Le dieron una brutal golpiza y la encontraron desfigurada, refugiada en una casa abandonada de Santa Elena. Los quejidos de la mujer de 41 años alertaron a un vecino, que dio aviso a la Policía. La trasladaron de urgencia a Paraná.

Hallaron a una mujer brutalmente golpeada, con el rostro desfigurado, en una construcción abandonada ubicada en un descampado de Santa Elena, en el departamento La Paz.

«Una señora mayor de edad, en concubinato, apareció muy golpeada en la cara de forma violenta, con lesiones graves ya que tiene fisuras en el rostro, en la nariz», describió la brutal escena el comisario de Santa Elena, Juan Carlos Faría.

El hecho se registró a media mañana de esta Navidad en una construcción ubicada en un descampado próximo al barrio docente «La Cañada». «La mujer estaba desfigurada, fue encontrada por un vecino que cría unos caballos en el lugar; se encontraba en la casa abandonada que está antes de llegar al conocido como ‘Barrio de los Maestros'», informó el funcionario policial.

A raíz de las severas heridas que presentaba, la víctima, de 41 años y oriunda de barrio Fátima -según posteó el periodista Nicolás Ríos-, «fue trasladada primero hospital de de Santa Elena y luego a Paraná, donde está internada en este momento, en observación y a la espera de si necesita alguna intervención de mayor complejidad», señaló Faría.

La mujer «no radicó denuncia ni dijo nada; por las lesiones que tenía se priorizó su traslado rápidamente para ser atendida», explicó el comisario.

Acerca del posible autor de la tremenda golpiza, el funcionario policial sostuvo: «Tenemos indicios ciertos de un masculino». «Estamos descartando información y llegando a la conclusión del posible agresor», concluyó, publica LaSexta.com.ar (Ahora)

El juez Mayer le dio el regalo navideño a varios de los responsables que desviaron más de 2000 millones; entre ellos, el propio cuñado del ex gobernador Urribarri, Juan Pablo Aguilera.

Poco más de tres horas antes de la llegada de la Navidad, el juez de Garantías número 4 de Paraná, Mauricio Mayer, dispuso la prisión domiciliaria de todos los imputados en la causa por los contratos legislativos, donde se desviaron más de 2000 millones de pesos y por ende dejó el precedente para que todos los presos procesados del sistema penitenciario entrerriano puedan exigir el mismo criterio. La decisión la adopta después de fuertes presiones del urribarrismo, en función, principalmente, de la detención del cuñado del ex gobernador, Juan Pablo Aguilera, uno de los recaudadores principales del dinero de los contratos. De esta manera, esta misma noche saldrán de las cárceles el citado Aguilera, como así también el ex administrador del Senado, Gustavo Pérez; su lugarteniente Ariel Faure y Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao. La Sala Penal y de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio, había hecho lugar al recurso de apelación interpuesto por los representantes de Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pérez, detenidos en la Unidad Penal de Paraná. En ese marco, se desarrolló una navideña audiencia en el salón Nº1 de Tribunales en la cual los abogados defensores de los dos recurrentes explicitaron sus argumentos basados en el riesgo por el que atraviesan ambos al estar detenidos en la Unidad Penal Nº 1. Al planteo de las defensas de Aguilera y Pérez se le sumaron los abogados del resto de los detenidos: Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, Ariel Faure y Alfredo Bilbao, quienes solicitaron la extensión de lo que se resuelva en base al habeas corpus ya que son «situaciones identicas» a las de los solicitantes. Incluso, José Velázquez, abogado de Scialocomo, Mena y Beckman adelantó que en caso de no otorgarle la prisión domiciliaria a sus defendidos, iniciaran un habeas corpus de similares características. En relación a Aguilera, el abogado defensor Marcos Rodríguez Allende se basó en cuatr puntos para solicitar la domiciliaria: el fallo de Barbagelata que dispuso que se lo detenga a Aguilera en un lugar separado de condenados, el artículo 364 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, el informe del Servicio Penintenciario donde se asegura que no hay separación entre penados y no penados y parte de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, Emilio Fouces, abogado de Pérez, advirtió sobre la seguridad de su defendido: «Tenemos que tener mucho cuidado con la decisión que se tome con esta resolución, porque la situación se puede agravar si no se nos otorga el pedido ya que esto puede ser interpretado dentro del penal como un pedido de privilegios».

