La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero hizo un llamado a la reflexión y a las conductas de las partes que están en conflicto por los campos de la familia Etchevehere, a fin de garantizar la paz social. Llamó a respetar la decisión de la Justicia que dirimirá el conflicto familiar y dirá efectivamente quién tiene derechos sobre esas tierras.

“Estamos con una situación muy difícil en el norte entrerriano, concretamente en la zona de Santa Elena en un campo donde hay una disputa que nace de una diferencia familiar. No estamos ante una situación común como las que se han dado en el resto del país de tomas de tierras, sino que se trata de una sesión de una de las propietarias o herederas hace a un grupo organizado bajo una asociación que se llama Artigas. Entonces, la base que genera conflictos es esa disputa familiar que hoy desde luego trasciende en un debate sobre quién tiene derecho a estar en esa propiedad privada y quién no. Hoy estamos con una audiencia judicial que se va a desarrollar en el curso de la tarde, hay un juez de la causa de la ciudad de La Paz que va a dirimir las distintas situaciones”, sostuvo la ministra Romero.
“El juez decidirá quién tiene derecho sobre esa tierra. Más tarde o más temprano la Justicia deberá determinar a quién le asisten mayores razones desde el punto de vista del Estado de Derecho”, aclaró.

“Nosotros como Gobierno hemos venido acompañando la labor de jueces y fiscales porque la Policía es un auxiliar de la Justicia. Frente a una denuncia de delito de usurpación como la que hay en el Juzgado de La Paz, la policía obedece estrictas órdenes de la Fiscalía y del Juez que entiende en la causa”, explicó la funcionaria provincial.

“Desde el Poder Judicial se va dirimir quién tiene la razón. Tenemos que situarlo en ese contexto a este conflicto. Se trata de una disputa judicial en la que ambas partes argumentan derechos”, agregó Romero.

“Aprovecho para hacer un llamado a la reflexión y a las conductas respetuosas de la ley, del derecho y de la razonabilidad, porque aparecen acá dos posiciones muy encontradas, muy disimiles, una que niega el derecho de la otra y así recíprocamente. Cuando un juez tome una decisión, siempre da un plazo para que las partes cumplan y siempre aconseja el cumplimiento de la sentencia sin llegar a ninguna acción por parte de la fuerza pública, cabe decir la sentencia judicial siempre es un mandato, Tendría que triunfar la racionalidad”, indicó la Ministra de Gobierno y Justicia.

La Policía está apostada en el lugar, de manera preventiva, hay 100 efectivos. Hubo audios muy fuertes que circularon por redes en tono más de amenaza que de convocatoria, pero nuestro objetivo es prevenir el delito y la violencia. Los audios que circularon son verdaderamente son preocupantes, tras el argumento de defender la propiedad privada están amenazando con males mucho mayores como atentar contra personas, es decir con comisión de otros delitos, por eso tiene que triunfar la racionalidad y el respeto de la ley”, finalizó.

El objetivo es que Industrias Farmacéuticas de Entre Ríos SA provea de insumos al sistema de salud pública provincial y se inserte en el mercado nacional. El Instituto Autárquico Provincial del Seguro será accionista de la compañía farmacéutica.

“La compañía aseguradora de la provincia ha logrado en los últimos años una performance de solvencia y proyección que nos motivó a proponer potenciar la participación accionaria en INFADER y hacer de ella una empresa de importancia como laboratorio provincial de medicamentos”, explicó al respecto el presidente del IAPSER, Tomás Proske.

Este polo de innovación permitirá generar capacidad en una economía que se comienza a diversificar y complementará en sinergia con el resto de los actores del mercado productos que los sistemas de salud están necesitando.

En tal sentido, el gobernador Gustavo Bordet remarcó la importancia de que una empresa del Estado provincial potencie el fortalecimiento de inversiones en compañías públicas y permita la gestación de INFADER como laboratorio de medicamentos, iniciativa que se está trabajando junto al Ministerio de Salud de Entre Ríos.

