La situación fue protagonizada por un profesor de la Licenciatura en Enfermería que se dicta en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El docente, en una explosión emocional, insultó, agravió y amenazó a otros colegas.

“A mí no me van a cagar el concurso; no tengo problemas en ir en cana, pero voy a disfrutar cuando las vea muertas, hijas de puta, a mí no me van a cagar; te voy a matar a vos y a tu hijo”, le habría dicho a una compañera, llevándose el dedo a la sien, a la vez que lanzaba insultos e improperios en la sala de reuniones de la facultad.

“Ustedes me quieren cagar, a mí no me importa nada, yo no tengo nada que perder; si pierdo este concurso, los mato”, volvió a decirles, apuntando ahora también contra otra docente.

A otros compañeros los tildó de “cobardes”, “amebas” y “sinvergüenzas”.

Aunque después pidió disculpas, el arranque de furia le valió al profesor una denuncia penal por amenazas coactivas –está procesado y ha solicitado la suspensión del juicio a prueba– y un juicio académico. Ambos corren por carriles independientes.

Desde la universidad dispusieron la cesantía del profesor; pero un tribunal les advirtió que las normas impiden dictar sanciones administrativas mientras haya un asunto penal pendiente.

 

Tribunal universitario

En su descargo ante el tribunal universitario, el hombre sostuvo que se trató de una discusión y que lo suyo fue, apenas, “un exabrupto en un momento de mucha bronca” y que su diatriba violenta “no fue dirigida a nadie en particular sino en general”.

En un primer momento, este tribunal le impuso una suspensión de treinta días, pero el Consejo Directivo de la facultad se apartó de ese dictamen al considerar que “la inconducta ha sido de suma gravedad, que impide la continuación de la relación docente en la Facultad de Ciencias de la Salud” e invocó tres razones para disponer la cesantía: que el docente ejerció violencia de género, “la envergadura académica del ámbito donde se produjeron los hechos” y “los daños y conmoción sufridos por las denunciantes”.

La conclusión fue que la conducta del docente “no se ha ajustado a la ética universitaria exigible a los profesores” y la sanción de cesantía fue ratificada por el Consejo Superior de la universidad, mediante la Resolución Número 153/16.

Las amenazas, gestos intimidatorios y demás expresiones agraviantes son concluyentes respecto de “gravedad de la inconducta que no permite la continuidad de la relación docente del imputado”, concluyó el Consejo Superior de la UNER.

 

El caso llegó a la Justicia Federal

El profesor apeló su cesantía y llevó el caso a la justicia federal, por considerar que la sanción que le impuso la universidad es “ilegítima y arbitraria, por excesiva y desproporcionada”; y pidió además que se ordene la reposición en sus cargos docentes titulares e interinos, más el pago de los salarios caídos.

La Cámara Federal de Apelaciones no le dio la razón al profesor, pero sí dijo que las normas impiden el dictado de una sentencia administrativa cuando no haya sido resuelta la acción penal, es decir, la universidad no podría haber cesanteado al docente mientras no se resuelva la causa penal por amenazas.

En conclusión, el tribunal de apelaciones suspendió el dictado de la sentencia respecto de si corresponde o no la cesantía del profesor hasta tanto haya una resolución en la causa por amenazas que está para resolver en el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay.

Página Judicial