El juez de Garantías Mauricio Mayer dispuso cerca de las 20.40 que todos los detenidos en la causa por los contratos legislativos truchos tengan el beneficio de la prisión domiciliaria. La decisión, consecuencia de las fuertes presiones del propio ex gobernador Sergio Urribarri, en función de la presencia del hermano de su mujer Ana Lía Aguilera, sienta un grave precedente, ya que deja en igualdad de condiciones a los procesados que se encuentran en todo el sistema penitenciario, cuyo número es muy alto. Por ende, no se descartan reacciones en cascada en las próximas horas, más en un día tan particular de Navidad. La determinación se produjo luego del habeas corpus presentado por los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli (ausentes en la audiencia de este lunes) al cual se sumaron el resto de los abogados defensores de los imputados en esta investigación que busca determinar el desvío de dos mil millones de pesos de los fondos públicos de la legislatura provincial.

El abogado que representó los intereses de Aguilera, Rodríguez Allende, basó su presentación en cuatro puntos: «Primero, la jueza Barbagelata ordenó la prisión preventiva durante 90 días con cumplimiento en la Unidad Penal Nº1 con una aclaración. Se ordenó que el cumplimiento de la prisión preventiva debe hacerse acorde a su calidad de imputado y no en un lugar donde esté conviviendo con condenados. Esto fue homologado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Juticia (STJ). En segundo lugar, lo dice claramente el artículo 364 del Código Procesal Penal donde dice que los que estén bajo prisión preventiva deben estar en un espacio distinto al de los condenados. En tercer lugar, el informe presentado por el Servicio Penitenciario de la provincia en el cual se reconoce que esta separación no existe y que es prácticamente imposible de llevar a la práctica. En cuarto lugar, algo que la Sala Penal también incluye, lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se le exige a los países y a sus respectivos operadores judiciales que los procesados (no penados) deben estar detenidos juntos y separados de los condenados».

Luego llegó el turno de Fouces, abogado de Pérez, quien adhirió a los planteos realizados por Rodríguez Allende y agregó: «Pérez está alojado en un penal superpoblado. Donde conviven personas con peligrosos antecedentes y personas que aún están siendo investigadas. No es menor que mi defendido haya sido señalado como uno de los cabecillas de una organización criminal que se les acusa de haber sustraído de los fondos públicos la suma de dos mil millones de pesos. Está conviviendo con 900 personas que piensan que tienen parte de esos dos mil millones de pesos que no sabemos donde están. Está en riesgo y exponer a una persona de ese modo es grave. Pérez está ahí porque lo mandó el Estado y es el Estado quien debe garantizarle la seguridad. Tenemos que tener mucho cuidado con la decisión que se tome con esta resolución porque la situación se puede agravar si no se nos otorga el pedido ya que esto puede ser interpretado dentro del penal como un pedido de privilegios», expresó.

Después habló José Velázquez y defendió: «La situación de mis defendidos es igual a la de Pérez. Hay un incumplimiento del Estado respecto a la modalidad de las prisiones preventivas. Venimos a adherir y a solicitar que esta situación se extienda al resto de los imputados. Si se nos hace a un lado, nosotros a vamos a plantearlo por nuestra parte. Es una cuestión de economía procesal». Algo similar dijo el doctor Cappa, defensor de Faure.

También hablaron Ivan Vernengo y Damián Petenatti, abogados de Bilbao: «Además del artículo del Código Procesal Penal, acá hay un artículo de la Constitución que es una manda clarísima. Se deben alojar a los detenidos bajo arresto preventivo en establecimientos distintos a los penados. Acá hay una cuestión estrictamente legal. Y esto no es una crítica al Servicio Penitenciario o al sistema de Justicia, aunque creo que en parte es responsable. Acá la crítica es al sistema político de esta provincia, esto alguna vez iba a ocurrir. Acá no se trata de pedir privilegios sino de que se cumpla la ley».

