El gobernador Gustavo Bordet firmó el decreto que establece la distribución de 300 millones de pesos entre todos los municipios en concepto de aportes no reintegrable.

El 90 por ciento de ese monto se repartirá de acuerdo al índice de coparticipación y el resto por los casos de covid positivos en cada localidad.

La novedad fue dada a conocer en el transcurso de la reunión que mantuvo el primer mandatario entrerriano, junto a la vicegobernadora Laura Stratta y el ministro de Economía, Hugo Ballay, con el intendente de San Salvador, Lucas Larrarte.

En ese marco, el ministro Ballay comentó que el decreto que rubricó el gobernador donde se dispone un monto de 300 millones de pesos destinados a todos los municipios «es una decisión que contempla a todos los municipios sin distinción partidaria».

El 90 por ciento va a ser distribuido por índice de coparticipación y el 10 por ciento restante de acuerdo a la cantidad de casos covid positivos que haya tenido cada localidad.

“Entendemos que esta es la mejor forma de distribuirlos porque justamente está previsto que sea atender la inversión que demanda a cada uno de los intendentes la atención de la situación de salud, la situación social y la alimentaria”, acotó el funcionario.

Dijo Ballay que además escucharon «un planteo que hizo el intendente Larrarte que es acompañado por otros intendentes, referido a la metodología en la liquidación de la garantía de coparticipación que utiliza la provincia».

«Estamos analizando independizar la liquidación de garantía de coparticipación provincial y nacional, y cumplir, como lo venimos haciendo habitualmente pero por separado, con lo que establece la Constitución entrerriana respecto a los mínimos garantizados tanto de coparticipación provincial como nacional”.

A su turno, Larrarte expresó su satisfacción por los aportes anunciados a municipios. «Siempre hemos recibido el apoyo del gobierno provincial, más en estos tiempos de dificultades por distintas vías, ya sea por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Desarrollo Social, y en esta oportunidad el planteo era muy concreto: la necesidad que tienen los municipios de la provincia de mantener estabilizadas sus cuentas fiscales y en función de ello hemos tomado conocimiento de esta decisión del gobernador que celebramos, de distribuir entre los municipios de la provincia, sin distinción de partidos políticos, la suma de 300 millones de pesos. Es un aporte muy importante, un esfuerzo muy grande que hace la provincia para que los municipios puedan seguir cumpliendo con todas sus obligaciones”.

“Al mismo tiempo, hemos trasladado un pedido que venimos haciendo junto al resto de los intendentes para sostener esta estabilidad fiscal y es relacionada a la garantía de la coparticipación. Está el compromiso por parte del gobernador y del Ministerio de Economía de realizar un análisis profundo de esta situación y seguramente brindarnos una respuesta positiva como siempre la hemos tenido. Nos vamos satisfechos”, dijo Larrate.

Con respecto a la pandemia, indicó: “Tenemos mucho trabajo. Demanda un esfuerzo importante. Tenemos dos rutas que atraviesan prácticamente el centro de la ciudad y esto conlleva una dificultad muy particular en lo que hace al control de los ingresos, por lo que tenemos mucho personal abocado a esa tarea”. (APF)

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, presidió esta tarde la 97ª Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) en la que se aprobó de manera unánime el documento “Protocolo Marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y terciaria”.

Con la participación de ministras y ministros de educación de las 24 jurisdicciones, esta resolución que fija los lineamientos obligatorios marco y recomendaciones generales, le permitirá a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elaborar planes progresivos y acorde a sus particularidades que garanticen un retorno seguro a los establecimientos en el momento en que la situación epidemiológica lo permita.

El titular de la cartera educativa nacional, sostuvo: “Esta reunión es parte de la estrategia conjunta que venimos transitando para poder proyectar un regreso seguro a las aulas, priorizando siempre la salud de toda nuestra comunidad educativa. La realidad de la circulación del COVID-19 en el país es muy diversa, por eso sostenemos la importancia de la construcción de consensos ayudando a contener y derribar los lógicos temores que pueden tener nuestras familias, docentes y estudiantes”.

A su vez, Trotta se refirió a los próximos pasos que se llevarán adelante: “Partimos de una base, como señala el DNU, relacionada a la situación de la circulación del virus; luego, la preparación de las escuelas, garantizar la seguridad e higiene. También, tenemos la obligación de avanzar en las instancias de formación y capacitación del personal docente y no docente de cara a la vuelta a las escuelas, al mismo tiempo que prepararemos a nuestras y nuestros estudiantes y familias para la nueva normalidad de las aulas”.

El protocolo marco y los lineamientos federales establecen un conjunto de pautas de trabajo que promueven un ordenamiento en las actividades inherentes al retorno a las clases presenciales, basadas en criterios sanitarios y salud y seguridad en el trabajo, así como de organización escolar y pedagógica. El documento constituye un piso mínimo de requerimientos para la apertura de instituciones educativas, a partir de los cuales cada jurisdicción podrá agregar criterios adicionales y adecuarlos a la realidad local. Estas pautas básicas para el rediseño de la dimensión física y de los flujos del movimiento dentro de la escuela se basan en el distanciamiento físico, el tiempo de exposición, la dinámica del aire y la higiene personal.

