Para ellos, “la creación de OSER no fue un hecho aislado ni una decisión improvisada. Fue el punto culminante de un proceso político que comenzó a gestarse en 2024, tras negociaciones fallidas y un discurso que prometía un ´cambio´ estructural. Ese cambio fue presentado como un nuevo paradigma: eficiencia, modernización, transparencia y una obra social confiable, capaz de recuperar la solvencia financiera y garantizar prestaciones de calidad y a su vez despertar expectativas y renovar esperanzas”.
Luego, relatan que “con el paso del tiempo, las primeras medidas adoptadas por la entonces intervención, comenzaron a mostrar una brecha cada vez más innegable entre las promesas formuladas y los resultados concretos. Las evidencias, lejos de respaldar el discurso, expusieron inconsistencias difíciles de ocultar. La realidad fue imponiéndose, de manera progresiva, sobre el relato”.
Así, recuerdan que el 28 de abril de 2025 “marcó un antes y un después”, porque ese día quedó plasmado que aquello que se había presentado como una solución estructural respondía, en los hechos, a una lógica de negocios. “La salud dejó de ocupar un lugar central como derecho para convertirse en una variable económica. Los afiliados pasaron a ser números dentro de un sistema orientado a la rentabilidad”, sentencio la Asamblea de Afiliados del IOSPER.
“El 6 de junio de 2025, tras un trámite legislativo acelerado, se aprobó la creación de OSER y se dispuso la disolución de IOSPER. La medida, lejos de tratarse de una decisión cuidadosamente planificada y estudiada, se impuso por decisión política, no por consenso social, consolidando lo que muchos interpretaron como la entrega de un ´cheque en blanco´. Hoy, a más de siete meses de su implementación y luego de más de un año de gestión del mismo equipo que llevó adelante la intervención, los resultados obtenidos no solo confirman los temores que se habían planteado al analizar el proyecto, sino que también ratifican las advertencias que surgían con claridad de cada uno de sus artículos. Ya entonces era evidente que la ley no estaba orientada a sanear la obra social como institución, sino a imponer un determinado modelo político que vulnera principios constitucionales y desnaturaliza el carácter solidario, democrático y autárquico que debe regir a toda obra social”, advierte este colectivo.
Contextos y perspectivas
“La visión institucional publicada en el Presupuesto 2026 del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos (https://www.entrerios.gov.ar/presupuesto/leypres/2026/) afirma que se busca ´…posicionar a OSER como una obra social eficiente, confiable y moderna, reconocida por la transparencia en el manejo de sus recursos y la calidad de la atención brindada…´. Sin embargo, la experiencia cotidiana del afiliado desmiente cada uno de esos postulados”, denunciaron.
“La modernización de la que tanto se hace mención?no se siente ni se vive, ya que lo único que al día de hoy funciona como herramienta moderna es la app ´MI-OSER´, aplicación que ya existía desde el 2023, en la gestión anterior, con el nombre de ´MI-IOSPER´, y la cual convivía con la atención diaria de personal tanto administrativo como médico a disposición del afiliado en las distintas delegaciones”.
“Hoy los afiliados enfrentan menos prestaciones, menor cobertura, mayores coseguros, reintegros con una demora desorbitante y un sistema de información confuso e incompleto. Cada orden médica, cada estudio, cada medicamento o cada provisión (prótesis, insumos, etc.) se convierte en un recorrido incierto, donde la falta de claridad se combina con respuestas ambiguas y excusas administrativas”, señalaron.?
