Ante el desolador panorama, un productor de Seguí se sintió víctima de un hecho delictivo. Sin embargo, la investigación policial tuvo un giro inesperado y desentramó lo ocurrido.

Lo que se presentó como una situación que requería una intervención de la justicia penal, con el correr de las etapas investigativas derivaría en un episodio que se dirimirá en el ámbito del fuero civil, cuando se reinicie el servicio de Tribunales en pleno.

Acerca de este atípico hecho, el subjefe de la Comisaría de dicha localidad, Hernán Ortega indicó que el domingo último, un productor agropecuario de Seguí radicó en la dependencia, una denuncia -en principio contra autores desconocidos- por una situación en su perjuicio. El hombre dio cuenta que llegó para recorrer el campo que arrienda, a unos 4 kilómetros de la planta urbana de Seguí y es allí cuando se percata de que estaba totalmente trillado. Alguien había levantado su siembra, por lo que la desagradable novedad lo impulsó a darle intervención a la Policía.

La fuerza de seguridad formalizó las actuaciones y se abocó a dilucidar el presunto delito de índole económica que afectaba a este vecino. A partir de las investigaciones primarias, efectivos de Comisaría Seguí lograron establecer la identidad de la otra parte partícipe, surgiendo así que la persona que había trillado el campo, es el hijo del propietario de las tierras.

En ese contexto, las posiciones son encontradas ante este contexto de índole económica entre partes. Por un lado, el dueño del campo sostiene que el contrato de arrendamiento se encuentra vencido desde hace más de un año, y por ello, a fines del año pasado suscribió un nuevo contrato con su hijo, quien recientemente efectuó la trilla. Por otro, el productor denunciante asevera que se había acordado verbalmente una renovación, presentando en su poder los comprobantes de la semilla comprada y utilizada en la siembra de la soja trillada. La justicia del fuero Civil y Comercial tendrá la última palabra, publica FM Estación Plus Crespo.

En la tarde de este miércoles, personal de la escuela secundaria N° 19 “Juana Azurduy” de la ciudad de Concordia se dirigieron al establecimiento escolar ante un hecho de inseguridad.

Al ingresar pudieron identificar un gran desorden y diversos elementos faltantes. “Nos están haciendo un desastre, la escuela antigua es tierra de nadie”, aseguraron a El Entre Ríos desde la escuela.

Según detallaron, el hecho delictivo en el que retiraron parte del cielorraso tuvo lugar en la parte vieja del edificio, donde funcionan cuatro aulas en un espacio aproximado de 180 metros cuadrados.

“La escuela está al cuidado de la Comisaría Octava que está enfrente”, indicaban desde la escuela, destacando como el hecho se concretó a pocos metros de un establecimiento de seguridad.

A raíz de lo ocurrido, personal de la institución colocó un cartel expresando su indignación.

“Vengo de allá con el alma partida en pedazos. Fuimos a sacar ocho ventiladores de techo para ponerlo en resguardo”, agregaron desde la Juana Azurduy.

El Entre Ríos

El joven de 25 años concurrió a «hacer una changa» en una obra en construcción en General Campos y sus compañeros de trabajo le habrían dado a tomar un producto que le lesionó el tracto digestivo. Sufrió lesiones graves.

El muchacho está con lesiones «de carácter reservado y en terapia intensiva» en el hospital Masvernat de Concordia. Fue trasladado ayer martes desde la localidad de General Campos.

El hecho, tras el cual el muchacho sufrió las lesiones ocurrió a mediados de marzo y la policía de San Salvador tomó intervención el 6 de abril. «La semana pasada empezamos actuando a raíz del legajo de la Unidad Fiscal de San Salvador. Un muchacho presentó lesiones de carácter reservado en el tracto digestivo. Ingirió un acelerante para cemento, que es un producto que se usa para fraguar ese material», detalló el Jefe de la comisaría de San Salvador, Gustavo Rivero.

