Una condena ejemplar mediante juicio abreviado, fue solicitada esta semana en los Tribunales de Concepción del Uruguay, para un sujeto acusado de asesinar a su ex esposa en la ciudad de Villa Elisa.

Se trata del femicida Jorge Oscar Dussling de 64 años de edad, quien fue representado legalmente por el defensor particular, doctor Mariano Miño, en la causa que llevaran adelante el fiscal Nº 1 de Colón, doctor Sebastián Blanc, junto a la fiscal auxiliar Nº 1, doctora Micaela Di Pretoro.

Según publica el sitio digital 03442, Dussling fue acusado del “Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género», por el hecho ocurrido en la madrugada del 24 de julio de 2019, cuando concurrió al domicilio de su esposa Solange Herrero, ubicado en calle Andres Roude N° 1416 de la ciudad de Villa Elisa, y tras una discusión, generada por su negativa a la separación matrimonial, este la agredió a golpes,  cayendo la mujer al piso donde golpeó su cabeza, provocándole una herida, tras lo cual fue estrangulada hasta la muerte por asfixia.

A esta causa se le sumó el haber tenido en su poder, sin la debida autorización legal,  una carabina 22 y una escopeta calibre 28

Es así que las partes, con los elementos obrantes en la IPP, llegaron a un acuerdo y de esta manera, el imputado presta expresa conformidad, admitiendo su autoría material y responsabilidad penal en el hecho ilícito atribuido.

De esta manera se presentó la solicitud del juicio abreviado y la pena de prisión perpetua, cuya homologación será dada a conocer en la próxima semana.

03442

El ex policía de la Federal Julio César Rodríguez, apodado El Moscardón Verde durante sus años de servicio, fue condenado a 17 años y 6 meses de prisión por privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y por tormentos contra los militantes comunistas Juan Bautista Amadeo Echeverría y Carlos Julián Stur.

Rodríguez estaba acusado de detener, golpear y torturar a dos militantes del Partido Comunista (PC) en Concepción del Uruguay el 28 de enero de 1978, de llevarlos desde Banco Pelay hasta una casa que funcionó como centro clandestino de detención de personas a pocos metros de la Ruta 14, en las afueras de la ciudad. Este viernes, el juicio llegó a su fin, y ‘El Moscardón Verde’ fue encontrado coautor responsable de llevar a cabo actos de privación ilegítima de la libertad. La tortura no fue admitida por parte del Tribunal. Las víctimas, en sus declaraciones, no pudieron confirmar que Rodríguez haya sido el que los torturó.

Al reo le unificaron esta condena de 17 años y seis meses con otra de 15 años que recibió en 2012 por la Causa Harguindeguy, las que seguirá cumpliendo en forma de prisión domiciliaria. La Fiscalía había solicitado 19 años de prisión.

El fallo

A las 14.15 de este viernes 22 de noviembre, ante una Sala de Audiencias ‘Francisco Garay’ repleta, el Tribunal Oral Federal (TOF) uruguayense leyó el adelanto del veredicto. Previamente se aclaró que los hechos tratados en el debate constituyen delitos de lesa humanidad en el marco del Terrorismo de Estado.

En la sentencia condenaron a Julio César Rodríguez por considerarlo coautor material (Artículo 45 del Código Penal), penalmente responsable de los delitos de: privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia (Artículo 145 bis inciso 1º último párrafo en función del Artículo 142 inciso 1º del CP, leyes 14.616 y 20.642 en concurso real, Artículo 55 del CP, por tormentos, Artículo 144 ter 1º párrafo del CP ley 14.616. Dos hechos en perjuicio de Juan Bautista Amadeo Echeverría y Carlos Julián Stur en poner la pena única de 17 años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas (Artículos 5,7 29, 58 y concordantes del CP, y 530 y 531 concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, comprensiva de los hechos juzgados.

