En una reunión, se analizaron cuestiones técnicas de aplicación, las medidas de control en relación a los movimientos de animales, los casos reportados y atendidos en la zona afectada y la estrategia sanitaria para la atención de foco.

La situación de la sanidad animal, ante la nueva detección en Entre Ríos de tropas infestadas con la garrapata común del bovino, fue motivo de análisis durante un encuentro en el que participaron representantes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Fundación para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), y productores de la zona afectada.

En la sede de la Sociedad Rural de Victoria, se analizaron y discutieron cuestiones técnicas de aplicación, las medidas de control en relación a los movimientos de animales, los casos reportados y atendidos en la zona afectada y la estrategia sanitaria para la atención de foco de garrapata, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 382/2017 del Senasa.

La estrategia sanitaria se basa fundamentalmente en el riguroso cumplimiento (en tiempo y forma) del programa de tratamientos preacordado, entre las autoridades sanitarias y el productor/titular del establecimiento. Para esto, es necesario contar con instalaciones adecuadas, por lo que es necesario realizar mejoras en las existentes islas, teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa la localidad de Victoria ante la bajante el río Paraná, informó el Senasa este jueves.

Se prevé el cumplimiento de un programa de tratamiento garrapaticida en el establecimiento afectado. Además se busca mejorar las instalaciones para garantizar el saneamiento en la islas infestadas de garrapatas, debido a la bajante del rio Paraná.

Los daños que causa la garrapata

La garrapata por su acción hematófaga (se alimenta de sangre), produce debilitamiento, pérdidas de peso y menor fertilidad -se sabe que animales con infestaciones medias a altas pueden perder entre 40 y 50 litros de sangre y entre 40 y 60 kilos de peso por cabeza y por año-, o mortandades derivadas de las enfermedades que forman el “Complejo Tristeza del Bovino” que son transmitidas por este parásito.

Este parásito no ocasiona pérdidas de mercados internacionales, como sí puede ocurrir con la enfermedad de la fiebre aftosa, pero tiene un impacto económico importante en la producción.

El Plan Nacional de Control y/o Erradicación de la Garrapata Común del Bovino implementado por el Senasa, está basado en: la preservación de la zona libre de garrapatas; el control y/o erradicación mediante la aplicación de tratamientos estratégicos e integrados con el uso racional de los productos veterinarios garrapaticidas y la salvaguarda de la inocuidad de los alimentos de origen bovino mediante el buen uso de los garrapaticidas.

“El control y erradicación de los focos de garrapata causará un beneficio económico directo para el productor y para la ganadería de la provincia teniendo en cuenta que la enfermedad parasitaria tiene un impacto negativo directo sobre su desarrollo; esto ocurre en forma directa por las pérdidas que produce como enfermedad y por la transmisión de hemoparásitos que causan la babesiosis y anaplasmosis y, en forma indirecta, por los gastos que implica el control de la parasitosis y el manejo sobre los establecimientos afectados”, sostuvo Cristian Gómez, coordinador de Sanidad Animal del Centro Regional Entre Ríos del Senasa.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia emitida por un juez de La Paz, que había considerado inconstitucional el artículo 2º de la resolución provincial Nº 47 de la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales de la Provincia, de 2004, que establece una distancia de 50 metros para el uso de agroquímicos en lugares donde existan casas o caseríos lindantes a lotes de uso productivo.

Se trata de un fallo emitido el 16 de marzo por el juez Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de La Paz, Diego Rodríguez, en el marco de un amparo ambiental interpuesto por la ONG ambientalista Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es Basta, que denunció fumigaciones irregulares en Colonia Avigdor, ubicada en el departamento La Paz, a 165 kilómetros de Paraná.

Este lunes, el máximo tribunal provincial anuló la sentencia al hacer lugar al planteo del Procurador General Jorge Amilcar García; el fiscal de Estado Adjunto, Sebastián Trinadori; y el asesor legal de la Municipalidad de Avigdor, Christian Gómez Rodríguez.