En la audiencia estuvieron presentes ambos titulares de las Unidades Penales de Paraná (UP Nº1 y UP Nº6) Octavio Ifrán y Diana Ester Tonetti que acudieron por disposición de la ley. En ambos casos, rechazaron la necesidad de un abogado defensor (algo que hubiese obligado a que se dicte un cuarto intermedio para que dispongan de un profesional) y se limitaron a confirmar y ratificar el informe del Servicio Penitenciario: «En ninguna cárcel de la provincia se alojan a los detenidos de manera separada entre penados y no penados».

El recurso que originó el posible cambio de rumbo

Los abogados Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, habían presentado un habeas corpus solicitando que sean alojados en un pabellón de personas procesadas, separados de los condenados, como lo establece la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad- “los establecimientos destinados a procesados no podrán alojar condenados”, expresa taxativamente la normativa-, e invocando el riesgo que supone para su integridad física la precariedad edilicia y la sobrepoblación carcelaria. Cullen y Vartorelli habían pedido antes un informe al Servicio Penitenciario de Entre Ríos, para determinar cuántos presos se encuentran procesados en el sistema carcelario, en las diferentes dependencias.

La resolución establece que las actuaciones realizadas sean reenviadas al Juzgado de Garantías Nº4 de Mauricio Mayer para que procesa “sin dilación alguna” y de “inmediata sustanciación”, según informó esta mañana el servicio de prensa del Poder Judicial entrerriano.

Giorgio votó en disidencia en base al fallo Riera que dice que los rechazos in-limine no son apelables. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, había especificado en el fallo que sean alojados en celdas separadas. Tal como lo informó la revista ANALISIS en su última edición, Aguilera se encuentra en el pabellón 19 «de seguridad», junto a un total de 47 detenidos, entre los que se encuentran procesados y condenados.

Entre los presos de ese sector se encuentran los también implicados en la causa de los contratos legislativos truchos, como Gustavo Pérez, ex director Administrativo Contable del Senado; y Roberto Faure, contratado de la Cámara Alta entrerriana. También se encuentra allí Esteban Angel Scialocomo. Los otros detenidos, como Alfredo Bilbao y Hugo Mena, también imputados en el mismo expediente por delitos de corrupción, fueron enviados a otra zona carcelaria. De hecho, con los únicos que se observó hablando Aguilera en estos días fue con Pérez, Faure y Scialocomo, por lo cual quedó establecida la buena relación de años existente entre ambos.

Aguilera fue enviado a la habitación junto con Vicente Bioletti, Juan Moreno y Gastón Godoy. El primero de ellos es el conocido empresario del transporte automotor –antiguo dueño de la firma San José- fue condenado por aportar su campo de la zona del El Brete para el funcionamiento de una cocina de cocaína. Juan Cruz Moreno es el hermano de la intendenta de Feliciano, Silvia Moreno (FPV), a quien le habían secuestrado más de 252 kilos de marihuana. A Moreno lo detuvieron cuando circulaba a bordo de un camión en las inmediaciones al puente Paso Bravo. Iba escoltado por un auto con dos hombres a bordo y cuando vieron que la policía los seguía se produjo una persecución que culminó cuando el camión se fue a la banquina. Se hicieron más de 20 disparos en la persecución. En tanto, el prefecto Gastón Godoy cumple condena de tres años de prisión efectiva, tras ser considerado responsable del trágico choque ocurrido el pasado 25 de diciembre a la mañana, cerca del ingreso a la localidad de El Palenque, sobre la Ruta 12. La tragedia vial se cobró tres vidas: Yanina, una niña de 10 años; su mamá Gladys Pérez y el policía Leandro Kaiser de 32 años, a quien subieron después de estar haciendo dedo en la ruta. Los tres viajaban en el Renault Clio que manejaba Francisco Salazar de 52 años. Se estableció que el prefecto viajaba de La Paz a Paraná alcoholizado.

El juez Mayer había rechazado el habeas corpus y sus defensores apelaron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Los vocales dispusieron que el expediente vuelva nuevamente a resolución de Mayer, para que adopte medidas urgentes respecto de la separación de condenados. Ahora, tras la resolución de Mayer, cada uno volverá a su domicilio y habrá que esperar las reacciones en el servicio penitenciario. Nuevamente, triunfó la corrupción y su referente principal: Sergio Urribarri. (Análisis)

Las causas por narcomenudeo se siguen sumando en la Justicia provincial y ya tiene a varios condenados por la venta de drogas. Es así que días pasados, se volvió a condenar a detenidos por esta actividad ilegal, los que reconocieron su culpabilidad y recibieron penas impuestas en juicio abreviado.

