El pago extra para el haber mínimo quedará fijo en $70.000. Se extiende la negociación con las provincias por las cajas no transferidas a la Nación. El debate por los regímenes de excepción.
Para 2025 se prepara una serie de medidas que incluye el congelamiento del bono que cobran los haberes mínimos, en casi su totalidad correspondientes a quienes ingresaron por facilidades y planes especiales, aún en un contexto de inflación alta en términos internacionales, un plan para pagar sentencias jubilatorias y sostener la decisión de no renovar la moratoria previsional, que terminará en marzo del año próximo.
En los despachos oficiales aseguran que el contexto todavía no es el indicado para plantear la discusión de una reforma integral del sistema jubilatorio, una idea que sobrevuela a otros espacios del espectro político.
La rispidez con el que tuvo lugar el debate legislativo sobre la fórmula de actualización de haberes desincentiva este tipo de iniciativas que implican cambios profundos en el sistema en su totalidad.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo dejó saber algunos lineamientos que sostendrá en la política previsional del año que viene. En primer lugar, según los datos finos del Presupuesto que se presentó ante la Cámara de Diputados, la partida para Anses tendría un aumento en términos reales de 1%, y en valores globales explicaría el 45% del total nacional.
El anuncio más reciente hecho por el director de Anses, Mariano de los Heros, es que el bono que complementa el haber mínimo, que en marzo fue actualizado a $70.000 y desde entonces no cambió, quedará congelado en términos nominales a lo largo de todo 2025. Esto despertó críticas inmediatas de los bloques opositores, que reclamaron que esto implicará un recorte en el poder de compra jubilatorio para la base de la pirámide. De todas formas, en el Gobierno aseguran que no hay espacio fiscal para modificar esa decisión.
La cuestión de la capacidad de compra de los haberes previsionales no es menor porque el Gobierno sostiene que los jubilados -sin contar el bono- le vienen ganando a la inflación. Pero el deterioro real de esos $70.000 hizo erosionar el poder adquisitivo de los haberes mínimos.
Para Nadin Argañaraz, director de Iaraf, “los jubilados que cobran la mínima y bono tuvieron su peor situación relativa en febrero y luego su ingreso real hizo pico en el mes de junio de 2024″.
“En efecto, el ingreso real de este mes (por octubre) fue 1,4% inferior al de noviembre 2023. A partir de junio, el ingreso real viene cayendo, dado el bono fijo en $70.000. Y en octubre habría sido 3,4% inferior al de noviembre, ampliándose la brecha negativa”, planteó.
Otro elemento de profuso debate parlamentario tiene que ver con las moratorias jubilatorias. El 23 de marzo terminará el régimen vigente y, anticipó De los Heros a los bloques de la oposición que no será renovado ya que el Presupuesto 2025 no incluye ninguna partida específica para ese concepto. El Gobierno se apoyará en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que no llega a pagar una jubilación mínima, para aquellos que no tengan la totalidad de los aportes.
Las cajas jubilatorias provinciales, un tema de discusión entre la Casa Rosada y los gobernadores todos los años, tuvo este año una particularidad: la Nación no envió un solo peso para cubrir déficits previsionales de los sistemas no transferidos, algo que hizo escalar reclamos de provincias hacia el gobierno central.
La Anses llevó adelante una serie de auditorías para comprobar si esos desequilibrios existían y de qué magnitud eran. En el organismo argumentan que hay casos de provincias que reclamaban tener déficit -es decir, que les correspondía una transferencia de Nación para compensarlo- pero que el examen de Anses dio como resultado que en realidad había superávit. De los Heros mencionó ante los diputados que no hay planes para que esas cajas pasen a la órbita nacional.
Por otra parte, respecto al pago de juicios jubilatorios, el Gobierno decidió encarar la problemática en dos partes: por un lado, en el reajuste de haberes, es decir el flujo hacia adelante en el monto de jubilación de los demandantes, y los retroactivos (unos 36 mil casos), que configuraría el stock de esa deuda previsional. La decisión que tomó el Palacio de Hacienda es la de dar prioridad a la liquidación de los ajustes.