En tal sentido, remarcó que “la constitución de un laboratorio público, decisión política que anuncié oportunamente en la Asamblea Legislativa, permite contar con una herramienta de gestión operativa en el campo de la salud y el acceso a los medicamentos, que constituirá una verdadera política de Estado».

El proyecto apunta a potenciar las oportunidades actuales y ser un actor estratégico en las necesidades de la provincia, generando sinergia con los actores existentes en la Industria Farmacéutica y con el sistema científico técnico de la provincia.

Proske mencionó por su parte que “la empresa INFADER es parte del Grupo económico del Instituto Autárquico Provincial del Seguro, de ahí se proyecta una articulación estratégica en cuanto a la capacidad de inversión por parte del IAPSER como inversor institucional a fin de apalancar el plan de reconversión de INFADER sosteniendo como elementos clave del éxito del proyecto la sustentabilidad económica y comercial”.

Se espera que el proyecto comience su ejecución en el mes de noviembre y permita contar en el corto plazo con esta iniciativa que lleva algunos años de existencia, pero que con el acompañamiento actual del IAPSER se impulsará con un plan de negocios sustentable y estratégico.

De acuerdo a la información extraoficial que Génesis24 pudo saber, este martes se manejaba la posibilidad de endurecer las medidas, ya restrictivas, de libre circulación en la ciudad.

Esto es a raíz del incremento en las últimas semanas de casos positivos de coronavirus en la comunidad local y la poca responsabilidad social del auto-cuidado, que se refleja en muchas personas que deciden no implementar las medidas básicas de protección, que a su vez evite la propagación del virus, entiéndase distanciamiento social y uso del barbijo.

En horas de la noche, el Coes local decidió avanzar con estas restricciones, las cuales se efectivizan mediante un nuevo decreto municipal, siendo este el N° 26.529, el cual dispone las siguientes medidas:

• –         La prohibición de permanencia de personas en los espacios públicos, comprendiendo plazas y parques, permitiéndose la circulación con el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos oportunamente.
• –         Las playas se encontrarán cerradas para el acceso al público.
• –         En el caso puntual de la Isla del Puerto, se podrá realizar la práctica de caminatas, trotes y ciclismo. No se permitirá el acceso en auto o moto. Quienes concurran a los paradores emplazados en la Avenida Costanera Isla del Puerto deberán hacerlo previa reserva.
• –         Los clubes náuticos, marinas, guarderías náuticas y espacios destinados al bajado de embarcaciones, no podrán despachar las mismas con fines recreativos y/o para esparcimiento. Sólo podrán hacerlo aquellas personas que posean carnet de pesca artesanal otorgado oficialmente, y/o deportistas federados de mediano y alto rendimiento que participan en selectivos y competencias internacionales.
• –         Se limita la circulación en el ámbito de la ciudad y por el tiempo establecido, en el horario comprendido entre la una y las seis de la mañana. A excepción de las personas que desarrollan actividades esenciales.
• –         Quienes no cumplan con lo establecido serán pasibles de las multas y sanciones que correspondan en el ámbito municipal y alcanzados por lo dispuesto en los artículos N° 205, N° 239 y concordantes del Código Penal Argentino. En este último caso, se recuerda que la autoridad de aplicación es la Justicia Federal.

Luego del encuentro que mantuvieron el gobernador Gustavo Bordet y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martin Müller, el lunes 26 de octubre comenzará a implementarse el retorno a la presencialidad en 47 escuelas.

Luego del encuentro que mantuvieron el gobernador Gustavo Bordet y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martin Müller, el lunes 26 de octubre comenzará a implementarse el retorno a la presencialidad en 47 escuelas de 9 departamentos de la provincia. La medida abarcará a 866 alumnos.

Durante la reunión en la que también participó la vicegobernadora, Laura Stratta, se definió priorizar los últimos años de algunas escuelas secundarias, escuelas primarias rurales y último año de escuelas técnicas. Los establecimientos seleccionados pertenecen a los departamentos Tala, Nogoyá, Feliciano, Federal, Islas, San Salvador, Uruguay, Villaguay y Victoria.

