Desde el CGE indicaron que cada escuela regula el uso de celulares con acuerdos de convivencia. “La institución no puede prohibir, trabaja sobre consensos”, afirmó la directora Marcia Cáceres.
El diputado provincial Carlos Damasco, del bloque La Libertad Entre Ríos, presentó un proyecto de ley que plantea prohibir el uso de teléfonos celulares en todos los niveles de la educación obligatoria, tanto en escuelas públicas como privadas.
Actualmente, desde el Consejo General de Educación (CGE) se trabaja bajo un esquema de acuerdos de convivencia. Estos se elaboran en cada institución en conjunto con directivos, estudiantes y familias, estableciendo criterios propios sobre el uso de dispositivos. En este marco, cada escuela determina “lo que creen más conveniente según la necesidad que se tenga en la institución”.
La mirada de una directora
Elonce dialogó con Marcia Cáceres, directora de la Escuela Nº1 “Del Centenario” de Paraná, quien explicó que la propuesta genera dudas. Según indicó, el proyecto “se apoya en un enfoque prohibitivo y hasta punitivo”, además de mantener “una visión desactualizada” al referirse a las personas con discapacidad bajo el concepto de “necesidades educativas especiales”.
Para la docente, la clave está en que las escuelas no trabajan desde la prohibición, sino desde los consensos. “La institución educativa no puede prohibir. Construye acuerdos con la comunidad, que está integrada por estudiantes y la comunidad, porque son las familias quienes entregan los dispositivos”, sostuvo.
Cáceres reconoció que existe un problema en torno al mal uso de los celulares y a la exposición de niños y adolescentes, pero advirtió que “el error es colocar la responsabilidad de la sanción en la escuela, cuando en realidad corresponde a los adultos que entregan los teléfonos sin preparar a los chicos para un uso responsable”.
Limitaciones y realidad institucional
En relación con la situación de su propia escuela, la directora precisó que “el celular no se utiliza como recurso pedagógico porque no contamos con internet en las aulas. El dispositivo se entrega más que nada por una cuestión de seguridad en el ingreso y la salida de los alumnos”.
También señaló que el proyecto carece de un análisis profundo sobre educación. “Falta un debate pedagógico y no se incorporan aportes de la psicología ni de la pedagogía de las infancias y juventudes. La escuela no puede quedar al margen de las tecnologías; estamos en el siglo XXI y no podemos seguir pensando en términos del siglo XIX”, afirmó.
Por último, cuestionó la forma en que el proyecto aborda la discapacidad. “No hay necesidades educativas especiales, hay personas con discapacidad. El foco debe ponerse en las personas y en las barreras que impone la sociedad”, remarcó.
En este sentido, concluyó que la educación debe construirse desde la participación y la democracia: “No se puede abordar una problemática que nos atraviesa a todos desde lo prohibitivo y lo sancionador. La escuela forma ciudadanía, y eso implica enseñar a asumir responsabilidades colectivas”.
Elonce
