La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados retomó el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que busca destrabar los concursos para cargos vacantes en el Poder Judicial.
Durante una reunión realizada este viernes por la tarde, la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que preside Gabriela Lena, continuó con el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley Nº 11.003 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos, remitido por el Poder Ejecutivo.
Mediante esta iniciativa se prevén cambios en la normativa vigente, con el objetivo de destrabar la realización de concursos para la cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial, así como otras reformas referidas al funcionamiento de la institución. Se trató de la segunda reunión para abordar este tema, ya que la semana pasada se inició el tratamiento con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, miembros del CMER, magistrados y representantes de entidades de la sociedad civil.
Al respecto, la diputada Lena expresó: “Es un proyecto complejo, que trae reformas que son integrales que requieren no solamente estudio, sino también acuerdos entre los diputados de los diferentes bloques y en eso estamos empezando a trabajar”.
La legisladora comentó que la comisión recibió por escrito las sugerencias de los organismos que participaron de la reunión anterior. “Vamos a trabajar artículo por artículo, como lo hacemos siempre con estas leyes que refieren a instituciones importantes de la provincia y así como lo hicimos con la reforma de la ley electoral. No tenemos un tiempo para aprobarlo, pero tampoco tenemos pausa”, agregó.
Acerca de las vacancias, para cuya cobertura el Ejecutivo propone una serie de modificaciones a la ley, expresó: “Es uno de los temas medulares del proyecto. Hay más de 90 cargos sin estar efectivos dentro del Poder Judicial y hay concursos que desde el año 2009 no se han podido llevar adelante por diferentes recursos que se han presentado. Los jueces, defensores y fiscales, para que sus decisiones sean autónomas y trabajar con independencia, deben haber sido nombrados a través del Consejo de la Magistratura”.