«La planificación es prudente y responsable», valoró Müller, y explicó que se abrirá en un principio «un universo acotado de escuelas en departamentos donde la situación sanitaria no reviste gravedad, priorizando las necesidades de nuestros estudiantes del último año de las escuelas técnicas para finalizar sus prácticas en los talleres, y habilitar escuelas rurales donde ni docentes ni estudiantes deban trasladarse, garantizando seguridad y pudiendo habilitar lugares donde estén dadas todas las condiciones para hacerlo».

En ese marco, el presidente del CGE sostuvo que «la estrategia del gobierno provincial, dentro de la necesaria gradualidad que va a tener el paulatino regreso a clases presenciales, es que comencemos a transitar el ese proceso ahora, en 2020, en virtud de que la situación educativa lo amerita».

«Todas las voces autorizadas dan cuenta de la gravedad de las consecuencias que van a tener para nuestros estudiantes este tiempo de suspensión de presencialidad en las escuelas», apuntó, «y es por eso que venimos trabajando articuladamente junto a otras áreas del Estado como Salud, Desarrollo Social y Planeamiento», detalló el presidente del CGE, y afirmó: «Es una prioridad transitar el regreso a las aulas».

Sin embargo, Müller advirtió que «se hará un monitoreo permanente sobre la evolución epidemiológica en las ciudades y localidades donde reabrirán estas escuelas y de modificarse los índices de riesgo establecidos por el Consejo Federal de Educación se revertirá la situación».

Las escuelas

Departamento Tala

• E. T N° 1 «Dr. Osvaldo Magnasco».
• E E A N° 51 «Gobernador Maciá».
• Escuela Primaria N° 21 «Semana de Mayo», de Raíces al Sud.
• Escuela Primaria N° 4 «Bernardino Rivadavia».

Departamento Nogoyá

• E.E.T.N°1.
• E.E.T.N° 5 «14 De Febrero», Anexo Fp, de Aranguren. Técnico Profesional.
• Escuela Primaria Nº 88 «Gob. Carlos R. Contin», de Crucecita 3º.
• Escuela Primaria Nº 32 «Paula Albarracín», de Algarrobitos.

Departamento Feliciano

• Escuela Nº 5 «Esteban Echeverría». Primaria.
• Escuela Nº 3 «José C. Sarmiento». Primaria.
• Escuela Nº 12 «El Profeta de la Pampa», de Rincón de Mesa. Primaria.
• Escuela Nº 9 «José Manuel Estrada», de Distrito Chañar. Primaria.
• Escuela Nº 30 «Malvinas Argentinas». Primaria.
• Escuela Secundaria Nº 2.

Departamento Federal

• Escuela Secundaria N°1 «Pancho Ramírez», de Sauce de Luna.
• Escuela Secundaria N°3 «Américo del Prado», de Conscripto Bernardi.
• Escuela Secundaria N°9 «José G. Artigas».
• Escuela Secundaria N°11 «Roberto Aizemberg».
• Escuela Primaria Nº 9 «Congreso de Tucumán», de Colonia Santa Lucía.
• Escuela Primaria Nº 10 «José B. Zubiaur», de Paraje El Gato.
• Escuela Primaria Nº 27 «Rafael Obligado», de Paraje Banderas.

Departamento Islas

• Escuela Primaria N° 8 «20 De Junio», de Ibicuy.
• Escuela Primaria N 17 «Manuel P. Antequeda», de Paraje La Argentina. Personal Único.
• Escuela Primaria N° 28 «José Hernández», de Mazaruca. Personal Único.
• Escuela Secundaria N° 3 «Francisco Ramírez», de Ibicuy.
• Centro Educativo de Jóvenes y Adultos Nº 355, de Ceibas.
• E. T. N° 96 «Conscripto H. Omar Giorgi», de Villa Parancito.
• E. A. T. N° 144 «Mariano Echaguibel», de Ibicuy.

