El caso involucra a varios agentes acusados de manipular pruebas y falsificar documentos durante un operativo policial.
Un grupo de policías está siendo investigado por presunta privación ilegal de libertad y falsificación de pruebas tras un operativo en el que se alteraron los informes oficiales. Según los datos obtenidos durante la investigación, los agentes habrían detenido a un ciudadano en un lugar distinto al que consta en las actas oficiales, lo que generó serias dudas sobre la legalidad del procedimiento. El caso está siendo analizado por la Fiscalía, que ya solicitó la imputación de los funcionarios involucrados, indicó Códigos.
El operativo en cuestión comenzó con la denuncia de un robo de equipos de audio de una camioneta, pero la investigación reveló anomalías en la forma en que se llevaron a cabo las detenciones y la manipulación de pruebas, indicó la fiscal Sofía Patat. Aunque los policías alegaron que el detenido fue arrestado en el mismo lugar del crimen, la evidencia sugiere que fue trasladado desde un sitio diferente y se le colocaron los objetos robados a posteriori para que pareciera que los llevaba consigo. Esto dio lugar a acusaciones graves, como la privación ilegal de libertad.
El papel de los policías en la falsificación de documentos
Uno de los puntos más controversiales del caso fue la falta de coherencia entre lo que declararon los policías y la versión del detenido. A pesar de que los funcionarios aseguran que los objetos robados fueron incautados del detenido, la víctima del robo asegura que los elementos fueron colocados por los propios oficiales. La diferencia entre las versiones generó dudas sobre la transparencia de los agentes de la ley.
El abogado defensor de los policías, Nelson Schlotahuer, señaló que la Fiscalía dio más credibilidad a la versión de una persona con antecedentes penales, cuestionando la imparcialidad de la investigación. La defensa también señaló que algunos de los policías involucrados actuaron bajo órdenes directas de un superior, lo que podría eximirlos de responsabilidad si se demuestra que simplemente estaban cumpliendo con su deber. Sin embargo, los fiscales insisten en que las pruebas en su contra son claras y apuntan a una manipulación del caso.
Posibles consecuencias para los policías involucrados
El futuro de los agentes acusados está en manos del juez, quien decidirá si las pruebas en su contra son suficientes para llevar el caso a juicio. En caso de ser hallados culpables, los policías podrían enfrentarse a penas de prisión condicional de hasta dos años. Además, en caso de ser condenados, se les impondría una inhabilitación doble, lo que les impediría seguir trabajando en las fuerzas de seguridad.
Este caso pone de manifiesto las tensiones dentro de las fuerzas policiales y la importancia de garantizar que los procedimientos se realicen de acuerdo con la ley. La defensa de los policías pidieron que se reconsideren las pruebas y la interpretación de los hechos, pero el caso sigue en desarrollo, y se espera una resolución final por parte de la justicia. Elonce
