La médica Virginia Ieder, la única profesional que atendió a la nena de 13 años que accedió a una práctica de aborto no punible en el Hospital Masvernat, de Concordia, testimonió el sábado ante el fiscal José Arias y confirmó que la mentada “sobrevida de 10 horas” no existió.
“La doctora Ieder fue la profesional que atendió la práctica de aborto no punible de la menor y claramente le dijo al fiscal que el feto no tenía signos vitales y que inmediatamente fue puesto en frasco con formol, y luego entregado al policía enviado por la Fiscalía”, contó una fuente de la causa.
El dato se refuerza con la información contenida en la historia clínica de la menor, GA, quien accedió a la interrupción voluntaria de un embarazo producto de una violación, al quedar contenida en los parámetros que establece el protocolo de aborto no punible que rige desde 2017 en Entre Ríos.
En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló sobre la interpretación que se debe dar al artículo 86 del Código Penal de la Nación, y estableció que el aborto no es punible (es decir, no es un delito) cuando la salud o la vida de la mujer están en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación o “un atentado al pudor de una mujer idiota o demente”.
En el fallo denominado “F. A. L.”, la Corte también le encargó a las autoridades nacionales y provinciales la implementación de protocolos hospitalarios “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.
A través de la resolución Nº 2.883, que el Ministerio de Salud de Entre Ríos dictó el 29 de agosto de 2017, la Provincia planteó la necesidad de “normatizar instrumentos que garanticen el derecho a la salud de las mujeres que eviten que se pongan en riesgo numerosos derechos humanos como la igualdad, la autodeterminación, la privacidad, el principio de legalidad y la no discriminación con el objeto de brindar atención integral y oportuna en el marco de la confidenialidad y el respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, como parte fundamental de los derechos humanos”.
Ese protocolo ha sido puesto en tela de juicio por los denominado grupos “pro vida”, que incluso han cuestionado con severidad la práctica del aborto no punible a la que accedió la menor.
En la causa que lleva adelante le fiscal Arias, el cabo de la Policía Raúl Pignataro confirmó lo que refleja la historia clínica de la menor GA, la expulsión del feto se produjo a las 14,45 del día 10 de noviembre, y el secuestro, a las 15. “El policía confirmó que recibió el feto en forma casi inmediata a la expulsión. Lo recibió en un frasco con formol. Y confirmó que se lo entregó en propias manos al fiscal Arias”, relató una fuente con acceso al caso.
Sin embargo, las informaciones sin confirmar que hablaron de una “sobrevida de 10 horas” arreciaron y hasta fueron divulgadas por el obispado de Concordia, lo que motivó un planteo del abogado Pedro de la Madrid, que representa a la menor de 13 años.
El abogado De la Madrid intimó por carta documento al obispo Luis Armando Collazuol a que ratifique sus dichos en torno a lo que ocurrió con esa práctica médica. Le hace notar el letrado que el representante de la Iglesia mintió, y que de persistir en esa actitud, lo denunciará siguiendo los caminos del Código de Derecho Canónico ante las autoridades eclesiásticas, pero que además iniciará una demanda en la Justicia.
El viernes 7, el Obispado de Concordia distribuyó un comunicado en el sostuvo, sin ambages, que “el bebé nació con vida y estuvo debatiéndose durante varias horas por seguir viviendo hasta que finalmente su corazoncito dejó de latir”.
“Asesinato”
Este lunes por la noche los grupos “pro vida” llegaron a Casa de Gobierno con un objetivo: pedir la derogación del protocolo de aborto no punible. Levantaron la bandera del “asesinato” y trazaron un panorama oscuro.
“Nosotros estamos de duelo, acompañando el dolor de esta entrerriana que hoy no puede vivir”, dijeron por los altavoces, con un tono alarmista y de tragedia que recorrió el acto que se hizo en la explanada de Casa de Gobierno.
“No pudo vivir por culpa de este protocolo de la muerte, de este protocolo sancionado por este gobierno provincial, por esta ministra de Salud, que nada de salud le dio a esta pobre niña”, dijeron los organizadores.
Y agregaron: “Hoy venimos a reclamar y a afirmar que ha ocurrido una muerte, un asesinato en nuestra provincia y que no vamos a aceptar esta desmentida del Ministerio de Salud, porque acá murió una persona, acá el aborto existió, y acá hubo un violador al que no se lo condena ni se lo jzuga, ni se comprueba si efectivamente fue una violación”.
El feto fue bautizado con un nombre: “Paz”. Y dijeron: “La dejaron sola, padeciendo, hasta que su corazón dejó de latir. En Argentina esto pasa todos los días: cientos de bebés mueren a causa de este protocolo de la muerte”.
Y reclamaron que las organizaciones feministas no hayan levantado la bandera del Ni Una Menos ya que el feto “era una mujercita, pero para ella no van a salir a pedir justicia todas estas organizaciones que tanto se preocupan por el derecho de las mujeres”. (Entre Ríos Ahora)
