El Indec informó que en la totalidad de las actividades hubo fuertes bajas interanuales, que en algunas llegó hasta el 86%

En el mes que marcó la etapa más restrictiva de la cuarentena obligatoria -la herramienta sanitaria usada por una gran variedad de países alrededor del mundo para intentar frenar la circulación del coronavirus -, la economía argentina se desplomó un 26,4% interanual en abril en lo que representa la caída de la actividad más importante en la historia.

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), un anticipo del producto bruto interno (PBI) elaborado por la dirección de Cuentas Nacionales del Indec, mostró hoy una caída mensual desestacionalizada de 17,5% y acumuló una retracción del 11% en el año. Todos los sectores mostraron fuertes bajas interanuales, que llagaron hasta un 86%.

Para encontrar en la serie histórica que elabora el organismo estadístico retracciones tan pronunciadas hay que retroceder hasta 2002, año en que la economía tocó fondo como consecuencia de la peor crisis económica y social de la historia argentina. Ese año se registran caídas interanuales que rozan el 17%, más precisamente en marzo.

El desplome más importante se vislumbró en la actividad de la construcción, que se desbarrancó un 86,4% internaual. Pero las bajas fueron significativas y generalizadas: Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-72,1%), Industria manufacturera (-34,4%), Comercio mayorista, minorista y reparaciones (27%), Servicios sociales y de salud (32,6%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,3%), entre otras.

La foto de abril era esperada porque comienza a delinear la silueta de lo que será el primer impacto del aislamiento obligatorio y de la pandemia en la economía durante el segundo trimestre.

Los indicadores privados van incluso más allá y adelantan la profundidad que tendrá la crisis, incluso en meses que tuvieron menores restricciones para las actividades productivas y comerciales, como mayo. El Índice General de Actividad (IGA) de la consultora de Orlando Ferreres y Asociados mostró en mayo un desplome de 14,9% interanual y 9,2% mensual.

No son números que sorprendan a la mayoría de los economistas privados e incluso a funcionarios del área económica. Con sólo un tercio del mes en aislamiento obligatorio, la economía había mostrado una retracción en marzo de 11,5% anual con una desaceleración mensual de 9,8%. El PBI del primer trimestre terminó con una caída de 5,4% impactado por dos años de estanflación, la incertidumbre por la deuda y la cuarentena obligatoria.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipó que el desplome de la economía argentina será de 9,9% en el marco de un derrumbe de prácticamente todos los países del globo. Por otro lado, cercenó parte del rebote previsto para la economía nacional para 2021 (+3,9%). Para los analistas privados, la caída a fin de año será mas profunda. En la consultora EcoGo creen que la baja en 2020 será de 9,5%, pese a que podrían empujarla a 10% si se «reactiva o no la cuarentena». En Ecolatina afirmaron que se hundirá 10,5% y en LCG, un 11%. Vale recordar que la economía cayó en 2002, un 10,9% interanual, según los datos del Indec.

Un 38% de las empresas industriales consultadas en la tercera encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA) indicó que, de mantenerse las mismas condiciones en los próximos tres meses, la continuidad de su actividad estará comprometida. Un relevamiento de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) de este mes indicó sobre la expectativa a tres meses que el 21% espera que la actividad mejore, el 29% que se mantenga igual y el 31%, que disminuirá. Sobre la facturación esperada para los próximos seis meses, el 66% de los consultados indica que la producción del semestre será un 50% o menos de lo esperado a comienzos del año.

«La proyección que hacemos, si esta cuarentena continua demasiado en el tiempo y si el Gobierno no aumenta la asistencia, es que no es loco pensar en 100.000 comercios cerrados a fin de año», advirtieron desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC). (La Nación)

«La provincia está en condiciones sanitarias de regresar a clases (presenciales) en agosto», confirmó a Elonce TV la ministra de Salud, Sonia Velázquez. Adelantó quiénes serían los primeros en volver a las aulas.

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, confirmó a Elonce TV que «la provincia de Entre Ríos está en condiciones sanitarias de regresar a clases (presenciales) en agosto». De igual manera, aclaró que «se necesita seguir desarrollando una estrategia que tenga que ver con la menor circulación de la población».

«Ya hemos dicho que la circulación de los pibes en las escuelas es quizá el mayor promedio de lo que se puede plantear como una circulación que no es conveniente y de hecho, por eso fue tenido en cuenta para que no se realice la apertura de las clases», explicó Velázquez.