La reanudación de las clases presenciales en el país tendrá las siguientes características: se realizará a través de un escalonamiento progresivo, de acuerdo con criterios epidemiológicos de evolución de la pandemia y las características sociodemográficas de cada región y la asistencia será alternada por grupos de alumnos/as de manera de garantizar el cumplimiento de las normas de distanciamiento social, articulando tiempos de presencialidad y de no presencialidad bajo un modelo “bimodal”. Para ello, resulta imprescindible volver a mirar pedagógicamente la planta física de la escuela, imaginar la nueva jornada escolar (desde el inicio a la finalización), establecer un orden desde la llegada de los desplazamientos y la utilización de cada uno de sus lugares, considerando que la estructura edilicia también es educativa.

Cada jurisdicción podrá construir reglamentaciones propias complementarias. Para ello, las provincias deberán presentar un Plan Jurisdiccional de retorno a clases presenciales ante el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría General del Consejo Federal de Educación. El mismo deberá contemplar en su organización y alcances, lo establecido en el documento acordado y tener la aprobación de las máximas autoridades educativas y sanitarias de cada jurisdicción.

Votó afirmativamente la totalidad de los integrantes del CFE, los ministros y ministras de Educación de las 24 jurisdicciones del país: María Agustina Vila (Provincia de Buenos Aires); Francisco Gordillo (Catamarca); Luis Bullrich (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Daniela Torrente (Chaco); María Florencia Peralta (Chubut); Walter Grahovac (Córdoba); Susana Benitez (Corrientes); Martín Müller (Entre Ríos); Alberto Zorrilla (Formosa); Isolda Calsina (Jujuy); Pablo Daniel Maccione (La Pampa); Ariel Martínez (La Rioja); José Manuel Thomas (Mendoza); Miguel Sedoff (Misiones); Cristina Storioni (Neuquén); María de las Mercedes Jara Tracchia (Río Negro); Matías Cánepa (Salta); Felipe de los Ríos (San Juan); Pablo Andrés Dermechkoff (San Luis); María Cecilia Velázquez (Santa Cruz); Adriana Cantero Llanes (Santa Fe); Mariela Nassif (Santiago del Estero); Analía Cubino (Tierra del Fuego) y Juan Pablo Lichtmajer (Tucumán). También, los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Delfina Veiravé y Rodolfo Tecchi; y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), representados por Rodolfo De Vincenzi y Julián Rodríguez.

Agrandar imagenEstuvieron presentes en la reunión, la secretaria de Educación, Adriana Puiggrós; el secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, Pablo Gentili; el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk; la secretaria de Evaluación e Información Educativa, Gabriela Diker; el jefe de Gabinete, Matías Novoa Haidar; la asesora, Graciela Frigerio; la directora Ejecutiva del INFoD, Mercedes Leal; el director Ejecutivo del INET, Diego Golombek y la secretaria General del Consejo Federal de Educación, Marisa Diaz. Además, estuvieron presentes por parte de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Stella Maris Olalla; y por parte de la Honorable Cámara de Diputados, Hugo Yasky y Victoria Morales Gorleri; y los representantes de los sindicatos docentes: Roberto Baradel (SUTEBA), Eduardo López y Juan Monserrat (CTERA), Marina Jaureguiberry (SADOP), Roque Yadala (UDA), Rubén blanco (AMET) y José Gea (CEA).

Luego de que se aprobara en la cámara de Senadores de la provincia la Ley de Emergencia Solidaria, desde Agmer Seccional Concordia emitieron un comunicado en el que expresan su descontento con lo sucedido.

“Repudiamos el ajuste sobre el salario y jubilaciones de trabajadores y trabajadoras que hará empeorar las condiciones salariales de miles de docentes”, indicaron.

“Lo han hecho con sesiones legislativas récords mientras que cada recomposición salarial, siempre forzadas por la lucha sindical, demoran meses en decidir y sin cumplir la totalidad de los acuerdos paritarios, dificultando lo establecido por ley y lo que ellos mismos firman”, aseguraron.

Por último, afirmaron: “Nuestro sindicato continuará luchando contra estas medidas, tal como expresó nuestro Plenario de Secretarios Generales, con la desconexión y el no inicio de actividades posterior al receso de invierno”.

Con 13 votos afirmativos y cuatro negativos, la ley de Emergencia Solidaria fue aprobada en la cámara de Senadores de Entre Ríos, confirmó Elonce. De esta manera, la ley pasa al poder Ejecutivo para su promulgación.

La Cámara de Senadores de Entre Ríos, aprobó en general y en particular, el proyecto de «Emergencia Solidaria» y de esta manera, dio sanción definitiva a la Ley que había sido enviada por el Poder Ejecutivo a la legislatura entrerriana.

