El debate en torno a los límites para fumigar con agroquímicos en zonas próximas a escuelas rurales no está agotado en Entre Ríos, aún cuando el pleito entablado por el Foro Ecologista y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se haya inclinado a favor de la tesitura del Gobierno en la tramitación de un amparo ambiental en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En otra mirada sobre el mismo tema, el 3 de octubre de 2017, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, integrado por Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas, condenó a un año y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional por los delitos de lesiones leves culposas –imprudente- en concurso ideal con contaminación ambiental al presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez; al titular del campo de arroz y maíz que contrató la fumigación con agrotóxicos, José Mario Honecker; y al piloto que manejaba la aeronave, César Martín Visconti.
La fumigación fue el 4 de diciembre de 2014, en un aérea del campo que explotaba con cultivo de arroz y maíz localizado en los kilómetros 7 y 11 de la zona rural, en Santa Anita, frente a la escuela. La pulverización afectó a la maestra Mariela Leiva y a cinco chicos que se encontraban en el aula.
La condena a los responsables llegó tres años después y fue considerada histórica por las organizaciones ecologistas. Por el contrario, la decisión de la Justicia generó preocupación en las entidades agrarias como la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), y la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco). Lo cierto es que el fallo aún no se encuentra firme por cuanto los condenados fueron en Casación para que se revise la resolución.
La voz de Mariela Leiva vuelve a escucharse ahora, en un extenso reportaje que publica el diario español El País sobre los graves problemas de salud que producen las fumigaciones sin control. Acá, el texto:
Mariela Leiva
Durante el festejo de fin de año del jardín de infantes, los padres y docentes ya lo advirtieron: en los campos cercanos estaban fumigando. Esta escuela rural, que también tiene primaria y secundaria, se encuentra en el Paraje Cañada de Arias, a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Fatima Sosa, mamá de Juana, una alumna de cinco años, estaba en el acto junto a su hija. Al terminar la fiesta, que fue dentro de un salón, se fueron rápido a su casa para que los agroquímicos no las afectaran. Hoy, para Sosa es una preocupación dejar a su hija en la escuela y que fumiguen tan cerca.
“Yo vivo en la zona hace 24 años. Incluso fui a la misma escuela que mi hija y antes no se veía tanta agricultura alrededor. Muchas familias vendieron sus campos, dedicados a la ganadería y se fueron. Cada vez avanza más la siembra y hay menos gente”, comenta Sosa.
Este caso no es aislado. En Argentina hay unas 15.000 escuelas rurales, que conviven con la producción agraria. Argentina es el tercer productor de soja del mundo. En 2017, cultivó 47 millones de toneladas.
Esto hace que gran parte de los alumnos hayan estado alguna vez cerca de algún agroquímico, ya sea a través de bidones, mochilas o un mosquito fumigador. En noviembre de 2018, en el primer Encuentro Regional de Pueblos y Ciudades Fumigadas, se calculó que unos 700.000 niños y adolescentes están en riesgo por las fumigaciones que se llevan a cabo sin control en los campos cercanos. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos son las provincias más afectadas.
Los docentes rurales buscan crear redes para que se tome conciencia de la problemática. Ana Zabaloy fue un ejemplo. En octubre de 2015, su escuela fue fumigada en horario escolar, incumpliendo las normas establecidas por la normativa vigente en la zona. El 9 de junio de 2019, murió de cáncer. En un chequeo al que se sometió Zabaloy en 2016, se corrobora que la maestra tenía una cantidad 14 veces superior a la que es considerada “normal” de glifosato en sangre. Aunque como el cáncer es una enfermedad multicausal, los médicos no establecieron la relación directa.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC es su sigla en inglés) evaluó la carcinogenicidad de los insecticidas organofosforados diazinón, malatión y glifosato y los reclasificó, tal como se puede leer en la página de la OMS, como «probablemente cancerígenos para los seres humanos».