“Se cuestionaba que el IOSPER no contaba con un catálogo prestacional claro, donde se detallaran de manera precisa las coberturas y los coseguros correspondientes. Sin embargo, lejos de revertir esa falencia, la actual gestión (que se presentó como superadora) no sólo no ha elaborado un catálogo transparente y accesible, sino que ha profundizado los problemas de comunicación. La comunicación interna, dirigida al personal, resulta tan deficiente como la externa, destinada a los afiliados. En su mayoría, los empleados desconocen los convenios supuestamente vigentes, alcances de cobertura, vademécums valorizados y reglamentaciones internas (resoluciones, organigramas, manuales de funciones y responsabilidades entre otras). Asimismo, se incorporan prestadores a los sistemas informáticos sin la debida información previa ni capacitación al personal que debe orientar, emitir las órdenes prestacionales y dar respuestas. La ausencia de una política de comunicación clara y transparente genera desamparo e incertidumbre. El afiliado no sabe con certeza qué prestaciones están cubiertas ni en qué porcentaje, y el empleado no puede explicar aquello que no le ha sido debidamente informado. Este escenario dista de consolidar un modelo de atención coherente, transparente y, mucho menos, centrado en el afiliado”, resaltó Asamblea de Afiliados de IOSPER.
“La intervención fue justificada, según palabras del actual gobernador Rogelio Frigerio, en razón de ´la grave situación financiera, los retrasos en las prestaciones y el incremento de gastos judiciales derivados de incumplimientos´. Sin embargo, el escenario actual resulta aún más preocupante: los retrasos no solo persisten, sino que se han profundizado; las acciones judiciales y los amparos se han multiplicado exponencialmente; y los embargos y costas judiciales superan ampliamente el costo que habría implicado cumplir en tiempo y forma con la normativa vigente”.
Y agrega este colectivo en defensa del IOSPER: “En los hechos, los jueces han pasado a garantizar derechos que la obra social debería reconocer administrativamente, sin necesidad de litigio. La salud se judicializa cuando el sistema administrativo no brinda respuestas. Frente a ello, desde el oficialismo se reinstala el discurso que cuestiona a quienes ejercen este derecho, apelando a la supuesta “industria del juicio”, insultando la inteligencia de los afiliados. No obstante, es preciso dejar algo en claro: no se judicializa aquello que está debidamente cubierto y garantizado. Resulta inaceptable sostener que existe un “negocio” impulsado por profesionales del derecho para obtener rédito económico a costa de los afiliados. Si no hubiera negativas, demoras o interrupciones en las prestaciones, no existirían amparos. La intervención judicial se produce cuando las coberturas no se garantizan en tiempo y forma. La judicialización de la salud no constituye un artilugio legal: es un indicador objetivo de fallas estructurales en el acceso a derechos básicos. Cuando una persona debe recurrir a la Justicia para obtener una prestación que le corresponde, el sistema ha fracasado”.
También remarcaron que se ha cuestionado reiteradamente “el funcionamiento del sistema de prótesis anterior. Hoy, resulta imprescindible explicar qué está ocurriendo con el esquema vigente. Las prótesis no se entregan ni en tiempo ni en forma, lo que impacta directamente en la salud y calidad de vida de los afiliados. Se argumentó que la contratación de nuevas empresas (cuatro firmas radicadas en Buenos Aires) respondía a la búsqueda de ´mejores proveedores´, lo que justificaría los valores más elevados que actualmente se abonan. Lo que antes se calificaba como sobreprecios, hoy se presenta como ´mejor gestión´. Sin embargo, esa supuesta mejora no se traduce en eficiencia ni en respuesta oportuna: la comunicación con dichas empresas resulta extremadamente dificultosa, convirtiéndose en una verdadera odisea para quienes deben gestionar las prestaciones”.
“Asimismo, se ha mencionado que el convenio celebrado por la intervención con estas empresas estaría alcanzado por una denuncia penal en trámite, en razón de presuntas inconsistencias e irregularidades detectadas en su instrumentación. A ello se suma un hecho de particular gravedad: las facturaciones presentadas por estas empresas se estarían abonando sin una auditoría médica posterior adecuada. Esta práctica implica una pérdida sustancial de control, limita la capacidad de detectar incumplimientos o desvíos y compromete la transparencia y sostenibilidad del sistema. Más grave aún, la ausencia de controles efectivos en un área tan sensible como la provisión de prótesis puede generar consecuencias directas y severas sobre la salud e incluso la vida de los beneficiarios”, resaltaron.