Con trece votos afirmativos y cuatro negativos, la ley de Emergencia Solidaria fue convertida en ley este jueves y pasó al Ejecutivo para su promulgación, confirmó Elonce

Desde el oficialismo negaron que la norma implique un ajuste y la calificaron como «una medida progresiva en materia económica», mientras que la oposición, esgrimió sus críticas al proyecto y votó de forma negativa.

Pasadas las 11.30 de este jueves, había comenzado la discusión de modo virtual en el Senado provincial sobre el proyecto que había sido enviado, el viernes pasado por el gobernador Gustavo Bordet a la Legislatura.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados, había avalado este miércoles el proyecto con modificaciones y le dio media sanción a la «Emergencia Solidaria».

La norma establece, entre otros puntos, un aumento de los aportes personales para trabajadores, funcionarios, legisladores y jubilados que cobren más de 75 mil pesos y según se explicó, el objetivo es sostener el sistema previsional entrerriano.

La ley también prevé, que los propietarios de campos de más de 1.000 hectáreas, los bancos y las entidades financieras, paguen una contribución especial.

«No es un ajuste»

La vicegobernadora, Laura Stratta, había resaltado ayer que «esta ley impacta en sectores que vienen ganando y que no han perdido en el marco de esta pandemia. Ya lo venimos diciendo, el sector financiero, la venta mayorista de medicamentos, aquellas extensiones de más de 1.000 hectáreas pero también plantea un financiamiento especial y solidario a la Caja de Jubilaciones que en la provincia de Entre Ríos tiene un gran déficit y que en estos momentos se vuelve más difícil».

Al respecto, destacó que «esto no es un ajuste, sino un aporte solidario en un momento de crisis y en una coyuntura que requiere de mucha responsabilidad de quienes tenemos un rol institucional y debemos resguardar el bien común».

Texto completo de la Ley de Emergencia Solidaria

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1°.- Declárese el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado provincial y la normal prestación de los servicios públicos. Dicho Estado, se extenderá hasta el treinta (30) de junio de 2021, prorrogable por única vez mediante decreto del Poder Ejecutivo Provincial por ciento ochenta (180) días en caso de que a su criterio se mantenga la situación de emergencia.-

ARTICULO 2°.- La presente Ley es de orden público y sus alcances se aplicarán a los Municipios adheridos al sistema previsional, a los tres poderes del Estado provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su dependencia jerárquica y su conformación jurídica estatutaria.-

ARTICULO 3º.- Establécese los siguientes objetivos, para cuyo cumplimiento el Poder Ejecutivo desplegará sus facultades reglamentarias:

1. a) Asegurar el cumplimiento de funciones inherentes a la Administración de la Provincia de Entre Ríos consistente en el sostenimiento y fortalecimiento de los sistemas de salud, seguridad, los servicios públicos esenciales y el cumplimiento de las obligaciones del Estado de acuerdo al principio de equilibrio presupuestario establecido en al Artículo 35º de la Constitución Provincial.
2. b) Procurar a nivel impositivo, un esfuerzo colectivo, en base a la capacidad contributiva en orden a superar la crisis económica imperante en el ámbito provincial.
3. c) Fortalecer el carácter solidario, proporcional y equitativo del régimen previsional con la finalidad de asegurar la sustentabilidad del sistema.

ARTICULO 4°.- En razón del estado de emergencia declarado, y con el fin de mantener el sostenimiento del régimen previsional provincial, los aportes personales, se calcularán sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad según el siguiente esquema:

Salario Nominal (en $) /////////// Aportes Personales (en %)

75. a) hasta 75.000——————————————-16%
76. b) desde 75.001 a 100.000—————————-18%
77. c) desde 100.001 a 200.000—————————20%
78. d) desde 200.001 en adelante————————22%

ARTICULO 5º.- Dispónese que el personal comprendido en la Ley Nº 5.654/75, continuará efectuando el aporte establecido de acuerdo al Artículo 242º de dicho cuerpo legal en tanto sus haberes estén incluidos en la escala prevista en los apartados a y b del esquema del Artículo 4º. Para quienes perciban haberes iguales o superiores a $ 100.001, los aportes personales se incrementarán según el porcentaje de la escala prevista en los apartados c y d del Artículo 4º. De igual manera se procederá con los agentes comprendidos en la Ley Nº 5797/75.-

ARTICULO 6º.- Establécese durante la vigencia de la presente ley, los siguientes aportes solidarios extraordinarios, los que serán calculados en forma proporcional al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto

total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos, con destino a cubrir el déficit previsional.-

Monto total beneficio Nominal en $ //////// aporte %

75. a) desde 75.001 a 100.000—————————————4%
76. b) desde 100.001 a 200.000————————————-6%
77. c) desde 200.001 a 300.000————————————-8 %
78. d) más de 300.001————————————————-10 %

En el caso de percepción de más de un haber previsional otorgado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, ya sea pensión y/o jubilación, el monto total sobre el que se calculara el porcentaje aplicable, estará dado por la suma de ambos conceptos.