Zabaloy fue una de las fundadoras de la Red Federal de Docentes por la Vida. Esta organización tiene como objetivo la defensa de los derechos vulnerados de las comunidades educativas rurales. Propone que las escuelas accionen como motores de cambio, difundiendo la problemática que afecta a la salud y el ambiente.
“Desde la red, hablamos sobre cómo es posible producir de otra manera. De hecho, la Red Nacional de Municipios de Agroecología ya asesoró a productores y alcanzó las 100.000 hectáreas en el país. Su filosofía tiene que ver con un modelo más integral, que no desplace a la gente de sus tierras, que no provoque desmonte y genere valor agregado”, opina Daniela Dubois, referente de la Red Federal de Docentes por la Vida.
Dubois explica que la provincia de Buenos Aires tiene una legislación que indica que no se puede aplicar agroquímicos de forma aérea a menos de dos kilómetros de distancia de los centros urbanos, escuelas y viviendas rurales. A su vez, los equipos de aplicación terrestre no pueden circular por centros poblados salvo en casos de extrema necesidad.
“Son pocos los municipios que generan herramientas para que las ordenanzas se respeten, como poner un cartel en la escuela, generar una cortina forestal o capacitar a las instituciones. Recurrentemente se ven incumplimientos, pero gracias a las denuncias, se empiezan a ver también cambios y ya hay personas juzgadas en proceso penal por poner en riesgo la salud de la comunidad”, advierte Dubois.
Leonardo Moreno es docente rural y participa de la organización Multisectorial contra el agronegocio La 41. Por la falta de información pública, la organización está empezando a realizar un mapeo sobre las escuelas afectadas. La primera vez que Moreno se vio afectado fue en diciembre de 2011 mientras tomaba examen a sus alumnos. Él vio por la ventana como en el campo lindante, a menos de 50 metros realizaban fumigaciones. En marzo del 2012, se repitió el episodio. Moreno se acercó a la persona que estaba aplicando el producto y le pidió que detuviera la pulverización ya que estaba afectando a los estudiantes y docentes. Como el viento soplaba en dirección hacia la escuela, algunos habían sentido molestias en las vías respiratorias y en los ojos.
“Los docentes tenemos una responsabilidad ante esta problemática porque tenemos a cargo a los estudiantes y tenemos que protegerlos. Les enseñamos que no hay que contaminar y a ellos los están contaminando ahí mismo, en su lugar. Es muy incoherente”, opina Moreno
Mariana Pieroni, también es docente rural y hace 19 años trabaja en una escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires. Ella forma parte de la agrupación ConCiencia Agroecológica. “Desde mi experiencia, he visto cómo en estos últimos 15 años mucha gente, especialmente los propietarios de chacras, se fueron del campo, y muchas explotaciones cambiaron de sistemas mixtos a netamente agrícolas. Los sistemas mixtos combinan la ganadería con la agricultura, y es lo que mantiene a la gente en el campo ya que el ganado necesita ser vigilado y cuidado diariamente”, comenta Pieroni.
Mientras Pieroni daba clases, el 19 de junio de 2018, cuando sintió un olor que hizo imposible que continuara con su explicación. “Salimos y vimos que estaban fumigando. Llamamos a la Patrulla Rural, policía que actúa en el campo, y detuvieron la pulverización. Pero el daño ya estaba hecho. Tuvimos que retener a los alumnos en el comedor de la escuela durante una hora, hasta que se disipó el olor. Afortunadamente, salvo alguna irritación de ojos, garganta y dolor de cabeza, no sufrieron consecuencias que motivara alguna consulta médica”, relata.
En 2019, en 9 de Julio, se modificó la ordenanza que regula la aplicación de agroquímicos. Actualmente rige una prohibición de aplicar agroquímicos con equipos terrestres hasta los 200 metros desde las escuelas y 2.000 metros para las aplicaciones aéreas.