En la oportunidad, la funcionaria comunicó que «se trabaja junto a los Ministerios de Salud y Educación de la Nación, conjuntamente con el presidente del CGE, en los programas de Adolescencia, Maternidad e Infancia para poder estipular un protocolo para la vuelta a clases y tener en cuenta aquellos establecimientos escolares de zonas rurales donde hay personal único y niños infinitamente menor en proporción a otros establecimientos que tienen alto conglomerado de pibes».

Velázquez insistió con que respecto a que «día a día se evalúa la situación epidemiológica en la provincia» para avanzar hacia nuevas habilitaciones. (Elonce)

El receso escolar de invierno en Entre Ríos será entre el 13 y el 24 de julio. Luego del mismo podría iniciarse el paulatino retorno de los alumnos a las aulas. Ello dependerá de la evolución de la pandemia en los distintos distritos.

El martes se volverá a reunir el Consejo Federal de Educación y está previsto que los ministros de las carteras educativas de todo el país aprueben el protocolo sanitario previsto para la reanudación de las clases presenciales.

Será un retorno parcial, inicialmente en aquellas jurisdicciones no afectadas por el impacto de la pandemia, y donde mejor se pueda cumplir con todas las exigencias, tanto de movilidad, como de ingreso, egreso y permanencia en las instituciones que impone la gravedad de la pandemia.

Además de las condiciones favorables que rodean a los ámbitos rurales, la prioridad del regreso a las aulas será para aquellos cursos que este año debían finalizar sus estudios. En Entre Ríos, sería el 6º grado de Primaria y 6º año en Secundaria.

El regreso presencial será determinado de forma regional y en función de la situación epidemiológica de cada lugar.

Pero además de ello, un aspecto singular del encuentro previsto para mañana es la posible determinación de si el regreso a las aulas será optativo para las familias, ya que hay temor y la desconfianza de padres y docentes acerca de la propagación del Covid-19 en el espacio escolar.

En las últimas semanas el Consejo General de Educación (CGE) ha venido manteniendo distintos encuentros con los gremios docentes.

En la provincia, el universo comprende a 350.000 alumnos, unos 40.000 docentes en más de 3.200 instituciones educativas desde Nivel Inicial hasta estudios superiores no universitarios.

El borrador del protocolo presentado deberá ser aprobado mañana por el Consejo Federal de Educación, el Consejo Interuniversitario Nacional y por el Consejo Rectores de Universidades Privadas.

En los últimos días se adelantaron aspectos tales como el uso obligatorio de tapaboca, el distanciamiento permanente entre las personas de un metro y medio, en aulas con pocos alumnos bajo la modalidad de «aula burbuja», distribuidos en zigzag, entre otros.

El esquema impone un plan de dos etapas: De condiciones antes de abrir el establecimiento educativo, y con las puertas ya abiertas.

Antes de la reanudación de las clases presenciales, se exige una capacitación al personal docente y no docente y la preparación de las familias sobre aspectos sanitarios; la articulación entre escuelas y sistemas de salud para desarrollar un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones; la necesidad de contar con todos los elementos de higiene pertinentes; acceso de agua potable; y adecuación de aulas y espacios comunes para el distanciamiento físico.

Al regreso a las aulas se deben estipular ingresos y egresos escalonados en cada establecimiento; mantener el distanciamiento social y el uso obligatorio del tapabocas. Asimismo contempla la actuación frente a un posible caso o contacto estrecho, y eventualmente frente a esa situación, la suspensión de clases durante un día para tareas de desinfección.

Se debe garantizar la continuidad de sistemas virtuales para aquellos alumnos que no puedan asistir, y establece también el protocolo la necesidad de mantener limpias, ventiladas y desinfectadas todas las zonas de circulación, con tareas ante cada cambio de turno. (UNO)

«Muchos de los que avanzaron en la flexibilización de actividades tuvieron que retroceder», advirtió el ministro de Salud e insistió: «El daño a la economía se lo hace la pandemia, no la cuarentena».

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, admitió que no puede descartarse que haya nuevos endurecimientos del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus en el país.

«Nadie lo sabe, muchos de los que avanzaron en la flexibilización de actividades tuvieron que retroceder en el mundo, como Nueva Zelanda o Corea», expresó el funcionario al ser consultado si es el «último esfuerzo» que se le pide a la población.

Además, recordó que por el momento, para contener la pandemia, «no hay nada que haga efecto más allá de la cuarentena.