ARTICULO 7º.- Modifícase por el periodo que dure la emergencia, el artículo 160º del Código Fiscal, que quedará redactado de la siguiente forma: «Para las Entidades Financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526 y sus modificatorias, la base imponible estará constituida por el total de la suma del haber de las cuentas de resultados, no admitiéndose deducciones de ningún tipo».-

ARTICULO 8º.- Modifícase, durante la vigencia de la presente Ley, la alícuota establecida en el artículo 8° de la Ley Impositiva 9.622 (to 2018) y sus modificatorias, para la actividad comercio mayorista de medicamentos para uso humano, la que quedará fijada en el 4%. Cuando dicha actividad sea realizada por Micros o Pequeños contribuyentes, según lo dispuesto en el Artículo 191° de Código Fiscal (to 2018), o cuando la misma sea efectuada por Cooperativas en operaciones con sus asociados la alícuota quedará fijada en el 1.6%.-.

ARTICULO 9º.- Establécese durante la vigencia de la presente ley, un aporte extraordinario equivalente al diez por ciento (10%) del impuesto inmobiliario anual, aplicable a los inmuebles de la planta 6 y 7, cuya superficie sea igual o superior a un mil (1.000) hectáreas, quedando incluidas aquellas parcelas resultantes de la aplicación de las disposiciones del Segundo Párrafo del Artículo 132º del Código Fiscal (t.o.2018). Este aporte se calculará sobre el impuesto anual determinado para el período fiscal 2020, y se replicará el mismo cálculo para el ejercicio 2021, tomándose como base el valor del impuesto determinado para ese año.-

ARTICULO 10º.- Durante la vigencia de la presente ley y su prórroga si la hubiere, queda suspendida la aplicación de todos los dispositivos de actualización de haberes instituidos por cualquier normativa que alcance las remuneraciones que abonan los tres poderes del Estado Provincial, sus entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del estado, las que quedarán sujetas a los incrementos que disponga el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias en el marco de las paritarias que se celebren.

ARTICULO 11º.- Dispónese, para el supuesto que se alcanzaren los ingresos proyectados indicados en la ley de presupuesto vigente, el Poder Ejecutivo podrá desafectar de la mayor contribución impuesta al personal en actividad y pasivos, incluidos en el tramo b) del artículo 4º y en el tramo a) del artículo 6º.-

ARTICULO 12.- Comuníquese, etc.-

Massa acaba de presentar un proyecto de ley para combatir y castigar el vandalismo rural contra cosechas, silos, tolvas y los ataques a silobolsas

La iniciativa del presidente de la Cámara baja tiene como objetivo frenar el daño a cosechas, silos o tolvas, ya que considera que es «la destrucción del trabajo argentino».

Por eso, propone que se contemplen esos vandalismos como «delito contra la propiedad», y quienes provoquen destrucciones podrían cumplir una pena de hasta 5 años de prisión.

Ante los recientes daños a silobolsas en la región productora de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, Sergio Massa impulsa un proyecto de Ley, acompañado por el diputado Ramiro Gutiérrez (FDT) para que se tipifique como «vandalismo rural» a cualquier daño contra silos, tolvas o silobolsas, con una pena de hasta 5 años de prisión. También, propone una condena de 12 años para quien libere patógenos, tóxicos o emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación que generen un peligro para la vida.

El motivo principal de la propuesta es que se considera que «se protege desde el origen el ciclo producción-exportación de un sector esencial de la economía nacional»; y que además «destruir un silobolsa es destruir el trabajo argentino».

Por eso, se propone la creación del delito de «vandalismo rural», para que «opere como un daño especial y agravado cuando se afecta el desempeño o explotación de un establecimiento rural», lo que podría dar una pena de hasta 5 años de prisión por vandalismo.

Asimismo, se explica que hasta el momento el Código Penal actual no considera «delito» sino como «estrago» a los daños a cualquier tipo de unidad de almacenamiento de cosechas, pero que son de “aplicación imposible como defensa de la propiedad”, ya que se enmarcan dentro de los llamados delitos contra la Seguridad Pública, requiriendo para su configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada.

En la misma línea, el proyecto además propone penas de hasta 12 años de prisión por liberación de patógenos, tóxicos o energía, emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación, derrumbe, o cualquier otro proceso destructor que puede causar el delito de estrago y que genere un peligro para la vida.

En la sesión de este miércoles, la Cámara Baja de la Provincia dio media sanción al proyecto de ley impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, que prevé descuentos en las remuneraciones altas de los activos y pasivos estatales y aumento de impuestos para el sector financiero y de medicamentos.

