El aumento fue anunciado este lunes por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni y la titular de la Anses, Fernanda Raverta.

“No es nada, no alcanza para nada. Es una miseria”, sostuvo Levinez, quien recordó que “la canasta básica de un jubilado en abril fue de 45 mil pesos y con este aumento vamos estar en 16, 17 mil, no llegamos ni a la mitad de la canasta”, se quejó.

Con esta suba por decreto la mínima pasa de 15.892 a  16.864: “No solo estamos debajo de la línea de la pobreza, sino que somos indigentes”.

“Hace tiempo nos vienen perjudicando”, aseveró y recordó la polémica reforma previsional del año 2017: “Decían que íbamos a estar cuatro o cinco puntos por encima de la inflación, pero en el 2018 perdimos 20 puntos (48 a 28) y el año pasado terminamos 11 puntos debajo de la inflación”.

“Después asumió Alberto Fernández, suspende la movilidad y empieza a dar los aumentos por decreto (por debajo de lo que suponía la movilidad). El tema es que toman el índice de tres meses para atrás, o sea, el costo de vida de marzo, abril y mayo, lo que implica que seguiremos perdiendo”, advirtió Carlos Levinez.

“Siempre terminan perjudicándonos. En todos los gobiernos pasa lo mismo, somos el botín de guerra de todos los gobiernos”, lamentó.

Consultado por APF, Levinez adelantó que a través de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados nacionales se harán las presentaciones judiciales correspondientes.

Cabe destacar que Eugenio Semino, director de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo, anticipó que la próxima semana -entre lunes y martes- volverá a reclamar en la Justicia por el aumento de 6,12% que recibirán los jubilados y pensionados a partir de junio y que fue determinado por decreto: “Vamos a presentar una ampliación de la demanda, que ya está en la Corte con el argumento de que el nuevo decreto tiene las mismas características que el anterior porque no se respetaron los porcentajes que correspondían por la fórmula de movilidad suspendida. Lo que se dio es casi la mitad de lo que correspondía. Hay una regresividad en el derecho”, explicó Semino y remarcó que en los aumentos por decreto hay una violación de la Constitución Nacional.

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