Medicamentos
La Asamblea de Afiliados de IOSPER también alerta que “en materia de provisión de medicamentos, el esquema vigente se ha tornado más opaco y más costoso. A la cadena ya existente entre la Obra Social y el COFER se le incorporó un nuevo intermediario externo a la OSER (identificable en los tickets de farmacia como “PRESERFARM” y “FARMANAGER”, del denominado Grupo Proyecto Millenium) ampliando el circuito de gestión. Esta incorporación supone más actores en la cadena, más comisiones, mayores costos administrativos y un entramado financiero más complejo, con erogaciones adicionales de carácter comercial e impositivo”.
“Resulta imprescindible determinar quién asume efectivamente esos costos, porque en algún punto del sistema impactan. Cuando la lógica financiera se impone sobre la lógica sanitaria, el derecho a la salud queda subordinado a criterios de rentabilidad. Los tiempos entre la solicitud y la efectiva cobertura se han extendido considerablemente, generando discontinuidad en tratamientos, interrupciones terapéuticas y situaciones de extrema angustia para afiliados que no pueden acceder en tiempo oportuno a su medicación”.
Para la Asamblea de Afiliados de IOSPER, “la implementación de este nuevo esquema fue abrupta, sin planificación progresiva ni períodos razonables de adaptación. No hubo capacitación suficiente ni comunicación clara. Los afiliados debieron aprender (por ensayo y error) cómo gestionar sus trámites y en qué fechas presentarse en farmacia para obtener una cobertura que les corresponde por ley. Durante ese proceso, muchos se vieron obligados a pagar de su bolsillo medicamentos esenciales, postergando otros gastos básicos para sostener su tratamiento. Si este nuevo esquema generó un “ahorro” para la obra social, ese ahorro se produjo a costa del esfuerzo y la vulnerabilidad económica de los afiliados”.?
En lo que respecta a la provisión de insumos y materiales descartables, “la situación presenta serios interrogantes”. Se ha constatado la llegada a distintas delegaciones de OSER de cajas pertenecientes a nuevos prestadores o proveedores (hecho que tomó estado público a partir de varias imágenes ampliamente difundidas, donde se observaban envíos con el logo de Droguería Suizo Argentino SA) destinados a la entrega de insumos a afiliados. Sin embargo, según la información disponible, no existirían órdenes de compra formalmente emitidas ni convenios debidamente comunicados o publicados que respalden dichas provisiones. Los pagos se estarían instrumentando mediante expedientes de gasto contra facturas presentadas, sin que medie un marco contractual claro y conocido. Resulta indispensable transparentar quiénes son estos prestadores o proveedores, bajo qué condiciones contractuales operan, cuáles son los convenios vigentes y qué mecanismos de control y trazabilidad se aplican sobre los insumos que se distribuyen. La trazabilidad no es un aspecto accesorio: garantiza calidad, seguridad y control del gasto. Sin información clara sobre estos extremos, se comprometen tanto la transparencia administrativa como la seguridad sanitaria de los afiliados que reciben dichos materiales.
Opacidad
“El discurso oficial habla de eficiencia económica. Si la gestión financiera es sólida, ¿por qué no se refleja en mejores prestaciones? Los aportes y contribuciones de los empleados estatales constituyen salario diferido: recursos que pertenecen a los trabajadores y que deben destinarse exclusivamente a garantizar cobertura de salud. Administrarlos no convierte a nadie en dueño de esos fondos; obliga, por el contrario, a gestionarlos con máxima responsabilidad y transparencia”, denunciaron.