La iniciativa contó con el voto afirmativo del oficialismo y el rechazo opositor, pese a la incorporación, de último momento, del artículo número 11, que establece lo siguiente: «Dispónese, para el supuesto que se alcanzaren los ingresos proyectados indicados en la ley de presupuesto vigente, el Poder Ejecutivo podrá desafectar de la mayor contribución impuesta al personal en actividad y pasivos, incluidos en el tramo «b» del artículo 4º (desde $75.001 a $100.000) y en el tramo «a» del artículo 6º (desde $75.001 a $100.000).

Con esta media sanción, el proyecto será girado al Senado, donde se estima que podría ser tratado este jueves, a las 11.

Rechazo social

Desde que fue anunciado, el proyecto de Bordet había cosechado varios cuestionamientos y críticas de distintos sectores de la sociedad. El primero en expresar su repudio fue Agmer. El gremio docente no tardó en salir al cruce, exhortando a los legisladores a «no votar este ajuste». Además, dispuso tres días de “desconexión virtual” y el no regreso a las aulas. Luego, se sumaría la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

El rechazo también se hizo escuchar desde el campo. La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) disparó contra la Emergencia Solidaria que dispone, en su artículo 9, aplica un aporte extraordinario equivalente al 10 % del Impuesto Inmobiliario Rural para las superficies de mil hectáreas o más.

La iniciativa también se ganó el repudio del arco opositor. Este martes, el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) emitió un duro comunicado en el que lamentaron la falta de diálogo del gobernador y respaldaron a los legisladores radicales para que rechacen la iniciativa en el recinto.

«Total y absoluto rechazo» de Agmer a 3 artículos del proyecto de emergencia

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos manifestó su «total y absoluto rechazo a los Artículos 4, 5 y 6» del proyecto de «emergencia solidaria» por «ser regresivos y atentatorios de nuestros derechos laborales»

SOLICITADA

AL GOBERNADOR BORDET Y AL PODER LEGISLATIVO

LAS Y LOS TRABAJADORES YA HEMOS HECHO NUESTRO ESFUERZO

Ante el anuncio y posterior presentación por parte del Ejecutivo provincial, en la figura de Gustavo Bordet, de un proyecto de ley de Emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, sanitaria y previsional, desde la ASOCIACIÓN GREMIAL DEL MAGISTERIO DE ENTRE RÍOS manifestamos nuestro total y absoluto rechazo a los Artículos 4, 5 y 6 del mencionado texto por ser regresivos y atentatorios de nuestros derechos laborales.

En un contexto como el que estamos atravesando, en donde el avance de la pandemia originada por el COVID 19 profundizó la crisis económica, y con ella la desigualdad y la pobreza, y con una paritaria salarial abierta, el Ejecutivo obrando de mala fe y violentando todo espacio de discusión toma la decisión de que seamos las y los trabajadores -una vez más- quienes sostengamos sobre nuestras espaldas los costos de esta emergencia.

Claramente afirmamos, el aumento de los aportes personales constituye un saqueo y un ajuste al salario, además de modificar a la baja el 82 % móvil en las jubilaciones. Desde los ámbitos orgánicos de AGMER, el Plenario de Secretarios Generales ha emitido claramente un posicionamiento relativo a los artículos que nos involucran y determinado un plan de acción; y la Multisectorial de trabajadores, como espacio político desde hace años, pero sobre todo en los últimos 40 días, ha trabajado elaborando proyectos que permitan que tributen quienes han acumulado riquezas.

Las y los trabajadores ya hemos y continuaremos haciendo el esfuerzo, atendiendo a nuestras y nuestros alumnos, muchas veces pagando desde nuestro propio bolsillo las conexiones y demás materiales, estando en la primera fila sosteniendo los comedores escolares. Tenemos muy presente y claro el significado de la solidaridad. Ahora es tiempo de que el esfuerzo y el aporte solidario lo hagan el capital financiero y económico que desde hace años se viene enriqueciendo a costa de las necesidades nuestras.

Exigimos a los legisladores de esta provincia que se abstengan de avanzar en el tratamiento de cualquier punto que signifique cercenar derechos adquiridos. Demandamos que estén a la altura de lo que hoy necesitan los sectores laborales, en una de las peores crisis de la historia nacional.

Al gobernador Bordet le exigimos, una vez más, salarios que estén por encima de la inflación y de los índices de pobreza. Le demandamos celeridad en la discusión paritaria y le recordamos en este ámbito no se pueden tomar decisiones de mala fe.

ASOCIACIÓN GREMIAL DEL MAGISTERIO DE ENTRE RÍOS

COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL

El Entre Ríos – Elonce

Tras autorizar la actividad de gimnasios en municipios sin casos activos de Covid 19, Bordet dijo que se hace «un análisis de la realidad epidemiológica para seguir habilitando actividades económicas, deportivas, culturales y recreativas».

