Ingresó en la Cámara Diputados y es impulsado por el legislador justicialista Gustavo Zavallo. La norma dispone una “capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado”. El senador Ángel Giano presentó semanas atrás una iniciativa de similares características de adhesión a la llamada Ley Micaela. La iniciativa de Zavallo señala que la autoridad de aplicación será el Consejo de Prevención y Diseño de Políticas Públicas contra las Violencias (Coprev), que estará “encargado del diseño de contenido y ejecución, a través de agentes idóneos designados al efecto, de las capacitaciones en género a las que refiere la presente ley”.
El diputado Gustavo Zavallo presentó el viernes pasado un proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia “a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 27.499 –“Ley Micaela”- de Capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”.
“Podrá también realizar adaptaciones de materiales y/o programas impartidos por la autoridad de aplicación nacional, que es el Instituto Nacional de las Mujeres”, se indica.
Luego agrega que “a los fines del cumplimiento de esta ley se elaborará anualmente una grilla de capacitaciones, la que deberá ser elevada al Poder Ejecutivo antes del último día hábil de enero de cada año, indicando repartición y cantidad de agentes que se prevé alcanzar”.
Se acota luego que “las capacitaciones deben ser presenciales y el material podrá ser entregado de manera virtual” y se añade que tal material “deberá estar disponible en la web de la Cámara de Diputados”, consignó la agencia periodística Apf.
En cuanto a los capacitadores, se indica que “deben ser agentes de la provincia y/o profesionales idóneos en materia de género contratados a efectos de dar cumplimiento a esta ley”.
También el proyecto afirma que “la negativa y/o falta reiterada a la capacitación obligatoria en materia de género de funcionarios públicos debe ser informada al superior jerárquico del agente en cuestión y al Poder Ejecutivo Provincial a los fines de que tome las medidas disciplinarias correspondientes”. Las medidas disciplinarias quedan sujetas a la reglamentación de la norma, se agrega.
Luego el proyecto impulsado por Zavallo, al que tuvo acceso esta Agencia, establece que “antes del 10 de diciembre de cada año deberá elevarse un informe anual al Poder Ejecutivo detallando los resultados obtenidos de las capacitaciones, cantidad de agentes alcanzados como así también toda información que resulte de interés”.
“Las erogaciones que resulten de la ejecución de tales disposiciones estarán sujetas a la reglamentación”, finaliza. (Análisis)