Y de la pena de 15 años y accesorias legales dictadas en la Causa Harguindeguy, Albano Eduardo, y otros,  y sus acumuladas, caratuladas Díaz Bessone, Ramón Genaro y otros sobre infracción (Artículo 141 y otros del CP), y la causa Valentino Juan Miguel y otros sobre infracción (Artículo 141 y otros del CP), seguidas contra Julio César Rodríguez y otros -sentencia 13 /13 del 4 de abril de 2013 en la que se lo declaró coautor, responsable de los delitos de: Asociación Ilícita (Artículo 210 del CP); allanamiento ilegal de domicilios, que tuvo como víctimas a César Manuel Román y Juan Carlos Romero. Privaciones ilegítimas de la libertad agravadas por haber sido cometidas sin las formalidades preescriptas por la ley y con violencia, en perjuicio de los propios Román y Romero, de Roque Edmundo Minatta, Juan Carlos Rodríguez y Hugo Emilio Angeroza. Privación ilegítima agravada por haber sido cometidas sin las formalidades prescriptas por la ley y con violencia, y por haber durado más de un mes, en perjuicio de: Carlos Atilio Martínez Paiva, Carlos Horacio Valente y Jorge Orlando Helger. Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas Román, Minatta, Rodríguez, Martínez Paiva, Valente, Romero, Angeroza y Helger.

El tribunal decidió que se continúe con la modalidad de detención de Rodríguez en tanto no varíe las condiciones que dieron lugar a su otorgamiento, y requerió al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná su legajo de la pena impuesta a Rodríguez en la causa Harguindeguy. El viernes 29 de noviembre a las 12.30 se leerán los fundamentos del fallo.

Festejo

Una vez concluida la sentencia y mientras el condenado era sacado de la sala, empezó el tradicional canto de los presentes: “Como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”. Después, en la misma calle Supremo Entrerriano, frente a las puertas del edificio, con banderas rojas, militantes del PC se saludaban entre sí y con diferentes militantes de fuerzas políticas que fueron a presenciar el fallo del primer caso de lesa humanidad que se juzgó en Concepción del Uruguay.  Funcionarios de organismos de Derechos Humanos de la ciudad y de la Provincia también estuvieron en el lugar. El acto terminó con el canto de la marcha de la Internacional.

Crédito: Jorge Díaz (El Miércoles Digital) – Foto: Valentín Bisogni.

En las primeras horas de la mañana de hoy, personal del Comando Radioeléctrico toman conocimiento mediante un llamado telefónico sobre un individuo que se encontraba molestando a su expareja.

Al arribar al lugar, ubicado en Barrio Puerto Viejo, se entrevistan con una ciudadana de 36 años de edad, quien manifestaba que su expareja, también de 36 años de edad, el cual se encontraba en evidente estado de ebriedad, no la dejaba salir de la vivienda.

Ante esto los uniformados logran persuadir al sujeto para que se retire del lugar, sin ocasionar problemas.

Es así que más tarde, el sujeto se hace presente en un comercio de Galarza y Leguizamón, donde nuevamente molesta a la ciudadana, por lo que se le solicita se retire y este hace caso omiso a las advertencias debiendo ser aprehendido y posteriormente trasladado a Alcaldía de Comisaría Primera donde permanecerá alojado por infracción a la ley contravencional vigente, supo Genesis24.

Este viernes siendo aproximadamente las 14:00 hs, personal dependiente de Comisaría Segunda se hace presente en intersección de calles Lorenzo Sartorio y Leguizamón a raíz de un accidente de tránsito.

El mismo ocurre cuando por razones que se tratan de establecer una moto Guerrero Trip, guiada por un ciudadano de 27 años de edad colisiona con un automóvil Ford Ka, conducido por un ciudadano de 62 años de edad.

De acuerdo a lo que Genesis24 pudo saber, producto del impacto resultó lesionado el motociclista, siendo atendido por el servicio de emergencias ya que solo presentaba lesiones leves.

Intervino en el lugar Medico policial en Turno y  personal de la División Criminalística local.

Efectivos de Delitos Económicos realizaron este viernes dos allanamientos en Paraná en el marco de una causa por los supuestos delitos de «usurpación de título y ejercicio ilegal de la profesión de odontólogo y protésico» que lleva adelante el Fiscal Juan Malvasio.