El fallo, al que accedió Entre Ríos Ahora, fue firmado por Daniel Omar Carubia, Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Susana Medina (en disidencia parcial). Carubia fue el voto principal que argumentó por la nulidad de la sentencia de primera instancia y con duras consideraciones hacia el juez Rodríguez.

En la resolución, el magistrado calificó el pronunciamiento del juez Rodríguez como “un exagerado activismo judicial” ya que en el caso se “revela de modo inequívoco y evidente un manifiesto vicio de incongruencia entre lo demandado y lo sentenciado”. Antes de convertirse en miembros del Poder Judicial, el titular del Juzgado Civil y Comercial de La Paz fue titular de la organización ambientalista M´Biguá.

El amparo

La sentencia -dictada el 16 de marzo por el juez de La Paz- hizo lugar parcialmente a la acción de amparo ambiental interpuesta por Elio Kohan –integrante de la agrupación ambientalista Basta es Basta- contra la Comuna de Colonia Avigdor y, en subsidio, contra el Gobierno de la Provincia por la aplicación de productos agrotóxicos cerca de la localidad.

El juez declaró, solo para Avigdor, la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Resolución Nº 47 de la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales, del 2004, prohibiendo la fumigación terrestre, autopropulsada o de arrastre, con agroquímicos en un radio de 100 metros alrededor de toda las planta urbana delimitada, con más la zona donde actualmente funciona la escuela Nº 60 Domingo Faustino Sarmiento -que está funcionando por ahora en la Fundación Judaica, vinculada al exminsitro de Ambiente del macrismo, Sergio Bergman-.

Además, exhortó al Estado Provincial para que, dentro de un plazo razonable, el cual no podrá exceder de un año, señaló en su resolución, proceda a dar operatividad al artículo 8 del decreto 2239/19 –Reglamentación de la Ley de Plaguicidas-, y ordenó a la Comuna a que dé amplia difusión en el ámbito local a las medidas dispuestas.

El fallo del STJ

Este lunes, el STJ declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia, por cuanto entendió que “de un examen minucioso de las actuaciones y confrontados los términos en que se describe la pretensión actoral con los del resolutivo sentencial en crisis, se revela de modo inequívoco y evidente un manifiesto vicio de incongruencia entre lo demandado y lo sentenciado, toda vez que se verifica un claro pronunciamiento extra petita -expresamente denunciado por la Fiscalía de Estado en su memorial de agravios- que inficiona de insubsanable nulidad dicho pronunciamiento”.

En ese sentido, dijo que “de una simple confrontación entre lo pretendido actoralmente y lo resuelto jurisdiccionalmente, emerge sin mayor hesitación una flagrante transgresión al mentado principio de congruencia procesal; sin perjuicio que, como aditamento extra, el resolutivo de grado no logra expresar un mandato inequívocamente inteligible para las partes y redunda en una clara violación de lo expresamente reglado en el artículo 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales Nº 8369 respecto del contenido de las sentencias dictadas en un proceso de acción de amparo, las cuales deberán, para el supuesto caso de conceder el mismo, decidir ‘Sobre la mención concreta de la conducta a cumplir (…) con las especificaciones necesarias para su debida ejecución’”.

En otro párrafo de la sentencia de 36 páginas, el juez Carubia cuestionó el fallo del juez civil de La Paz: “El pronunciamiento en crisis luce un exagerado activismo judicial que suple la pretensión y voluntad de la parte actora, resolviendo de modo puramente voluntarista aspectos no planteados por la demandante, así como otros cuya articulación desestimó por extemporánea, con evidente perjuicio de la contraparte que se encuentra con una decisión sobre cuestiones de las que no pudo ejercer su oportuna defensa, apareciendo dicho pronunciamiento inficionado de insubsanable nulidad y considero, por tanto, que debe ser inexorablemente expurgado del proceso mediante una condigna sanción de invalidez, en tanto violenta ostensiblemente los elementales principios de defensa en juicio y, consecuentemente, del debido proceso legal”.