«No es una solución que nos alegre, que nos ponga contentos, pero el daño a la economía se lo hace la pandemia, no la cuarentena», expresó González García en diálogo con el canal TN.

Días antes de que se inicie una nueva Fase 1 en el Aislamiento obligatorio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la zona chaqueña de influencia de la ciudad de Resistencia, el ministro sostuvo que se toma «una medida anticipada para evitar el estrés en el sistema sanitario», lo que dijo que se estimó al actual ritmo de contagios que se podría producir a fines de julio próximo.

«Hoy estamos con un número holgado, pero viendo el aumento exponencial de casos en 25 o 30 días, según los cálculos que tenemos, el sistema iba a empezar a entrar en estrés», advirtió el funcionario.

Aseguró que la intención del Gobierno es que «no haya una vida que se pueda salvar y no sea salvada».

Por otro lado, criticó a un sector de la oposición y a los dirigentes que «juegan con la grieta».

Asimismo, apuntó contra el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, de quien sostuvo que «vive hablando de los testeos», mientras indicó que es «otro el discurso» de los dirigentes que tienen responsabilidad de gobierno, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador jujeño, Gerardo Morales.

La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), rechazan enérgicamente el proyecto de ley de emergencia enviado a la legislatura, desconociendo el espíritu de diálogo que desde hace años se viene forjando entre los distintos sectores del Estado provincial y los representantes de magistrados, funcionarios y empleados judiciales, en la búsqueda de alternativas para afrontar los momentos difíciles por los que nos ha tocado transitar.

El proyecto denominado “solidario” impacta directamente sobre nuestra realidad laboral y sobre nuestro futuro previsional, ajustando una vez más los bolsillos de los aportantes y jubilados, y vulnerando de manera flagrante los derechos constitucionales de movilidad jubilatoria, intangibilidad e independencia judicial, a la vez que compromete seriamente la institucionalidad y gobernabilidad de la provincia al exponer al Estado a un nivel de conflictividad indeseado.

Somos entidades que siempre hemos bregado por el diálogo y el debate serio y profundo, y hemos acompañado el esfuerzo del gobierno provincial en el marco de esta grave situación de pandemia, y sus consecuencias económicas, pero no podemos tolerar que se malverse la solidaridad, denominando así a un marco normativo que vulnera nuestras conquistas salariales y previsionales.

Nunca ninguna administración ha dado a conocer los estados contables de la Caja de Jubilaciones que la llevaron a su situación actual, ni tampoco ha identificado a los responsables de la misma. Así, su déficit resulta una constante de años que el ajuste con aportes extraordinarios no resolverá.

Tampoco la emergencia alcanza el uso discrecional de los fondos para contratos y nombramientos en los demás poderes del Estado, el que se ha ido incrementando exponencialmente año tras año y presupuesto tras presupuesto: la solidaridad no pareciera empezar por casa.

La democracia y la ética de la política implican diálogo y consensos.

El Gobierno, en esta oportunidad, no ha mostrado esa vocación.

Paraná, 28 de junio de 2020.

María Gabriela López Arango (Presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos).

Mario Brnusak (Secretario general de AJER).

Análisis

El Ministerio de Gobierno y Justicia destinó nueve vehículos incautados en el marco de la Ley 10.566, luego de que las causas tuvieran sentencia judicial: dos automóviles fueron asignados al Ministerio de Salud y otros tres a la Policía de Entre Ríos, que también recibió cuatro motocicletas.

“El delito de narcomenudeo afecta ampliamente a nuestra población, sobre todo a la juventud. Es por eso que en la ley se pensó que las incautaciones de bienes que se realicen sean destinadas a las instituciones que luchan contra el tráfico ilegal de droga, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo», explicó en este sentido la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.

La Ley establece que un porcentaje de los bienes se designe al Ministerio de Salud; otro a la Policía de Entre Ríos, al Ministerio de Desarrollo Social y al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). En este sentido, cabe señalar que los bienes incautados en el marco de este delito, se distribuyen luego de que las causas tengan sentencia judicial.

En lo que va del 2020 se han destinado al Ministerio de Salud un vehículo marca Toyota Corolla y un Vehículo Chevrolet Corsa. Al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia se destinó un total de 14.960 pesos.