Dicha investigación se inició a raíz de una denuncia radicada en Fiscalía por los Colegios de Profesionales de Protésicos y Odontólogos de la provincia, donde ponían de manifiesto que había un profesional de Paraná que montaba laboratorios en diferentes partes de la ciudad, desconociéndose dónde estaba operando, según confirmó Blanca Ramírez, Segunda Jefa de Delitos Económicos.

Este sujeto, «se manejaba con un perfil falso en las redes sociales y tras una investigación se logra localizarlo». Mediante el allanamiento se pudo encontrar el laboratorio que carecía de habilitación. El mismo estaba ubicado en calle Sebastián Vásquez al 100.

Al momento del allanamiento, al falso profesional «se lo encontró trabajando sobre las muestras bucales. Se secuestraron las herramientas, insumos, documentación de interés, y un arma calibre .44 especial que tenía en uno de los cajones del escritorio».

Agrandar imagenEl individuo fue trasladado para averiguación de antecedentes y quedó supeditado a la causa, dijo Ramírez.

Paso seguido, manifestó que también se allanó la vivienda donde se secuestró documentación de la persona en sí y de interés para la causa.

Sobre la denuncia radicada por el Colegio de profesionales, Ramírez explicó que «generalmente ellos realizan investigaciones sobre las redes sociales y van viendo quiénes ofrecen este tipo de servicios y encontraron a esta persona que tenía una identidad falsa».

Los consultorios eran en calle España, Corrientes y también atendía en María Grande. (El Once)

En una audiencia de juicio abreviado llevada a cabo en el Juzgado de Garantías, las partes acordaron imponer esta pena a Mauro José Da Silva, luego de que admitiese su responsabilidad penal en los hechos que se le imputaban.

Además, deberá pagar una multa equivalente a una unidad fija, es decir, el equivalente en pesos al valor de un formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos, conforme al sistema de actualización automática previsto por la ley 27.302, y el pago del monto mínimo de la multa prevista en el artículo 189º bis, punto 2º, primer párrafo del Código Penal, solicitándose que ambos montos se deduzcan del dinero secuestrado en el marco de la causa.

La pena se hará efectiva en la Unidad Penal Nº 9, “El Potrero” de Gualeguaychú.

En una audiencia de juicio abreviado llevada a cabo en el Juzgado de Garantías, las partes acordaron imponer esta pena a Mauro José Da Silva, luego de que admitiese su responsabilidad penal en los hechos que se le imputaban.

Además, deberá pagar una multa equivalente a una unidad fija, es decir, el equivalente en pesos al valor de un formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos, conforme al sistema de actualización automática previsto por la ley 27.302, y el pago del monto mínimo de la multa prevista en el artículo 189º bis, punto 2º, primer párrafo del Código Penal, solicitándose que ambos montos se deduzcan del dinero secuestrado en el marco de la causa.

La pena se hará efectiva en la Unidad Penal Nº 9, “El Potrero” de Gualeguaychú.

La causa

Según consta en la causa, al menos desde el 14 de agosto hasta el 17 de octubre de 2019, Da Silva ha comercializado sustancias estupefacientes (presumiblemente cocaína y marihuana) en dosis fragmentadas para el consumo, recibiendo a cambio de la entrega de estas y como contraprestación sumas de dinero, realizándose tales actividades en la modalidad “delivery” en distintos puntos de la ciudad, y en su domicilio de calle Lavalle, en cercanías del Club Social y Deportivo Ñapindá, a donde concurrían diversos consumidores a adquirir el tóxico, actividad que se registraba tanto en horario diurno como nocturno.

El 17 de octubre, aproximadamente a la hora 22, con motivo de realizarse en su casa un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías, se secuestró la cantidad de 3,6 gramos y 0,3 gramos de estupefaciente -clorhidrato de cocaína- distribuidos en dos envoltorios de nylon y 330 gramos de estupefaciente -marihuana compactada-, como así también elementos de corte, recorte de nylon varios, una tijera, banditas elásticas, elasticarblíster de pastilla para dosificar y una balanza de precisión.

Además, se le imputaba haber tenido en su poder, sin la debida autorización de legal, un arma de fuego calibre 22, sin marca visible, que también fuera secuestrado durante el mismo allanamiento.

