Solo un legislador devolvió la computadora que le dieron a cada uno al inicio del mandato para ejercer su labor.

Un llamativo comentario circula por los pasillos de la Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos, que involucra a los legisladores que culminaron su mandato el año pasado y a la misteriosa desaparición de bienes del Estado.

Los encargados de controlar y relevar las oficinas, se dieron cuenta de que los senadores se habrían llevado notebooks que estaban a su cargo.

Sostienen que solo volvió una de las computadoras portátiles, que cada legislador recibió para poder desempeñar su labor.

Hay tres senadores que resultaron reelectos en los pasados comicios, por lo que se especula que ellos se quedaron con las PC para continuar con su trabajo en la Cámara.

Sin embargo, el resto de las computadoras no fueron devueltas al Estado, a pesar de que no fueron un regalo, ni figuran a nombre de los legisladores.

No solo no devolvieron el material de trabajo, sino que ninguno de ellos repuso la computadora con una nueva.

Las versiones en los pasillos del Senado son varias, algunos comentan que se las llevaron, mientras que otros afirman que no las quisieron devolver debido al material y la información sensible que contenían esas PC.

Más allá de eso, se trata de bienes del Estado y no de propiedad privada de los legisladores.

En una época en la que la necesidad es muy grande y los gastos del Estado son exorbitantes, los legisladores, al ya enorme costo que cada uno genera para el erario público, le sumaron que ahora la provincia debe reponer las computadoras para los nuevos legisladores.

El hecho consistiría en peculado, ya que se trata de la sustracción de un bien público, además de tratarse de un pésimo accionar de parte de los representantes del pueblo, elegidos en elecciones para defender sus derechos.

Fuente: Portal David Ricardo

La novedad se conoció a fines de la semana pasada y fue confirmada a Diario Río Uruguay en las últimas horas por una alta fuente provincial. Ahora resta esperar que desde el gobierno nacional se proceda al nombramiento.

Luego de varias especulaciones y danzas de nombres, finalmente quedó establecida la terna que propuso el gobierno de Entre Ríos para la conducción de la Delegación Argentina en la Comisión Técnica Mixta que administra el funcionamiento de la represa de Salto Grande.

Donde no habría mayores sorpresas es en quien quedaría a cargo de la presidencia -en reemplazo de Roberto Niez- ya que como este medio había adelantado, esa tarea será confiada al ingeniero Luis Benedetto, quien dejaría de ser el actual titular del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia.

El segundo nombre propuesto es otro que ya aparecía como firme candidato y se trata del ex senador nacional Héctor Maya, quien llega con el galardón de haber sido quien presentó aquel proyecto de Ley con el que la región comenzó a recibir los excedentes de Salto Grande que darían origen a la CAFESG.

Por último, está la verdadera novedad, ya que si bien hasta hace poco más de dos semanas se señalaba que la terna de delegados se completaría con el ingeniero Carlos Massimo, quien ya había formado parte de la conducción de la CTM Salto Grande, ahora se conoce que el tercer hombre propuesto para ocupar la Delegación Argentina de la CTM Salto Grande es Juan Domingo Orabona, quien dejaría así de ser el presidente de Instituto del Seguro.

Desde este medio se consultó a la mencionada fuente sobre la demora en el nombramiento de estas autoridades, a lo que se respondió que se estaba dentro de los plazos habituales para este tipo de decisiones, trayéndose a colación que la actual conducción que fue designada por la presidencia de Mauricio Macri fue oficializada a cinco meses de haber asumido el anterior gobierno.

Diario Río Uruguay

El presidente Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Bordet firmaron un convenio que permitirá avanzar en la construcción del aeropuerto binacional de Concordia, la integración productiva con la ciudad uruguaya de Salto y también el desarrollo fronterizo con la adquisición de equipamiento.