Los imputados fueron René Rosario Sánchez de 50 años, Alberto Sánchez de 58 y Laura Catalina Galante de 32, todos representados por los doctores José Peluffo y Núñez.

Estas personas fueron detenidas por su actividad de comercializaron sustancias estupefacientes (marihuana y cocaína) en dosis fragmentadas para el consumo, recibiendo a cambio de las entregas de éstas y como contraprestación sumas de dinero, realizándose tales actividades en el domicilio sito en calle 24 de Oeste Sur del Barrio Villa Itapé y en 22 del Oeste Norte, a unos treinta metros hacia el norte desde calle J.J. Bruno casi al finalizar el predio del Ex Frigorífico “FAPU”.

La audiencia se llevó a cabo ante el juez de Garantías Gustavo días, quien tras escuchar a las partes, homologó el acuerdo al que habían arribado.

Según lo señalado, las condenas consistieron en el caso de Alberto Sánchez, es responsable del delito de COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN DOSIS FRACCIONADAS DIRECTAMENTE AL CONSUMIDOR -previsto en la Ley 10.566 por adhesión a la Ley 23.737 recibiendo la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y multa de pesos tres mil pesos, quedando alojado en Unidad Penal de la Histórica.

Por su parte Laura Catalina Galante, fue condenada por la COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN DOSIS FRACCIONADAS DIRECTAMENTE AL CONSUMIDOR -previsto en la Ley 10.566 por adhesión a la Ley 23.737 y sus modificaciones y autora (materialmente responsable del delito de LESIONES LEVES, recibiendo una pena de cuatro años de prisión cuya modalidad de ejecución será decidida por el juez competente de ejecución penal y multa de pesos tres mil, permaneciendo alojada en el domicilio de su hijastra.

Finalmente, en el vaso de René Rosario Sánchez, fue condenado por el delito de COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN DOSIS FRACCIONADAS DIRECTAMENTE AL CONSUMIDOR -previsto en la Ley 10.566 por adhesión a la Ley 23.737 y sus modificaciones, TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL CONDICIONAL SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL, delitos que concurren realmente entre sí y condenado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional (art. 26 del cód. penal) y multa de pesos tres mil.

Fuente: 03442

Desconocidos ingresaron por la noche a la casa de dos hermanos de apellido García y golpearon al jubilado de unos 80 años para robarle dinero.

El periodista Juan Fernández posteó esta mañana la noticia en su Facebook

«Un hecho que preocupa y que se repite en Urdinarrain, sucedió en la madrugada del último domingo 23 pero la denuncia recién fue radicada ayer» describió en el inicio de la nota.

Según Fernández, «en la humilde casa, que está ubicada en calles 12 de Octubre y Belgrano a unas dos cuadras del hospital local, Juan Alberto García vive junto a su hermana Rosa que también fue víctima de los delincuentes que tomaron de los pelos a la jubilada de unos 80 años».

«Una vez adentro los tres delincuentes que actuaron cubriendo su rostros con medias y que tenían guantes con anillos para golpear, lograron llevarse unos 21 mil pesos» señala.

Y destaca «antes de retirarse, amenazaron a los hermanos diciendo que si radicaban la denuncia iban a volver para matarlos, por lo que los jubilados aterrorizados no se animan a contar lo sucedido hasta que ayer los animaron a hacer la denuncia en sede policial de Urdinarrain. Además de ser golpeados los ataron para poder revolver la vivienda».

El periodista recuerda que «no es la primera vez que sucede en Urdinarrain, ya que el 18 de octubre de este año, el jubilado Atilio Vidal de 73 años también había recibido una cobarde golpiza con intención de robarle, en un caso que sucedió a pocas cuadras de este último hecho».

