Empezaron a inquietarse por los casos que ya se conocieron en el marco de la pandemia • La Casa del Encuentro y Las Julietas manifestaron su preocupación. En declaraciones radiales, Elizabeth Gómez Alcorta también expresó su rechazo, aunque aclaró que “la responsabilidad es del Poder Judicial”.

“Hay una preocupación genuina de muchísimas mujeres sobre el tema porque nos enteramos de que hay casos (de femicidas y violadores) que han liberado, pero es una responsabilidad del Poder Judicial, del juez. No estamos de acuerdo con las liberaciones vinculadas a violencia sexual, es una preocupación grave que tenemos”, aseguró Elizabeth Gómez Alcorta en declaraciones a Radio 10.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad salió así a expresarse sobre un problema que va en aumento en el colectivo feminista, que empieza a inquietarse por las liberaciones de presos que comenzaron a trascender. “Las cárceles tienen superpoblación, es un caldo de cultivo del virus. Adelantando a lo que podía suceder, hicimos saber la preocupación por las posibles liberaciones de detenidos y la mayoría de los superiores tribunales respondieron que habían prorrogado las medidas en estos casos”, dijo Gómez Alcorta.

Una agrupación que ya se pronunció al respecto es “Las Julietas”, integrada por Fabiana Tuñez, ex secretaria de las Mujeres del gobierno anterior, y la ex diputada Fernanda Reyes, entre otras, que pidieron el jury a los jueces que liberen a femicidas y violadores, “por ser responsables de no proteger a las víctimas de estos delitos”.

A través de un comunicado, detallaron las irregularidades que estarían cometiendo esos jueces. A saber, incumplimiento de la Ley 27.372, por la cual las personas que sufren un delito tienen derecho a ser asesoradas, acceder a la justicia, recibir protección, a ser escuchadas durante el proceso penal y en la etapa de ejecución de la pena; incumplimiento de la Ley 26.485, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia; incumplimiento de los compromisos de Belem Do Para, que en su artículo 7 condena todas las formas de violencia contra la mujer y conviene en adoptar, “por todos los medios apropiados y sin dilaciones», políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

Por eso, Las Julietas solicitó al Ministerio de las Mujeres que “arbitre los mecanismos para defender los derechos vulnerados para garantizar el bien jurídico a proteger de la vida de mujeres y niñas” implementando, en todo caso, “un predio como un club de fútbol u otros espacios adecuados donde alojar a los presos para garantizar las normas de higiene”. “Los derechos humanos son también para las humanas”, concluyeron Las Julietas.

También se expresó la activista Pamela Martín García, integrante de la Asociación Civil Fusa AC, quien dijo: “Estoy en contra absolutamente del otorgamiento de prisión domiciliaria a femicidas y violadores. Se debe respetar la ley de víctimas y escucharlas en todos estos procesos, no puede obviarse este paso y que se enteren por la prensa, se las debe proteger”. Además, puntualizó: “No podemos olvidar que a Micaela García la mató Sebastián Wagner porque le habían otorgado una libertad condicional y la Ley Micaela nace, justamente, para que se incorpore la perspectiva de género en la Justicia”. Y reclamó al Gobierno nacional que “actúe para prevenir los femicidios, no para mandar a sus casas a femicidas y violadores”, publicó InfoBae.

Por último, La Casa del Encuentro, que viene alertando a través de las redes sociales por el aumento de casos de femicidio en medio de la cuarentena, mostrando casos concretos y reclamando al Ministerio de las Mujeres de Nación y al de provincia de Buenos Aires, ayer posteó en Twitter el siguiente mensaje: “Mujeres asesinadas y femicidas con ‘prisión domiciliaria’. Volverán a asesinar. Volverán a violar. POR FAVOR NO LOS LIBEREN. #PorEllas”.

