El martes 27 de septiembre de 2016, el entonces intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, hizo entrega a sus adjudicatarios de 12 viviendas construidas en el marco del “Programa Federal de Mejoramiento del Hábitat para Pobladores Rurales y Pueblos Originarios”: 9 se construyeron en Barrió Zona Norte, 3, en el barrio Tagüe. En esa entrega estuvo presente el entonces titular del Concejo Deliberante y actual jefe comunal, Marcelo Borghesan.

Las viviendas habían sido prometidas durante la gestión del justicialista José Luis Panozzo, con algunos traspiés. Por eso, Galimberti, aquel día de septiembre de 2016, habló de “los inconvenientes que se presentaron” a principios de su gestión para la culminación de esas viviendas “por cómo se venían desarrollando los Programas, por la incertidumbre, por el cambio de Gobierno. Intentamos desde un primer momento llevarles tranquilidad y les pedimos paciencia a ustedes y bueno, hoy ha llegado el día”, destacó el portal Entre Ríos Ahora.

Ese programa habitacional previó un plan de financiamiento para los adjudicatarios: 360 cuotas. Al mes de abril de 2024, transcurrió el período correspondiente al pago de 76 cuotas, una de las adjudicatarias de esas viviendas sociales, Marina Cardozo, actual concejal por La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Chajarí, nunca pagó la cuota de su vivienda. Ocupa su banca en el período 2023-2026 y percibe una dieta de $ 874,950, según datos oficiales al mes de marzo.

El 20 de marzo último, vecinos del barrio Curiyú, de Chajarí, beneficiados con viviendas sociales del programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, que recibieron su vivienda en 2016-2027, presentaron una nota al Concejo Deliberante y propusieron saldar su deuda pagando cuotas fijas de $15.000 por las viviendas. Una de las peticionantes es la concejala Marina Cardozo.

Actualizados los montos de las cuotas, los adjudicatarios deberían abonar $40.391,90 sin contabilizar los intereses. Pero si se incluyeran punitorios, el valor treparía a $45.304,70. De ese modo, al adeudar 76 cuotas la concejala libertaria debe al Municipio de Chajarí la suma de $3.443.157.

Los cálculos que hacen en el Municipio es que el valor de la cuota de su vivienda es el 5,17% de su dieta de concejal, y aun así no paga. Si el Concejo Deliberante -que integra la edil libertaria- accediera al pedido de los vecinos de pagar 15.000 pesos al mes, en cuotas fijas, representaría el 1,715% de su salario, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

“Nos impactó mucho el pedido que hizo la concejala”, expresó Claudio Hermosa, jefe de la bancada de Juntos en el Concejo Deliberante de Chajarí. “En 2017 el Municipio les presentó un plan de pago. Eran 360 cuotas a pagar en 30 años. Era una cuota absolutamente accesible, unos $1.800 que actualizados hoy sería una suma de $6.500. Ahora, nos piden refinanciación de entre 780 y 1.200 cuotas, con una cuota fija de $15 mil. Es irrisorio. Han recibido vivienda y terreno, y el monto actualizado que deberían pagar es de $45.000. Ningún alquiler está hoy en ese valor”, agregó.

Aunque el impacto mayor fue el hecho de que una concejala libertaria -la primera minoría en el Concejo Deliberante de Chajarí- haya firmado ese pedido. “La concejala tiene el tupé de firmar la nota. De las 76 cuotas de su vivienda social que debió pagar, no pagó ninguna. Ni la cuota uno pagó. Y nos están pidiendo una cuota fija de 15 mil pesos. Se puede contemplar desde el Concejo alguna situación de familias. Pero esto es ya extremadamente grave. La concejala Marina Cardozo integra el cuerpo legislativo. Con el mismo tupé que desde su partido se critica al Estado, se abusa del Estado. Nos está pidiendo la concejala que le autoricemos una cuota de $15 mil para su vivienda y no pagó ninguna cuota. Los primeros en sorprendernos fuimos nosotros al ver que la nota estaba firmada por la propia concejal”, subrayó.

Con la media sanción de la Ley Bases de Diputados, once empresas públicas quedaron sujetas a privatización, de las cuales dos, deberán conservar una mayoría accionaria en manos del Estado, y otras cinco incluyeron la opción de ser dadas en concesión. La cifra se redujo sustancialmente del listado original de 41 compañías estatales contemplado en la primera versión de la ley.

Hay un primer lote de “sujetas a privatización” en el Anexo I del proyecto que incluye a Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (ENARSA), Radio y Televisión Argentina (RTA) – que controla la TV Pública y Radio Nacional y sus 40 repetidoras en el país-, y la firma Intercargo, la firma que presta los servicios en tierra, rampas y puentes de acceso en los aeropuertos, publicó el portal de Infobae.