¿Hasta cuándo van a suceder estos cobardes y miserables hechos ante nuestros indefensos mayores sin que se pueda encerrar a los culpables? interroga en el final de la nota. (R2820)

Un menor de 14 años con un frondoso prontuario y que residen en el Pasaje 351, atacó a balazos a un grupo de personas que estaban en la puerta de su vivienda. Cuatro mayores y un menor, debieron ser hospitalizados.

Un menor de 14 años de edad, que contaría con un frondoso prontuario y reside en el Pasaje 351 de la capital entrerriana, atacó a balazos a un grupo de personas que estaban en la vereda, en calle Scalabrini Ortiz, de Barrio Presidente Perón de Paraná. Cuatro mayores y un menor, debieron ser hospitalizados.

Ocurrió en las primeras horas de este martes de Navidad. Según confirmó el jefe de la Departamental Paraná, Marcos Anotoniow, a LaVoz «una persona de 37 años resultó con una herida en el pie izquierdo, un masculino de 28 con una herida en la tibia derecha, una femenina de 31 años con una herida de arma de fuego en la rodilla izquierda, y otro hombre, con una lesión en el abdomen, con orificio de entrada y sin salida», dijo el funcionario policial.

Además, según indicó el comisario, «un menor que fue trasladado al San Roque con un corte en el cuero cabelludo. La herida del menor fue leve, y sería compatible con una piedra, un fierro o el roce de una bala», señaló Antoniow. (El Once)

Siendo alrededor de la hora 8:00, se toma conocimiento que en una vivienda ubicada en calles Alsina y Premazzi de Villaguay, un civil había aprehendido a una persona que intentaba sustraerle herramientas de trabajo.

Constituido personal del comando radioeléctrico en el lugar se entrevista con un señor de 42 años de edad, propietario de la finca quien manifiesta que momentos antes observó como un joven de 27 años de edad, intentaba sustraer diversas herramientas de albañilería de su propiedad, logrando aprehenderlo antes que lograra fugarse.

Informado el fiscal de turno Dr. Mauro Quirolo, ratificó la aprehensión por el supuesto delito de Hurto en Flagrancia quedando alojado en dependencias de esta jefatura de Policía.

Intervino personal del Gabinete de Criminalística, de la Sección Antecedentes Personales  y Medico de Policía. Se continúan con las actuaciones de rigor.

La persona de 36 años recibió fuertes golpes, por lo que debió ser internado en Terapia Intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú.

En la tranquila noche de Navidad, el hecho más importante ocurrió con una persona de 36 años, oriundo de Urdinarrain, quién  sufrió una golpiza con pérdida de conocimiento.

El joven fue asistido oportunamente por el personal médico-asistencial del Hospital Manuel Belgrano de Urdinarrain y allí se determinó que por la gravedad de la lesión debía ser derivado a Gualeguaychú.

A su recepción, el paciente fue estabilizado, se le realizó una Tomografía Axial Computada y los médicos en turno definieron que debe permanecer internado en la Unidad de Terapia Intensiva, donde se hace un seguimiento constante de su evolución clínica. (Máxima Gchú.)

Personal policial que se encontraba de recorridas, divisa a una mujer que caminaba apresurada y era perseguida por un sujeto, ante esta situación, se tomó los recaudos necesarios y se procedió a la identificación del masculino, quien ante el proceder policial se tornó agresivo, e intento sacar entre sus prendas un arma blanca.

Consecuentemente se lo inmovilizó de manos, mediante la colocación de esposas y se lo trasladó hasta la Jefatura Departamental Colón, en donde al consultar en el sistema de registro nacional de reincidencias se constató que tenía pedido de captura proveniente del Juzgado de Garantías de Zarate-Campana, provincia de Buenos Aires, por delitos contra la seguridad pública, tenencia ilegal de arma de guerra o materiales peligrosos.

Este sujeto de 30 años oriundo de Campana, provincia de Buenos Aires, quedó en calidad de detenido, alojado en la dependencia, en donde se instruyen causas por resistencia a la autoridad, lesiones leves y daños a bienes del estado, puesto que provocó detrimentos en celdas del pabellón de detenidos, agrediendo además a uno de sus compañeros de celda. Además se recepcionó denuncia de la mujer a quien perseguía, quien sería su expareja.