El convenio de asistencia técnica fue firmado en Casa Rosada entre el Ministerio del Interior y el gobierno de Entre Ríos. “Una noticia realmente esperada por la región que nos permitirá en un mediano plazo contraer el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para comenzar la construcción de la obra”, dijo Bordet al destacar el “profundo sentido federal de la gestión del presidente Alberto Fernández, que ha tomado desde un primer momento a las provincias como una prioridad. Este es un gesto concreto para aprovechar la potencialidad que tiene Entre Ríos por la región en la que está inscripta”.

“Estamos hablando de un proyecto de gran envergadura que viene a mejorar sustancialmente la conectividad de la región, permitiendo a las cadenas productivas y actividades cada vez más importantes como el turismo, un relanzamiento de sus productos y servicios, y por lo tanto creando condiciones cada vez más favorables para la generación de empleos de calidad”, refirió el mandatario.

La rúbrica del convenio, llevada a cabo por el Presidente de la Nación, el gobernador Gustavo Bordet y el ministro del Interior, Wado de Pedro, incluye un préstamo de 50 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el cual se habilitará el llamado a licitación para la concreción de la obra del aeropuerto binacional.

El proyecto

Entre los principales objetivos que se pretenden lograr con este importante proyecto se encuentra la integración productiva a través del fomento de encadenamientos productivos binacionales en la industria citrícola, de arándanos y el turismo.

En lo referido a la integración logística se promueve la conectividad física a través de la ampliación de la capacidad del aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia, permitiendo atender demanda de aerolíneas comerciales para vuelo de pasajeros y carga liviana, además de la implementación de servicios de transporte urbano binacional por medios terrestres como fluviales.

Como un tercer componente de la programación se busca consolidar el tránsito de personas y bienes a través del puente internacional Salto Grande consolidando el sistema de Tarjeta de Facilitación Fronteriza (TFF) y mejora de los centros de carga.

A su vez, se beneficiará a la población y sectores productivos de los departamentos entrerrianos de Concordia, Federación y Santa Ana y a las empresas del sector turístico de Concordia, Federación y Colón.

Acceso al financiamiento

Este crédito de carácter inter-países ha sido gestionado por el gobierno de Entre Ríos, que además lidera el proyecto. La línea de créditos comprende fondos externos a los que el BID reserva a cada país, complementándose a los que el organismo ya tiene previsto para Argentina y sus provincias.

Cabe recordar que la provincia viene trabajando en este proyecto junto a los municipios de la región de Salto Grande, como así también con técnicos de Nación y el BID desde el año pasado.

El acceso a estos fondos es sumamente importante, no solo por la obra, sino también por la conveniencia en términos de financiamiento y plazos para su amortización. “Ante un contexto macroeconómico muy difícil gestionamos fondos que nos permitan desarrollar nuestra provincia, hacerla más competitiva e integrada. Para ello, la obra pública, planificada y definida estratégicamente, es una herramienta fundamental”, subrayó finalmente el mandatario.

El gobierno provincial convocó a la dirigencia de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) a una reunión este viernes.

A fin de definir criterios de cara a las próximas paritarias, el encuentro se realizará este 21 de febrero, desde las 10 en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno.

El exgobernador de Entre Ríos contestó al senador nacional de «Juntos por el cambio», quien le había preguntado si se presentaría ante la Justicia en abril. Es que el juez de Garantías de Paraná, Ricardo Bonazzola, investiga el desvío de 47 millones de pesos de su gobierno y dispuso su remisión a juicio oral para ese mes.

De Ángeli, incluso, lo interrogó cuando exponía ante la Comisión de Acuerdos, en el marco de una audiencia pública con la participación de los candidatos propuestos, sobre si estaba dispuesto a «renunciar si la Justicia lo hallaba culpable».

