Docentes de la Seccional Uruguay de Agmer, solicitan al mandatario «la urgente convocatoria a Paritaria Nacional, la derogación de la reforma previsional, el freno al proyecto de reforma laboral y el cese de las acciones represivas».
Militantes y miembros de la Comisión Directiva de esa seccional entregaron este viernes un petitorio al Presidente de la Nación durante su visita a Basavilbaso.
El escrito contiene algunas de las principales demandas que viene sosteniendo el sindicato como entidad de base de Ctera y en representación de los legítimos intereses del colectivo docente.
«Entre las reivindicaciones que se expresan en el petitorio se incluyen la necesidad de una urgente convocatoria a Paritaria Nacional Docente para fijar el piso salarial en todo el país, la derogación de la reforma previsional votada en el mes de diciembre, el freno al proyecto de reforma laboral enviado al Congreso, el incremento del porcentaje del PBI destinado a educación y propiciar el inmediato cese de las acciones represivas contra los compañeros que se encuentran sosteniendo manifestaciones de protesta por sus derechos», se informó desde Agmer.
Los siete puntos que contiene el petitorio entregado al Presidente
1) Que el Poder Ejecutivo Nacional dé marcha atrás con la reforma al sistema previsional impulsada por el mismo y votada por el Congreso de la Nación en diciembre de 2017, brindando garantías concretas para que toda modificación en el régimen jubilatorio tenga como fundamento central la preservación y ampliación los derechos de los trabajadores e incluya la participación de las organizaciones que los nuclean en los procesos de elaboración y debate de las leyes.
2) Que sea retirado del Congreso de la Nación todo proyecto legislativo tendiente a introducir cualquier tipo de reforma en el régimen laboral vigente, habida cuenta de que la clase trabajadora no puede ser la variable del ajuste económico.
3) Que se derogue de forma inmediata el Decreto N° 52/2018, mediante el cual se realizaron cambios en la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075, implicando la supresión de la Paritaria Nacional Docente y desconociendo la representatividad mayoritaria de la CTERA al momento de constituir ámbitos de negociación entre las organizaciones sindicales docentes y el Poder Ejecutivo Nacional. Reiteramos nuestra exigencia de apertura de la negociación paritaria para fijar el piso salarial docente a nivel nacional, negociación que bajo ningún aspecto puede estar sujeta a techos porcentuales, sobre todo si los mismos se basan en proyecciones irreales que ignoran el significativo aumento del costo de vida que afecta a toda la población pero que impacta especialmente sobre los sectores más vulnerables.
4) Que se detenga de manera urgente cualquier tipo de participación de las fuerzas de seguridad en las legítimas expresiones de protesta que son llevadas a cabo por los trabajadores en diferentes partes del país. Tanto las manifestaciones de reclamo por mejores condiciones salariales y laborales como la huelga son derechos democráticos y constitucionales que de ninguna manera pueden ser vulnerados o condicionados. Por tal motivo, es responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional bregar por la integridad de los trabajadores organizados y abstenerse de cualquier tipo de accionar represivo. Esta exigencia es extensiva a los gobiernos provinciales, siendo imprescindible la intervención de la Nación para frenar toda forma de represión que pudieran llevar adelante las fuerzas de cada jurisdicción.
5) Que el Poder Ejecutivo Nacional no desconozca los conflictos salariales aún abiertos en distintas provincias del país y tome cartas en el asunto para propiciar una pronta solución que contenga respuesta a las demandas del colectivo docente.
6) Que se eleve al 10% del PBI el financiamiento del Estado nacional destinado a la educación pública.
7) Que se instrumenten los mecanismos jurídicos, políticos e institucionales
necesarios para lograr el blanqueo del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID), permitiendo que el cobro del mismo esté sujeto en cada provincia a los descuentos de ley y realizando el aporte correspondiente para que el mismo se traslade al haber jubilatorio.
El Once
