La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó, con una leve discrepancia de uno de sus integrantes, la pena impuesta el 14 de noviembre de 2019 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay a un hombre que abusó de su hija desde los 7 a los 13 años, y con quien tuvo cuatro hijos, en una relación signada por la violencia, las amenazas y el abuso de poder.
De Gualeguay el hombre sacó a su hija y se la llevó a La Plata, donde cumplió los 16 años cuando dio a luz su primer hijo. El hombre, PDT, siguió abusando sexualmente de su hija, quien en julio de 2008 quedó embarazada de su primer hijo. La imputación del Ministerio Público Fiscal de Gualeguay, a cargo de los fiscales Josefina Beherán y Jorge Gamal Taleb, describe un cuadro de espanto, violencia y abuso continuado del padre hacia su hija.
En el expediente se lee que, «a los fines de eludir la investigación penal en m archa, usted sustrae y oculta a su hija embarazada y menor de edad en un campo ubicado en las inmediaciones del Hipódromo de Gualeguay, donde la tuvo retenida contra su voluntad una semana aproximadamente, sin que la menor pudiese tener libertad de movimientos y de contacto con el mundo exterior. Con posterioridad, usted traslada coactivamente a su hija a la ciudad de Paraná, ayudado por su primo remisero, DB, quien los lleva a la ciudad de Paraná, desde donde parten hacia La Plata en colectivo. En la ciudad de La Plata, usted continuó abusando sexualmente de su hija (…), con acceso carnal, valiéndose del abuso coactivo e intimidatorio ya referidos, y como consecuencia de esto nacieron tres hijos más (…). Cuando la víctima comienza a develar la trama de abusos sexuales, hace aproximadamente dos meses, usted la amenazó con matarla y le impidió que ella los lleve (a sus hijos) consigo a la casa de su nueva pareja (…) ; los niños permanecieron con usted, contra la voluntad de su madre, quien es víctima denunciante, hasta que por la intervención de una tercera persona (…) pudo recuperar la tenencia de sus hijos menores».
Llevado el caso a la Justicia, el 14 de noviembre de 2019 el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay -integrado por Darío Crespo, Dardo Tórtul y Javier Cadenas-, resolvió declarar a PDT «autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por acceso carnal, a su vez calificado por causar grave daño a la salud, su condición de ascendiente y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una menor de 18 años, reiterado; sustracción y ocultamiento de persona. agravado por tratarse de una menor de 18 años embarazada; y coacciones simples; todo en concurso real». Así, el hombre resultó condenado a la peña de 26 años de prisión.
El 21 de septiembre último, la Cámara de Casación Penal, con el voto de las vocales Marcela Davite y Marcela Badano, confirmó la condena, con la salvedad de que el voto del tercer integrante del tribunal, Hugo Perotti, entendió que alguno de los delitos imputados estaban prescriptos y por eso aconsejó reducir la pena a 23 años de cárcel.
La Casación valoró la postura del tribunal de Gualeguay, que consideró que los dichos de la víctima «resultaban unívocos y concordantes tanto al momento de efectuar la denuncia como cuando tuvo que prestar declaración testimonial en el debate».
En el debate, la víctima contó detalles de cómo fue abusada primero cuando tenía siete años de edad, que esto fue denunciado y a raíz de ello y frente al hecho de que su madre no podía mantenerla a ella y a sus hermanos, fue alojada en un hogar. Que luego le dieron la tenencia a su abuela, quien la entregó a su padre, que los abusos continuaron, hasta que quedó embarazada, circunstancia que fue nuevamente denunciada y entonces el imputado decide ocultarla en un campo y luego irse con ella a otra localidad. Que así vivió durante más de una década, que tuvo cuatro hijos con su padre, que perdió todo contacto con su familia, que su padre la vigilaba todo el tiempo y cuando no podía hacerlo lo hacía a través de AS, y que recién cuando luego de mucho tiempo conoce a su actual pareja es que logra, ayudada por este, escaparse de ese infierno, primero sola, luego rescata a sus hijos y viajan todos a Gualeguay ayudados por su madre y hermanos, y allí finalmente radicó la denuncia».
El tramo más turbador del caso ocurre con el testimonio de la madre de la víctima, que «relató que denunció ante la Justicia cuando su hija, con sólo siete años de edad, le contó que su padre la abusaba pero que no obtuvo respuesta; que su hija fue puesta en un hogar y que ella no pudo tenerla porque no podía mantener a todos sus hijos pero que nunca dejó de buscarla; que muchos años después la víctima la llamó y le contó todo lo que le había pasado ella y entonces, sus demás hijos vendieron lo que tenían para poder pagarle los pasajes y que volvieran a su ciudad de origen».
La víctima vivió con su padre en La Plata durante una década. Allí, en enero de 2009 –un mes antes de cumplir los 16- nació su primer hijo; en julio de 2011, el segundo; en octubre de 2013 el tercero, y en septiembre de 2016 el cuarto.
«Durante esos años siempre estuvo controlada», se lee en el fallo. Y su padre, para seguir con el control, le regaló un teléfono celular «mediante el cual accedió a las redes sociales, conoció a su actual pareja y pudo dimensionar su situación; y paralelamente su hermana, que nunca dejó de buscarla, la contactó por Facebook, habló con su madre, le contó su desdicha, y esta juntó el dinero y compró los pasajes para que pudiera escapar de Buenos Aires con sus cuatros hijos. Finalmente, diez años después, pudo regresar a Gualeguay y hacer la denuncia».
La jueza Davitte rechazó el planteo de prescripción que formuló el abogado defensor Sebastián Ludi. «En este supuesto resulta evidente que (la víctima) al ser sustraída de su centro de vida, ocultada y mantenida en esa situación durante diez años, presa del control y miedo que sentía por (su padre), no tuvo ninguna oportunidad real de acceso a la justicia. Porque justamente lo que impidió (su padre) con su comportamiento -cuando la sustrajo y la ocultó y todo el tiempo que la mantuvo con él bajo amenazas- fue la posibilidad de que (la víctima) lo denunciara».
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