Urribarri respondió que ya había dado respuesta a las impugnaciones en su contra, a través de escritos enviados a los senadores que integran la comisión. «Gracias, Alfredo, no estoy obligado pero voy a responder igual. Alfredito querido, si sos senador tenés la respuesta que necesitás: tomate el trabajo de ir a tu escritorio, pedí que te lo den y vas a ver que ahí está escrito», expresó, dirigiéndose a De Ángeli.

En ese sentido, el exmandatario entrerriano añadió que, «aún siendo diputado provincial con fueros», asistió a los tribunales “espontáneamente».

Télam

Una vez más somos víctimas y cómplices de la mentira populista, votamos al político que nos promete más Estado presente, más gratuidad en los servicios, pero en el fondo, nada es gratis, siempre alguien tiene que pagar lo que se brinda desde un Estado cada vez más elefantiásico.

Es así que se profundiza la verdadera grieta en la sociedad: los que viven pagando los delirios de los políticos que solo piensan en acumular poder, y aquellos que disfrutan de los beneficios.

La gente quiere más Estado, pero luego no lo quiere pagar. El político que pergeño la mentira no quiere dar marcha atrás, no quiere perder popularidad y continuará con su engaño populista, de subsidios para todos, playas gratis para todos.

Con el tiempo las tasas son tan altas que la morosidad aumenta. El año pasado la recaudación por tasa de comercio bajó un 40 por ciento en la ciudad. Las cuentas públicas terminan siendo deficitarias, y la única salida para equilibrarlas, si no se quiere ajustar el gasto público, será siempre el endeudamiento.

Esta es la triste realidad que se vive hoy en nuestra ciudad, en la provincia y en el país. En el Municipio el gasto público no paró de aumentar desde el 2016. El intendente Martín Piaggio recibió en 2015 el municipio con cinco secretarías y 1180 agentes.

Piaggio terminó su primer mandato con 1408 empleados, creó la sexta secretaría, la de Poder Popular, e incrementó un 20 por ciento el plantel laboral, en un municipio en donde el incremento salarial obtenido en un año por el Sindicato de Empleados Municipales, se traslada automáticamente al año siguiente en el incremento de tasas.

En el segundo mandato, se creó la séptima secretaría, la Desarrollo Económico, para entre otras cosas coordinar las actividades del Buró Productivo que desde que se creó por ordenanza en agosto del 2018, no logró generar ni un solo puesto de trabajo con inversión privada.

También encierra el Parque Industrial Municipal, para sentar las bases de un modelo productivo de trabajo físico repetitivo que ya está muriendo, y nos costará millones de pesos poder dotar el predio de seis hectáreas con todos los servicios.

El trabajo del futuro es el valor agregado del cerebro. Tendríamos que preocuparnos de que todos los chicos que terminen la secundaria sepan hablar inglés a la perfección, porque ellos trabajarán para el mundo, gracias a los adelantos tecnológicos que permitirá la Internet 5 G.

Hoy nuestro mundo gira a través de nuestro celular, ya ni siquiera necesitamos tener un reloj despertador o un GPS. La inversión municipal para el desarrollo debe apuntar a la generación de la industria del conocimiento, con el fin de apuntalar el desarrollo de nuevas aplicaciones y a la formación del emprendurismo, para que cuando nuestros jóvenes terminen la secundaria puedan saber cómo crear y mantener una empresa.

Ante los problemas cotidianos que nos agobian no nos estamos dando cuenta, que la administración Piaggio lentamente nos está llevando a la “chavización”  de nuestro sistema de vida.

A lo largo de su gestión hemos visto un ataque sistemático a la propiedad privada, en nombre de la justicia social y la igualdad.

La propiedad privada es una forma de disponer de los frutos del trabajo de un individuo, y si éste no puede disponer de la propiedad, tampoco se podrá disponer de los mecanismos que sustentan la vida de una persona. Es por eso que en aquellos países en donde no se respeta el derecho a la propiedad, no se respeta el derecho a la vida.

