Entre Ríos adhirió a la normativa nacional que establece el Protocolo de Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Así se resolvió a través de la Resolución 2.883 del 29 de agosto de 2017, firmado por la ministra de Salud Sonia Velázquez. La disposición que ya tiene casi un mes, establece en su Artículo 1º la revocación de la Resolución Nº794/12 que dispone la Guía de Procedimientos para la Atención de Pacientes que Soliciten Prácticas de Aborto No Punible; y en su Artículo 2º Adherir al Protocolo ILE, del año 2015 de la cartera sanitaria nacional, según registró ANÁLISIS DIGITAL. La problemática genera pujas duras entre los profesionales de Salud pública en la provincia, abriendo una división entre aquellos que están dispuestos a practicar interrupciones legales de embarazos y los objetores de consciencia. Esa fragmentación en la atención sanitaria, ha sido el fondo de casos como el de la mujer que quedó con una grave discapacidad porque no le practicaron una ILE recomendada en 2011; y el de la niña de 11 años, del departamento Concordia, que debió tener su hijo pese a que su embarazo era producto de una violación intrafamiliar.
En los considerandos de la resolución refrendada el 29 de agosto de 2017 por la ministra Velázquez se establece que “la necesidad de normalizar los instrumentos que garanticen el derecho a la salud de las mujeres que eviten que se pongan en riesgo numerosos derechos humanos como la igualdad, la autodeterminación, la privacidad, el principio de legalidad y la no discriminación, con el objeto de brindar atención integral y oportuna en el marco de la confidencialidad y el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, como parte fundamental de los derechos humanos”.
“Que mediante resolución 974/12 MS, el Ministerio de Salud de la provincia, aprobó una Guía de Procedimientos para la atención de pacientes que soliciten prácticas de abortos no punibles; que en virtud de la vigencia del Protocolo de Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Ilegal del Embarazo (Guía ILE) dictado por el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015, de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino, dicha Resolución debe ser revocada”, se precisó.
Asimismo, se planteó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado sentencia en la causa ‘F.A.L. s/Medida Autosatisfactiva’, sosteniendo que el Artículo 86º Inciso 2 del Código Penal de la Nación establece que ‘el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible (…) si el embarazo proviene de una violación’, sea esta o no incapaz y exhorta ‘a las autoridades (…) con competencia en la materia, a implementar y hacer operativos, mediante normativa del más alto nivel (…) protocolos hospitalarios para la concreta atención de abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual”.
Se agrega en los considerandos de la resolución del Ministerio de Salud de la provincia que “nuestro país ha ratificado numerosos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional -Artículo 75º Inciso 22 de nuestra Constitución Nacional-, en los que se destacan la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Belén do Pará…”.
Contexto
La Interrupción Legal del Embarazo divide a la comunidad médica y judicial y Entre Ríos ha tenido sus propios capítulos, no sin consecuencias graves para mujeres y niños. Cabe recordar algunos casos emblemáticos, de hace apenas cinco o seis años atrás.
En 2011 a una mujer con una enfermedad congénita, que se agravó con su embarazo, los médicos del hospital San Roque concluyeron que debía hacerse un aborto terapéutico, contemplado por la ley. Ella dio su consentimiento. Pero hubo presiones y al final la intervención no se hizo porque en el momento en que estaba entrando al quirófano, irrumpió un médico ajeno a la institución, conocido por su militancia antiabortista en la capital entrerriana, que amenazó a sus colegas con denunciarlos si seguían adelante con la práctica indicada y la interrupción legal del embarazo se suspendió. Mónica fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas, de Haedo, en el conurbano bonaerense, donde tampoco le practicaron el aborto. Quedó internada en reposo absoluto, lejos de su familia, y bajo estricto control porque su vida corría peligro. Los médicos esperaron para practicarle una cesárea y la mujer sufrió un ACV. Ahora, el caso representa al país en un informe de Amnesty International titulado “El Estado como ‘aparato reproductor’ de violencia contra las mujeres. Violencia contra las mujeres y tortura u otros malos tratos en ámbitos de salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe”.
En 2012 una nena de 11 años, del departamento Concordia, sufrió abuso intrafamiliar y quedó embarazada. Pese a que el caso se encuadraba como aborto no punible, inexplicablemente fue judicializado y en ese marco, con la dirección del entonces juez de feria en lo Familiar, Raúl Tomaselli, quien relativizó la importancia del pedido de la propia víctima, consintió la posterior decisión de los padres de la menor que decidieron la continuidad del embarazo.
Día de lucha
Este 28 de septiembre se recuerda a los gobiernos latinoamericanos que 6.000 mujeres se mueren al año debido a complicaciones de abortos. En toda la región latinoamericana se superan los 4 millones de abortos por año. Cada día se realizan 55.000 abortos inseguros en el mundo, 95 por ciento en países en vías de desarrollo, los cuales son responsables de una de cada ocho muertes maternas.
Mundialmente por cada siete nacimientos se lleva a cabo un aborto inseguro. Se calcula que el aborto inducido -en forma clandestina y condiciones inseguras- es una de las tres primeras causas de muertes maternas en la región y de aproximadamente 800.000 hospitalizaciones por año.
Cada 28 de septiembre está pensado para la concientización y prevención de la problemática social. En América Latina y el Caribe, entre el 10 y 30 por ciento de las camas de los servicios de ginecología y obstetricia están ocupadas por mujeres con diagnóstico de aborto incompleto, consigna Mujeres en red. (Análisis)