En tanto, a la Policía de Entre Ríos fueron entregados tres vehículos: dos Volkswagen Modelo Gol color blanco y un Renault, Modelo Kangoo color gris, y cuatro motocicletas: Guerrero, Modelo Gt 70; Gilera Modelo Vc 150cc; Motomel Modelo C150cc y Honda Modelo Wave, 12 celulares y un televisor.

«Esto se convierte en un círculo muy virtuoso, porque son bienes que vienen del delito, pero terminan en una función estatal de bien público”, subrayó al respecto la ministra.

Operativos

Desde la Dirección de Toxicología de la Policía de Entre Ríos informaron que, desde la implementación de la Ley se han llevado adelante más de 883 allanamientos y 825 intervenciones en Entre Ríos. En estos operativos, se detuvieron a 828 personas, hombres y mujeres, que fueron puestos a disposición de la justicia.

Un total de 175 kilos 626 gramos de cannabis sativa, 18 kilos 671 gramos de Clorhidrato de Cocaína y 1465 psicotrópicos fueron incautados en el territorio entrerriano desde la aplicación de la Ley de Narcomenudeo.

Desde la implementación de la Ley

Como resultado de los operativos y allanamientos desarrollados en lo que va de la implementación de la ley y en el marco del decreto Nº 2.193 del Ministerio de Gobierno y Justicia, se han distribuido a organismos del Estado un total de 888.377,2 pesos y 90 Unidades Fijas valor combustible en concepto de multas. Los fondos incautados corresponden a causas con sentencia judicial por narcomenudeo en Entre Ríos.

Es por esto que desde que se implementó dicha ley se asignaron al Ministerio de Salud, dos autos, una camioneta, tres celulares y 280.801,05 pesos.

A la Policía de Entre Ríos, dos camionetas, ocho automóviles, nueve motovehículos, 24 teléfonos celulares, un televisor, dos balanzas digitales y 2710 pesos.

Al Ministerio de Desarrollo Social se destinaron 405,975.3 pesos, una camioneta y 45 unidades fijas de combustible y al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) tres bicicletas, una notebook, una computadora de escritorio, un televisor, un equipo de música, dos celulares y 153,591.35pesos más 45 unidades fijas de combustible.

“En esta etapa queremos que se puedan seguir realizando actividades comerciales para no perjudicar el bolsillo de la gente, ni el trabajo, pero insistimos en evitar la circulación de personas, además de las reuniones sociales, para que no haya contagios”, dijo el gobernador Bordet.

El primer mandatario provincial afirmó que, atento al número de casos Covid 19 registrados en la provincia, “el cuadro es crítico pero está bajo control”.

Además, comentó que “nuestra cercanía geográfica con el AMBA, donde está concentrado el 95 por ciento de las casos en el país, necesariamente representa una amenaza y los contagios que se han presentado en los últimos tiempos fueron por contactos de personas que fueron y volvieron, algunas por asistencia médica, otras por trabajo, otras que fueron a vender productos, actividades todas permitidas».

«En un principio esta situación se controlaba fácilmente por el hecho del aislamiento estricto, ya que cuando venía una persona de AMBA con el virus contagiaba a su grupo familiar solamente, dos o tres personas. Sucedió que después, cuando empezamos a habilitar comercios, reuniones familiares, muchos intendentes empezaron a tomar medidas por su cuenta que contradecían claramente lo que establecía el DNU, como la habilitación de reuniones sociales o cultos religiosos como ocurrió en una ciudad hasta 60 personas, y esto provocó que se naturalice una situación que no estaba permitida, que era la de las reuniones sociales», dijo el mandatario y subrayó que los contagios en esos espacios, «hizo que la curva aumente exponencialmente».

Luego sostuvo que en «esta etapa queremos que se puedan seguir realizando actividades comerciales para no perjudicar el bolsillo de la gente, ni el trabajo de las personas, pero evitar las reuniones sociales porque es allí donde se produjo la mayor cantidad de contagios».

Consultado sobre el número de ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia, respondió que alcanza «al 28 por ciento pero por Covid hay una sola en Concordia».

Finalmente, Bordet destacó la importancia de los controles en los accesos a las ciudades y también dijo que la pandemia permitió «poner a punto el sistema sanitario. En 15 días tomamos posesión del hospital De la Baxada, que era de PAMI y por eso no podíamos intervenir, pero la emergencia nos permitió entrar, desempolvar 30 respiradores que hacía cuatro años que estaban embalados y sin utilizar, habilitar 20 camas de terapia intensiva y 60 para internación intermedia, y en general en la provincia duplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva y de respiradores».

