En un escrito presentado el miércoles último ante el juez de Garantías N° 4 de Paraná, Mauricio Mayer, la defensa del exgobernador Sergio Urribarri pidió, a través de sus defensores, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, el sobreseimiento del ex embajador argentino en Israel y Chipre en la causa por negociaciones incompatibles con la función pública en contrataciones con una empresa del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.
La causa pone la lupa en las operaciones concretadas para la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, en tiempos del ministro Diego Valiero, en las dos administraciones de Sergio Urribarri. Todo comenzó con la publicación en la edición gráfica de la revista Análisis del 9 de noviembre de 2017 de la investigación titulada “El amigo paraguayo”. Tras ese artículo, se inició una causa de oficio.
Allí, se investiga de qué modo a partir de 2007, cuando Urribarri era ministro de Gobierno del exgobernador Jorge Busti, y luego durante sus dos gestiones como titular del Poder Ejecutivo, “como el fin de generar un núcleo ilícito, favoreció a Relevamientos Catastrales”. Lo hizo mediante maniobras para favorecer que esa firma lograra quedarse con las distintas licitaciones para la adquisición de software en la provincia. La imputación dice que Urribarri realizó “acuerdos con Cardona Herreros, y ordenó a funcionarios que aportaran información anticipada, y que gestionaran la contratación a favor de Cardona Herreros”. En esas maniobras, señala la imputación fiscal, hubo cobro de sobreprecios que sirvieron, después, para el pago de sobornos a funcionarios.
En esa causa la investigación apunta a la participación de una serie de funcionarios, entre los que están el exministro de Economía, Diego Valiero; el titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el exsecretario de Hacienda, José Humberto Flores; y el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone.
Con el aval de Urribarri, Cardona logró contratos importantes en el Estado entrerriano: primero, con el Ministerio de Trabajo, en tiempos de Smaldone, por $19 millones, para la instrumentación de un software. A través del decreto N° 20, de enero de 2014, se contrató la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” para la cartera a su cargo. El acuerdo finalizará en el 2016 y tiene un costo mensual de 550.000 pesos.
Después formalizó un convenio con el Ministerio de Economía liderado por Diego Valiero. Fue por $7.833.600, según el decreto 788/15, por la prestación de un servicio de “soporte técnico operativo y de mantenimiento de software” en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.
En el Boletín Oficial de Entre Ríos, de fecha 6 de junio de 2012, se encuentra el decreto Nº 482 del 29 de diciembre de 2011, con el cual el entonces gobernador Sergio Urribarri y su entonces ministro de Economía, Diego Valiero, aprobaron el contrato de Relevamientos Catastrales SA para que brinde “un servicio de soporte técnico, operativo y de mantenimiento de software, por un período de dieciocho (18) meses, con opción a prórroga a favor del Estado por dieciocho (18) meses más, con destino a las Direcciones Generales de Ajustes y Liquidaciones y de Informática”. Por ese servicio se le pagó un importe mensual de ochenta mil novecientos (u$s 80.900) dólares, y “un importe total por dieciocho (18) meses de dólares estadounidenses un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos (u$s 1.456.200), por cumplir con los pliegos y resultar el precio cotizado conveniente a los intereses del Estado”.
En enero de 2014, el entonces ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, contrató a la misma empresa para la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” por un plazo de 3 años, a un precio mensual de $ 550.000. El monto total que se le pagó fue de $19.800.000.
El argumento para reclamar el sobreseimiento, inspirado en un voto de Carubia
El pedido de sobreseimiento a Urribarri se basa en un fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que puso límites precisos al tiempo de investigación que puede tener el Ministerio Público Fiscal.
El lunes 6 de diciembre de 2021, la Sala Penal dictó el sobreseimiento de un imputado en una causa que se investiga el uso irregular de contratos de personal en la Cámara de Diputados. El beneficiado resulto Juan Alfonso Blason Lorenzatto, imputado en una investigación por supuestos contratos truchos mientras se desempeñó en la oficina del exdiputado radical Ricardo Troncoso. La decisión de la Sala Penal se dictó por cuanto consideró que el Ministerio Público Fiscal alargó los tiempos de la investigación sin argumentos, cuestión que, dice la Sala, no fue advertida ni por el juez de Garantías, el Tribunal de Juicios y Apelaciones ni la Cámara de Casación Penal.
En esa discusión, la fiscal de coordinación Matilde Federk planteó sus diferencias con la pretensión que había perseguido la defensa del imputado y que receptó el alto tribunal, y destacó el hecho de que la causa que involucra a Blasón Lorenzatto tiene pedido de remisión a juicio, aunque la audiencia para resolver ese planteo no se ha podido celebrar por la existencia de planteos de la defensa pendientes de resolución, «por lo que concluye propiciando el rechazo de la impugnación extraordinaria provincial por entender que no se verifica formalmente el agravio constitucional ni la mentada arbitrariedad en las resoluciones de las instancias inferiores, sino una mera disconformidad con la interpretación que tales sentencias ha hecho de normas procesales provinciales», según la Sala Penal del STJ.