 

«Es una decisión absolutamente inentendible», afirmaron desde Vidaer

«Es una decisión absolutamente inentendible porque se habla de liberar a personas que están presas por haber cometido delitos gravísimos como homicidios y violaciones», apuntó Carla Cusimano, representante de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer).

La referente de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes, Carla Cusimano, calificó como «una decisión absolutamente inentendible» al acuerdo al que arribaron los internos del penal de la cárcel de Devoto, en representación de otros internos del sistema federal y nacional, para obtener la prisión domiciliaria ante el riesgo de contagio del coronavirus.

«Es una decisión absolutamente inentendible porque se habla de liberar a personas que están presas por haber cometido delitos gravísimos como homicidios y violaciones», apuntó Cusimano, al tiempo que denunció: «No encontraron mejor excusa algunos jueces y camaristas que esta pandemia para poder liberar a estas personas».

En la oportunidad, se refirió a la «sensación de revictimización permanente» que sufren víctimas y familiares. «Toda persona a la que le han matado un hijo o que ha sufrido la violación de su hijo, toda victima sabe lo que es enfrentarse a un proceso penal en el que permanentemente es revictimizado, ya sea por los tiempos y las decisiones que la Justicia toma frente a cada caso, si a esto le sumamos que después de haber logrado una condena frente a ese homicida o al violador, la liberación es algo que no se puede entender», explicó Cusimano.

«El femicida va a salir porque corre riesgo dentro del penal, siendo que es donde más resguardados están, sin visitas y con teléfonos para comunicarse con sus familiares», insistió en declaraciones a El Once.

«Hay causas que se tramitan bajo el viejo Código Penal y llevan hasta diez años sin resolverse, sin tener al culpable detenido, y cuando uno logra que esto suceda, no puede ser que una decisión de este tipo en desmedro de la seguridad de toda la sociedad y en desmedro de los derechos de las víctimas y sus familiares, venga a poner en jaque este trabajo que se ha hecho durante tantos años», insistió la representante de VIDAER.

«Y se suma el agravante de que no podemos salir a manifestarnos porque estamos acatando la cuarentena», agregó. Y en ese sentido, lamentó: «Todo esto nos pone en una situación de vulnerabilidad a todos nosotros, y a la sociedad toda».

«Es un mensaje absolutamente negativo para toda la sociedad que un grupo de violentos en un penal pueda negociar con el Estado nacional, las pautas y las condiciones que quieran poner», sentenció. «Hay cosas que no se pueden negociar», reafirmó Cusimano.

«Para las víctimas y sus familiares no hay explicación alguna, y toda la dialéctica proveniente de jueces y legisladores no es creíble para nosotros», remarcó.

«El sistema está en jaque desde hace años en nuestra provincia y en el país, y es cierto el nivel de hacinamiento de las cárceles y coincidimos con que las condiciones en las que viven los detenidos no son las ideales, pero la mejor soluciones ¿es liberarlos?», se preguntó la vocera de Vidaer.

«Pagamos sueldos abultadísimos nuestros legisladores y a todos los empleados del sistema judiciales no para que liberen a los presos con la excusa de la cuarentena, o la excusa de que se pueden enfermar», reprochó. Según comentó, «se podría destinar un pabellón para quienes necesiten de cuidados especiales, o que el Ejército y otras áreas del Estado destinen un lugar para ello donde estén cuidados».

«Liberarlos es una burla a toda la sociedad que le paga sueldos altísimos para que trabajen y generen las solucionen que deben», machacó Cusimano.

APF Digital

Este miércoles alrededor de las 12:30 horas, personal policial es alertado sobre una persona que transgredía el aislamiento social y preventivo, haciendo deportes en zona Sur de la ciudad. Inmediatamente se recorre el lugar, localizando en intersección de calles Cochabamba y Artigas a un hombre mayor de edad, quien efectivamente corría por las arterias del barrio.