Más adelante, sostuvo que el amparo debe rechazarse también porque existe un trámite administrativo abierto en la Secretaría de Ambiente desde el 11 de febrero, a raíz de la fumigación del 9 de febrero que denunció el ambientalista Kohan. Este punto fue planteado oportunamente por el fiscal de La Paz, Oscar Sobko.

“Lo cierto es que, siguiendo lo expresa y confusamente relatado por el actor (el amparista), emerge con irrefutable evidencia que éste ha optado libre y voluntariamente por acudir a un remedio común, al haber expuesto en sede policial la supuesta fumigación aérea ocurrida el día 9/2/2021, respecto de la cual, el ahora amparista ha ejercitado la presente vía judicial, promoviendo así primigeniamente el impulso administrativo que activó los resortes procedimentales en dicha esfera, a partir del denunciado acto y posterior remisión de la exposición a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, quien, a su vez, derivó las actuaciones a la Dirección de Agricultura dependiente del Ministerio de Producción de la Provincia, todo lo cual dio como origen al Expediente Administrativo Nº 2481153”, señaló Carubia.

En ese sentido, sostuvo que el amparo es inadmisible: “Es decir, se tomó como viable un remedio constitucional de excepción como el aquí escogido por el accionante (NdelaR: el amparo) cuando en puridad este último había ya optado por ejercer sus derechos por otra vía procedimental a su alcance y, en ésta, se estarían llevado a cabo los pasos pertinentes y adoptando las medidas conducentes en cumplimiento de la normativa aplicable, por lo cual nos encontramos con un procedimiento administrativo abierto por el actor en procura de idéntica pretensión que la deducida en este especial proceso de amparo; por ello, lo cierto y concreto al respecto es que se verifica en la especie la causa de inadmisibilidad expresamente prevista en el artículo 3º, inciso b, de la Ley Nº 8369, toda vez que nos encontramos incontrastablemente frente a un inequívoco supuesto en el que se ha promovido otra acción o recurso sobre el mismo hecho”.

Párrafos más adelante, Carubia volvió a considerar que el juez Rodríguez “en su desmesurado activismo” descalifica la legitimidad del artículo 2° de la Resolución N° 47 que establece el límite de 50 metros para el uso de agroquímicos cuando existan casas o caseríos lindantes a lotes de uso productivo. Al respecto, afirmó que la norma aplicable al caso no sería esa, sino la del artículo 12 del Decreto N° 279/03 que prevé la prohibición de “a aplicación aérea de plaguicidas agrícolas dentro del radio de 3 Km. a partir del perímetro de la planta urbana de los centros poblados. Cuando dichos plaguicidas sean aplicados por medio terrestres, dentro del área indicada, deberá hacerse con la presencia permanente del Asesor Técnico, debiéndose extremar las precauciones para no ocasionar daños a terceros”.

“Dable es aclarar que no estamos en presencia de ‘casas o caserío lindante al lote productivo’, sino que se trata de la propia planta urbana de la comuna de Colonia Avigdor y, por consiguiente, las distancias para practicar fumigaciones se encuentran ya expresamente establecidas en la normativa vigente que, por otra parte, no ha sido desafiada en su legitimidad”, aseveró luego.

Finalmente, manifestó que la pretensión esgrimida por el demandante “deviene palmariamente improponible, no solamente por su manifiesta imprecisión, sino también por su indefinida generalidad, toda vez que no se logra entender cuál sería en concreto la lesión ilegítima de un derecho ni la supuesta pretensión preventiva que articula y, finalmente, se torna absolutamente improcedente en su pretensión de que el órgano judicial establezca límites de distancias para las fumigaciones con agrotóxicos, las cuales, por otra parte, ya se encuentran establecidas por el órgano competente -Poder Ejecutivo- (…)”.

Análisis

Las sugerencias están dirigidas al personal para utilizar en el organismo. Cumplir con las pautas «no tiene carácter sancionador ni restrictivo, sino que busca ser una herramienta de trabajo útil con enfoque de género».