«Esto había pasado hace más de un mes. Tomamos intervención a raíz de versiones de que podría haber sido producto de una broma al muchacho. Se le tomó la denuncia en el hospital a este joven», contó Rivero.

Las personas que le habrían hecho «una broma pesada» dándole el acelerante de cemento a tomar, trabajaban con él en una obra en construcción. «El joven hace changas, y en ese momento estaba trabajando en una obra en construcción en General Campos», detalló el jefe de la departamental de Policía de San Salvador.

El muchacho estuvo internado en General Campos. «Tengo entendido que estaban pensando en derivarlo al Hospital Udaondo de Buenos Aires, para hacerle el tratamiento gástrico correspondiente, pero a raíz de la cuarentena está complicado para llevarlo, por lo que lo derivaron al Masvernat», dijo el funcionario policial.

En Concordia «el médico forense le está haciendo el seguimiento de la internación» a requerimiento de la fiscal en la causa.

«Se le tomó declaración a este chico, y se informó de las personas que estaban en el lugar, el día de los hechos con él, para poder determinar las circunstancias y la responsabilidad judicial que le pudiera corresponder a cada uno», mencionó además. (Elonce)

Personal de la Prefectura Naval Argentina, realizando recorrida jurisdiccional por el riacho Itapé, en el marco de los DNU N° 297/20 y 490/20, observó a dos Kayakistas nevegando, constatando que se trataba de personas mayores de edad, quienes manifestaron que “salieron a remar”.

Por esta razón, ante una inminente violación a las disposiciones nacionales, se dio intervención al secretario en turno del Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, a cargo del doctor Pablo Andres Seró, disponiendo verificar si son reincidentes y caso contrario efectuar Notificación por Infracción al «Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio».

Se efectuó la debida notificación del referido incumplimiento, debiendo regresar ambos infractores a sus domicilios. (03442)

Por estar en riesgo y cerca de finalizar las condenas, la justicia en Entre Ríos les otorgó el beneficio a condenados entre otros por asesinatos, violaciones y narcos.

La Cámara de Casación Penal Federal y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos recomendaron a los distintos juzgados tener muy en cuenta la situación de los presos en las cárceles a fin de evitar que se contagien de coronavirus. Por ello es que impulsó la morigeración de la prisión efectiva y propuso el otorgamiento de prisiones domiciliarias a las personas que puedan estar en los grupos de riesgo por edad, por problemas de salud o por estar cerca de concluir las condenas. De esa manera, en la provincia recibieron el beneficio desde 10 de marzo al 20 de abril 161 privados de la libertad.

En estas circunstancias las autoridades judiciales tomaron los planteos de abogados, organismos y los propios presos para que corrieran las prisiones domiciliarias a fin de evitar que se vieran afectados por la pandemia de coronavirus.

En medio de los análisis de las situaciones de los condenados o imputados con prisiones preventivas en las unidades penales, se produjeron motines en las cárceles de Paraná, Concepción del Uruguay y femenina de la capital entrerriana. El malestar de los presos se dio por la falta de respuestas a los planteos judiciales, y porque en medio de la pandemia se otorgó a nivel nacional la prisión domiciliaria a Julio De Vido, Amado Boudou y otros condenados por hechos de corrupción que lograron el beneficio con el reclamo de coronavirus.

Repercusiones y preocupaciones

A UNO llegaron varios mensajes de vecinos de Paraná que se sintieron intimidados por tener nuevamente como vecinos a personas que habían logrado la prisión domiciliaria, y que los veían «tomar sol en las puertas de sus casas, o barrer las veredas», tal como referenciaron en los comentarios.

La mayor preocupación se dio en que muchos de los que lograron la salida de los penales, son personas que habían sido condenados por aberrantes crímenes, abusos sexuales o ser jefes narcos.

«No es fácil para nadie del barrio, tener entre nosotros a este hombre que fue condenado por abusos sexuales de niños discapacitados», resaltó un lector enfurecido.