El ejemplo más cercano a todo esto es Venezuela. Con el famoso ¡Exprópiese! La tasa de capitalización bajó haciendo más miserable la vida de los trabajadores al ver caer sus salarios. Los sectores más productivos y de mayor concentración de conocimiento se fueron del país.

La historia universal demuestra que el ataque sistemático a la propiedad privada solo lleva inexorablemente a un camino: el genocidio.

Venezuela es el país con la mayor inflación del mundo, viven sobre un mar de petróleo, pero el peso promedio de la población bajó por la falta de una adecuada nutrición y más de 4 millones partieron de su amada patria sin saber si algún día podrán regresar.

Usted Piaggio nos está haciendo vivir una mentira y “cada mentira que contamos es una deuda con la verdad, hasta que la verdad estalla”, dijo Valeri Legásov el científico soviético quien alertó sobre un fallo de diseño en los reactores en la planta que causó el accidente de Chernóbil.

Hoy nuestra verdad comienza a revelarse. No nos lleve a los años 70 y a los sueños revolucionarios fracasados. La única revolución que debemos  hacer los argentinos es la revolución del respeto hacia la ley.

POR DIEGO ELGART (EL ARGENTINO)

El acuerdo se concretó con los fiscales que investigaron el delito de fraude a la administración pública, Juan Malvasio y Santiago Brugo, 752.999,84 de pesos fue el monto de los fondos que se dirigieron a otros fines provocando un perjuicio al Estado

Enrique Susevich, ex responsable financiero de la alianza en Entre Ríos, admitió que usó fondos destinados a boletas para otros fines. Firmó pena de un año y medio, casi mil horas de trabajo solidario y devolver lo que desvió más intereses.

El responsable económico y financiero de la campaña de Cambiemos en 2015, Enrique Susevich, admitió su culpabilidad en el marco de un acuerdo de juicio abreviado en la causa por el desvío de fondos estatales que tenían como destino exclusivo el pago de impresiones de boletas electorales.

El acuerdo se concretó con los fiscales que investigaron el desvío, Juan Malvasio y Santiago Brugo, y fue presentado antes del inicio de la feria judicial, en diciembre.

La razón del acuerdo se funda en que el excajero comenzó a devolver el dinero, más los intereses, del perjuicio patrimonial ocasionado al Estado.

Fuentes tribunalicias señalaron que el extitular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),  delegación Paraná, acordó una pena de 1 y 6 meses de prisión condicional –es decir no va preso- por el delito de fraude a la Administración Pública.

Esta última cuestión comenzó a cumplirse el año pasado, cuando Susevich accedió a un acuerdo de pago con el Tribunal de Cuentas. Susevich fue condenado en marzo de 2019 por el TdC a devolver $ 752.999,84.

Según el último cálculo del área de auditoría del organismo, de fecha  13 de agosto, la suma actualizada que debe reintegrar Susevich es de $1.763.192. A ello se le deben agregar los intereses. El Tribunal de Cuentas ya aprobó su oferta de devolver el dinero en 12 cuotas.

El acuerdo de juicio abreviado se formalizará en una audiencia ante la jueza de Garantías Elisa Zilli, que entiende en la causa. Luego de analizarlo, la magistrada deberá resolver si lo homologa o no. La audiencia aún no tiene fecha en el calendario tribunalicio.

En 2015 el dirigente radical recibió dos subsidios, por un monto total de 1.642.999,94 pesos, que el Estado le asignó al partido para la confección de boletas para las elecciones primarias y generales en la provincia. Los subsidios, cabe aclarar, también se otorgaron a otras fuerzas políticas.

Al analizar los gastos de la campaña, la contadora Lucrecia Zuttión, fiscal del Tribunal de Cuentas, señaló en un dictamen que los gastos rendidos por Susevich “no se corresponden con el destino previsto para tales sumas”. Los fondos habían sido utilizados para otros gastos de campaña, tales como cenas, publicidad, cartelería, entre otros.

davidricardo.com.ar