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) realizó un manual de lenguaje inclusivo para ser usado en el ámbito del ente descentralizado del Ministerio de Agricultura y en el que aconsejan no usar «marido y mujer».

El organismo, cuya presidenta es Susana Mirassou y que cuenta con cerca de siete mil empleados, precisa en la guía que el personal del INTA lleva adelante el cumplimiento de la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres.

Ser una guía

Según se precisó, «hasta el momento 2900 agentes ya realizaron la capacitación» y cumplir con las pautas «no tiene carácter sancionador ni restrictivo, sino que busca ser una guía, una herramienta de trabajo útil con enfoque de género».

«Aspiramos a que permita revisar los usos en distintas situaciones comunicativas (oral, escrita, formal e informal, interna y externa) y propicie el uso de un lenguaje inclusivo que evite la discriminación y reproducción de los estereotipos de género», indica.

“Ocultan al género femenino”

Entre las recomendaciones, aconseja utilizar la palabra cónyuges en lugar de «marido y mujer». Aunque en el manual aparece mal escrita: «conyugues», sin tilde y con la segunda ‘u’ de más.

«A menudo repetimos fórmulas del lenguaje que, debido a su contenido, y no tanto a la forma, subordinan u ocultan al género femenino. Es decir, el sentido del mensaje comunica la subordinación de la mujer por el hombre», explica la guía a la que accedió Clarín.

Además, ejemplifica con la utilización de «las y los trabajadores y sus familias», en lugar de «los trabajadores y sus familias».

Pronombres sin género

Entre otros puntos, «se propone la utilización de pronombres y determinantes sin género» y sugiere reemplazar el uso de «el», «los», «aquel» o «aquellos» seguidos del relativo «que» por «quien», «quienes» y «cada». Por ejemplo, evitar «el que suscribe» y hacerlo en cambio con «quien suscribe».

En relación a los artículos, se pide evitar el uso de «las /los» para incluir a las mujeres. «No es necesario usarlos siempre, ya que existen palabras que incluyen a las mujeres y a los hombres», se aclara. Y, en lugar de «los niños y las niñas», recomienda decir «La población infante/La infancia».

«Para el caso de los nombres colectivos recomendamos un uso no discriminatorio y que haga referencia tanto a hombres como a mujeres», indica. Y agrega hablar de «la planta del INTA», en lugar de «los trabajadores del INTA». Otro ejemplo que expone es usar «el funcionariado» por «los funcionarios».

Evitar el sexismo con la X y la E

En otro fragmento, el manual aclara: «Como vemos a diario en el lenguaje más coloquial que intenta eludir el sexismo, el uso de la ‘x’ y la ‘e’ aparecen como posible solución. Utilizar estas dos formas en reemplazo de las vocales temáticas de los sustantivos, adjetivos y pronombres es, ciertamente, una manera de evitar que el lenguaje tenga una carga de sexismo».

«Dicho esto, e independientemente de que estas formas suelen funcionar bien para la oralidad o mensajes escritos informales (whatsapp, redes sociales, etc.), son contraproducentes a la hora de amalgamar lenguaje inclusivo y coherencia gramatical», añade.

«Más allá de que la recomendación es evitar estas formas en contenidos institucionales (entre otras cosas, la x presenta el problema no menor de la pronunciación y la “e” también responde a palabras de género masculino en algunos casos como el de “representante”), cualquiera de estas alternativas puede ser suplida por opciones que, dentro de estructuras que den sentido a la gramática, pueda contener a ambos géneros», se agrega.

Asunción

En febrero del año pasado, la ingeniera agrónoma Susana Mirassou asumió como presidenta del INTA, en un acto desarrollado en la principal estación experimental del organismo, en Castelar, encabezado por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

Mirassou se convirtió en la primera presidenta mujer en ocupar este cargo en la historia del Instituto, creado en 1956. Llegó con una amplia trayectoria en el área de Planificación y la cartera de Proyectos al posicionarse como la principal candidata relegando a otros nombres de peso como Francisco Anglesio, Héctor Espina y Mariano Garmendia.