Se trata de tres empleadas, de las cuales dos tienen tutela sindical, por cuanto son delegadas de UPCN. Aún siguen en funciones, aunque el Ejecutivo ordenó el inicio de un sumario.
El gobierno dispuso la instrucción de un sumario administrativo a las tres empleadas del hospital Colonia Raúl Camino, de Federal, a quienes se acusa de haber filmado con un teléfono celular a dos pacientes, mientras mantenían relaciones sexuales y después haber viralizado esas imágenes en las redes sociales.
Las trabajadoras investigadas son Vanina Fabiana Maldonado, María Betiana Leiva y Verónica Ducasse, y por cuanto su conducta se correspondería con las causales de cesantía previstas en la Ley Marco del Empleo Público Nº 9.755. Dos de ellas, Maldonado y Leiva son, además, delegadas de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Sumarios y presentación en la Justicia
Lo que seguirá ahora es que el tema saldrá de la órbita del Ministerio de Salud, donde empezó la tramitación luego de que se conociera el escandaloso video (que, entre otras cosas, viola los principios de la Ley Nº 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental) y quedará en la Fiscalía de Estado, con la intervención de la Dirección de Sumarios y el inicio de una presentación en la Justicia para conseguir el desafuero de las dos delegadas gremiales.
El hecho ocurrió el lunes 12 de junio, aunque en el Ministerio de Salud recién tomaron conocimiento el viernes 16. Las autoridades actuaron rápidamente no bien tomaron nota del incidente, al punto que el director del hospital Psiquiátrico de Federal, Mauricio Díaz, fue citado a Paraná el sábado 17 y llegó a la capital provincial con toda la documentación del caso para entregársela al asesor legal Germán Coronel.
Siguen trabajando
Las tres trabajadoras -que con este hecho violaron los mínimos principios de respeto a la dignidad de los pacientes- todavía siguen en sus puestos ya que tienen la garantía de la estabilidad del empleo público que advierte que no pueden ser removidas sin que antes se sustancie un sumario administrativo. «Hubo mucha indignación, pero ahora el clima está un poco más calmo, aunque las tres empleadas siguen en sus lugares trabajando», aclaró el director del Hospital Raúl Caminos.
Cuando el caso estalló públicamente, a horas de la asunción de la nueva ministra de Salud, Sonia Velázquez, hubo un pronunciamiento público desde el Gobierno de condena al proceder de las tres empleadas.
«Esto hecho gravísimo vulnera la Ley de Salud Mental. Vulnera absolutamente todos los paradigmas que impuso la nueva Ley de Salud Mental. Se ha violentado la intimidad de los pacientes, no se han respetado principios básicos que impone que los pacientes no pueden ser objeto de burla ni sometidos a situaciones degradantes», indicó entonces la ministra.
Proceso contra las empleadas
Las empleadas que están siendo investigadas por ese hecho, considerado gravísimo por el área de Salud, son Vanina Maldonado, quien es técnica en esterilización en el Hospital de Federal; María Leiva, quien cubre una suplencia extraordinaria en el área administrativa; y Verónica Ducasse, quien cumple funciones de mucama. Las tres están nombradas en el expediente que se abrió formalmente este lunes para dar inicio a la instrucción sumaria.
Ahora, como primera medida, se supo que «a las empleadas se la investiga por estar presuntamente incursas en las causales de cesantías previstas en el artículo 71° inciso C) de la Ley N° 9755, del Marco Regulatorio del Empleado Público en la provincia, en virtud de la falta grave en el desempeño de sus funciones por inobservancia de las obligaciones inherentes en su cargo según lo dispuesto por los artículos 61°, incisos a), b) y f); 62°, inciso h), j) y k) de la referida norma legal».
No significa inmunidad absoluta
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó qué camino seguirá el proceso a las tres empleadas investigadas del hospital Psiquiátrico de Federal. En particular, dos de ellas que tienen fueros gremiales.
«Todo gremialista tiene fuero gremial que es una protección contra toda arbitrariedad que podría darse en el Estado. Es un paraguas legal contra las sanciones impuestas arbitrariamente, consideradas como actos de persecución gremial», expresó. Aunque aclaró que «no significa inmunidad absoluta. Si estamos frente a un delegado gremial, lo que se hace es un proceso judicial en el que se pide al juez que le quite los fueros para poder sancionarlo». (Diario Río Uruguay)
