Los representantes del campo entrerriano mantuvieron este martes, en forma virtual, una reunión con el fin de analizar la cuestión impositiva de la provincia de Entre Ríos. También se habló del clima, sequía, que impactó negativamente en el sur de la provincia.

Luego de la reunión con el ministro de Producción Juan José Bahillo en febrero pasado, la dirigencia del campo se mostró sorprendida porque hasta el presente no se haya concretado la reunión con su par de Economía, Hugo Ballay, para conocer de primera mano cuáles serán los parámetros concretos de la emisión del Impuesto Inmobiliario Rural del año 2021.

En este sentido, y ante el calendario de vencimientos del año donde el Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural vencen desde el 8 de abril, la Mesa de Enlace destacó que “esta innecesaria demora genera molestia y mucha preocupación en los productores, ya que no saben si desde el Gobierno Provincial mantendrán los anuncios de que el ajuste será equivalente a la inflación del 2020”.

Por otra parte, también sigue sin definición “la actualización del mínimo no imponible del impuesto de los Ingresos Brutos a la actividad primaria, como la comprometida moratoria de impuestos provinciales”.

Con el paso de las semanas del presente año, la situación de los productores se ha ido agravando por el impacto de la sequía, que con “epicentro en el sur provincial se ha extendido a todo el territorio entrerriano con distintos efectos tanto en la agricultura como en la ganadería”, señalaron los integrantes de la Mesa de Enlace que agrupa a cuatro entidades.

Además, sostienen, que no deja de ser “un nuevo golpe al sector, el proyecto de cambios del impuesto a las ganancias a nivel de las empresas PYMES, el cual, aseguran, afectará a miles de productores entrerrianos”.

Por último, las entidades instaron “una vez más al Gobierno Provincial a mantener un diálogo productivo y maduro que permitirá encauzar las demandas de los productores entrerrianos”.

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) solicitó ante el gobierno provincial la declaración de Emergencia Agropecuaria para los departamentos Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy y Concepción del Uruguay, por la “escasez hídrica prácticamente sin precedentes”.

Desde la entidad gremial señalaron que “no sólo ha sido muy escasa la cantidad de milímetros caídos, sino que ello se asoció a las temperaturas muy altas que han dañado visiblemente los cultivos, pasturas y campos naturales, siendo irreversible los perjuicios ocasionados con la implicancia que ello tiene en la economía de los productores”.

En tanto, sostuvieron que “sería oportuno considerar dentro de la emergencia que el alcance de las medidas no sólo sea para productores con campos propios, sino también para la gran cantidad de productores que no poseen tierras propias y se encuentran en situación de arrendamiento”.

En la nota, que lleva las firmas del presidente y secretario de Farer, José Colombatto y Luciano Olivera, respectivamente, se consignan también una serie de detalles de la situación de los cultivos como de la disponibilidad forrajera que demuestran claramente la tremenda coyuntura que atraviesan los productores, enfrentándose a pérdidas millonarias.

Ni cultivos, ni pasto, ni agua

Según se informó desde la entidad, entre las situaciones más comunes que atraviesan a cientos y cientos de productores en el sur provincial puede contarse a modo de resumen, el siguiente panorama:

-Campos semi bajos y bajos, de pastos naturales: están sufriendo la escasez de agua desde mayo de 2020, sin pasto y no pudiendo engordar la hacienda. Estos campos necesitan lluvias de más de 100 mm para empezar a recuperarse, su situación es muy crítica. Ni siquiera cuenta con los cursos de agua natural para el consumo de los animales.

-Campos ganaderos con pasturas: las pasturas que se comen no rebrotan por la falta de agua, se están complicando las rotaciones, con altísimos costos de alimento extra para paliar la situación o teniendo que mal vender para achicar la cantidad de hacienda, en ambos casos se complica la situación económica del productor y por ende la reposición de hacienda.

-Maíz temprano: los maíces que se están cosechando rondan entre 3 y 3,5 ton/ha. En la mayoría de los casos de campos arrendados estos valores están por debajo de los costos totales, teniendo en cuenta costos de implantación, de cosecha y arrendamiento.

-Maíz tardío: las plantas se están secando, severo stress hídrico, con clorosis muy marcada y en gran cantidad de situaciones ya hay necrosis (muerte). Se afectó mucho la floración, por ende, la formación de granos y la merma de rinde será muy importante.

