El martes 26 de agosto de 2008, la entonces jueza laboral Nanci Bautista acogió favorablemente un pedido de quien ocupaba el cargo de presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Graciela Bar, y dictó la conciliación judicial en el conflicto de los maestros. Era el primer año de gobierno de Sergio Urribarri y el país estaba en estado de ebullición: el conflicto del gobierno kirchnerista con el campo ganó ese año buena parte de los titulares.
El congreso provincial de Agmer, entonces presidido por Sergio Elizar, sesionó en la Escuela Pancho Ramírez, de Santa Elena, y decidió no acatar la resolución judicial, que había convocado a audiencia de conciliación para el día 29 de agosto. En vez de eso, dispuso una huelga de dos días, para el 28 y el 29 de ese mes. La jueza Bautista había dispuesto la conciliación por un plazo de 20 días hábiles, pero su desatención por parte del mayor sindicato docente generó una causa contra cinco dirigentes de Agmer por desobediencia a un mandato judicial.
Fue la última vez que un congreso de Agmer decidió no acatar una orden judicial. De allí en más todas las sucesivas conciliaciones judiciales han venido siendo respetadas. En 2018, la administración del gobernador Gustavo Bordet acudió en dos oportunidades a la Justicia para cerrar la negociación salarial: primero, el 6 de abril de 2018, ante el juez laboral José Reviriego. Esa negociación ante el juez se extendió hasta finales de mayo, cuando pudo firmarse el acuerdo; luego, la jueza Gladys Pinto, el 3 de noviembre.
La negociación paritaria en el despacho de la jueza Pinto se cerró el 3 de diciembre.
Ahora, el Gobierno volvió a acudir a la Justicia para encorsetar la negociación salarial de los maestros y evitar los paros en las escuelas. La presentación se hizo a las 19 del jueves 21, y antes del mediodía del viernes 22 la jueza Pinto había acogido favorablemente el pedido: dictó la conciliación obligatoria por 20 días hábiles.
Claro que los docentes ya habían aprobado la realización de dos días de huelga, para el viernes 22 y el lunes 25, se cumplirán tal lo acordado. Este mismo lunes 25, Agmer citó a congreso en San Salvador para resolver qué respuesta dan a la jueza Pinto.
Pero ahora, la Agrupación Rojo y Negro de Agmer, que conduce 5 de las 17 seccionales -Paraná, Nogoyá, Tala, Federación y Villaguay- anunció que no está de acuerdo con la conciliación y que impulsara que el congreso rechace la decisión judicial.
“Cada vez que el Gobierno no está dispuesto a negociar, pide conciliaciones para frenar la lucha docente, en algunos años lo ha hecho hasta tres veces -señalaron-. El Poder Judicial no se queda atrás, los jueces se apuran más por dictar una conciliación que por hacer cumplir las paritarias firmadas en sus narices el año anterior. Hoy nos pasa eso, es más, la misma jueza que dicta la conciliación 2019 es ante quien firmamos la paritaria 2018, aún incumplida por el gobierno. ¿Cómo esperan los jueces ser respetados por los entrerrianos?”
El Gobierno ofreció recomponer el salario un 20%, y devolver los días descontados por paro en 2018. Y aún con el rechazo del principal gremio del sector, el Poder Ejecutivo anunció que pagará por decreto la primera parte del aumento, un 10% con los haberes de marzo.
“Carece de legitimidad el pedido de conciliación, por todos los incumplimientos que hacen de esta experiencia algo poco creíble, a lo que debemos sumar la dilación para convocarnos con tiempo, para que el conflicto no afecte el ciclo lectivo”, señaló la Rojo y Negro. Y amplió: “En vez de acatar, debemos denunciar ante la Justicia el incumplimiento del gobierno. Está claro que la práctica del gobierno es desleal, incumple los acuerdos que firma y no negocia de buena fe”.
Señalaron, además, que “como trabajadores hemos discutido con las herramientas que tenemos la negociación y la paritaria, instamos al gobierno de Bordet tenga un gesto de respeto y atienda nuestras demandas sin persecución y con una negociación de buena fe”.
Entre Ríos Ahora