«Realizamos un análisis pormenorizado de la realidad epidemiológica de las distintas localidades de la provincia y el trabajo de los COES locales. Lo hacemos con el objetivo de seguir habilitando responsablemente actividades económicas, deportivas, culturales y recreativas», señaló el gobernador, Gustavo Bordet a través de las redes sociales minutos antes que se conociera el informe provincial en relación al Coronavirus, que estuvo encabezado por el ministro de Producción, Juan José Bahillo; y director de Epidemiología, Diego Garcilazo.

«Con la recomendación del equipo de salud, definimos autorizar a los municipios sin casos activos de Covid 19 y que puedan garantizar el cumplimiento del protocolo sanitario, a que habiliten gimnasios a partir del próximo lunes», anticipó el primer mandatario provincial y agregó que «vamos a fijar estrategias diferenciales para las ciudades de acuerdo a su estatus sanitario».

«De esta forma, queremos llevar claridad y tranquilidad a las familias entrerrianas. No obstante, siempre debemos tener presente que la responsabilidad es de todos y recordar la importancia del autocuidado, porque la salud es nuestra prioridad», señaló Bordet.

Los detalles del anuncio

El ministro de Producción afirmó que la autorización la apertura de gimnasios es para «ciudades que no tienen casos activos de covid-19» y queda en poder de cada municipio habilitar la actividad.

En el informe provincial en relación a la situación provincial en torno al Covid-19, el ministro de Producción Juan José Bahillo, señaló que tras una reunión con el gobernador de la provincia y la Ministra de Salud se «autorizó la habilitación de gimnasios a partir del lunes 6 de julio».

«Realizamos un análisis pormenorizado de la realidad epidemiológica de las distintas localidades de la provincia y el trabajo de los COES locales. Lo hacemos con el objetivo de seguir habilitando responsablemente actividades económicas, deportivas, culturales y recreativas», señaló el gobernador, Gustavo Bordet a través de las redes sociales minutos antes que se conociera el informe provincial en relación al Coronavirus

En este sentido, Bahillo explicó que «la lógica de funcionamiento es que la provincia autoriza el funcionamiento de los gimnasios a partir del lunes, pero los municipios en particular habilitarán cuándo volverá la actividad».

Y declaró: «Esta autorización se hace en aquellas ciudades que no tienen casos activos de covid-19», y queda sin efecto para las ciudades que si presentan casos confirmados.

Además, señaló que hay otras actividades que se están evaluando habilitar en relación a «los casos activos, y a las vinculaciones estrechas».

«En los próximos días habrá nuevas definiciones en relación a la situación epidemiológica», afirmó el funcionario .

Bahillo comentó que surgieron diversos inconvenientes en localidades entrerrianas sobre el libre tránsito y aclaró que «mientras no haya alguna ciudad con circulación comunitaria quienes van a distintas ciudades con las autorizaciones correspondientes no se le puede exigir que realicen cuarentena» Cabe destacar que «Está permitida la circulación dentro de la provincia».

Delitos rurales

A su vez, Bahillo también hizo referencia a los hechos vandálicos que se produjeron en zonas ruares sobre los daños a las silobolsas y dijo que «nos preocupan estos hechos vandálicos que están sucediendo en zonas rurales. Estamos trabajando en un protocolo sobre un instructivo para hacer la denuncia de hechos de estas características». Además, aseguró que están trabajando en una guía de abordaje para la Policía.

Y destacó: «Creemos que lo mejor es tomar una posición preventiva sobre actitudes sospechosas en las zonas rurales, es necesario denunciar para evitar estos sucesos».

Teniendo en cuenta la implementación de protocolos de diferentes sectores productivos, Bahillo argumentó que «hay un seguimiento de los diversos sectores para controlar que se cumplan los protocolos».

«Se vio un compromiso muy fuerte de los diferentes sectores y están cumpliendo con los protocolos», culminó. (Elonce)

El plenario de secretarios generales tuvo este lunes una sesión remota en la que se resolvió un “apagón” de docentes (desconexión virtual) para los días 1, 2 y 3 de julio, junto con la declaración de no reinicio del ciclo lectivo en rechazo al proyecto de Emergencia Solidaria que impulsa el gobierno de Gustavo Bordet.

“Que la crisis la pague el capital financiero, los que jamás aportaron”, reclama el plenario que apunta particularmente contra los artículos 4, 5 y 6 del proyecto en los que se modifica la escala de aportes a la Caja de Jubilaciones, en los salarios de más de 75 mil pesos.

“Las trabajadoras y trabajadores no estamos dispuestos a ser, una vez más, la variable de ajuste ni a sostener en nuestras espaldas los costos altísimos de esta crisis. Mucho menos cuando hemos sido, precisamente, quienes venimos sosteniendo cotidianamente la educación y la salud públicas en estos tiempos de pandemia, por lo general en la primera fila, atendiendo los comedores escolares y enseñando a distancia; en los hospitales y en los centros de salud, con salarios carentes de toda recomposición incluso desde antes de declararse la presente emergencia sanitaria”, cuestiona la organización gremial.

