Foto: Milton Yo Dacilva

Empezaron a inquietarse por los casos que ya se conocieron en el marco de la pandemia • La Casa del Encuentro y Las Julietas manifestaron su preocupación. En declaraciones radiales, Elizabeth Gómez Alcorta también expresó su rechazo, aunque aclaró que “la responsabilidad es del Poder Judicial”.

“Hay una preocupación genuina de muchísimas mujeres sobre el tema porque nos enteramos de que hay casos (de femicidas y violadores) que han liberado, pero es una responsabilidad del Poder Judicial, del juez. No estamos de acuerdo con las liberaciones vinculadas a violencia sexual, es una preocupación grave que tenemos”, aseguró Elizabeth Gómez Alcorta en declaraciones a Radio 10.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad salió así a expresarse sobre un problema que va en aumento en el colectivo feminista, que empieza a inquietarse por las liberaciones de presos que comenzaron a trascender. “Las cárceles tienen superpoblación, es un caldo de cultivo del virus. Adelantando a lo que podía suceder, hicimos saber la preocupación por las posibles liberaciones de detenidos y la mayoría de los superiores tribunales respondieron que habían prorrogado las medidas en estos casos”, dijo Gómez Alcorta.

Una agrupación que ya se pronunció al respecto es “Las Julietas”, integrada por Fabiana Tuñez, ex secretaria de las Mujeres del gobierno anterior, y la ex diputada Fernanda Reyes, entre otras, que pidieron el jury a los jueces que liberen a femicidas y violadores, “por ser responsables de no proteger a las víctimas de estos delitos”.

A través de un comunicado, detallaron las irregularidades que estarían cometiendo esos jueces. A saber, incumplimiento de la Ley 27.372, por la cual las personas que sufren un delito tienen derecho a ser asesoradas, acceder a la justicia, recibir protección, a ser escuchadas durante el proceso penal y en la etapa de ejecución de la pena; incumplimiento de la Ley 26.485, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia; incumplimiento de los compromisos de Belem Do Para, que en su artículo 7 condena todas las formas de violencia contra la mujer y conviene en adoptar, “por todos los medios apropiados y sin dilaciones», políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

Por eso, Las Julietas solicitó al Ministerio de las Mujeres que “arbitre los mecanismos para defender los derechos vulnerados para garantizar el bien jurídico a proteger de la vida de mujeres y niñas” implementando, en todo caso, “un predio como un club de fútbol u otros espacios adecuados donde alojar a los presos para garantizar las normas de higiene”. “Los derechos humanos son también para las humanas”, concluyeron Las Julietas.

También se expresó la activista Pamela Martín García, integrante de la Asociación Civil Fusa AC, quien dijo: “Estoy en contra absolutamente del otorgamiento de prisión domiciliaria a femicidas y violadores. Se debe respetar la ley de víctimas y escucharlas en todos estos procesos, no puede obviarse este paso y que se enteren por la prensa, se las debe proteger”. Además, puntualizó: “No podemos olvidar que a Micaela García la mató Sebastián Wagner porque le habían otorgado una libertad condicional y la Ley Micaela nace, justamente, para que se incorpore la perspectiva de género en la Justicia”. Y reclamó al Gobierno nacional que “actúe para prevenir los femicidios, no para mandar a sus casas a femicidas y violadores”, publicó InfoBae.

Por último, La Casa del Encuentro, que viene alertando a través de las redes sociales por el aumento de casos de femicidio en medio de la cuarentena, mostrando casos concretos y reclamando al Ministerio de las Mujeres de Nación y al de provincia de Buenos Aires, ayer posteó en Twitter el siguiente mensaje: “Mujeres asesinadas y femicidas con ‘prisión domiciliaria’. Volverán a asesinar. Volverán a violar. POR FAVOR NO LOS LIBEREN. #PorEllas”.

 

«Es una decisión absolutamente inentendible», afirmaron desde Vidaer

«Es una decisión absolutamente inentendible porque se habla de liberar a personas que están presas por haber cometido delitos gravísimos como homicidios y violaciones», apuntó Carla Cusimano, representante de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer).

La referente de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes, Carla Cusimano, calificó como «una decisión absolutamente inentendible» al acuerdo al que arribaron los internos del penal de la cárcel de Devoto, en representación de otros internos del sistema federal y nacional, para obtener la prisión domiciliaria ante el riesgo de contagio del coronavirus.

«Es una decisión absolutamente inentendible porque se habla de liberar a personas que están presas por haber cometido delitos gravísimos como homicidios y violaciones», apuntó Cusimano, al tiempo que denunció: «No encontraron mejor excusa algunos jueces y camaristas que esta pandemia para poder liberar a estas personas».

En la oportunidad, se refirió a la «sensación de revictimización permanente» que sufren víctimas y familiares. «Toda persona a la que le han matado un hijo o que ha sufrido la violación de su hijo, toda victima sabe lo que es enfrentarse a un proceso penal en el que permanentemente es revictimizado, ya sea por los tiempos y las decisiones que la Justicia toma frente a cada caso, si a esto le sumamos que después de haber logrado una condena frente a ese homicida o al violador, la liberación es algo que no se puede entender», explicó Cusimano.

«El femicida va a salir porque corre riesgo dentro del penal, siendo que es donde más resguardados están, sin visitas y con teléfonos para comunicarse con sus familiares», insistió en declaraciones a El Once.

«Hay causas que se tramitan bajo el viejo Código Penal y llevan hasta diez años sin resolverse, sin tener al culpable detenido, y cuando uno logra que esto suceda, no puede ser que una decisión de este tipo en desmedro de la seguridad de toda la sociedad y en desmedro de los derechos de las víctimas y sus familiares, venga a poner en jaque este trabajo que se ha hecho durante tantos años», insistió la representante de VIDAER.

«Y se suma el agravante de que no podemos salir a manifestarnos porque estamos acatando la cuarentena», agregó. Y en ese sentido, lamentó: «Todo esto nos pone en una situación de vulnerabilidad a todos nosotros, y a la sociedad toda».

«Es un mensaje absolutamente negativo para toda la sociedad que un grupo de violentos en un penal pueda negociar con el Estado nacional, las pautas y las condiciones que quieran poner», sentenció. «Hay cosas que no se pueden negociar», reafirmó Cusimano.

«Para las víctimas y sus familiares no hay explicación alguna, y toda la dialéctica proveniente de jueces y legisladores no es creíble para nosotros», remarcó.

«El sistema está en jaque desde hace años en nuestra provincia y en el país, y es cierto el nivel de hacinamiento de las cárceles y coincidimos con que las condiciones en las que viven los detenidos no son las ideales, pero la mejor soluciones ¿es liberarlos?», se preguntó la vocera de Vidaer.

«Pagamos sueldos abultadísimos nuestros legisladores y a todos los empleados del sistema judiciales no para que liberen a los presos con la excusa de la cuarentena, o la excusa de que se pueden enfermar», reprochó. Según comentó, «se podría destinar un pabellón para quienes necesiten de cuidados especiales, o que el Ejército y otras áreas del Estado destinen un lugar para ello donde estén cuidados».

«Liberarlos es una burla a toda la sociedad que le paga sueldos altísimos para que trabajen y generen las solucionen que deben», machacó Cusimano.

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