-Soja de 1º: la situación es regular a mala, sin pronósticos de lluvias por delante esto se agravará aún más, las plantas están abortando chauchas y en muchos casos muriendo; los rindes están cayendo al costo de implantación.

-Soja de 2º: es la peor situación, más del 70% de estas sojas están perdidas.

-Sorgo: muy sufridos, con estimaciones que rondan los 2,5 tn/ha., panojas que no terminaron de emerger y lo poco que hay para cosechar tendrá un gran problema de cosecha en sí mismo. (APF)

El sector agrícola aportaría este año un 38% más de dólares que en 2020. Sólo el maíz, generaría ingresos de u$s8.000 millones. Evidencian mayores ventas de granos por parte de los productores de la mano del dólar calmo y la menor brecha.

La suba excepcional que experimentaron los principales granos exportables (trigo, maíz y soja) durante los últimos seis meses generaría un ingreso de divisas de al menos u$s28.800 millones, convirtiéndose en la más alta de la historia para la Argentina, según las proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En este marco, la entidad remarca: “De mantenerse este escenario de precios, se espera que la liquidación de divisas continúe por encima de los registros previos para todo el 2021, con un crecimiento en torno al 38%. Los mayores precios permitirían compensar la caída de las cantidades, ocasionada por una sequía que impacta sobre el periodo crítico de llenado de granos de los cultivos gruesos. El resultado final dependerá del dinamismo que adquieran las ventas de los productores”.

Justamente respecto a este último punto, en el comienzo de este 2021 se evidenció mayores ventas anticipadas de granos por parte de los productores, en relación al ciclo anterior pero todavía por debajo de la campaña 2019/20.

Según las estadísticas oficiales, a la fecha ya se vendieron alrededor de 10,6 millones de toneladas, lo que representa el 23,1% de la campaña estimada en 46 millones de toneladas.

En tanto crecen, semana a semana, las ventas de grano de la campaña 2020 que los productores aún conservan en sus silos. Solo durante la última semana de febrero se comercializaron en el mercado interno alrededor de 543.000 toneladas y quedan aún por venderse 8,8 millones de toneladas valuadas en alrededor de u$s4.800 millones.

La fenomenal suba de las cotizaciones internacionales junto al dólar planchado en el mercado local está logrando reactivar las ventas de grano por parte de los productores. Incluso la comercialización promedio de las últimas semanas supera ampliamente a lo que se vendió en octubre pasado cuando regía la baja temporal de retenciones de 3 puntos a la oleaginosa.

Este marco brinda un escenario propicio para las arcas nacionales y eso se está viendo reflejado en la liquidación de divisas del sector del primer bimestre de este 2021 que alcanzó los u$s3950 millones, lo que representa un salto del 63% respecto al mismo período del año anterior.

Las buenas noticias en materia de divisas también vienen de la mano del maíz que este año aportaría alrededor de u$s8.000 millones según las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Más precisamente la entidad rosarina prevé ingresos por u$s 7.960, muy por encima de los 6.000 millones que se estiman para la campaña 2019/20.

En este sentido, el aumento de precios y las expectativas exportadoras han llevado a que se acumulen, al 28 de febrero del 2021, Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por poco más de 19 millones de toneladas con embarque en la campaña 2020/21, lo que representaría el 56% de las exportaciones. Si bien el tonelaje absoluto se encuentra apenas por debajo (-1,6%) de lo que se registró de forma previa al ciclo 2019/20, la caída en las exportaciones estimada para esta nueva campaña aumenta el cociente formado por las DVJE y las exportaciones. A la par de esto, la valuación de las DJVE con entrega a partir de marzo del 2021 a los precios FOB publicados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) permite estimar que a la fecha ya se habría asegurado el ingreso de u$s4.000 millones.

Mientras tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario plantea un escenario todavía más favorable para este 2021 ya que se según sus estimaciones, la agroindustria aportaría en 2021 alrededor de u$s35.900 millones en divisas y unos u$s8.500 millones en concepto de retenciones.