“A pesar de encontrarnos en frente a un escenario jamás imaginado por nadie, el esfuerzo y el compromiso asumido son ejemplo suficiente de la concepción de solidaridad que tenemos los trabajadores”, señala Agmer que marca su presencia “en distintas formas frente al avance de la pandemia, en los comedores y merenderos, brindando nuestras instalaciones como lugar de resguardo y aislamiento, en la provisión de insumos para elementos de prevención. A esto lo seguiremos haciendo, convencidos de que junto a nuestras maestras y maestros, profesoras y profesores y los equipos directivos ponemos por delante nuestras mejores actitudes de entrega y sacrificio para lograr superar estos tiempos”.

Desde ese rol, el gremio dijo entender que el concejo de “aporte solidario” del proyecto “es absolutamente falaz”. “Las y los trabajadores de esta provincia ya hemos puesto lo suficiente en esta crisis, rechazamos el aumento de los aportes previsionales personales; repudiamos firmemente la actitud velada de modificar el 82% móvil y demandamos a la Legislatura de la provincia en su totalidad, diputados y senadores provinciales, que se abstengan de aprobar este proyecto de ley que atenta contra derechos históricos conquistados por la clase trabajadora”.

Se pide, concretamente, eliminar los tres artículos en cuestión en el proyecto por dos motivos porque significan “un saqueo al bolsillo de los trabajadores activos y jubilados” y porque se observan “sectores económicos que no están dispuestos a hacer ningún esfuerzo, mucho menos ‘solidario’. Y eso no es, en absoluto, ‘justicia social’; es mezquindad”.

Afirman, en este contexto, que el proyecto, con la redacción que tiene, “carece de cualquier pretensión progresista” porque “para las y los trabajadores el aumento de los aportes personales es una medida regresiva. Ya lo hemos manifestado reiteradamente: es salario, no es ganancia. Y en contextos de agudización de crisis económica como la que transitamos, tocar los haberes de los trabajadores adquiere un matiz fuertemente confiscatorio”.

Destino de los fondos

El gremio advirtió que los aportes que se pretenden imponer a los salarios más altos “no irían a financiar nuestra Caja de Jubilaciones” y al respecto tomaron nota de la información oficial que da cuenta de que los fondos logrados con la emergencia son coparticipables: “Ese dinero se destinará a aportes coparticipables con los municipios de la provincia, o sea que los descuentos que recibiríamos los trabajadores, pasarán a engrosar las Rentas Generales de la provincia, en vez de ir a su lugar legítimo que es nuestra Caja previsional”.

“Al supuesto déficit de la Caja no lo generamos los trabajadores y tampoco lo debemos pagar nosotros; mucho menos los compañeros jubilados. Esto se suma al atropello y manoseo por parte del gobierno cuando se nos instaló por fuerza de Ley el impuesto a las ganancias a la clase trabajadora”, se agrega.

Como se plantea en el documento de la Multisectorial de Entre Ríos, que integra Agmer, “es hora de que el esfuerzo solidario lo hagan los sectores concentrados de la economía que –sistemáticamente- vienen escapándose del esfuerzo contributivo”. Por eso instan a “profundizar en lo que prescriben los artículos 7, 8 y 9 con el incremento de gravámenes a entidades financieras, el comercio mayorista de medicamentos para uso humano, y el impuesto inmobiliario anual, a las superficies iguales o superiores a un mil (1.000) hectáreas. Consideramos que estos son los sectores, entre otros, que hoy deben ser solidarios frente a la crisis provocada por la pandemia”.

Además, llaman a “avanzar decididamente con el impuesto a las grandes fortunas, redefinir el rol del agente financiero de la Provincia, en función de asistir y promover las actividades económicas de interés para el desarrollo productivo regional, del incremento en las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos a las entidades financieras impidiendo el encarecimiento del crédito, y rever el esquema tributario en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, desalentando la especulación y la existencia de latifundios. Señalamos que otro de los sectores económicos a revisar con acuerdo de los intereses provinciales son las actividades de la minería, cuyos mecanismos de asignación de concesiones, permisos de extracción, control de la actividad y su tributación, debe ser observada teniendo en cuenta la irreversibilidad del proceso extractivo y sus consecuencias”.

“La profundización de la crisis económica, social y sanitaria ha golpeado con dureza sobre el salario de las y los trabajadores, y la docencia de ninguna manera es la excepción. En Entre Ríos el avance de la pandemia nos encontró con una discusión salarial no resuelta y una paritaria abierta. Hoy gran parte de nuestro salario se encuentra por debajo de la línea de pobreza, mientras que el encarecimiento del costo de vida se hace cada vez más difícil de afrontar”.

Medidas

El plenario exigió “la urgente convocatoria a la discusión salarial que ponga los ingresos por arriba de los índices de pobreza y dé cuenta de los índices inflacionarios, tal como fueron las palabras del Gobernador Bordet. Sostenemos que el salario no es ganancia y exigimos urgente equiparación salarial de los equipos directivos en función de los acuerdos paritarios anteriores”.