La audiencia estuvo encabezada por Natalia Céspedes. Alejandro Perroud representó a la fiscalía, en tanto oficiaron de defensores los abogados Félix Pérez y Leandro Monje.

El imputado se hallaba cumpliendo prisión preventiva desde el 19 de octubre y permanecerá en Jefatura Departamental de Policía Colón hasta el dictado de la sentencia en los próximos días.

Mauro Da Silva no registra antecedentes penales. (El Entre Ríos)

La mujer hizo dos depósitos bancarios por más de 160 mil pesos, luego de recibir dos llamados telefónicos, por un supuesto representante de la firma Samsung, que le había otorgado un importante premio en dinero y un celular.

Una nueva estafa telefónica ocurrió en los últimos días y el hecho se denunció en la ciudad de Maciá. Una docente expuso que tras los llamados por haber sido beneficiada con un supuesto premio, la mujer depositó más de 160 mil pesos, antes de darse cuenta que había sido estafada.

Según dio cuenta la información brindada por fuentes policiales, la mujer denunció que recibió dos llamados a su teléfono particular, por parte de un número desconocido. La persona afirmaba ser de la empresa Samsung y señalaban, que había ganado un premio de $ 650.000 y un teléfono Smartphone.

Para ser beneficiada con el premio y poder cobrarlo, la docente tenía que ir al cajero más cercano y el supuesto representante de la firma, le daría las instrucciones para depositarle el dinero a la empresa. La mujer se dirigió al cajero, esta persona le hace realizar una serie de movimientos bancarios y depositar un monto de dinero por un valor de $ 80.000 y otro por un valor de $ 82.260, indicó Díaunonoticias.

Al regresar al domicilio y comunicarse nuevamente con esta persona, se da cuenta que la habían estafado.

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió enviar a juicio a la ex presidente Cristina Kirchner, al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas, José López, y a un grupo de empresarios entre los que figuran Ángelo Calcaterra, Cristóbal López, Gerardo Ferreyra y Carlos Wagner, junto al financista y arrepentido Ernesto Clarens.

Además, el requerimiento alcanza a varios empresarios, entre ellos los entrerrianos Luis y Gabriel Losi, padre e hijo respectivamente; y Daniel Claudio Pitón. En la información que publicó Infobae no se menciona, en tanto, a José Luis Pitón y a Mario Maxit, otros dos entrerrianos que habían sido procesados por el juez Claudio Bonadío en esta causa.

“En la causa se probó que los pagos efectuados por los empresarios a los integrantes de la asociación ilícita fueron realizados con la intención de obtener una contraprestación a cambio, lo que descartó, desde un primer momento, la posibilidad de que hayan sido efectuados simplemente por el cargo que detentaban”, sostuvo Stornelli.

Y añadió: “Ninguna de las entregas de dinero acreditadas en el presente fue realizada a título gratuito como simple regalías y por la investidura que poseían los funcionarios. Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados”.

“Ambos bandos negociaron, espontánea y voluntariamente, y acordaron un pacto respecto del cual sabían que les iba a generar beneficios económicos recíprocos”, añadió. Ahora, será el turno de que opinen las defensas sobre mandar el caso a juicio. Será el juez Claudio Bonadío el que defina si la investigación de la causa está completa en esta etapa y que el tema se ventile en un debate oral.

El pedido de elevación a juicio alcanza además a los ex funcionarios “Sergio Hernán Passacantando, Nelson Guillermo Periotti y Sandro Férgola». Pero también a los empresarios Miguel Marcelino Aznar, Hugo Alberto Dragonetti, Gabriel Pedro Losi, Patricio Gerbi, Juan Chediack, Aldo Benito Roggio, Ricardo Santiago Scuncia y Héctor Javier Sánchez Caballero.