Ámbito Financiero

El Ministerio de Producción y la Mesa de Enlace elaboraron un borrador, informaron fuentes legislativas a APFDigital. El Ejecutivo lo tomará como base para delinear un documento que sirva como disparador para retomar el debate en la Legislatura. La distancia a la que se permite fumigar es el tema clave: proponen un “Área Sensible” en la que las restricciones sean mayores a otras dos • Qué pasa con las zonas donde hay escuelas rurales

El texto que acordaron el Ministerio -a cargo de Juan José Bahillo- y las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace Rural apunta a regular “las prácticas en la utilización de fitosanitarios y domisanitarios en la provincia”.

Uno de los temas que ha trabado sistemáticamente la posibilidad de avanzar en una ley que regule la actividad, se centra en la “distancia” de centros poblados o escuelas a la que se habilitará las fumigaciones.

Allí hay diferencias abismales entre representantes de los sectores productivos y ambientalistas, pero también las discrepancias atraviesan la Legislatura.

En el borrador elaborado por el Ministerio de Producción y las entidades rurales este tema álgido se concentra en el Capítulo XIII (artículos 37, 38 y 39). Marcan tres zonas: las “Zonas Sensibles”, donde hay restricción absoluta para las aplicaciones de fitosanitarios de síntesis química;  las “Zonas de Amortiguamiento”, donde solo se podrán aplicar algunos fitosanitarios de forma condicionada y las “Zonas sin resguardo”, donde no existirán restricciones para el uso de fitosanitarios.

A continuación, de manera textual, qué se entiende por “Zona Sensible”: “Establécese una zona donde hay restricción absoluta para la aplicación de productos fitosanitarios de síntesis química desde el límite de viviendas urbanas o rurales habitadas de manera permanente y efectiva, establecimientos educativos o recreativos, salas sanitarias, puestos policiales, cursos naturales y reservorios de agua permanente, áreas naturales o reservas reconocidas como tales por ley, granjas avícolas y apiarios debidamente registrados, con equipos de accionamiento manual hasta un radio de 10 metros. Para aplicaciones de forma terrestre hasta un radio de 100 metros y para aplicaciones aéreas hasta un radio de 200 metros”.

En tanto, define a la “Zona de amortiguamiento” como al sector que “va desde el límite de la Zona Sensible hasta 30 metros para aplicaciones con equipos de accionamiento manual, desde el límite de la zona sensible hasta 300 metros para aplicaciones terrestres y desde el límite de la zona sensible hasta 600 metros para aplicaciones aéreas”.

“En estas zonas solo se podrán utilizar productos fitosanitarios pertenecientes a las categorías toxicológicas correspondientes a la III y IV, banda azul y verde respectivamente y deberá comunicarse fehacientemente a las autoridades con un mínimo de 48 horas de anticipación la aplicación en esta zona”.

Finalmente hace referencia a la “Zona sin resguardo”: “Corresponde a las zonas de producción ubicadas desde la línea de 30 metros de la Zona Sensible para aplicaciones con equipos de accionamiento manual, 300 metros de la zona sensible para aplicaciones terrestres y 600 metros de la zona sensible para aplicaciones aéreas”.

“Para las aplicaciones realizadas en inmediaciones de escuelas rurales, las distancias consignadas en los artículos 39, 41 y 42, deberán ser medidas desde 150 metros de los de establecimientos educativos antes mencionados. En caso de tener que realizarse una aplicación en la zona de amortiguamiento alrededor de una escuela rural además se debe dar copia de la Receta Agronómica Digital de Aplicación al Director del Establecimiento para que se tomen los recaudos establecidos por la Autoridad de Aplicación”, se dispone.

Finalmente señala que “para las Zonas Sensibles se deberá promover -a través de la Autoridad de Aplicación- la implantación de cortinas vegetales o emprendimientos forestales comerciales, cuyas especificaciones técnicas se determinarán en las normas reglamentarias de la presente ley”.

Otros puntos del borrador

El borrador del proyecto, al que tuvo acceso esta Agencia, tiene 89 artículos y en el primero establece que los objetivos son “la protección y conservación de la salud, de un ambiente sano y equilibrado y de la producción agropecuaria, mediante la utilización de las buenas prácticas a través de la correcta y racional utilización de productos fitosanitarios que aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos y materias primas tanto de origen vegetal como animal, como, asimismo, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la producción”.

En la primera parte se da cuenta de las definiciones de los términos que atraviesan el texto, desde “Buenas Prácticas Agropecuarias” hasta “Zonas Sensibles”, pasando por una serie de terminología puntual.