El voto que argumentó la postura de la Sala Penal del STJ lleva la firma del vocal Daniel Carubia.
«Por lo demás -dice en su voto-, constatándose largamente agotado el término para practicar la Investigación Penal Preparatoria, sin verificarse la existencia de una fundada solicitud de prórroga ni la consecuente concesión judicial para su continuación, deviene incontestable la insubsistencia de la potestad de la Fiscalía para realizar actos de investigación respecto del imputado recurrente Juan Alfonso Blasón Lorenzzatto, lo cual implica el agotamiento de las legítimas tareas de investigación con la inexistencia de razonable posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba; y no contó el Ministerio Público Fiscal, para entonces, con bases suficientes para requerir de manera fundada la apertura del juicio, lo cual configura la expresa causa de procedencia del sobreseimiento en su favor».
Precisamente, al tomar como base ese fallo, el planteo de los defensores de Urribarri procura conseguir el sobreseimiento del exgobernador en una causa en la que se presume un desvío de dinero entre 2008 y 2018 de unos $18 millones, según contó Análisis Digital.
Según el planteo de los abogados Raúl Barrandeguy y José Pérez, que representan también a Miguel Ulrich y Carlos Haidar, la solicitud se funda en el tiempo que pasó desde la declaración indagatoria. Para ello, remitieron al fallo del 6 de diciembre pasado de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia en la Causa Cozzi, que ordenó sobreseer a Juan Alfonso Blasón Lorenzatto, acusado de peculado, debido al tiempo transcurrido desde su indagatoria. Se trataba de uno de los imputados en la denuncia contra el ex diputado provincial y ex intendente de Maciá, Ricardo Troncoso (Cambiemos) por el manejo irregular de presuntos contratos truchos legislativos.
La causa en la que la defensa de Urribarri realizó la presentación pone la lupa en las operaciones concretadas para la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, en tiempos del ministro Diego Valiero, en las dos administraciones de Sergio Urribarri. Todo comenzó con la publicación en la edición gráfica de ANÁLISIS del 9 de noviembre de 2017 de la investigación titulada “El amigo paraguayo”. Tras ese artículo, firmado por el director de la revista, Daniel Enz, se inició una causa de oficio, que derivó en la imputación por varios hechos:
Primer caso
En la primera operación con Relevamientos Catastrales hubo 3.200.000 pesos de sobreprecio a distribuir entre funcionarios y directivos de la firma, como los casos de Jorge Zanabone, Alfonso Campitelli, Guillermo Linares y la abogada Miriam Fessia. Es decir, se destinó algo más de un millón de dólares a distribuir (en ese entonces el dólar estaba 3,17 pesos), de una operación con el Estado de 3.218.000 dólares o 10.201.060 pesos, en peso argentino de 2008. O sea, un 25 por ciento más en la contratación, por el sobreprecio acordado. Estos últimos directivos mencionados tuvieron activa participación, ya en septiembre de 2007, en la confección de los pliegos de bases y condiciones, para lograr de esa manera ventajas claramente comparativas con relación a empresas competidoras de la licitación, como así también en la preparación del presupuesto oficial de la contratación.
Quienes llevaron adelante el trámite de la licitación pública fueron el entonces director General de Informática, Carlos Haidar y el director general de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich, quienes contrataron un “servicio de administración de recursos humanos que permitiera generar un legajo electrónico único, descentralización operativa (interconectado vía web), un módulo liquidador adaptable a múltiples escalafones (diferente normativa), la administración de múltiples beneficiarios, compatibilidad con el SIAF, el rediseño de circuitos administrativos y de documentación, y la generación de reportes”.
Los sobreprecios percibidos entre gobernador, funcionarios y directivos -según las anotaciones y documentación hallada en el estudio de Cardona Herreros- fueron cobrados entre mayo de 2008 y diciembre de 2010. Se insiste: fue algo más de un millón de dólares lo que se distribuyó, se consignó en agosto del año pasado en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral).
Segundo caso
En el segundo hecho, lo que se buscó fue lograr una prórroga de la contratación de Relevamientos Catastrales, para generar otro sobreprecio, que se abonaría nuevamente a los funcionarios. Esto se logró a partir de enero de 2010, aunque se falsearon fechas, para dar por iniciado el trámite en 2009.
La suma mensual cotizada por la empresa del empresario Cardona Herreros ascendió a 285 mil pesos mensuales (casi 90 mil dólares), por ocho meses.
La prórroga de ocho meses se habría computado a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la misma era gestionada en febrero de 2010, con lo que se habría producido un incremento patrimonial adicional para la empresa y los funcionarios, por el cobro de meses que no implicarían contraprestación alguna.
Lo que se acordó con los funcionarios provinciales fue una sustracción equivalente a un sobreprecio de 135 mil pesos mensuales, de los cuales los funcionarios percibirían una suma equivalente 105 mil pesos mensuales en concepto de sobornos, siendo el resto distribuido entre los integrantes de la empresa.
Dichas sumas fueron cobradas entre abril y septiembre de 2010. Es decir, que distribuyeron más de 33 mil dólares por mes.