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, el ciudadano, de unos 30 años, fue notificado de la violación al Decreto Nacional. No obstante ello se informa la situación al Juzgado Federal a cargo del Dr. Pablo Andrés Seró, Fiscalía a cargo de la Dra. María Josefina Minatta y Secretaría Penal Nº 2 a cargo del Dr. Lucas Claret, disponiendo que el ciudadano en cuestión sea trasladado hasta su hogar para que cumpla con el aislamiento social y preventivo, no obstante ello se envíen las actuaciones al juzgado, quedando supeditado a la causa.

Posteriormente, en redes sociales, se viralizan las imágenes de la misma persona corriendo en Defensa Sur instantes antes de ser interceptado.

Según relató el propio damnificado, la mujer estuvo molestándolo durante la noche y a la mañana intentó prenderle fuego al cerco perimetral de la vivienda. En ese momento hubo un forcejeo y el hombre resultó con heridas cortantes.

En horas de la mañana de este miércoles, efectivos de la Comisaría Séptima de Concordia se constituyó en calle Lieberman y Las Perdices de barrio «Los Pájaros», por un herido de arma blanca.

Al llegar al lugar, encontraron a un hombre de 35 años que presentaba un corte en una mano y estaba derramando gran cantidad de sangre. Según manifestó, la herida había sido provocada por su expareja, una mujer de 30 años, con un cuchillo.

Asimismo, el hombre dio cuenta que durante la noche la mujer lo estuvo molestando, arrojándole piedras por el fondo de la casa y luego en la mañana trató de incendiar el cerco perimetral de su vivienda. Cuando trató de quitarle la botella con nafta que tenía la agresora, hubo un forcejeo y saca de entre sus ropas un cuchillo produciéndole el corte en la mano.

En el lugar se solicitó una ambulancia que trasladó al lesionado al hospital Masvernat. Asimismo, se secuestró en el lugar un cuchillo cabo de madera, de 14 cm de hoja y una botella descartable que contenía nafta.

La mujer fue demorada y la fiscal Dra. María Fonseca, dispuso su detención por el supuesto delito de lesiones en contexto de violencia familiar, tentativa incendio y amenazas, luego fue trasladada por Personal Policial de Minoridad para su alojamiento.

Sobre la herida que sufrió el hombre, desde el nosocomio indicaron que sufrió una herida cortante en la mano izquierda y una en el antebrazo derecho donde le colocaron cuatro puntos. (Elonce)

Una soldado denunció a sus jefes militares por organizar una «orgía» dentro de la guarnición Paraná. Uno de los acusados, violó hace pocos días la cuarentena.

Una gravísima denuncia se está ventilando en la Justicia Federal de Paraná, que tras un tiempo llegó al procesamiento de cuatro hombres y una mujer, militares que cumplen tareas en los cuarteles del Ejército Argentino en la capital entrerriana. Los uniformados -un capitán, un mayor, un sargento, un cabo y una soldado voluntaria- están sumamente comprometidos en la causa por los delitos de Abuso sexual agravado por la condición de los procesados, y Exhibiciones Obscenas», de la cuál fue víctima una joven soldado voluntaria que fue la que impulsó la investigación judicial.

Como si esto fuera poco, uno de los procesados, hace pocas semanas atrás, fue detenido en cercanías de Paraná, tras intentar escapar de un retén policial que controlaba la cuarentena impuesta por el gobierno nacional. Al ser demorado, se comprobó que estaba alcoholizado.

La causa en sí, es un verdadero escándalo por donde se la quiera mirar, porque con elementos contundentes se avanzó en la imputación y luego el procesamiento de los acusados por ser los responsables de abusar sexualmente de una mujer que es soldado voluntario, y de participar los encartados «de una fiestita de descontrol», dentro del cuartel.

Esta especie de orgía, tal como se relata lo sucedido en un determinado sector de los cuarteles, cuenta a la fecha, con las autoridades militares y subalternos procesados con testimonios que los comprometen, el aporte de la propia víctima, y pruebas directas tales como mensajes de textos, audios y otros elementos que son parte del expediente que investigan la fiscalía federal de Paraná y el Juzgado Federal de la capital entrerriana.

