El juez Carlos Rossi, además de liberar al asesino de Micaela García, soltó a otro violador que reincidió.
Quizás con el primer intento no le alcanzó.
Y entonces, esa alma caritativa llamada Carlos Rossi decidió darle otra oportunidad.
Ahí sí, Fabio Gustavo Villanueva pudo explayarse a sus anchas y hacerlo de nuevo.
Porque lo suyo -sólo la Justicia argentina puede dudarlo- es violar chicos.
Villanueva nació hace 44 años en Entre Ríos. Le dicen “Maca” y se sentó en el banquillo de los acusados por primera vez a los 38, cuando la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay lo juzgó por corrupción reiterada de menores. Lo habían detenido casi dos años antes, a fines de octubre de 2009, luego de la denuncia del padre de una de las víctimas: un nene de 7 años.
La investigación probó que por esa época “Maca” tenía una relación cercana con unos vecinos, con los que incluso compartía muchos de sus fines de semana. Un día, uno de ellos se encontró con que su hijo se mostraba muy agresivo en la escuela. Empezó a hacerle preguntas hasta que el nene le contó que Villanueva había abusado de él dentro de una carpa, en el camping Banco Pelay.
El hombre era como un tío para el chiquito.
Intervino la División Investigaciones de la Policía de Concepción, que se puso a seguir los movimientos de Villanueva. Así descubrió que desde hacía tiempo invitaba a su casa al nene abusado y a varios de sus amigos para que jugaran con la computadora. Se había ido ganando su confianza hasta que empezó a manosearlos, a sacarles fotos desnudos y a abusarlos. Uno, de 12 años, contó que le había practicado sexo oral. Otro reveló que lo había obligado a tener sexo con una chica frente a él.
Para esa época, Villanueva tenía una mujer y una hija, que lo abandonaron para irse a vivir La Matanza. Lo detuvieron y el 14 de septiembre de 2011 lo condenaron a siete años y medio de prisión de cumplimiento efectivo por el abuso y la corrupción de cinco nenes.
Pero, se sabe, en la Argentina ninguna condena es lo que parece. Consciente de esto, Villanueva presentó un pedido para salir de prisión en libertad condicional.
Su solicitud cayó en el Juzgado de Ejecución Penal de Gualeguaychú, a cargo de Carlos Rossi. Ni más ni menos que el mismo juez que, un par de años después, liberaría anticipadamente al violador convicto que el 1° de abril de este 2017 secuestraría, abusaría y asesinaría a la estudiante Micaela García (21) en Concepción del Uruguay: Sebastián Wagner.
En el caso de Wagner, condenado a 9 años de prisión por dos violaciones, los informes penitenciarios recomendaban mantenerlo en prisión. Y Rossi lo liberó igual, lo cual le valió una catarata de pedidos de juicio político y el repudio del país entero. En el de Villanueva, en cambio, los exámenes avalaban la posibilidad de la libertad anticipada.
Lo que no hizo Rossi fue controlar que el abusador cumpliera con las condiciones para mantenerse libre.
Tras analizar a Villanueva, el equipo técnico del Juzgado de Ejecución Penal de Gualeguaychú se expidió aclarando que no podía “determinar con exactitud el comportamiento por venir, algo que resulta ajeno a las posibilidades humanas”, resaltando que el suyo era un “diagnóstico al que se arriba en términos probabilísticos en función de criterios de razonabilidad cuya certeza no es absoluta” y destacando que se orientaba “de acuerdo al desarrollo de criterios que no permiten determinar con exactitud las posibilidades de comportamiento futuro” dado que “resulta ajeno a la naturaleza humana prever las contingencias de lo que sucederá”, pero que no quedaban dudas de que el condenado había “adquirido la capacidad de comprender y respetar la ley” por lo que admitía “un pronóstico favorable para el acceso a la libertad condicional”.
Tamañas certezas llevaron al juez Rossi a liberar a Villanueva el 16 de diciembre de 2014.
Su pena recién se extinguía el 15 de septiembre de 2016.
Pero eso, parece, era sólo un detalle.
Para devolverlo a la calle, el juez Rossi le impuso a Villanueva varias condiciones: que fijara un domicilio; que consiguiera trabajo; que no tuviera contacto con las víctimas; que se presentara una vez por mes ante el Patronato de Liberados y, al igual que haría meses después con Wagner, que se sometiera a tratamiento psicológico en el Hospital Urquiza.
Las últimas dos no las cumplió jamás.
Como suele suceder en otras provincias, en Entre Ríos el Patronato de Liberados es casi una ficción. La sede más cercana a Concepción del Uruguay está a 260 kilómetros, en Paraná, por lo cual el control que se hace desde este organismo sólo existe en los papeles. Villanueva, como tantos otros, pronto se lo salteó. Y no pasó nada. Lo mismo ocurrió con el tratamiento psicológico que había aceptado seguir. Lo abandonó y no tuvo consecuencias.
El juez Rossi no le revocó la condicional y lo dejó seguir en libertad.
Villanueva aprovechó la oportunidad. En los primeros días de este año aparecieron las primeras denuncias en su contra. A un padre se le sumó otro, y luego hubo uno que primero se animó y después retrocedió. Pero, en definitiva, todos los relatos coincidían.
