El joven actualmente tiene 22 años y sus hermanas 17 y 19. Los tocamientos habrían comenzado cuando las mujeres tenían 6 y 9 años. Cuando fueron más grandes hubo abusos con acceso carnal. Prorrogaron orden de restricción.

Paraná: Un joven que actualmente tiene 22 años es investigado por los supuestos abusos a los que habría sometido a sus dos hermanas, que tenían 6 y 9 años cuando comenzaron los tocamientos, que trocaron en abusos con acceso carnal cuando las chicas fueron más grandes.

El viernes, el juez de Garantías Nº 3 Humberto Franchi, decidió hacer lugar al pedido de la fiscal María Del Huerto Felgueres, y ordenó mantener la «prohibición de acercamiento a un radio inferior a los doscientos metros de la vivienda sita en Paraná, habitada por las dos denunciantes y su grupo familiar», además de prorrogar la «prohibición de acercamiento a cualquier lugar público y/o privado en que las dos denunciantes se encuentren».

El juez también mantuvo la «prohibición de realización de actos violentos, molestos y/o perturbadores tanto a la denunciante como a su grupo familiar, por sí o por interpósita persona y por cualquier medio. Todo ello por el plazo de noventa días». Las supuestas víctimas tienen actualmente 17 y 19 años.

El joven, que estudia una carrera universitaria y vive en una localidad cercana a Paraná, es investigado por presuntos Delitos contra la integridad sexual, en perjuicio de sus dos hermanas menores. Los hechos se conocieron a partir de la denuncia de las dos supuestas víctimas, que se cansaron de los abusos y violaciones y decidieron contar lo que les sucedía a su madre, que echó al joven de la casa familiar.

 

Responsable

A la dificultad de las niñas de poder poner en palabras lo que les ocurría por su corta edad, se sumó que el supuesto victimario era el hermano mayor, el responsable de su cuidado, el que «todo lo hacía bien» y quien «era muy sigiloso en sus movimientos», en relación a los abusos y violaciones, por lo que la mamá «nunca se enteró de nada». A aquel complejo escenario para ser soportando por dos niñas, se añadió que una de ellas comenzó un tratamiento psicológico con una psicóloga que le dijo que lo que le pasaba «era algo muy normal que se daba entre hermanos y que no debía preocuparme». La chica, ya adolescente, dejó el tratamiento y nunca regresó. No obstante, por el difícil trance que atravesaba, buscó apoyo en otro profesional, donde encontró la contención que el caso requería.

El legajo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) se inició por la denuncia que las dos chicas radicaron el 12 de octubre de 2017, ante la fiscal de la Unidad Fiscal de Atención Primaria, Valeria Vilchez, que ese día solicitó medidas inhibitorias u ordenatorias contra el joven, con «carácter temporal, cuyo objetivo principal no es sancionar al sindicado, sino intervenir preventivamente con el objeto de garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de las víctimas». Tras la notificación, se le hizo saber al joven que «el incumplimiento de las medidas adoptadas, dará lugar al inicio de una causa penal por el delito de Desobediencia judicial». (El Diario)

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