UNO, accedió de modo exclusivo a la causa que se inició por hechos acontecidos entre octubre y noviembre de 2017, y avanzó con los recaudos legales, derecho de los acusados, acumulación de pruebas, declaraciones testimoniales, hasta finales de 2019, donde se dictó el formal procesamiento de los investigados por parte del juez federal de Paraná, Leandro Ríos.

Esta causa, al parecer no sería puntual o aislada. Por los comentarios vertidos y por la sensación que quedó en las propias autoridades judiciales. Lo que hablaría que -lamentablemente- en algunos sectores internos del Ejército, no se dio el proceso de institucionalización iniciado en 1983.

De esta manera, se ve a las claras, que hay autoridades militares que permiten los abusos, excesos, maltratos, hostigamientos, amenazas. Además, se puede leer en las testimoniales, que pese al paso del tiempo, hay oficiales con jerarquía que son capaces de organizar «la captación de una joven soldado voluntaria», para ser ablandada y deba consentir los sometimientos sexuales de sus jefes, por el sencillo hecho que son superiores.

En una noche de festejos, exceso de alcohol, hubo oficiales que intentaron mantener relaciones sexuales con la novata soldado, quien tuvo que soportar el ataque de sus jefes. En medio del terror, tuvo que ver cómo una compañera, complacía a sus superiores en la misma juntada, que a criterio de la Justicia, fue organizada para avanzar en un verdadero descontrol.

 

La denuncia

La víctima de todo esto, es una joven que tenía 19 años con todas las ganas de ingresar al Ejército. Para ello debía superar el curso de formación física denominado Núcleo de Instrucción Básica (NIB).

Llegado ese momento, se organizó en el cuartel el festejo de aprobación con los aspirantes ingresados, y previo a esto, la denunciante ya venía sufriendo insinuaciones de un cabo y de un sargento que tenían a cargo el grupo.

Avanzado el encuentro nocturno, donde hubo bebidas alcohólicas y comida, en un determinado momento, la víctima es «mandada» a las habitaciones, y es allí donde es abordada por sus jefes.

Según consta en el procesamiento, la víctima fue brutalmente manoseada, ya que no permitió que le quitaran la ropa para mantener relaciones sexuales. Se la invitó por todos los medios a «que se acostara con los cuatro uniformados, para que no tuviera problemas en la carrera militar».

La invitación y acción fue tan agresiva, que hasta una mujer que estaba en el grupo de captación de la víctima, para incentivarla, comenzó a mantener sexo con los hombres.

Asqueada por lo vivido, la denunciante se escapó del lugar, llorando y angustiada pudo llamar por teléfono a su padre y a su novio -militar- que se encontraba en Corrientes.

Al existir el rechazo a participar de la «fiestita», la víctima comenzó a ser violentada y agredida por sus jefes, quienes le indicaron que debía pedir la baja e irse del Ejército.

La mujer sacó fuerza y por el acompañamiento de su familia, llevó la denuncia a los tribunales. Esa acción provocó otros problemas internos dentro del cuartel, ya que se lo hizo entender por todos los medios que por «su culpa», las autoridades o compañeros podrían llegar a ser molestados por los jefes del Batallón y las autoridades judiciales.

 

La acusación

Si bien la causa se inició en la justicia provincial, se dispuso el envío a la Justicia Federal, habida cuenta que los hechos que se investigan, ocurrieron dentro de los cuarteles del Ejército. Es así que primeramente el fiscal Mario Silva, y luego Carlos García Escalada, apuntalaron las sospechas que terminaron con el pronunciamiento del juez federal Leandro Ríos, que dispuso el procesamiento de los acusados.