Johana Kunin, doctora en Antropología Social e investigadora Postdoctoral del CONICET realizó un estudio sobre la exposición a pesticidas en el distrito en el que enseña Pieroni y observó que mucha gente teme hablar de lo que pasa porque su fuente de trabajo o la de su hermano, primo o vecino está relacionada con el campo hegemónico que fumiga. “No creo que sea un tema del que no se tenga conciencia de los riesgos, sino de que se elige el mal menor: prefieren no perder sus puestos de trabajos (en un marco ya con mucho desempleo y trabajo informal y precario) que pensar en las eventuales consecuencias sanitarias de los pesticidas. Ellos saben que tosen y tienen erupciones en la piel cada vez que pasa el avión. Pero son comunidades chicas donde la gente tiene la sensación de conocerse con todo el mundo e implicarse en acciones de militancia puede tener como consecuencia castigos sociales muy fuertes”, analiza.
Cercanía con el campo
Los alumnos son en su mayoría hijos de trabajadores rurales y como tales viven en cercanías a lotes fumigados. “Sus padres o ellos mismos, no suelen poder elegir qué tipo de tecnología o de pesticidas utilizar ni tienen mucho margen para negarse a utilizarlos en caso de no desearlo. Esto contrasta, por ejemplo, con los hijos de los dueños de los campos que en su gran mayoría viven en ciudades lejos de los campos”, agrega Guillermo Hough, referente de la organización ConCiencia Agroecológica.
Según Hough, muchas veces denunciar es difícil porque la mayoría de las escuelas están vinculadas a las explotaciones agropecuarias que las rodean, de las cuales reciben presiones encubiertas para no cuestionar el modelo. Por ejemplo, reciben ayuda para el mantenimiento del edificio, o donaciones para la fiesta anual de la escuela.
Pablo Lapegna, sociólogo y autor del libro La Argentina transgénica, considera que la producción agraria juega un rol tan importante a nivel económico en el país, que es difícil generar regulaciones a nivel nacional que permitan proteger a los chicos que están en las escuelas expuestas a los químicos. “Es muy importante seguir empoderando a las comunidades. Los docentes que suelen difundir esta problemática, suelen ser ninguneados, ridiculizados e incluso se los ataca. Argentina tiene pocas políticas de Estado, pero la producción de soja transgénica se extendió en la década del noventa y se mantiene hasta la actualidad. Por eso es tan difícil ir contra este modelo, por más que pueda estar afectando a la salud”, reflexiona.
Cuando Mariela Leiva siente el olor de los plaguicidas, la boca se le llena de llagas, le pica la piel o los ojos empiezan a llorarle. Ella tiene 48 años, es hija de productores rurales tradicionales, directora de una escuela entre la provincia de Entre Ríos y es referente de la organización Paren de Fumigar las Escuelas. En 2014, mientras pulverizaban cerca del colegio, ella llamó a la policía. El oficial que se metió en el campo para detener la aplicación, terminó hospitalizado. “Ahí me empezó a llamar la atención”, comenta Leiva. El 4 de diciembre de ese mismo año, escuchó el ruido de una avioneta mientras daba clase. Salió y la vio a pocos metros de la escuela, fumigando con agroquímicos.
“Ver a los chicos descompuestos, arriba de los bancos, fue realmente muy impactante para mí. Desde entonces, no dejé de luchar para que el modelo deje de envenenarnos. Hicimos la denuncia y ese juicio sentó un precedente a nivel provincial. En 2017 salió la sentencia y el productor, el presidente de la empresa de aviación y el piloto fueron condenados a un año y seis meses de prisión por daño ambiental y lesiones culposas leves”, cuenta Leiva. Los tres condenados, sin embargo, no cumplieron la pena por ser inferior a tres años y la primera de este tipo que recibían los acusados. “De todas formas, con este fallo hemos probado que las escuelas rurales están en lugares donde la salud de los niños y los docentes se encuentra vulnerada”, enfatiza Leiva.
Fuente: diario El País, de España – Entre Ríos Ahora