Departamento San Salvador

• Escuela Primaria N° 9 «Pinocho», de Colonia San Ernesto.
• Escuela Secundaria N° 45 «Félix B. Meyer», de San Salvador.

Departamento Uruguay

• Escuela Primaria N° 6 «Manuel Belgrano», de Concepción del Uruguay.
• Escuela Nina N° 11 «18 de Octubre», de San Justo.
• Escuela Nina N°48 «Recuerdos de Provincias», de Concepción del Uruguay.
• Escuela Secundaria N° 1 «Raúl Chappuis», de Concepción del Uruguay.
• E. T. N° 1 «Ana Urquiza de Victorica», de Concepción del Uruguay.
• E. T. Nº 13 «Héctor Sauret», de Concepción del Uruguay.
• E. T. Nº 2 «Francisco Ramírez», de Concepción del Uruguay.
• Escuela Primaria Nº 12 «Rafael Obligado», de Colonia Caseros.

Departamento Villaguay

• E. A. T. N° 2 «J. J. de Urquiza».
• E. T. N° 1 «Conrado Etchevarne».
• Escuela Primaria N° 20 «Hipólito Bouchard», de Mojones Norte.
• Escuela Primaria N° 63 «Juan José Paso», de Raíces Oeste.
• Escuela Primaria N° 80 «Martín Güemes», de Lucas Sud.
• Escuela Secundaria N° 7 «René Favaloro».
• Escuela Secundaria N° 18 «B° Chaco».

Departamento Victoria

• E. T. N° 1 «Dr. Pedro Radío».

Autoridades de Argentina y Uruguay firmaron el acuerdo de gestión del proyecto binacional de Adaptación al Cambio Climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay.

Del lado argentino las obras y acciones se concretarán en las localidades entrerrianas de Concordia, Colón y Concepción del Uruguay.

En una reunión virtual entre las autoridades ambientales nacionales de Argentina y Uruguay se firmó el documento de arreglos de gestión del proyecto de adaptación al cambio climático en el río Uruguay. Este instrumento permite iniciar las actividades conjuntas y locales en el marco del proyecto.

Del lado argentino las obras y acciones se concretarán en Entre Ríos, en las localidades de Concordia, Colón y Concepción del Uruguay. Para ello tanto la provincia como el vecino país accederán a un aporte no reembolsable de 14 millones de dólares para ejecutar entre ambos países.

“Este proyecto fue iniciado en 2016 por nuestro gobernador Gustavo Bordet cuando participó en la COP 22, que se realizó en Marruecos, para generar resiliencia y trabajar en la adaptación de los ecosistemas vulnerables de la costa del río Uruguay”, destacó el secretario de Ambiente, Martín Barbieri.

El funcionario también hizo hincapié en que este “es uno de los pocos proyectos binacionales de este tipo y es una muestra de la cooperación, el trabajo conjunto, la mirada común y regional entre ambos países sobre un mismo ecosistema”.

Barbieri indicó además que entre 2016 y 2019 el trabajo incluyó la participación ciudadana, con varias reuniones en las tres ciudades con los principales actores. Y agregó que, a partir de la firma de este acuerdo, se pretende llevar adelante “un trabajo articulado con las instituciones locales, universidades y ong’s involucradas con el proyecto”.

La aprobación del proyecto de obras y acciones a desarrollar es producto de un significativo esfuerzo de los equipos provinciales, coordinados por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y la participación de los municipios de Concordia, Colón y Concepción del Uruguay y en el marco del trabajo conjunto de los organismos nacionales de ambos países: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay. También participó la Administración de Parques Nacionales, en su interés en actividades a desarrollar en El Palmar.

La propuesta fue acompañada y gestionada ante el Consejo del Fondo de Adaptación (FA) por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en su rol de agencia de implementación de proyectos ante los fondos internacionales de Naciones Unidas de apoyo a acciones ambientales en los países miembro.