En el pronunciamiento judicial, se hace saber que al Sargento Bruno Ariel Acosta, «como militar y valiéndose de su autoridad, arbitrariamente perjudicó y maltrató a la víctima que se encontraba cursando el Núcleo de Instrucción Básica (N.I.B) en dicha institución, persiguiéndola, acosándola y hostigándola de manera constante e insistente y con clara intencionalidad sexual con fines de conseguir un trato o relación personal íntima con ella, haciendo valer en todo momento su posición de poder y superioridad e ignorando o desatendiendo la negativa de la mujer. «Dichas conductas y accionar lesionaron psicológicamente a la nombrada, provocando un fundado temor que afectó su libertad, dignidad e integridad psicológica y sexual, generando un cuadro de estrés post traumático”.

También se le imputó un segundo hecho: “Que Acosta, no denunció la perpetración de un delito por él conocido, estando obligado a promover la persecución penal del mismo por su condición indicada, cometido en la noche mencionada, en ocasión de encontrarse festejando la culminación del Núcleo de Instrucción Básica (N.I.B) en dicha institución y por parte del cabo primero ­en ese momento­ Gerardo Elías Rivoldi, abuso coactivo o intimidatorio de la relación de autoridad o poder, abusó sexualmente de la víctima, poniéndola contra la pared y tomándola fuertemente de la cara, besándola, manoseándola, tocándole los senos y los glúteos mientras la nombrada expresaba su negativa y forcejeaba para sacárselo de encima. Asimismo, en fecha 24 de noviembre de 2017, Bruno Ariel Acosta amenazó a la víctima a través de un mensaje enviado al teléfono celular de la nombrada».

– Al cabo primero Gerardo Elías Rivoldi se le imputa, que «en ocasión de su función y con violencia y abuso coactivo o intimidatorio de la relación de autoridad o poder, abusó sexualmente de la víctima, a quién puso contra la pared y tomándola fuertemente de la cara, besándola, manoseándola, tocándole los senos y los glúteos mientras la nombrada expresaba su negativa y forcejeaba para sacárselo de encima. Momentos después, en el área donde se encuentra ubicada el aula de instrucción al final de la cuadra y en presencia de dos soldados voluntarios, Rivoldi nuevamente abusó sexualmente de la mujer manoseándola, tocándole los senos y pasándole la mano por la cintura, conducta que fue detenida por otro soldado.

Con posterioridad Rivoldi y la soldado voluntario Mariana Andrea Albornoz, ejecutaron actos de exhibiciones obscenas que fueron involuntariamente vistas por la víctima, besándose, tocándose y teniendo relaciones sexuales delante de éstos”.

– Al imputado, capitán Juan Manuel Videla se le endilga que no denunció la perpetración de delitos por él conocido, estando obligado a promover la persecución penal del mismo por su condición indicada. Como también los delitos posteriores a lo sucedido dentro del cuartel, quien dictó órdenes contrarias a las leyes nacionales, al increpar e indicar a la denunciante para que no informe, denuncie y/o revele el abuso sexual del que había sido víctima y las exhibiciones obscenas que había presenciado”.

En la causa hay datos concretos, que Videla «en su condición de Capitán del Ejército Argentino, convocó a la víctima para que ingrese a la ‘pieza de semana’ para lo cual comisionó al Sargento Bruno Ariel Acosta para que requiera, frente a sus pares soldados voluntarios, la presencia de la nombrada en dicho lugar. Dicha convocatoria al citado recinto, en el que se encontraba Acosta, el cabo Primero Gerardo Elías Rivoldi, la soldado voluntaria Mariana Andrea Albornoz y el propio Capitán Juan Manuel Videla, implicó la animación, instigación, incitación o convalidación de la conducta desplegada por los ahora procesados».

-A Mariana Andrea Albornoz se le atribuye no haber denunciado la perpetración de un delito por ella conocido, estando obligada a promover la persecución penal del mismo por su condición del abuso sexual ejecutado por Rivoldi sobre la soldado voluntaria. Y «después del abuso sexual descripto, el nombrado Gerardo Elías Rivoldi y la soldado voluntario Mariana Andrea Albornoz, ejecutaron actos de exhibiciones obscenas que fueron involuntariamente vistas por la víctima, besándose, tocándose y teniendo relaciones sexuales delante de éstos”.

