El fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, concluyó la investigación penal preparatoria y este martes solicitó al juez de Garantías local la elevación a juicio de la causa en la que están imputados por el delito de abuso sexual dos Testigos de Jehová de Santa Elena.
La investigación comenzó en mayo de 2017, cuando dos chicas de la ciudad denunciaron haber sido abusadas cuando eran menores por Matías Vargas (de alrededor de 42 años) y Vito Panza (30 años).
Al primero se le atribuyen los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, abuso sexual simple reiterados, agravado por ser cometido por ministro de culto, más corrupción de menores; en tanto, a su cuñado se le endilga abuso sexual gravemente ultrajante agravado y corrupción de menores.
La historia se construyó en base a los testimonios de las denunciantes y de miembros de la congregación, más los informes psicológicos que se les realizaron a las jóvenes.
El fiscal Barbosa precisó que en el escrito de solicitud de remisión a juicio presentada ante el juez de Garantías Walter Carballo, adelanta que en el juicio pedirá una pena de 18 años de prisión para Vargas y 15 para Panza.
Vargas era Siervo Ministerial, que es un predicador, guía espiritual y colaborador directo de los Ancianos -nombre que reciben los líderes de la congregación-. Ese cargo o ‘privilegio’ –como se lo denomina en la congregación- se le retiró cuando fue denunciado. Por esa condición que supo ostentar, la pena es mayor a la de su cuñado, Panza.
El segundo acusado, que actualmente vive en San Luis, también fue expulsado de la congregación.
Ahora, resta que se fije fecha de audiencia ante el juez Carballo. En esa instancia el magistrado deberá decidir la elevación a juicio solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal.
El caso
La historia que llegó a los Tribunales paceños alumbró, primero, en la red social Facebook. Fue el 25 de abril de 2017, cuando una joven –hoy de 22 años- escrachó con una publicación a Vargas y Panza, a quienes señaló como abusadores.
“Hola gente de Santa Elena! Quiero comunicarles algo, ven a estos dos bien vestiditos con corbata y trajecito por favor se me explotó la vena no me voy a callar nada no van a quedar limpios basuras degenerados les voy a pegar el escracho de sus vidas, violines”, y agregaba que a uno de los Testigos de Jehová “le encantaba manosear y abusar de niñas inocentes” y que al otro “le encantaba excitarse con una nena inocente”.
Esa publicación motivó la intervención de la Secretaría de la Mujer de la municipalidad de Santa Elena, que brindó contención a la joven y a su prima, que también dijo haber sufrido abusos. Ambas ratificaron sus dichos en el ámbito judicial, donde relataron que los hechos se dieron cuando tenían entre 8 y 11 años.
Vargas, el mayor de los acusados, demandó por calumnias e injurias a la primera joven denunciante, pero el caso no prosperó por la existencia de la causa penal. Así lo dispuso el 6 de junio de 2017 la jueza de Garantías y Transición de La Paz, Silvina Cufré de Millán.
Ante la repercusión pública que tomó la denuncia, Panza y Vargas, los acusados, fueron apartados de los Testigos de Jehová. Ambos son representados por el abogado Roberto Juan Ignacio Martínez Zabala.
El 6 septiembre de 2017, la Asociación de Testigos de Jehová, con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respondió a un oficio del fiscal Barbosa que ambos acusados no pertenecían a las filas de los Testigos de Jehová. El escrito fue firmado por Christian Hernán Stinson, apoderado legal de la Asociación a nivel nacional.
Además, se ampararon en la ley 25.362, de Protección de Datos Personales, que impone el deber de confidencialidad, para no brindar más información.
Esa versión fue rápidamente desmentida por otros integrantes de la congregación de la localidad del norte entrerriano que declararon como testigos en la investigación penal preparatoria. Además, la abogada querellante Valeria Burkhard aportó fotografías a la causa que muestran a ambos participando de las actividades religiosas en el Salón del Reino.
Curas, Testigos y scout
Los dos Testigos de Jehová que están cerca del juicio oral y público se suman a la lista de religiosos que en Entre Ríos fueron acusados de delitos contra la integridad sexual. En el último tiempo, los casos más resonantes sucedieron en la Iglesia Católica.
Los curas Justo José Ilarraz y Juan Diego Escobar Gaviria fueron condenados a 25 años de cárcel por abusos y corrupción de menores. Gaviria, además, será juzgado el año que viene por un nuevo caso que llegó a la Justicia tras su primera condena.
En la nómina también se encuentra Juan Forcher, ex jefe del grupo scout San Cipriano, profesor de Matemáticas y Físico Química en el Colegio Santa María, de Diamante, condenado a 14 años de prisión.
Otro cura que está cerca del juicio es Marcelino Ricardo Moya, sobre quien pesa una denuncia por abuso y otra por corrupción de menores. El 11 de octubre, la Cámara de Casación Penal rechazó la vía de la prescripción y frenó la pretensión del sacerdote de poner un punto final a la investigación penal en su contra.
Este año también fue denunciado por un ex monaguillo el cura colombiano Hubeimar Alberto Rua Alzate, quien tuvo un paso por la parroquia San Lucas Evangelista, de Lucas González, Nogoyá, cuyo párroco era Escobar Gaviria. (Entre Ríos Ahora)