De la reunión virtual participó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Juan Cabandié, y miembros del equipo de cambio climático; el ministro de Ambiente de Uruguay, Adrián Peña; el subsecretario del Ministerio de Ambiente del vecino país, Gerardo Amarilla De Nicola; y el vicepresidente del Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF), Julián Suárez, entre otros.

Obras y acciones

El proyecto tiene varios componentes y además de apuntar a la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático en los ecosistemas costeros al río Uruguay, lo hará sobre las ciudades a través de obras como el coronamiento de una barranca en Concordia, el traslado de viviendas asentadas en zonas inundables a zonas más altas en Colón, y la construcción de un parque temático donde se radicarán especies exóticas y un centro de interpretación en Concepción del Uruguay.

Otros de los componentes son trabajar es la creación de un sistema de alerta de riesgo para alertar sobre las inundaciones y el ordenamiento territorial con un enfoque integral que incluya al cambio climático, un fuerte trabajo social con las comunidades locales y el fortalecimiento de los parques nacionales de ambos países sobre la margen del río Uruguay.

El Gobierno Nacional trabaja para redefinir los programas de asistencia que se otorgaron durante este año. Actualmente, la definición sobre el IFE 4 aún está en suspenso. También se analizan cambios en el ATP.

Con los datos de mitad de octubre de la recaudación, creen que puede ser otro mes de ingresos impositivos que crezcan arriba de la inflación. Aún así, los programas de asistencia dejarán de existir tal como se los conoce.

«La situación fiscal es muy delicada», reconocen en el Gobierno cuando promedia el 2020 y en el Congreso se debate el proyecto de Presupuesto 2021, que busca achicar el déficit fiscal primario y situarlo en un 4,5% del PBI el año próximo.

Con este número en el horizonte, el Gobierno sigue muy de cerca los números fiscales para emprender un camino hacia la «normalización de las cuentas públicas».

Desde el lado de los ingresos, hay cierto optimismo, pero prefieren actuar con cautela e ir redefiniendo los programas de asistencia que surgieron con la pandemia, como el bono IFE y el ATP.

Tras septiembre, el primer mes en el año en el que la recaudación de impuestos creció por arriba de la inflación, en el Gobierno se esperanzan en que octubre tenga una performance similar.

Aún con un aporte menor del Impuesto País (el que surge de sumar al dólar oficial el 30%) tras el reforzamiento de las medidas al dólar anunciadas a mediados de septiembre y la imposibilidad para muchos que compraban el «dólar ahorro», otros recursos van cobrando dinamismo.

El Impuesto País, que se implementó a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada a fin de 2019, hasta ahora implicaba un aporte relevante en la recaudación, de unos $ 20.000 millones por mes.

En septiembre fue la primera vez desde el inicio de la cuarentena que este impuesto recaudó menos que el mes anterior cuando ingresaron $ 20.858 millones frente a los $ 21.900 millones de agosto. En lo que va de 2020 aportó unos $ 110.470 millones a las arcas públicas.

Aún con un menor aporte desde este tributo, en el Gobierno creen que podría volver a ser otro mes que muestre una evolución más favorable que los meses previos. «Estamos viendo que en octubre la recaudación puede volver a crecer en términos reales», añadieron fuentes oficiales.

IFE 4

Si bien la definición sobre el IFE 4 aún está en suspenso, justamente por el impacto en las cuentas públicas, en el Gobierno van trabajando con la apuesta a ir dejando atrás este programa y convertirlo en ayuda que busque incorporar a las personas al mercado laboral o a los jóvenes, al estudio.

El plan «Potenciar Trabajo» que depende de Desarrollo Social, ministerio a cargo de Daniel Arroyo, trabaja en este aspecto.

De hecho, la idea de dar una renta básica universal en la pos pandemia, política impulsada a nivel mundial por algunos países y también desde algunos organismos como la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), fue evaluada por el Gobierno.

