Noelia Romero Pared espera que la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) le habilite una nueva oportunidad, la número 14, para poder aprobar la materia Práctica Forense III y así poder conseguir el título de abogada. Su caso, una estudiante con discapacidad que pide que la Universidad adapte algunas de sus formas para permitir la integración, tomó alcance nacional y a pesar de la altísima repercusión no ha conseguido una solución.
La constancia de esta chica de 31 años, con discapacidad motriz que aspira a convertirse en abogada en la sede Gualeguaychú de la UCU, ha producido una buena nueva. La Universidad le habilitó una mesa para el próximo miércoles 9. Aunque debido a la dilación de parte de las autoridades universitarias en darle las repuestas que ha venido demandando desde hace dos años, resolvió ir a la Justicia. Con el asesoramiento legal de la abogada María Marta Simón, en las últimas horas logró que la vocal de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Gualeguaychú, Ana Clara Pauletti, recepte el planteo. Antes, se habían excusado dos magistrados por sus lazos con la UCU.
Su último intento de rendir esa materia que le traba el acceso al título de abogada fue a través de una carta que dirigió a las autoridades de la UCU, el 19 de noviembre.
«Dada la posibilidad de una próxima fecha para rendir la materia Práctica Forense III (única que adeudo de la curricula para recibirme de abogada), los resultados de los 13 exámenes rendidos, la falta de comunicación con alguna propuesta por parte de la facultad, y la actitud inflexible en cuanto a la forma en la cual debo rendir la materia, realizando el examen diseñado por la cátedra (la única que da la materia en la facultad), vengo a solicitar los siguientes ajustes:
Que habiendo aprobado el Multiple Choice en el examen del día 5 de noviembre de 2020, cuando por primera vez se me permitió oralizar las preguntas y las respuestas para analizarlas y contestarlas, ajuste dispuesto en ese momento por el tribunal que me tomo, compuesto por el Dr. Martín Céspedes, Martín Migueles y Romina Sánchez Silveyra, no se me exija en la próxima fecha que deba volver a rendirlo nuevamente, dándose por aprobada esa parte del examen.
Con respecto a la parte práctica del escrito, propongo que se me permita redactar un trabajo por día de los que imponga el examen, con un asistente de tipeo de mi confianza, permitiéndome descansar, como lo he pedido en notas anteriores.
Atento la gran repercusión que ha tomado este caso, solicito también el acompañamiento de dos veedores que se han ofrecido voluntariamente a participar en ese carácter: el Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Gualeguaychu.
-También solicito que no estén presente en el examen el Dr. Eduardo Maiztegui Marcó ni la Dra Romina Sánchez Silveyra, quienes han tenido declaraciones públicas sobre este caso y sobre mí.
En su presentación ante las autoridades uniersitarias, la estudiante plantea que lo que pide «no es ni más ni menos que los ´ajustes razonables´ a los que hace expresa referencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (2006) que luego de ser suscripta y ratificada por la República Argentina, ha sido incorporada al bloque de convencionalidad de la Constitución Nacional». Se trata, agregó, de «simples ajustes en las ´formas´ de rendir el examen, adaptadas a mis posibilidades físicas afectadas por la discapacidad que he acreditado antes de ahora que no implican afectar ni el contenido ni los aspectos sustanciales del examen a rendir».
Y dice que su denegatoria constituye «una grave discriminación en razón de mi discapacidad y por ende una clara violación a los Derechos Humanos».
Le respondió Yamil Bechir, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCU, que le contestó: «Siempre se ha respetado los tiempos de los alumnos y así continuaremos trabajando, coordinando oportunamente con el tribunal evaluador».
La última vez que Noelia Romero Pared se presentó a rendir fue el jueves 5 de noviembre, y ocurrió lo previsible: no aprobó. Nació con una discapacidad motriz: sufrió hipoxia intrauterina y nació con cuadriparesia, una disminución de la fuerza motora en los cuatro miembros. Ese jueves le pidieron, como parte del examen, que redactara tres escritos para la materia Práctica Forense III. No pudo. No puede. Tampoco la Universidad logró empatizar con Noelia: se niega de forma cerrada a cambiar la metodología.
«Hay un prejuicio conmigo y con la discapacidad», dice Noelia en diálogo con Entre Ríos Ahora. «Incluso hay un prejuicio de toda la Facultad respecto de mi condición», asegura. «Me dicen que no apruebo porque no tengo capacidad intelectual para hacerlo. Pero si fuese así, ese tema habría aparecido antes, cuando empecé a cursar, y no ahora, cuando intento recibirme. Si vos ves mi analítico, te das cuenta de que no es así. Mis notas no son nada diferentes a la de cualquier otro estudiante que podríamos llamar ´normal´. Ellos, al cuestionar mi capacidad intelectual están cuestionando mi capacidad para ejercer la profesión», sostiene.
Ahora, el camino que le queda, el único, es la Justicia. La jueza Pauletti tiene en sus manos resolver el planteo de Noelia.
Fuente: Entre Ríos Ahora