El tercer pago abarcará al Área Metropolitana de Buenos Aires y a la provincia de Chaco, pero podría ampliarse un poco más. El criterio principal es abarcar los distritos en «fase uno» de cuarentena, donde los beneficiarios del plan tienen más dificultades para sostener sus ingresos.

Además de apurar el paso para completar el pago de la segunda cuota del Ingreso Familiar de Emergencia, el Gobierno evalúa el alcance y el monto que tendrá la tercera cuota del beneficio, que según confirmó en declaraciones radiales la titular de la Anses, Fernanda Raverta, abarcará al Área Metropolitana de Buenos Aires y al Chaco, es es a aquellas zonas del país que volvieron a la “fase uno” de la cuarentena”.

Sin embargo, fuentes del organismo previsional no descartaron que la tercera cuota alcance también, aunque sea parcialmente a otros distritos. Dependerá de un “cruce de variables” relacionadas con la circulación del virus y la fase de cuarentena que estén atravesando las distintas provincias o localidades. La intención es definir todo esta misma semana.

Raverta ratificó que el pago de la tercera etapa «no es universal para todos, sino que va a ir a las zonas en donde la cuarentena vuelve a la fase uno o donde la situación está más complicada».

Inicialmente se había señalado que la tercera cuota del beneficio, que alcanzó a 8,3 millones de personas en la primera cuota y a 9 millones en la segunda, podría también incluir a Río Negro, pero esa posibilidad parece ahora descartada. Chaco, en cambio, es una provincia mucho más comprometida por la pandemia y es, también, la provincia del país en que el pago del IFE beneficia a una más alta proporción de la población provincial: 26,5%, según precisó un reciente estudio sobre los programas sociales del gobierno. En el promedio del pais, en tanto, el IFE (que alcanza a un miembro por familia) beneficia a 17,3% de la población. A su vez, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA, que es parte del AMBA) es el área de menor incidencia del beneficio respecto del total de la población, según calcularon los investigadores Oscar Cetrángolo y Javier Curcio en un estudio sobre los programas sociales del gobierno en respuesta a la pandemia de coronavirus.

Además, al restringirse el número de beneficiarios el Gobierno también estudia ampliar el monto del beneficio, que aumentaría 50% o más. Esto es, estaría en $ 15.000 o una suma algo superior, teniendo en cuenta que el retroceso a fase uno de las áreas donde residen los beneficiarios alcanzados implica a su vez mayores dificultades económicas y desafíos para mantener ingresos.

El IFE, destinado a monotributistas de categorías A o B, monotributistas sociales, trabajadores de casas particulares y desempleados informales de entre 18 y 65 años, cuyos grupos familiares cumplan con ciertos criterios socio económicos, es el principal programa de ayuda social del gobierno en respuesta a la pandemia de coronavirus y a las consiguientes cuarentenas, que impiden a gran parte de las personas ocupadas, sobre todo en el sector informal, procurarse sus recursos. Alcanza a un solo integrante de cada grupo familiar y prioriza a las mujeres. Su “costo fiscal”, precisa el estudio de Cetrángolo y Curcio, fue $78.543 millones (0,248% del PIB anual) en el primer mes.

El exacto alcance de la decisión de limitarlo geográficamente y aumentar el monto del beneficio, así como el costo fiscal, serán discutidos en el Gabinete Económico Social, que integran el ministro de Economía, Martín Guzmán, el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el de Trabajo, Claudio Moroni, encabezados por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y su vicejefa, Cecilia Todesca.

“Cuando el Gabinete lo decida, la Anses lo informará”, respondieron desde el organismo previsional, que además administra la gran mayoría de los programas sociales del Gobierno. “Cuando terminemos de pagar la segunda etapa recién ahí vamos a ver cómo es la tercera etapa del IFE, que está en revisión, había Raverta en sus declaraciones radiales.

La funcionaria también admitió que el gobierno tiene en agenda la eventual implementación de un “ingreso universal”, pero que no se trata de una discusión sencilla, porque sería mucho más que un plan. Para el Estado, significaría un compromiso fiscal permanente en un momento en que los recursos fiscales más escasean y cuando cerca de la mitad de las erogaciones mensuales del Tesoro son cubiertas con emisión monetaria del Banco Central.

Infobae

La directora de la ANSES, Fernanda Raverta, dio algunas precisiones sobre el tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia. En principio se mantendrán los $ 10.000, «pero en función de las regiones y la cantidad de contagios por lugar».