ATP

El programa ATP, que se dio durante cinco meses seguidos en medio de la propagación del coronavirus, tuvo como eje pagar parte del salario de los trabajadores de las empresas que pedían esta transferencia desde el Estado.

Pero en las últimas versiones se sumó la posibilidad de que algunas firmas accedan a créditos subsidiados. SI bien para algunos sectores (los más golpeados) se mantendrá la asistencia directa para el pago de salarios (como en el caso del turismo, cultura y deporte), en el Gobierno confirmaron que el resto de las firmas irán yendo hacia un esquema en el que sólo podrán acceder a los préstamos blandos que se ofrecen.

Suba en planes sociales

El aumento pactado en el salario mínimo vital y móvil de un 28% en tres tramos implicará una suba en los planes sociales vigentes.

La semana pasada se pactó en el Ministerio de Trabajo entre las cámaras empresariales y los sindicatos un aumento del SMVM de 28% con un 12% de suba en octubre hasta los $18.900, 10% en diciembre a $ 20.587,50 y un 6% restante en marzo que completará el alza hasta los $ 21.600.

Unas 600.000 personas que reciben hoy planes sociales verán un incremento. El caso que el Gobierno pretende que cobre fuerza es el «Potenciar trabajo»: implica una carga horaria de media jornada (4 horas) y el beneficiario recibe una asistencia desde el Estado de un monto igual a la mitad del SMVM, que con la suba del 28% pactada la semana pasada, en marzo serán $ 10.800.

El 22% de la población entrerriana fue asistida por Nación a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) entre abril y mayo, según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos al que accedió APFDigital

La población adulta de Entre Ríos tiene una importante dependencia del Estado en su flujo mensual de ingresos. Esto era así antes de la pandemia de Covid-19, pero la dependencia aumentó durante la crisis económica de este año y como consecuencia de las restricciones que impidieron a muchos sectores producir y generar ingresos.

El Gobierno nacional implementó programas de asistencia con un amplio alcance para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia. Entre ellos se destacan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que beneficiaron, en conjunto, al 22% de la población de la provincia entre abril y mayo, según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos.

El IFE fue el programa de mayor impacto. Unas 274.410 personas fueron beneficiarias de este programa en Entre Ríos, lo que equivale al 20% de la población y al 32% de la población económicamente activa, entre 18 y 65 años.

La cobertura es levemente superior al promedio nacional, que fue del 19,5% del total y el 31,6% de la población económicamente activa.

El IFE es liquidado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y está destinado a los sectores más vulnerables de la población para mitigar el efecto de la pandemia de COVID-19. Consiste en un bono de 10.000 pesos para las familias más afectadas, cuyo jefe o jefa de familia sea trabajador informal, monotributista social, monotributista de categorías A y B, personal doméstico, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o del programa Progresar.

Del total de los beneficiarios del IFE, 69.000 perciben además de la AUH y 6.000 el Progresar. Esto significa que 75.000 beneficiarios -un cuarto de quienes cobran el IFE- tiene además otro beneficio del Estado. Del resto de los beneficiarios del IFE, 7.000 trabajan en el servicio doméstico, 30.000 son monotributistas y 163.000 son trabajadores informales, desempleados o inactivos laborales.

Programa ATP

El programa ATP alcanzó a unos 32.200 empleados en relación de dependencia entre abril y mayo, lo que representa el 26% de los asalariados privados registrados de la provincial. El ATP consiste en un subsidio estatal para cubrir un porcentaje del salario de los trabajadores privados formales de los sectores cuya actividad se vio afectada por la cuarentena impuesta para hacer frente al COVID-19. El tope del beneficio es de dos salarios mínimos.

Para dimensionar la incidencia del Estado en la inyección de flujo mensual en la economía se debe contabilizar, además de los programas sociales nacionales, los 138.000 empleados públicos y los 234.000 jubilados nacionales y provinciales. En total, unas 724.512 personas reciben un estipendio monetario del Estado cada mes, lo que representa al 69% de la población mayor de 18 años. (APF)