Tercer caso
En el tercer hecho investigado por los fiscales Yedro y Badano, se tramitó una nueva contratación con la empresa de Cardona Herrero, desde el 11 de agosto de 2010, con la finalidad parcialmente ficticia de que la provincia adquiriera nuevos desarrollos técnicos relacionados al software de la Licitación de enero de 2008, por un tiempo de diez meses, con una cotización de 180.290 pesos por mes.
Esto es algo así como 57 mil dólares mensuales de ese tiempo. En esta negociación, además de los mencionados Haidar y Ulrich, tomó intervención la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía que conducía Diego Valiero, quien aconsejó encuadrar la contratación en la vía de excepción por contratación directa e intervino el Contador General de la Provincia, Aurelio Oscar Miraglio.
Miraglio emitió el dictamen 900, fechado el 9 de noviembre de 2010, dando curso a la tramitación. Por el Decreto 4.437 del Ministerio de Economía del 17 de noviembre de 2010 se concretó la adjudicación por contratación directa.
Así, se estableció una ejecución en diez meses, por el monto mensual de 180.290 pesos, sobre el cual, se había acordado una sustracción equivalente a 30 mil pesos mensuales que sería abonada a los funcionarios como contraprestación por sus asistencias funcionales favorecedoras para el empresario. Durante diez meses, se distribuyeron casi 9.500 dólares mensuales de soborno.
Cuarto y quinto caso
El cuarto hecho investigado por el Ministerio Público Fiscal se registró en 2011. Era colateral de lo iniciado en 2008, por la contratación de un servicio de soporte diario de “administración de base de datos” y mantenimiento técnico de los sistemas de la Dirección General de Informática y de la Dirección de Ajustes y Liquidaciones.
Los funcionarios Haidar y Ulrich elaboraron el presupuesto oficial, estimándolo en 250 mil pesos mensuales (unos 80 mil dólares de entonces), por 18 meses con opción de prórroga por parte de la Provincia por otros 18 meses más.
Es decir, en 18 meses, le iba a costar a la provincia cerca de 1.500.000 dólares. Eso contempló un sobreprecio que se convertirían en pago de sobornos a los funcionarios, por al menos 67 mil pesos mensuales, que se distribuyeron 21.135 dólares por mes entre los involucrados.
En virtud de esta contratación, la Provincia de Entre Ríos pagó a la firma “Relevamientos Catastrales2 la suma aproximada de 17.734.249,40 de pesos tan sólo entre marzo de 2012 y febrero de 2015. Es decir, más de 5.600.000 de dólares, se denunció también en agosto del año pasado en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral).
Hubo un hecho número cinco en estos negocios del empresario Cardona Herreros con el Ministerio de Economía de la provincia. Fue en una licitación en 2015, es decir, el último año de gobierno de Sergio Urribarri, el principal beneficiado de estas maniobras.
Esta vez fue la contratación de Consultoría Técnica Informática de soporte y asistencia del sistema de administración de Recursos Humanos y Liquidaciones que estaba en uso. Haidar elaboró un presupuesto estimado para una contratación de 12 meses con opción de la provincia de prórroga por otros seis meses más, en 400 mil pesos mensuales.
La empresa Relevamientos Catastrales resultó adjudicada por un decreto de Urribarri y Valiero, con su oferta de 652.800 pesos mensuales (un monto total por 12 meses de 7.833.600 pesos, sin contabilizar la opción de prórroga), en la cual se preveían aproximadamente 130 mil pesos mensuales como sobreprecios, los cuales a la postre serían distribuidos entre los funcionarios en concepto de sobornos.
Lo saliente de todo esto es que Ulrich y Haidar recibían, aparte, desde la empresa, cinco mil pesos mensuales, que incluso fueron depositados en sus cuentas bancarias.
Último caso
El sexto hecho investigado por los fiscales Yedro y Badano salió de la órbita del Ministerio de Economía. Esta vez fue con el Ministerio de Trabajo, que comandaba Guillermo Smaldone, hijo del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Juan Smaldone y amigo personal de la familia Urribarri.
El favorecimiento a las empresas contratistas de Diego Armando Cardona Herreros se concretó nuevamente a través de la Licitación Pública 84/13.
Nuevamente como única oferente, la firma “Relevamientos Catastrales SA” realizó una oferta económica que ascendía a 550 mil pesos mensuales, por los 36 meses de contratación, y un monto total de 19.800.000 pesos.
De acuerdo a lo investigado, se estipuló un sobreprecio de aproximadamente 155 mil pesos mensuales, monto que era luego abonado a los funcionarios intervinientes en el trámite como contraprestación ilícita por la realización de tareas propias de sus cargos a favor de la firma, así como una ganancia extraordinaria para los empresarios.
Ahora, todas estas maniobras tendrán que ser explicadas en detalle ante los fiscales por cada uno de los actuales funcionarios mencionados, como así también los que ya no están; pero que aparecieron en los papeles encontrados a Diego Cardona Herreros y en cuentas bancarias investigadas.
Entre Ríos Ahora