Además, se la procesó a Albornoz por dictar órdenes contrarias a las leyes nacionales, al increpar e indicar a la denunciante para que no informe, denuncie y/o revele el abuso sexual del que había sido víctima”.

Finalmente, al encartado mayor Pablo Luis De Leonardi, se le imputó no denunciar la perpetración de un delito por él conocido, estando obligado a promover la persecución penal del mismo por su condición indicada.

Tampoco denunció, las exhibiciones obscenas ejecutadas por Albornoz y Rivoldi. Y el tercer hecho que se lo acusa es que luego de conocer lo sucedido, dictó órdenes contrarias a las leyes nacionales, al indicar a la víctima a que desistiera de la denuncia, o diera de baja a la misma.

 

Repercusiones

La denuncia avanzó, y desde la justicia se le impuso a los cinco acusados distintas medidas restrictivas para no acercarse a la víctima, que sigue cumpliendo tareas en el Ejército, en Paraná.

Los mismos no pueden realizar ningún acto de perturbación, amenaza u hostigamiento, lo que significaría la inmediata detención.

En la acción defensiva, los acusados intentaron «ensuciar» a la víctima acusándola de ser la promotora de las situaciones con distintas insinuaciones. Y en otros puntos, dijeron no saber lo que había sucedido dentro del cuartel.

Areas de Asistencia a la Víctima de la Justicia trabajaron en la causa, respaldando a la denunciante y conteniéndola con asesoramiento y participación de especialistas.

La causa está lista para ser elevada a juicio, trámite que se podría originar una vez que finalice la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

 

De mal en peor

Hace 21 días atrás, la Policía de Entre Ríos informó que en cercanías de Paraná se produjo un incidente con un conductor de un vehículo que intentó esquivar un control de la fuerza de seguridad. Aceleró y casi embistió a los uniformados, por lo que al ser demorado, se estableció que manejaba ebrio. Por ello se dispuso la detención de cabo del Ejército Gerardo Rivoldi, el mismo militar que se encuentra procesado por la Justicia Federal en la causa por abuso sexual.

Javier Aragon, UNO

La reclusa de 20 años inició la protesta ayer junto a otras compañeras en la Unidad Penal Número 6 de Mujeres de Paraná.

Desde el martes 28 a las 9 de la mañana, Nahir Galarza sólo toma agua. Rechaza los alimentos que le ofrecen en la Unidad Penal Número 6 de Mujeres de Paraná porque junto a otras compañeras decidió iniciar una huelga de hambre. El motivo: piden que vuelvan las visitas.

Las visitas fueron postergadas como en todas las cárceles del país para evitar el riesgo de la transmisión del COVID-19. En varios penales, Devoto y Melchor Romero, por ejemplo, hubo violentos motines originados por la extraña situación que se vive por el virus.

En el caso de la joven de 20 años, condenada a perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido el 29 de diciembre de 2017, lleva 45 días sin ver a sus padres Marcelo Galarza y Yamina Kroh. Y eso le afecta anímicamente.

“Las internas firmaron un acta en la que dejan constancia que están en huelga de hambre por la prohibición de las visitas”, dijo una fuente penitenciaria. Tanto Nahir como sus compañeras pidieron que al menos se permita la visita de un familiar por detenida.

Tanto ayer como hoy, a Nahir le tomaron la fiebre y la presión arterial y la pesaron. Bajó dos kilos en dos días.

«Del mismo modo que al penal entran muchas personas, entre ellas la psicóloga, el personal penitenciario, la profesora de educación física, y no se toman recaudos, a las visitas pueden ponerle barbijo y tomarle la temperatura”, argumentaron en el acta las detenidas. La huelga será mantenida “hasta que haya una solución o respuesta favorable”.

