El proyecto que actualmente analiza la Cámara de Diputados introduce modificaciones a la ley 9739 –que regula la actividad de los corredores públicos inmobiliarios en Entre Ríos– y al Código Fiscal.
Según el integrante de Inquilinos Organizados Entre Ríos, Mario Villagra, “es casi nulo el beneficio que hay para el inquilino” en la letra de la iniciativa. En su opinión, para determinar si existe un beneficio para el inquilino, hay que primero conocer las condiciones actuales de los alquileres. En ese sentido, remarcó que la iniciativa “no avanza mucho” porque establece que regirán los aranceles sugeridos por el Colegio de Corredores Públicos, algo que “ya es así en la actualidad”, aseveró.
Del mismo modo señaló que el artículo 3º del proyecto establece que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a vivienda, los honorarios no podrán superar el cinco por ciento del total del contrato y del tres por ciento cuando se renueve”. “Pero esto ya es así”, cuestionó Villagra y reclamó que para que haya un verdadero cambio que favorezca al inquilino “directamente no se tendría que cobrar nada la renovación”.
Por otro lado, se refirió al artículo 8º, que plantea el cobro de un adicional del Impuesto Inmobiliario en las propiedades urbanas “que se encuentren deshabitadas y sin causa justificada por el término superior a un año”. Ese adicional podría ser de “entre el 50 y 200 por ciento”. (La calle)