«¿Quién nos garantiza que no vuelvan a repetir los hechos, si no tienen tobilleras electrónicas y no cuentan con custodia policial permanente. Solo es la palabra de honor que se van a portar bien?», inquirió el mismo lector.

«Ojala que no siga vendiendo droga y mate a nuestros hijos con esa mugre, que encima le deja mucho dinero», reclamó una vecina a confirmar que una jefa narco había obtenido el beneficio judicial.

Llegaron los beneficios

La mayoría de los juzgados que emitieron las autorizaciones, hicieron notar que el Servicio Penitenciario brinda en las cárceles a los presos una prestación sanitaria y de asistencia médica adecuado que evitaría la posibilidad de contagio de coronavirus, por lo que se dispuso el beneficio por el avance de la condena de los reos.

Venta de drogas

De esta manera, los juzgados federales de Entre Ríos dispusieron en casi un mes de resoluciones, la morigeración de la prisión efectiva a 86 personas detenidas por causas vinculadas con la venta de estupefacientes. Todos los penales abrieron sus puertas a los penados o procesados que previo a recibir el beneficio, fueron notificados por las autoridades judiciales que debían cumplir a rajatabla la prisión domiciliaria, sin cometer nuevos delitos, consumir alcohol o estupefacientes, no violar la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional o avanzar en casos de violencia de género. Por cualquier motivo, se les revocaría la morigeración y volverían a estar presos.

Justicia provincial

En tanto, el número de imputados o condenados por delitos que se investigan en la órbita de la justicia provincial, que recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria, fue de 75.

Entre las personas que se les permitió las salidas de los penales, según se informó a UNO desde el Servicio Penitenciario, se encuentran entre otros:

– Cristián Pagliaruzza, quién había sido condenado a 14 años de cárcel por el asesinado de la suboficial de Policía Silvia Depardón, ocurrido el 6 de setiembre de 2003.

– Miguel Rochi, condenado a siete años por delito de «Abuso sexual con acceso carnal reiterado» de las víctimas discapacitadas y que eran trasladadas por el transportista escolar de Paraná.

– José Piñeiro, condenado a prisión perpetua por ser el asesinato de Juan Carlos Malvasio, ocurrido en 1999 en la ciudad de La Paz.

– Claudia Bernal, condenada por ser la jefa de la banda narco y por lavado de dinero en el 2017. Se le impusieron cinco años y dos meses de prisión y una multa de 1.086.090 pesos.

A la casa

Basado en el principio de resocialización y avance de la pena, sumado a la grave situación que se da -sobre todo del sistema federal y en los penales de Buenos Aires-, sin olvidar la pandemia por coronavirus, es que se pidió desde la Justicia, las salidas anticipadas de los reos que estuvieran en condiciones de cumplir con los beneficios.

Del informe al que accedió UNO, se notificó que en total lograron la prisión domiciliaria 161 personas (condenadas y procesadas), dentro de ese número hay 13 mujeres que salieron del penal femenino de Paraná y del pabellón creado en la Granja Penal de Gualeguaychú.

En la estadística, se hizo saber que 75 personas son penadas por delitos de la justicia provincial y 86 de la Justicia Federal. (UNO)

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia dio a conocer, los fundamentos por los que se rechazó la impugnación extraordinaria presentada por la defensa y los que se iban a leer en una audiencia que se suspendió por la cuarentena.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia dio a conocer este miércoles, a través del servicio de información judicial del máximo cuerpo judicial entrerriano, los fundamentos por los que se rechazó la impugnación extraordinaria presentada oportunamente, por los abogados defensores de la joven Nahir Galarza.

La audiencia para hacer la lectura de los fundamentos de la Sala Penal, se iba a realizar en el mediodía del pasado 06 de abril, pero debido al aislamiento social y obligatorio, dicha sesión se suspendió.

