«El delito del narcotráfico avanza rápidamente y los Estados debemos responder con una dinámica especial», destacó a Elonce TV la ministra de Gobierno, Rosario Romero. Dio detalles de las dificultas que se presentan.
La ministra de Gobierno, Rosario Romero, dio detalles de la nueva Ley de Narcomenudeo en la cual pretende avanzar el Ejecutivo entrerriano. Recordó al respecto que hace unos años la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia planteó que «tenían que ver con lo operativo, con la infraestructura para perseguir esto, que tiene que ver con los delitos más leves vinculados con la comercialización de estupefacientes».
«Hemos intentado dos veces adherir a la ley nacional y ahora estamos en el tercer intento. El gobernador ha enviado un proyecto que está siendo tratado por una comisión bicameral», dijo la funcionaria a Elonce TV. Y enseguida resaltó: «Aspiramos a sancionar una buena norma, que no tenga la objeción de inconstitucionalidad que tuvo la anterior, la cual se dio porque no tomábamos la totalidad de la investigación y el juzgamiento, sino sólo la primera parte. Por ello, los jueces federales consideraron que no se puede mezclar dos procesos: El de la nación y la Provincia. Con sólidos argumentos rechazaron la norma».
Romero recalcó que «ahora el Ejecutivo busca implementar una adhesión total a la Ley 26052. Eso nos coloca en el compromiso de tener un soporte de infraestructura, de recursos humanos y policía para que la investigación y el juzgamiento sean efectivo. De hecho, cuando se intentó aplicar la norma anterior, rápidamente la Policía había hecho 30 procedimientos con muy buenos resultados».
La ministra admitió que «hoy las preocupaciones pasan por los recursos. Necesitamos seis u ocho nuevas Fiscalías, necesitamos defensor y que el COPNAF tenga acceso a más becas del Sedronar, porque hay muchos vendedores barriales que a la vez son consumidores y debemos ofrecerles una alternativa de tratamiento».
Asimismo, comentó que «en el COPNAF existe la preocupación en torno a que si son detenidos los papás y quedan niños y debemos tener suficiente capacidad para albergarlos».
«Hay toda una gama de problemas. Preferimos dialogar antes de que la norma salga sancionada. Vamos a hacer gestiones con la Nación para que nos apoye con recursos», enfatizó.
Desde el punto de vista presupuestario, la funcionaria consideró que lo del personal no sería impedimento, pero reconoció que «puede ser costoso el equipamiento y la instalación de lugares para tratamiento de adictos».
«El delito del narcotráfico avanza rápidamente y los Estados debemos responder con una dinámica especial. Estamos entusiasmados con que la Policía investigue porque tenemos Policía en todos los departamentos, al igual que Poder Judicial, por lo que podríamos dar una respuesta más ágil», describió. Sin embargo, insistió: «No hay que subestimar lo de los recursos, por lo que en estos días se hará una estimación económica».