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, precisó que el tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) tendrá en cuenta indicadores como la pobreza e indigencia, la precariedad habitacional y la cantidad de contagios de la región.

«El tercer pago del IFE estará referenciado en, por lo menos, tres indicadores: una cuestión de precariedad habitacional, otra de línea de pobreza e indigencia, y, finalmente, una cuestión de cantidad de contagios y en la necesidad de cumplir el aislamiento», refirió Raverta en diálogo con radio Del Plata.

La funcionaria explicó que «hay que cruzar esas tres cuestiones, que son pilares fundamentales para pensar este tercer cronograma del IFE», y aclaró que, en principio se mantendrá el monto de 10.000 pesos, «pero en función de las regiones y la cantidad de contagios por lugar».

Tras señalar que actualmente el universo de personas que recibe el IFE llega a los 9 millones de habitantes, Raverta recordó que, entre lunes y martes próximo, se termina de pagar el segundo IFE a quienes declararon CBU, y que la Anses se encuentra en la tarea de completar la bancarización de todos los beneficiarios, ya que hasta el momento faltan encuadrarse en esa situación unas 4 millones de personas.

«Con mucha seriedad y por medio de mensajes de texto, mails, y demás, les pedimos que saquen su turno en los bancos, no solo para retirar los 10.000 pesos, sino para dejar su firma para obtener un CBU», explicó Raverta, según Télam.

Quienes no hayan informado aún una Clave Bancaria Uniforme (CBU) -el número de 22 dígitos que identifica a cada cuenta bancaria- tienen tiempo hasta entonces para informarlo en la página web de la Anses, ingresando al aplicativo «Ingreso Familiar de Emergencia – Consulta de pago» (www.anses.gob.ar/ife).

Una vez adentro de la página habrá que ingresar el número de DNI y, a continuación, aparecerá en la que se explicará que todos los beneficiarios del IFE deberán contar con una CBU para cobrar el segundo bono de $ 10.000.

El aplicativo lo derivará al portal Mi Anses, donde deberá colocar el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.

Una vez allí la persona deberá confirmar o modificar datos de contacto -teléfono celular y correo electrónico- y esperar que la Anses le envíe un «código de verificación» a su mail, que deberá copiar y pegarlo en la misma página en la que está haciendo el trámite.

«Condeno y repudio enérgicamente los hechos de vandalismo sucedidos en campos entrerrianos en la última semana. Es una actitud repudiable e inentendible porque es hacer daño por el daño mismo y causa un perjuicio por el perjuicio mismo”, dijo el ministro de Producción, Juan José Bahillo.

Así, el funcionario provincial se refirió a la destrucción de acopios de granos y complementó: “En un silo bolsa hay seis u ocho meses de trabajo y la magnitud del daño es enorme, porque quizás le están imposibilitando a un pequeño o mediano productor que siga trabajando”.

El jefe de la cartera productiva provincial participó de un foro de alto nivel institucional donde se abordaron los hechos de inseguridad en el ámbito rural. La reunión, convocada por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, contó con la participación de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y los ministros de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez; de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna; Agricultura de Córdoba, Sergio Busso y el presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins, entre otras casi 40 entidades del sector.

Los funcionarios, trazaron un camino conjunto para enfrentar el accionar vandálico. Incluso se anunció que la problemática del delito relacionado con el sabotaje y robo de silobolsas será tratado en el Consejo de Seguridad Interior dado que aun cuando no se trate de un delito federal, es posible que el Consejo genere acciones preventivas en base a la información que compartan los ministerios provinciales de Seguridad y los del área de Agricultura y Producción.

En ese marco, las autoridades de las entidades de la cadena agroindustrial emitieron un comunicado expresando su preocupación ante el aumento de los hechos de inseguridad tanto en frecuencia como en peligrosidad en los últimos meses, sobre todo respecto del robo y sabotaje a silobolsas.

El presidente de la Bolsa destacó la conformación del espacio de diálogo y la predisposición de las autoridades para el análisis de la problemática, a la vez que resaltó que el alcance del daño es aún mayor en el actual contexto «ya que no solo se atentó contra la propiedad sino contra la producción de alimentos». Por su parte, el ministro Basterra enfatizó la importancia de que el sector agropecuario produzca bajo las condiciones de seguridad adecuadas y afirmó que se está trabajando en ello.