Luego se dispone la creación de diversos Registros: de expendedores de fitosanitarios, de aplicadores, de empresas de Verificación Técnica Funcional (VTF), etc, y también se hace referencia a las condiciones que deben reunir los equipos de aplicación y los locales de expendio y/o depósito de productos fitosanitarios para su habilitación.

Hay un capítulo dedicado exclusivamente a las prohibiciones, otro a la fiscalización y otro a las sanciones que les caben a quienes cometan infracciones a la norma.

También el borrador -al que tuvo acceso esta Agencia- establece la creación de un Consejo Provincial Fitosanitario (integrado por representantes de todos los sectores involucrados en la problemática), cuyas opiniones en algunos casos tendrán carácter vinculante. (APF)

Está previsto que la semana próxima la Comisión Bicameral empiece a dar el debate • Un borrador elaborado por el Ministerio de Producción de la Provincia será la base para arrancar el tratamiento • “Ojalá podamos llegar a un consenso para que salga la mejor ley posible”, dijo a APFDigital el titular del bloque oficialista en Diputados • La idea es ir convocando a todos los sectores involucrados

El Ejecutivo presentó aportes para consensuar un proyecto que regule el uso de agroquímicos.

En el menaje que el gobernador Gustavo Bordet dio en febrero ante la Asamblea Legislativa, dedicó un párrafo a una materia pendiente: una ley que regule el suso de los agroquímicos. “No voy a pasar por alto el hecho de que tenemos una deuda pendiente con todos los entrerrianos: la de sancionar una nueva ley que reemplace el decreto para el tratamiento de agroquímicos que permite transitoriamente llevar adelante las actividades con responsabilidad. Es por eso que convoco a esta Legislatura para constituir una bicameral para tratar un proyecto de ley sobre la base de este decreto y cuyo espíritu sea el amplio consenso de todos los sectores”.

El presidente del Bloque Frente Creer-PJ de la Cámara de Diputados, Juan Reynaldo Navarro, afirmó que en estos días se ha avanzado en la conformación de dicha Bicameral y mencionó a algunos de los diputados que la integrarán: el presidente de la Comisión de Salud, el titular de la de Producción y el de Ambiente, Reynaldo Cáceres, Néstor Loggio, Sergio Castrillón, respectivamente.

“La idea es poder avanzar con representantes del Senado en el armado de una agenda legislativa que sume voces y aportes al borrador que envió días atrás el Ministerio de Producción y que será la base para comenzar el debate”, explicó Navarro.

“Ojalá podamos llegar a un consenso para que salga la mejor ley posible”, afirmó el legislador, quien agregó que “la idea es convocar a todos los sectores para que realicen sus aportes y elaborar una ley que zanje las diferencias” existentes entre los dos principales sectores en pugna: los productores y los ambientalistas”. (APF)

La Federación Agraria de Entre Ríos envió una nota al Ministro de Producción dando cuenta que “la situación es desesperante en los departamentos Gualeguaychú, Gualeguay y Uruguay con una sequía que no tiene precedentes”.

La nota dirigida al Ministerio de Producción y Turismo, Juan José Bahillo, solicita que “desde las áreas correspondientes comience a evaluar el impacto de la sequía en, al menos, los departamentos Gualeguaychú, Gualeguay y Uruguay donde nuestros asociados nos han indicado importantes pérdidas, tanto en los cultivos como en la disponibilidad forrajera”.

“No escapa a vuestro conocimiento que la falta de lluvias, en las últimas semanas, han tenido un impacto devastador sobre el sector”, agrega la nota.

En una reunión de delegados de la entidad realizada este lunes coincidieron en solicitar que “el Gobierno Provincial evalué la declaración de emergencia agropecuaria y se convoque con urgencia a la comisión provincial de emergencia agropecuaria”.

“Todas las zonas rurales de los departamentos mencionadas se han visto seriamente afectadas, como lotes sembrados con soja en Las Mercedes (Dpto.) Gualeguaychú. Los rindes en los maíces que se han levantado son magros, y buena parte de ese maíz, los que tienen tambos y ganadería de carne, lo picaron y lo destinaron a alimentar sus rodeos, debido a que los campos se han transformado en desiertos. La oferta de pasto es nula y lagunas que nunca antes se habían secado no tienen una sola gota de agua. Por otra parte, muchos productores se están desprendiendo de su hacienda por no tener que darle de comer”, describió la FAA. (APF)