“Antes de que termine 2025, hacia agosto o septiembre, vamos a tener pagados el reajuste de los haberes mensuales de 92.000 juicios que están en stock” mencionó el director de Anses y aseguró que “en el mientras tanto vamos a ir pagando las nuevas sentencias que vayan saliendo”.
Sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el Gobierno no consiguió que la Ley de Bases incluya un artículo para que el Estado pueda desprenderse de las tenencias de acciones de empresas privadas, aunque en las últimas semanas realizó un cambio normativo que impactará en la cartera inversora.
A través de un decreto, determinó que el FGS tendrá permitido mantener títulos públicos del Tesoro hasta fines de 2027 pero que esa proporción, que hoy supera por poco el 70%, pase al 50% de la cartera total. El plazo extenso, mencionan, tiene que ver con que una venta masiva de títulos en un mercado como el local podría implicar una fuerte baja en las cotizaciones de los bonos del Tesoro.
Los casos de privilegios
Un proyecto de dos diputados del oficialismo intentará introducir la discusión sobre un listado de regímenes de privilegio jubilatorios, para que los haberes de funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos pasen a ser parte del sistema regular como el resto de los aportantes. Si bien es un diagnóstico extendido que este tipo de cuestiones necesitan una reconsideración, el problema parece más profundo que un grupo reducido de esquemas diferenciales.
Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), cerca del 40% de los beneficios previsionales en el país pertenecen a estos regímenes, lo que representa un gasto público considerable, estimado en alrededor del 5% del PBI el último año.
Los regímenes de excepción se dividen en cinco categorías principales:
- diferenciales, destinados a trabajos arduos o peligrosos;
- especiales, otorgados por méritos extraordinarios;
- para Fuerzas Armadas y de Seguridad, administrados por entidades independientes;
- sistemas provinciales y cajas profesionales independientes, basados en diferencias históricas y legales; y
- pensiones no contributivas, dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad o por méritos específicos.
El Cippec considera que estos regímenes generan problemas de equidad, ya que los beneficios son 65% superiores al promedio del régimen general, lo que implica privilegios en comparación con quienes están en el régimen general. Además, la fragmentación normativa e institucional debilita la eficiencia del sistema previsional, creando una estructura desigual.
“Me da la impresión de que hay un clima de época más favorable” para este tipo de discusiones, comentó ante Infobae Rafael Rofman, investigador principal de ese centro de estudios. “Hay una comprensión de que esto es un problema y el Gobierno lo tiene en claro y buena parte de la oposición”, planteó.
En ese sentido, mencionó Rofman que, si bien técnicamente “es posible discutirlo por separado” de una reforma integral, “conceptualmente es el mismo problema: el alto costo del sistema desde el punto de vista de políticas públicas. Lo que es imprescindible es que la estrategia sea integral”.
En ese plano, apuntó el experto que hay un riesgo de que la discusión se centralice en un grupo pequeño de regímenes excepcionales y no se aborde la temática en términos generales. El riesgo siempre existe porque ya ocurrió más de una vez. No quiero ser inocente y decir ‘se hace todo o no se hace nada’, pero si se parte diciendo que nos vamos a ocupar de tres regímenes de 500 personas, vas a crear una sensación de que se avanzó cuando no se hizo. Empezar a discutir los regímenes de a uno no es razonable”, concluyó Rofman.
La propuesta del Cippec para abordar estos desafíos incluye una reforma integral del sistema previsional que contemple la reducción de los regímenes de excepción, promoviendo que la mayoría de la ciudadanía participe en el régimen general. Esta reforma también busca asegurar mecanismos de financiamiento transparentes cuando sea necesario, sin vulnerar los derechos adquiridos de las personas que ya están jubiladas.
Infobae