Por pedido de la oposición dialoguista del PRO, Hacemos Coalición Federal y la UCR, el Gobierno incluyó en el texto la intervención previa en el proceso de traspaso a manos privadas de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, integrada por diputados y senadores, con la colaboración de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) “deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de treinta días hábiles”.

El proyecto que obtuvo media sanción de Diputados prevé que “durante el proceso de liquidación de la empresa, sólo podrán enajenarse los bienes necesarios para la cancelación de los pasivos”. En los casos en que fueran insuficientes para cubrir los pasivos, “se requerirá a la Agencia de Administración de Bienes del Estado la enajenación de aquellos que hubieren constituido el patrimonio de afectación de la empresa de que se trate, hasta cubrir las sumas adeudadas”.

En el texto del proyecto con media sanción hay otras dos empresas públicas que también quedan “sujetas a privatización”, pero incluidas por separado en los artículos 8 y 9, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), aunque con condiciones diferenciadas del resto. Si bien podrán incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, deberán conservar el control mayoritario por parte del Estado. El proceso deberá hacerse “en los términos y con los efectos” de los Capítulos II y III de la Ley N° 23.696, en referencia a la ley de Emergencia Administrativa sancionada en 1989 durante la gestión de Carlos Menem, que le permitió al ex mandatario llevar adelante la primera tanda de privatizaciones de empresas estatales. En el caso de Nucleoeléctrica, el artículo 8 agrega que se necesitará del voto afirmativo del Estado para la ampliación de capacidad de una central nuclear, la creación de una nueva, la salida temporal de servicio y la incorporación de accionistas en la sociedad, destacó el portal de Infobae.

En el Anexo I de la Ley Bases fueron incluidas, además, una tercera tanda donde están Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Correo Argentino, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) que opera Trenes Argentinos, y Corredores Viales, pero con la opción de ser concesionadas.

Quedó excluido del listado el Banco Nación y sus seis empresas subsidiarias, como estaba previsto originalmente en el texto del Gobierno, ya que esta posibilidad – aún con mayoría accionaria del Estado – era resistida por diputados del sector dialoguista, especialmente del interior del país. Por ese motivo, fue eliminado antes de la firma del dictamen de mayoría en el plenario de comisiones del jueves pasado.

En conjunto, estas 11 empresas públicas sujetas a privatización o concesión emplean a casi 79.000 personas, según los últimos datos disponibles del INDEC a enero pasado. La que registra mayor cantidad de trabajadores es Trenes Argentinos (23.743), seguida de Correo Argentino (16.775); Aerolíneas Argentinas (11.892); AYSA (7.769), Belgrano Cargas (4.642); y Corredores Viales con 4.300.

En 2023 recibieron, en total, transferencias del Tesoro por $2.059.355 millones (2 billones), de acuerdo a los giros para gastos corrientes y de capital relevados por Infobae del sitio de Presupuesto Abierto. Al tipo de cambio oficial promedio de 2023 ($309,90), equivalen a casi USD 6.645 millones, resaltó el portal de Infobae.

Para 2024, estas compañías estatales incluidas en el proyecto con media sanción tienen transferencias previstas desde el Ministerio de Economía por $2,2 billones ($2.268.044 millones), de las cuales ya se ejecutaron $723.124 millones al 28 de abril último, según los datos oficiales publicados en ese sitio.

Las empresas deficitarias

Cinco de esas compañías incluidas en la media sanción de la Ley Bases en Diputados tuvieron el año pasado un resultado financiero en rojo que – sumado – alcanzó $851.260 millones, según el informe elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) de la Secretaría de Hacienda. La cifra en dólares equivale a USD 2.740 millones, al cambio oficial promedio del 2023.

El ranking de números deficitarios al cierre del año pasado lo encabeza Aerolíneas Argentinas con $385.115 millones de rojo (USD 1.240 millones). Ese déficit “fue financiado con el incremento de otros pasivos”, según el informe publicado el 30 de marzo por la ONP. A principios de diciembre, antes del recambio de Gobierno, la compañía había informado en un comunicado que “por primera vez desde su reestatización, la empresa alcanza el equilibrio económico con un resultado positivo de US$32 millones para 2023, sin ejecutar además el presupuesto asignado”. Sin embargo, en una suerte de “maquillaje contable”, esos números fueron posible luego de haber conseguido USD100 millones por una emisión a través del fideicomiso administrado por BICE Fideicomisos SA, la mitad de los cuales fue suscripta por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, consignó el portal de Infobae.