En el extenso documento de 18 páginas, el magistrado Daniel Carubia, expone los argumentos por los cuales, consideran improcedente, otorgar recurso extraordinario, pudo conocer Elonce. A dicha argumentación, adhirieron vocales Miguel Ángel Giorgio y Claudia Mizawak.

Recurso rechazado en marzo

Cabe recordar que en el mes de marzo pasado, la Sala Nº1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), resolvió no hacer lugar a la impugnación extraordinaria presentada por el abogado José Esteban Ostolaza, defensor de Nahir Galarza, en la causa «Homicidio Calificado por ser una persona con la cual mantenía o ha mantenido relación de pareja».

Galarza fue condenada a prisión perpetua tras habérsela encontrado culpable de haber matado a Fernando Pastorizzo, en la ciudad de Gualeguaychú, en diciembre de 2018. La resolución fue dictada por el Tribunal integrado por los vocales Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak.

Contra la sentencia

Como se recordará, el recurso extraordinario ante la Sala Penal Nº1 que fue rechazado, había sido presentado contra la sentencia dictada el 3 de julio de 2019 por la Sala Nº II de la Cámara de Casación Penal de Concordia, que rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa respecto del pronunciamiento del 24 de julio de 2018, emanado del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, a través del cual se la condenó a la pena de prisión perpetua por la comisión del delito de Homicidio Calificado, por ser de una persona con la cual mantenía o ha mantenido relación de pareja. (Elonce)

Ocurrió esta mañana a poco menos de dos kilómetros del ingreso a la localidad entrerriana de Holt Ibicuy tras un impacto entre una moto y un auto.

Marcelo Hail, jefe de la Departamental de Policía de Islas del Ibicuy, confirmó a R2820 que dos personas murieron esta mañana a 1.5 km de la ciudad de Holt, en un siniestro vial.

El hecho ocurrió esta mañana sobre el acceso a la localidad en la ruta provincial 45 cuando, aparentemente, el conductor de un vehículo Volkswagen modelo Fox perdió el control y embistió a una moto Gilera VC 150 donde circulaban dos personas.

“Son dos hermanos que iban en la moto y fallecieron, uno de ellos tiene 38 años y estamos identificando al otro, son gente que trabaja en la localidad”, indicó Hail. “Ellos iban con casco pero el choque frontal fue tan fuerte que uno de motociclistas murió en el acto y el otro falleció de camino al hospital zonal de Holt”.

Luego se conoció que el otro pasajero tenía «33 años y que ambas víctimas tenían domicilio en la localidad de Zárate, pero vivían en Ibicuy”, explicó Hail. En el lugar, permaneció el conductor del vehículo que se “encuentra demorado pero fuera de peligro”, precisó el Jefe de la Departamental de Islas. (R2820)

Un peón rural encontró un bulto con 29 paquetes de droga, mientras recorría el campo para juntar animales. El pesaje del cargamento determinó que eran 32 kilos de Clorhidrato de Cocaína.

Un peón rural encontró casi 32 kilos de cocaína en una isla del departamento Victoria, mientras hacía una recorrida para juntar los animales. Según el informe policial, la droga estaba acondicionada en un bulto rectangular, envuelto en bolsas arpillera de color blanco y verde.

El paquete estaba recubierto con cinta de embalar transparente, y su interior contenía 29 paquetes de menor tamaño, rectangulares, envueltos en material látex color negro, recubiertos con cinta de embalar transparente, con la inscripción de «PCU».

Cada uno de esos envoltorios contenía sustancia compacta de estupefaciente Clorhidrato de Cocaína, con la inicial PCU estampada en bajo relieve, en el centro de la sustancia.

Tras la intervención de la División de Toxicología de la Policía y la Justicia Federal de Paraná, en el marco de una infracción a la ley nacional de estupefacientes, se determinó que el cargamento arrojó un pesaje total de 31 kilos con 908 gramos, publicó Análisis.