Los abusos habían empezado, dijeron, en el segundo semestre del año pasado, cuando Villanueva aún debería haber estado preso. En esos meses, él trabajaba en un local que vendía artículos de limpieza sueltos, en el bulevar 12 de Octubre, en el barrio América. A unos metros había una casa frente a la cual todos los días se juntaban varios chicos. Uno vivía allí, a otro lo llevaban sus padres para que los dueños de la propiedad lo cuidaran y siempre se acercaba alguno más.
Tenían entre 6 y 8 años. La calle era su patio. Salían a dar vueltas y se divertían por ahí. Así fue como se les acercó Villanueva para ofrecerles que pasaran a la trastienda del negocio, adonde tenía computadoras. Les dijo que podían usarlas para jugar cuando quisieran y los nenes empezaron a frecuentarlo.
Les regalaba caramelos.
Allí, en los fondos, habrían ocurrido los abusos sexuales gravemente ultrajantes y la corrupción de menores de por lo menos tres de ellos, de 6, 7 y 8 años.
La Policía allanó el local el jueves 24 de febrero de este año y detuvo a Villanueva. Se llevó varios teléfonos celulares, algunos pendrive y dos CPU, entre otras cosas, para poner todo en manos de la Fiscalía Nº 1, a cargo de Melisa Ríos. El viernes 25 lo llevaron a Tribunales para que declarara y allí la jueza Alejandrina Herrero ordenó su prisión preventiva durante 30 días. También dispuso que se realizaran Cámaras Gesell -espacios de vidrios espejados donde se puede observar desde afuera lo que ocurre dentro de una sala- para que psicólogas les tomaran testimonio a los nenitos.
La investigación se tornó tan compleja que se venció el plazo de la preventiva. Se hizo una nueva audiencia en la que la defensa de Villanueva pidió la prisión domiciliaria y la fiscal, que se extendiera el período de arresto. Eso fue lo que finalmente pasó, por lo que “Maca” quedó alojado en la Unidad Penal N° 4 a la espera del juicio oral. El comienzo está fijado para el 6 de septiembre -la semana próxima- y se espera que termine en tres jornadas.
Lo que aún no tiene fecha, insólitamente, es el juicio político contra quien lo liberó, Carlos Rossi. Tras el hallazgo en abril del cuerpo de Micaela García en el lugar señalado en su confesión por Sebastián Wagner, se presentaron siete pedidos de jury contra él. Sin embargo, el proceso de destitución aún ni empezó.
Astuto, Rossi fue recusando a distintos diputados y senadores entrerrianos -ya objetó a siete- para evitar el comienzo del juicio. El motivo fue que ya habían intervenido en el caso -por ejemplo, presentando o adhiriendo a alguno de los pedidos de destitución- o habían adelantado su opinión ante los medios.
Lo absurdo es que los integrantes del jurado -entre los cuales hay tres integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia- fueron aceptando las recusaciones y designando reemplazantes sin discutir jamás si las objeciones tenían fundamento. Su idea, que ha llevado a que el proceso ni siquiera haya comenzado al día de hoy, es que cuando haya siete miembros a los que Rossi no objete sean ellos quienes, como primera medida, decidan si deben aceptarse las recusaciones.
Es un escándalo. El 7 de agosto, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos emitió un comunicado en el que informa que “ante la proximidad del vencimiento del plazo para producir la prueba ofrecida por el recusante (Rossi) se resolvió que, una vez finalizado dicho plazo, las actuaciones se pongan a despacho para decidir si se aceptan o rechazan cada una de las recusaciones formuladas”.
El papelón generó tensión entre legisladores y jueces. Los primeros sostienen que los segundos no quieren iniciar el jury aún cuando podrían hacerlo con los miembros que no han sido objetados: los tres integrantes del STJ y los dos representantes del Colegio de Abogados. Los magistrados, en tanto, entienden que es responsabilidad de diputados y senadores encontrar representantes que no puedan ser cuestionados. Y, por lo bajo, se quejan de que fueron demasiado entusiastas a la hora de criticar a Rossi ante los medios y no se dieron cuenta del rol que les tocaría.
En este contexto, el presidente del bloque de diputados provinciales de Cambiemos, Sergio Kneeteman, advirtió que en caso de que el Jurado de Enjuiciamiento no avance con el juicio político contra Rossi, su bancada hará otro pedido de juicio político pero contra los miembros del STJ que integran el jury.
Sería un juicio político por demorar un juicio político que igual seguiría demorado.
“Para nosotros, el Poder Judicial está actuando en defensa de Rossi, de la corporación. El presidente del jury, Daniel Carubia (juez del STJ), hizo lugar incluso a la recusación de un diputado nuestro, Esteban Vittor, que estaba afuera del país cuando fue el crimen de Micaela García y no firmó ningún pedido de juicio político”, señaló Kneeteman a Clarín. “El problema es que la Justicia entiende mayoritariamente que Rossi actuó bien”.
Quizás apurados por este planteo, hace 15 días los siete miembros del jury empezaron a votar su postura sobre la recusación de sus antecesores. Recién votaron cuatro de ellos, por lo que nadie se atreve a adivinar cuándo se sabrá la conformación definitiva del jurado. “Están actuando todo lo lento que pueden”, apuntó Kneeteman. Una vez que haya un jurado, el proceso demorará al menos seis meses, por lo que ya es seguro que Rossi llegará a 2018 siendo juez. Los diputados le han pedido al STJ que lo suspendan.
Pero no.
Por eso hoy Carlos Rossi sigue firme en su despacho del Juzgado de Ejecución Penal de Gualeguaychú, fallando y fallando. (Clarín)