La lista se completa con Santiago Ramón Altieri, Miguel Ángel Marconi, Osvaldo Antenor Acosta, Marcela Edith Sztenberg, Silvio Mion, Daniel Claudio Pitón, Roberto Juan Orazi, Julio José Paolini, Juan José Luciano, Pablo José Gutiérrez, Jorge Sergio Benolol, Adrián Eduardo Pascucci, Oscar Abel Sansiñena, Luis Armani, Guillermo Escolar, Juan Bautista Pacella, Carlos Daniel Román, Carlos Eduardo Arroyo, Mario Ludovico Rovella, José Gerardo Cartellone, Tito Biagini, Hugo Alfredo Kot, Osvaldo Manuel De Sousa, Cristobal Manuel López, Rodolfo Perales, Eduardo Luis Kennel, Juan Manuel Collazo, Ricardo Antonio Repetti, Carlos Fabián De Sousa, Mauricio Pedro Pascucci, Luis Losi, María Rosa Cartellone, Gerardo Cartellone.

La causa se inició como un desprendimiento de la causa de los cuadernos. Allí se investigaba los viajes de Oscar Centeno recolectando coimas a empresarios. Durante esa investigación, el juez puso en foco a los arrepentidos: Wagner, Clarens y López. Ellos hablaron de un sistema en donde se le pedían retornos a los integrantes del “club de la obra pública” constituidos en la Cámara Argentina de la Construcción, encabezados por Wagner por ese entonces. Clarens, por su parte, en su seguidilla de declaraciones para convertirse en imputado-colaborador aportó unos listados que se constituyeron como una prueba clave.

Los empresarios acusados en el caso de los cuadernos fueron dejados afuera de la asociación ilícita. Sin embargo, en esta causa fueron considerados socios de Cristina Kirchner y los ex funcionarios en esa supuesta banda. Los empresarios procesados fueron un centenar.

Cuando la Cámara Federal revisó el fallo hace tres semanas, depuró esa lista y dejó procesados solo a la mitad, mientras que le dictó la falta de mérito al resto. Al recibir el expediente, el juez corrió vista al fiscal para que evaluara la elevación a juicio que se solicitó ahora. Faltan ahora que opinen las defensas.

Análisis Digital

Este jueves cerca de las 3:30 hs, uniformados dependientes del Comando Radioeléctrico son alertados que en una vivienda ubicada en calle Dr. Clark del Barrio Puerto Viejo habría ingresado una persona.

De forma inmediata arriban al lugar, siendo atendidos por su propietaria de 26 años de edad, quien manifestaba haber escuchado ruidos en la parte trasera de la vivienda, observando a su expareja en estado de ebriedad ingresar por la ventana, por lo que dio aviso a las autoridades.

Ante esta situación ingresan, visualizando en el interior el sujeto en cuestión, procediendo a aprehenderlo; confirmándose a Genesis24 que se trató de un individuo de 26 años de edad.

Lo acontecido fue informado a la  Fiscalía Auxiliar en Turno a cargo de la Dra. Gabriela Seró, quien dispuso el traslado del sujeto a Alcaldía de Comisaria Primera donde permanecerá aojado supeditado a la causa por Violación de Domicilio.

Este jueves siendo aproximadamente las 7:10 hs, persona del Comando Radioeléctrico visualiza por las cámaras de seguridad a un grupo de individuos, que sustraían elementos de un local comercial ubicado en calle Jordana y Defensa Sur.

De forma inmediata se comisiona un móvil al lugar, logrando identificar a los sospechosos, tratándose de cuatro individuos de 25, 23, 21 y 20 años de edad, quienes se trasladaban en un automóvil VW Gol Trend y una moto Guerrero 200 c.c.

Momento en que se le solicita habrá el baúl del rodado, donde se halla  varios Kg de leña, los cuales habrían sido sustraídos del lugar, confirmaron a Genesis24.

Lo acontecido es informado a la Fiscalía Auxiliar en turno a cargo de la Dra. Gabriela Seró, quien dispuso el secuestro y posterior entrega a su propietario de la leña sustraída; y la correcta identificación de los individuos, quienes luego de los trámites de rigor, quedaron en libertad supeditados a la causa por tentativa de hurto.

No obstante el personal realiza el control de los vehículos procediendo a incautar la moto, debido a que no poseía documentación habilitante para circular; en tanto el automóvil fue retenido por personal de tránsito municipal ya que el conductor se negó a exhibir la documentación correspondiente. Siendo ambos rodados trasladados por la grúa municipal a el depósito para su resguardo.