En el marco de la causa por las denominadas “cosechadoras truchas”, los abogados defensores de los empresarios y ex funcionarios acusados apelaron una resolución ante la Cámara de Casación Penal de Paraná con el fin de que dicte sobreseimientos.
Los defensores cuestionan el fallo del 8 de julio de este año, en el que el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces Elvio Garzón, José María Chemez y Rafael Cotorruelo, revocó el sobreseimiento de los empresarios Ricardo Vicente Senor, Sergio Eduardo Scravaglieri, Carlos Ariel Boll, y los funcionarios Leandro Rodríguez y Teresita Mabel López por el delito de defraudación a la administración pública.
Entonces también se resolvió procesar por el delito de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta a los ex ministros de Producción, Roberto Schunk, y de Economía, Diego Valiero.
Ese fallo revocó la resolución del viernes 8 de mayo de 2020, cuando el juez de Transición Carlos Hugo Ríos (fallecido) dictó el sobreseimiento de todos los involucrados en la causa de las cosechadoras. El fallo benefició entonces a los empresarios Ricardo Senor padre e hijo, a Scravaglieri y Boll; al ex ministro de Economía Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa) y al ex ministro de Producción, Schunk; y a funcionarios de bajo perfil, Teresita López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoria Interna).
Consultado por Entre Ríos Ahora, el fiscal de la causa, Pablo Zoff, indicó que los defensores “presentaron recurso de Casación contra la resolución que procesa a todos los imputados. Se concedió y está pendiente de resolución por parte de la Cámara de Casación de Paraná”.
Quienes deben entender en el trámite son los jueces Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti.
Qué se investiga
En el expediente se investigó el destino de $5,5 millones que recibió la firma Grandes Máquinas, del Grupo Senor, como créditos otorgados por el Estado entrerriano entre 2009 y 2012 para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay.
La asistencia financiera llegó a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), mediante decretos firmados por el entonces gobernador Sergio Urribarri y los ministros de Producción, Roberto Schunk y de Economía, Diego Valiero. Sin embargo, la compañía que fue beneficiada con los fondos fue declarada en quiebra en 2014. Y las cosechadoras prometidas nunca aparecieron.
La causa de las cosechadoras se inició a mediados de 2012 por una denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet ante el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amilcar García, y luego de que el caso tomara relevancia pública por investigaciones periodísticas.
La fiscalía considera que los funcionarios “consintieron y apoyaron, actuando sin probidad, realizando con su conducta un aporte necesario sin el cual los integrantes de Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A., no habrían podido concretar su maniobra delictiva”. Para la fiscalía, los empresarios aparentaron contar con solvencia económica para acceder a los préstamos estatales para fabricar las cosechadoras.
Créditos
El 18 de noviembre de 2009, a través del decreto N° 4.432, el Gobierno le otorgó a la firma “B.S.V. S.A” $574.500. Esa suma de dinero fue cedida a la empresa “Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A” (que fue creada en diciembre de 2010); el 15 de febrero de 2011, mediante el decreto Nº 96, la empresa obtuvo otro crédito, esta vez por $4 millones; el 19 de marzo de 2012, Urribarri firmó el decreto Nº 529 por $1 millón.
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