicial entrerriano, a la Policía, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Seguridad que elaboren, remitan y eleven al Ejecutivo informes para establecer los requerimientos económicos, técnicos, humanos y de capacitación que resulten necesarios para asumir la competencia transferida por el Estado Nacional.
Posteriormente, ya en el año 2014, intentando retomar el camino de adhesión y la puesta en operatividad de los alcances de la normativa nacional, se sancionó la ley provincial 10329, que tuvo un fuerte consenso de ambas Cámaras.
Esta norma modificó la ley 9783 y adhirió parcialmente a la Ley Nacional 26.052, asumiendo la Provincia de Entre Ríos la competencia para la investigación de los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley Nacional 23.737
Agregó además que hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos que debe afrontar la Nación, el Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente ley. La legislatura la sancionó en octubre de 2014. Fue publicada en el Boletín oficial a principios de noviembre de ese año y presentada como un avance por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y la Justicia de la provincia.
Pero tuvo, la 10329, solo algunos días de vigencia, durante los que se desarrollaron muchos procedimientos exitosos, ya que los jueces federales de Paraná, Leandro Ríos y de Uruguay, Pablo Seró, declararon la inconstitucionalidad de la norma. Ahora el Ejecutivo propone avanzar con este nuevo proyecto.
Convicción
Se afirma en los fundamentos que acompañan la iniciativa que “el proyecto ha sido elaborado en la convicción profunda de que lucha contra el narcotráfico merece ser abordada con la mayor cantidad de instrumentos posibles”, por lo que es la que se impulsa “una herramienta de trascendental importancia”.
La provincia de Entre Ríos apunta a asumir la competencia penal en los delitos vinculados a la tenencia y comercialización de estupefacientes, que tiene competencia federal originaria y que a partir de las leyes 26052 y 23737, propicia la intervención de las provincias mediante mecanismos de adhesión.
En el proyecto se crean diversos cargos en la Justicia entrerriana, para fortalecer la aplicación de la normativa que será discutida por la legislatura entrerriana y uno de esos cargos sería para Concepción del Uruguay.