Se repudió la intención de “ajustar el salario de las y los trabajadores mediante proyectos claramente regresivos y confiscatorios”.

Se exigió a la Legislatura “que se abstenga de avanzar en el tratamiento de cualquier punto que signifique cercenar derechos adquiridos. Demandamos que estén a la altura de lo que hoy necesitan los sectores laborales, en una de las peores crisis de la historia nacional y mundial”.

El gremio se declaró en estado de alerta permanente y manifestó que “es hora de que los costos de esta crisis la paguen los capitales concentrados de la economía, verdaderos responsables de las angustias del pueblo”.

Se dispuso un “apagón” (desconexión virtual) en todo el sistema educativo para los días miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de julio junto con la declaración de “no regreso a las actividades presenciales de toda la docencia entrerriana, en caso de aprobarse el proyecto de ley de emergencia presentado por el gobernador ante la legislatura provincial y mientras no estén dadas las condiciones edilicias, sanitarias y salariales luego de la pandemia”.

Las departamentales promoverán otras acciones a nivel local y se anunció la puesta en marcha de una campaña en redes sociales “en defensa de nuestros derechos y conquistas”.

Página Política

El gobernador Gustavo Bordet dispuso la continuidad de la fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 17 de julio. También ratificó los aportes especiales a los trabajadores públicos que están al frente de la pandemia.

El gobernador Gustavo Bordet dispuso la continuidad de la fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 17 de julio.

En ese marco, se prorrogó el aumento del 50 por ciento del Adicional por Riesgo para todos los escalafones de los agentes del Ministerio de Salud quienes se encuentren al frente de la atención sanitaria.

Además, se incrementaron las becas de residentes en salud en un 20 por ciento, a fin de conceder una compensación compatible con el esfuerzo que el personal realiza en virtud de la especificidad de sus tareas.

Se prorrogó el otorgamiento de una bonificación para el personal de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Social, con prestación de servicios en los establecimientos escolares y/o comunitarios, en las coordinaciones activas, a los encargados de coordinar, ejecutar y supervisar la aplicación de los programas de políticas alimentarias.

La medida alcanza a los trabajadores del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) con desempeño de funciones en las residencias de su dependencia y guardias de Coordinaciones Departamentales con prestación de servicios presencial e ininterrumpida. Y el personal de hogares dependientes de esa cartera ministerial dedicados al cuidado y protección de mujeres en situación de violencia y de adultos mayores.

Estas medidas están contenidas en el decreto 988 del 29 de junio, que ratifica la vigencia del Decreto Nº 944 para la ciudad de Paraná, con personal presencial reducido hasta el viernes 3 de julio.

También la norma dispone la dispensa en el territorio provincial de la asistencia a sus lugares de trabajo en la administración pública central a las personas de 60 años o mayores y a las que posean algunos de los factores de riesgo.

Esta medida se emitió en concordancia con el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 576/20 del Poder Ejecutivo Nacional de este 29 de junio, y dispone que la provincia de Entre Ríos seguirá en la fase «Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio» hasta el 17 de julio.

La norma provincial exceptúa de la dispensa al personal declarado esencial o las que estén afectadas a actividades críticas o de prestación de servicios indispensables conforme lo determine el ministro secretario de Estado de la jurisdicción, o el secretario General de la Gobernación en el ámbito de la Gobernación.

Se deja establecido que la dispensa concedida se computará a todos los efectos como tiempo de servicio, sin que ello afecte la percepción íntegra de haberes, debiendo los responsables de cada jurisdicción determinar las condiciones y pautas para la realización de tareas habituales o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota.

Faculta además, a los ministros a establecer las medidas necesarias a fin de garantizar el funcionamiento de sus dependencias en el período referido, pudiendo disponer en sus ámbitos las modalidades bajo las cuales se prestarán los servicios los agentes responsables, así como los lineamientos a seguir para la atención de situaciones extraordinarias y/o de urgencia que se susciten, debiendo garantizarse la prestación de servicios en las áreas a su cargo, en observancia del Documento COES ID 039.

Adicionales especiales

En detalles, el mandatario prorrogó el aumento del 50 por ciento del Adicional por Riesgo para todos los escalafones de los agentes dependientes del Ministerio de Salud quienes se encuentren al frente de la atención sanitaria, y se incrementó las Becas de Residentes en Salud en un 20%, ello a fin de conceder una compensación compatible con el esfuerzo que el personal realiza en virtud de la especificidad de sus tareas.

También se renueva el bono para el personal activo de la Policía de la Provincia afectado a atender tareas de campo relacionadas con la etapa de Distanciamiento, incluyendo al personal de la Dirección General del Servicio Penitenciario con desempeño de funciones en los establecimientos carcelarios de la provincia, una bonificación de carácter excepcional, en consideración a la exposición al riesgo de contagio.