Para la Asamblea de Afiliados de IOSPER, la palabra “transparencia” se vuelve un enunciado vacío. “No hay información actualizada en la página oficial, no hay claridad en las delegaciones, no se publican detalles sobre licitaciones, compulsas o concursos de precios, ni sueldos, ni estructura orgánica vigente, básicamente la página se encuentra cargada con los mismos datos que dejó la gestión anterior. Los organismos de control, ya no existen, y aquellos que actuaron con supuesta autonomía en la gestión anterior (Comisión Fiscalizadora) que llevaron a la intervención de IOSPER, hoy integran con rango de funcionarios, lugares de coordinadores, asesores y síndicos, situación que llama la atención al menos del punto de vista ético. Y si de asesores y coordinadores se trata, hay otros funcionarios más que viajan semanalmente desde Buenos Aires a cumplir estos roles, funcionarios que desconocen e incluso rechazan observaciones que se les realizan sobre leyes y normativa en general de la provincia de Entre Ríos”.
“Prioridades discutibles”
Para la Asamblea de Afiliados de IOSPER, “en el plano simbólico e institucional, las prioridades adoptadas resultan, como mínimo, discutibles. Se han destinado recursos a gastos en imagen institucional, cambios de cartelería y reformas edilicias que, en su mayoría, fueron tramitados mediante el procedimiento de compras por vía de excepción, mecanismo reservado para situaciones de urgencia debidamente fundadas. Cuesta justificar cómo un cambio de imagen puede encuadrarse dentro de los supuestos de necesidad y urgencia vinculados a la continuidad del servicio sanitario. No es un dato menor que el frente de Casa Central (inmueble ubicado en calle Andrés Pazos 243 de la ciudad de Paraná, declarado monumento histórico y alcanzado por normativa municipal que prohíbe la alteración de su fisonomía) haya sido pintado sin la debida autorización. Tras la notificación del municipio, debió repintarse para restituir su estado original. Ello implicó un doble gasto evitable, producto de una decisión apresurada y carente de la debida verificación normativa. Mientras se priorizan intervenciones estéticas de dudosa urgencia, las prestaciones básicas continúan demoradas, los reintegros dependen en muchos casos de resoluciones judiciales y los afiliados deben recorrer reiteradamente delegaciones para obtener respuestas elementales”.
Y resaltaron que “la distancia entre las prioridades presupuestarias y las necesidades reales del sistema sanitario se vuelve, así, evidente. No se trata de una discusión ideológica ni partidaria. Muchos de los propios afiliados acompañaron electoralmente al gobierno actual. El reclamo surge de la experiencia concreta y cotidiana. La brecha entre el relato y la realidad es demasiado amplia para atribuirla a errores transitorios. Lo que se presentó como una solución estructural exhibe rasgos de un modelo orientado a la concentración de decisiones y a la lógica de negocios, más que a la garantía efectiva de derechos”.
“La historia reciente demuestra que los sistemas de salud debilitados generan pérdida de derechos y perjuicio para las mayorías. Cuando las decisiones se adoptan sin debate, cuando los mecanismos de control se subordinan, cuando la litigiosidad reemplaza a la gestión y cuando el afiliado debe recurrir a la Justicia para acceder a una prestación básica, el problema deja de ser administrativo y se convierte en institucional”, señaló el colectivo.
“La información que emiten los funcionarios es simplemente de una violencia institucional y de un desconocimiento tan amplio del sistema que asusta. La reacción de las autoridades de OSER y de legisladores oficialistas frente al informe técnico presentado por el síndico Pablo Giampaolo no fue responder con datos verificables, sino descalificar y amenazar con sumarios. Este mismo patrón ya había sido aplicado contra trabajadores autoconvocados que expusieron en el Congreso las falencias del proyecto OSER, quienes fueron desplazados y trasladados en una conducta claramente disciplinadora. Ahora ocurre lo mismo con el síndico. En un sistema institucional maduro, los informes se auditan, los datos se confrontan y las objeciones se responden técnicamente. La reacción observada refuerza la percepción de opacidad”.
Y culminan: “En materia de salud, cada demora, cada negativa y cada omisión tiene un costo que no admite relato que lo disimule”.