“Nahir lidera esta forma pacífica de protesta”, confirman sus allegados y las fuentes penitenciarias.

Ni ella ni sus compañeras hablarán con la prensa. Nahir tiene un motivo: prometió confidencialidad a los productores que planean filmar una serie y un documental sobre su vida.

«Del mismo modo que al penal entran muchas personas, entre ellas la psicóloga, el personal penitenciario, la profesora de educación física, y no se toman recaudos, a las visitas pueden ponerle barbijo y tomarle la temperatura”, argumentaron en el acta las detenidas. La huelga será mantenida “hasta que haya una solución o respuesta favorable”.

“Nahir lidera esta forma pacífica de protesta”, confirman sus allegados y las fuentes penitenciarias.

Ni ella ni sus compañeras hablarán con la prensa. Nahir tiene un motivo: prometió confidencialidad a los productores que planean filmar una serie y un documental sobre su vida. (Infobae)

El aberrante hecho ocurrió en Concordia. Desde la policía confirmaron que el sujeto de 64 años fue detenido este mediodía en su vivienda. Desde el año 2013 hasta la fecha abusó en forma reiterada y sistemática de su nieta.

Efectivos de la División de Investigaciones de la Policía de Concordia detuvo a un hombre de 64 años acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

Según informaron desde la Departamental, la captura del sujeto se concretó en una vivienda de calle La Pampa. Al momento del procedimiento, el hombre se encontraba durmiendo y tras ser comunicado de la situación se lo trasladó a la sede de Alcaldía.

Si bien no se brindaron mayores datos por el tipo de delito, desde la policía dieron cuenta que el detenido, de apellido Cardozo, había abusado de su nieta en forma reiterada y sistemática desde el año 2013 hasta la actualidad. (Elonce)

En la Unidad Penal N° 3 “Teniente Coronel José Bóglich” de Concordia se originó un nuevo conflicto. El prefecto Rubén Gómez,  director de la cárcel local, confirmó que “42 internos que se encuentran alojados por causas federales, iniciaron una huelga de hambre para reclamar celeridad en los trámites de arresto domiciliario, debido a la pandemia de coronavirus”.

Párrafo seguido,  aclaró que: “la protesta no tiene relación con los hechos sucedidos el pasado domingo” y  resaltó que “hablamos con los habitantes del sector y nos informaron que la huelga de hambre se iba a hacer porque piden celeridad en la resolución de las solicitudes de arresto domiciliario que realizaron”.

Según el jefe carcelero, la protesta “es pacífica, es para que se atienda los pedidos de domiciliaria que realizaron en los últimos días”, reconociendo que los motivos de la huelga “son solamente para pedir la prisiones domiciliaras de más de 42 internos” que habrían sido procesados en la órbita Federal (por causas de narcotráfico) y que “están solicitando la medida a sus respectivos juzgados la prisión domiciliaria”, de Concepción del Uruguay y Paraná quienes tienen que resolver.

El Prefecto remarcó además que “los internos están bien y no hay malestar. Ellos esperan la contestación a las notas que los internos elevaron y, aguardan que se avance con los pedidos de arresto domiciliario”, concluyó.

Imagen: Los detenidos por causas federales reclaman “celeridad” en la resolución de las solicitudes de arresto domiciliario. (El Sol)

Se solicita se alerte nuevamente a la población, en relación a modalidad delictual de «estafa”, la que siempre comienza por un contacto telefónico, ya sea de línea de teléfono fijo o celular. Recordarles los cuidados que hay que tener para no ser víctima.

Tal como han ocurrido, consiste en hacerle creer a una persona, telefónicamente y mediante un elaborado engaño, que el llamado se realiza desde la entidad bancaria y se encuentran cambiando la tarjeta de cobro, de las que poseen banda a las que contienen chip, preferentemente a personas mayores.