El peón rural encontró el bulto durante la mañana de este martes, en la Isla denominada El Chaparro, mientras recorría el campo para juntar animales. Apenas localizó el bulto, avisó al puestero personal policial de Comisaría 1° Sección Isla Victoria, quienes procedieron al secuestro de la droga y la trasladaron a la Jefatura Victoria. Allí, por disposición judicial se realizaron las pericias a la sustancia, pesaje respectivo y levantamiento de huellas dactilares por personal Criminalística. (Elonce)

Habían sustraído un ovino que un hombre tenía en el corral que posee en la parte trasera de su vivienda. Los autores se habían repartido la carne, pero la Policía llegó antes de que la consumieran.

La Policía de Hernandarias inició actuaciones por el supuesto delito de Abigeato, en perjuicio de un vecino de calle Córdoba al 500 de esa localidad del departamento Paraná. Desconocidos le habían sustraído un ovino de su propiedad, el cual se encontraba en el corral que posee en la parte trasera de su vivienda.

La investigación estableció que los autores habían sido un grupo de jóvenes, residentes en esa misma ciudad, quienes habrían perpetrado el ilícito durante la madrugada, para después repartirse las partes del animal faenado.

El padre de uno de los imputados entregó partes del cordero buscado, y a raíz de datos aportados posteriormente por otros ciudadanos, se localizó el resto del animal faenado en forma clandestina. Los cortes incautados fueron examinados por el médico veterinario, quien determinó que ya no estaban aptos para el consumo humano, procediendo a su desnaturalización. (Elonce)

El 80 por ciento de los casos la denuncia fue efectuada por la propia víctima, mientras que el resto la impulsó una institución.

Las denuncias por violencia familiar y contra la mujer recibidas por medios electrónicos fueron enviadas desde Federal, Concordia, Santa Elena, Crespo, Hasenkamp, Nogoyá, Paraná, Rosario del Tala y Concepción del Uruguay.

El informe realizado por la Oficina de Violencia de Género (OVG) establece que el 80 por ciento de los casos la denuncia fue efectuada por la propia víctima, mientras que el resto la impulsó una institución.

En el 75 por ciento de los casos denunciados existe otra víctima y sus edades oscilan entre los 6 y los 75 años; la edad promedio es de 30 años y el 90 por ciento de las personas que denuncian son mujeres.

El 54 por ciento de las personas que denuncian son solteras, el 17 por ciento separadas y el 12,5 por ciento se encuentra en unión convivencial; el 29 por ciento de las personas víctima de violencia trabajan en el hogar y el 25 por ciento son empleadas/os, y el 8,3 por ciento son desempleadas/os. No se registran datos del 12,5 por ciento.

En cuanto al vínculo que la víctima mantiene con la persona denunciada, el 29 por ciento tuvo una unión convivencial; el 17 por ciento son hijos/as o hijastros/as; el 12,5 por ciento son ex novias/os y el 8,3 por ciento se encuentra en unión convivencial. El 67 por ciento de las personas que están siendo víctimas de violencia tienen hijos/as menores de edad en común con el/la victimario/a.

“Se hizo una evaluación de la implementación de la primera semana de la planilla on line que está disponible para los ciudadanos, denunciándose violencia familiar y  contra la mujer en la modalidad doméstica y, una de ellas, mediática”, precisó la responsable de la OVG, Yanina Yzet.

“La idea de darle difusión a la plantilla de denuncias on line es porque entendemos que estamos ante una herramienta importante para garantizar la accesibilidad de las personas a la efectiva protección de la Justicia cuando se está en situación de vulnerabilidad”, realzó Yzet.

El formulario, realizado en forma conjunta por la OVG y profesionales de Informática del STJ, se realizó en base a la planilla de denuncia aprobada mediante Acuerdo General 25/17 del 5 de septiembre de 2017, Punto 5º. Cabe aclarar que en materia Procesal de Familia, la Ley 10.668 contempla la denuncia por correo electrónico, cuya modalidad de implementación no había sido reglamentada para su puesta en funcionamiento.