El año pasado, la aerolínea de bandera recibió transferencias del Tesoro por $40.500 millones, y tuvo ingresos por venta de pasajes por $608.683 millones. Si bien para este año Aerolíneas tenía previstas transferencias por $75.3954 millones, no recibió giros del Tesoro en este primer cuatrimestre, según el sitio de Presupuesto Abierto.

Le sigue en cuanto a los números en rojo AYSA con $384.239 millones. La prestadora del servicio de agua y cloacas en el AMBA, cuando su titular era Malena Galmarini, recibió giros del Tesoro por $285.016 millones en 2023. Para este año, tiene presupuestadas transferencias por $305.793 millones para 2024. En el primer cuatrimestre, la ejecución fue del 32% ($97.433 millones).

Otras firmas deficitarias es Sociedad Operadora Ferroviaria – cuyo nombre comercial es Trenes Argentinos – con un resultado negativo el año pasado de $47.310 millones. La firma tiene a cargo las líneas urbanas de pasajeros Sarmiento, General Mitre, General San Martín, General Roca, Belgrano Sur, y de los servicios regionales y de larga distancia, incluido la línea internacional Posadas-Encarnación. La empresa recibió el año pasado $342.180 millones en transferencias del Tesoro, y tiene previstos $336.000 millones en 2024, de los cuales, ya se ejecutaron $133.149 millones (el 40%).

Luego aparecen Belgrano Cargas con un déficit de $29.493 millones, y Corredores Viales con $5.103 millones abajo.

Con resultado financiero positivo

Las restantes seis compañías estatales incluidas en la ley Bases como sujetas a privatización tuvieron superávit en sus resultados del año pasado. Encabeza el listado Nucleoeléctrica Argentina – la generadora de energía eléctrica que tiene a cargo la operación de las centrales nucleares – con $323.326 millones. La cifra obedece a la venta de energía generada por las centrales nucleares Nuclear Atucha I-II y Embalse por un total de $242.705 millones. Si bien tenía presupuestada transferencias a lo largo de 2024 por $7.000 millones, una cifra relativamente baja si se considera lo que obtuvo por ventas de energía, no recibió hasta hora fondos del Tesoro en el primer cuatrimestre, publicó el portal de Infobae.

Se destaca también ENARSA – que se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos, así como tareas de transporte, distribución y comercialización e industrialización de esa materia prima y sus derivados- con $57.079 millones. Este cierre financiero se explica por el volumen de venta de gas, exploración y producción que le sumó ingresos en 2023 por $444.373 millones, según datos de la ONP.

Pero a su vez, la energética estatal creada en 20024 es la que le demandó mayor cantidad de recursos del Estado el año pasado, incluyendo transferencias para gastos corrientes y de capital: $1.128.808 millones ($1,1 billones). En gran parte, porque tiene concesionada la obra del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que requirió $700.000 millones de gastos corrientes el año pasado. Según datos de la Secretaría de Hacienda, esa obra tuvo un gasto devengado el año pasado de casi $500.000 millones.

En 2024, ENARSA tiene transferencias previstas por una cifra apenas superior, pese a la inflación, $1.183.841 millones. De este monto, en los primeros cuatro meses del año, se ejecutaron $405.889 millones, el 34%.

En tercer lugar, aparece el Correo Argentino con un resultado positivo en 2023 de $13.144 millones, producto de incremento en sus ingresos por la prestación de servicios postales brindados por la empresa. Más del 57% de sus gastos se lo lleva el rubro remuneraciones por sus 16.775 empleados. El año pasado recibió transferencias del Tesoro por $84.466 millones, mientras que para 2024, están previstos giros por $184.578 millones, de los que ya fueron enviados solo $41.600 millones (el 23%).

Por su parte, Yacimientos Carboníferos Río Turbio – que opera en la provincia de Santa Cruz – también registró un ejercicio superavitario el año pasado de $3.525 millones, luego de tener ingresos por su operación de $2.516 millones y tras haber recibido $47.450 millones del Tesoro. Este año, está previsto que reciba el mismo monto de recursos públicos, pese a la inflación, destacó el portal de Infobae.

También tuvo números a favor el año pasado Radio y Televisión Argentina ($1.464 millones) luego de recibir transferencias por $34.347 millones de Economía. Para este año, tiene presupuestada una partida apenas superior, $34.516 millones, de los que ya recibió el 40% ($13.754 millones).

Intercargo, por su parte, tuvo un resultado positivo en 2023 de $1.245 millones, después de haber recibido fondos del Tesoro por $1.358 millones. Para este año tiene previstos $2.895 millones, pero no tuvo transferencias en el primer cuatrimestre.

Si a los resultados positivos a favor de estas seis compañías públicas se le restan los déficits de las otras cinco, el saldo arroja un rojo en la sumatoria de $451.475 millones, según el análisis de Infobae en base a los números detallados en el informe elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto.