El caso típico de la secretaria que es objeto de constantes de críticas y cuestionamientos ante denuncias que indican su habitualidad y constancia en la utilización con fines personales de vehículos y chóferes oficiales, la causa judicial que desnudó las irregularidades.
Sueldos exorbitantes, gastos descomunales en viáticos, representación, viajes al exterior una, dos, tres y hasta cuatro veces al año, desarraigo, honorarios y conceptos afines, son los beneficios exclusivos que gozan los funcionarios provinciales.
La lista de ventajas que trae aparejado acceder a un cargo en la Provincia también incluye la disponibilidad de autos y choferes oficiales.
Una de las funcionarias que más ha sido cuestionada, puertas adentro como también afuera de la administración ha sido la secretaria de comunicación de la provincial, Maricel Brusco.
Su ascenso al goce de los beneficios comenzó allá por la gobernación de Jorge Pedro Busti. Por intersección de Carlos Molina y Blanca Osuna, Brusco recaló en el área de comunicación bajo las directivas del Víctor “el correntino” Priggioni.
Lo llamativo es que hasta ahí la hoy secretaria de comunicación de la provincia era de pertenecía radical, la misma cumplía funciones para el ministro de gobierno de Sergio Montiel, Enrique Carbó de quien fue su mano derecha.
Poco a poco Brusco se ganó la confianza de Priggioni y comenzó a ascender en sus funciones y a obtener ciertas ventajas, en aquel momento fue beneficiada con una vivienda estatal.
Llego el periodo de Sergio Urribarri, donde fue notorio el crecimiento de Brusco de la mano del ministro de comunicación, Pedro Báez, constituyéndose en su mano derecha llegando el ascenso como subsecretaria.
Pero el auge de Brusco fue producto del secretario general de la gobernación y ministro de comunicación, Edgardo Kueider.
Fue el hoy senador nacional quien plenipotenció a Brusco, ascendiéndola en el cargo, como también otorgándole, junto su coequiper, Mariel Teruel, el manejo exclusivo de todo lo atinente a la pauta publicitaria.
Hasta las estrategias de las campañas políticas y la organización de los actos peronistas pasaron por las manos de Brusco y Teruel, uno de los cuales es recordado por la crítica que provocó en el PJ la implementación de pulseritas para el ingreso.
No solamente eso, incluso las ”sugerencias”, que fueron entendidas como presiones, a la prensa son ejecutadas por la secretaria de comunicación de la provincia, el caso del reconocido periodista de Paraná Campaña, Tano Geminiani, también aun es recordado.
A partir de Kueider, Brusco tuvo a su entera disposición toda la estructura estatal, incluyendo la utilización de autos y choferes oficiales irrestrictos.
Desde entonces la secretaria de comunicación ha protagonizado todas las críticas por el uso de estos elementos del estado como si fueran propios, es decir, no solo para actividades instituciones y propias de su función, sino también, según han denunciado, para su uso personal y familiar.
El 3 de octubre del 2018 un lamentable y fatal accidente de tránsito desnudaba estas irregularidades respecto de esta práctica que parece estar generalizada y en la que subyace un acto de corrupción en virtud de que se lo separa, al bien público, del fin –también público- que debe cumplir, para pasarlo a la órbita de lo privado de la persona del funcionario.
En otras palabras, el bien es utilizado no es su calidad de funcionario, aunque se sirve de tal calidad para hacerlo.
Si nos remitimos a la legislación extranjera se trata de un hecho de corrupción tipificado como “peculado de uso”, el cual lamentablemente en el país no es punible por no estar comprendido en el Código Penal, aunque, si bien discutido, podría quedar comprendido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en virtud de las leyes locales de ética pública que prohíben darle a los elementos del estado un fin personal.
Volviendo al hecho puntual, en aquella oportunidad, un chofer al mando de un vehículo oficial colisionó contra una persona provocándole su muerte.
Se supo y se corroboró que tanto el chofer como el vehículo estaban a entera disposición las 24 horas del día durante los 365 días de la secretaria de comunicación de la provincia.
El martes pasado, a través del boletín oficial, se conocía que es el Estado entrerriano, es decir con los fondos públicos compuestos por los tributos de sus ciudadanos, quien debió afrontar una suma importante de dinero para indemnizar a un hombre que falleció luego de ser embestido por un vehículo oficial.
Más allá de la fatalidad, de la atribución de culpas y demás cuestiones técnicas jurídicas, lo indignante del caso es que nuevamente son los entrerrianos quienes deben soportar las peripecias de los funcionarios públicos por la utilización de los bienes del Estado como si fueran propios.
Es más, el accidente, según se presumió en el momento, se produjo en ocasión del trasladado a la funcionaria, la cual en aquel entonces vivía por la zona donde lamentablemente falleció una persona.
Un dato peculiar surge de la sentencia que condenó al chofer, el accidente se produjo a las 23:40, surgiendo varias incógnitas que, por supuesto, no fueron materia de discusión del litigio, aunque son de interés público y que abonan la idea de una malversación en el uso de los bienes del estado.
¿Qué actividad institucional debía cumplir Brusco a las 23:40 que obligara a su chofer a estar en la zona de Blas Parera y Brown?, y en el caso de que la secretaria no haya comisionado a su chofer, ¿no sabía que el mismo utilizaba el vehículo?, ¿no controlaba su utilización?.
Insistimos todas estas preguntas lamentablemente no fueron objeto de debate ni en la justicia ni en la mediación que se llevó adelante entre el Estado y la familia del fallecido, ya que dan cuenta de los excesos de los funcionarios que ostentan poder.
Funcionarios, que luego, no son responsabilizados por los daños que estos producen, sino que, como el caso del chofer y vehículo de Brusco, son el conjunto de los entrerrianos los que deben afrontar los abusos que estos realizan de los bienes públicos.
fuente: davidricardo.com.ar