Siendo importante tener en cuenta que en la mayoría de los casos, es la propia persona que atiende la llamada quien en realidad aporta detalles de los datos personales necesarios para poder operar con la información bancaria y así poder sustraer el dinero de sus cuentas.

Si bien los delincuentes llaman a números telefónicos elegidos al azar, puede ocurrir que ya cuenten con alguna información de la persona que recibe la comunicación, llamándolo por su propio nombre o apellido. Hoy en día, puede resultar fácil por el acceso a internet, conocer cuál es el número telefónico que corresponde a una dirección puntual y cuál es el nombre y apellido del titular de la línea, por lo que los delincuentes pueden contar con esa información de antemano, aún sin conocer a quienes están llamando.

Así también, cuando en los llamados telefónicos refieren pertenecer a alguna entidad, solicitando que realicen transacciones en los cajeros automáticos, ante algún tipo de reintegro de dinero, generalmente enmarcado en un retroactivo por reparación histórica para jubilados de ANSES. Se solicita corroborar tal situación comunicándose telefónicamente tanto con la entidad o la dependencia policial más cercana.

 

Aconsejándose:

1- Ante una comunicación telefónica de ese tipo, lo esencial es guardar la calma.

2- Es recomendable cortar la comunicación inmediatamente.

3- Nunca decir nombres o aportar otra información sobre el grupo familiar que pueda ser utilizada por los estafadores.

4- Siempre desconfíe si le solicitan dinero o algún tipo de depósito o información de las cuentas personales sea de sueldo o cuenta personal.

5- Instruir a todas las personas de la casa que puedan atender el teléfono, fundamentalmente a los niños, mayores y al personal doméstico, acerca de no aportar datos a desconocidos sobre los miembros de la familia o el movimiento del hogar.

6- Ante cualquier tipo de situación que les parezca sospechosa, comunicarse con la dependencia policial más cercana, o a los números telefónicos 101 o 422222, para poder corroborar la información.

En horas de la tarde de este martes se registró un choque protagonizado por una moto y una camioneta, del cual resultó herida una persona. El hecho tuvo lugar alrededor de las 15:30, en la intersección de calles 8 de Junio y Doctor Scelzi.

Fuentes indicaron que se trató de una moto APPIA CITY, en la cual se conducía una joven de apellido Castro, de unos 28 años de edad, quien se desplazaba de este a oeste y al llegar a Scelzi, impactó contra una camioneta Hyundai H1, guiada por un hombre de unos 46 años.

A raíz del choque, la motociclista resultó lesionada, sufriendo un corte en la frente, tras lo cual fue asistida por el servicio de Alerta y trasladada al hospital Justo José de Urquiza, señalándose que, afortunadamente, las lesiones no revistieron gravedad.

En el lugar trabajó personal policial del Comando Radioeléctrico, Judiciales y la División Criminalística de la Departamental Uruguay.

Fuente: 03442

Personal de Comisaría Quinta de Pueblo Belgrano, Gualeguaychú, detuvo este martes a un médico de la ciudad que violó la cuarentena y estaba realizando actividad física en la Pista de la Salud. Quedó a disposición del Juez Federal, Hernán Viri.

En la mañana del martes, personal de la Comisaría Quinta de Pueblo General Belgrano visualizó desde la ruta a una persona que realizaba actividad física en la Pista de la Salud del Parque Unzué Grande.

La persona detenida es un profesional médico de la ciudad, que al ser informado por el personal policial sobre que estaba infringiendo el DNU 297/20 sobre el aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, respondió que no se iba a retirar del lugar hasta tanto no terminara con la rutina que estaba realizando.

Por ese motivo, el personal policial procedió a la detención de este médico, que fue trasladado a la Jefatura Departamental, poniéndolo a disposición de la Justicia Federal local, a cargo del Juez Hernán Viri, iniciando un expediente por infracción al DNU 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional y al Artículo 205 del Código Penal. (ElDía)