En la actualidad, nueve de cada diez hogares argentinos reciben algún tipo de transferencia del Estado. Pasado el «IFE 2» y el «ATP 2» el Gobierno podría recurrir a un tercer capítulo de ambos programas pero mucho más restringidos
El Gobierno Nacional implementó un paquete de medidas de «protección» de la economía ante la parálisis que generó el asilamiento preventivo para frenar la propagación del coronavirus en Argentina.
Así, se pusieron en marcha el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de la ANSeS por $ 10.000 mensuales para sectores informales y desocupados; los refuerzos de la asistencia social a través de la tarjeta alimentaria y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
En solo 30 días, el Estado desembolsó más de $ 140.000 millones (casi un punto y medio del PBI) y extendió el colchón de contención a 21 millones de adultos, entre población económicamente activa y retirados.
Medido por grupos familiares, prácticamente nueve de cada diez hogares argentinos hoy reciben algún tipo de transferencia del Estado.
Sin embargo, en el gobierno nacional empiezan a analizar que en los próximos meses, al ritmo de que más actividades vayan siendo habilitadas, empezarán a disminuir estos «subsidios».
Para los próximos meses, menos beneficiarios
Por estas horas, mientras la AFIP continúa procesando datos de empresas y cuentapropistas que piden asistencia para pagar salarios o bien afrontar sus costos con créditos subsidiados, el equipo económico trabaja sobre el diseño de cálculos para focalizar la asistencia a partir de junio en sectores claves que no podrán volver a operar en varias semanas o meses.
Pasado el «IFE 2» y el «ATP 2», como se bautizaron los refuerzos los bonos y salarios complementarios pagados cuando la cuarentena se preveía corta, el Gobierno podría recurrir a un tercer capítulo de ambos programas pero mucho más restringidos en cantidad de beneficiarios.
Se estaría planificando un acompañamiento enfocado en el crédito para bienes de capital, permitiendo a las empresas hacerse de insumos y otros bienes básicos para empezar a producir.
Quiénes quedarán afuera
Los primeros en quedar fuera de la ayuda serán los habitantes de las provincias donde la actividad quede prácticamente normalizada. En varios distritos de la Patagonia, Cuyo, NOA y el NEA llevan semanas sin nuevos casos. Allí se aguarda que la actividad poco a poco retorne a la (nueva) normalidad.
Hacia el epílogo del tercer trimestre, el Gobierno espera que las empresas manufactureras y los comercios vayan recuperando los tibios niveles de comienzos de marzo.
Otros, como el turismo, el espectáculo y las actividades relacionadas al esparcimiento, van a enfrentar una crisis muy prolongada con riesgo casi cierto de desaparición, vaticinan en el Gobierno, en especial en el rubro hotelero y turístico por la fuerte ofensiva que se vendrá desde otras economías (principalmente en Europa, con Francia, España e Italia a la cabeza) por captar el turismo emisivo en todo el mundo.
Previendo que una situación como la actual, con distanciamiento social vigente, pero aparato productivo saliendo de terapia intensiva, se prolongará varios meses más, la prescripción que recetan los funcionarios económicos pasa por «tratar de seguir funcionando, con circulación controlada». Y aseguran que el contagio en entornos productivos es mínimo. La incógnita es qué hacer con los casi 7 millones de empleados informales, los últimos de los últimos en volver a escena, publica el diario El Cronista.
