Se trata de un empleado del Copnaf y otro de la exSide. Tras allanamientos a sus viviendas se les encontró dinero y documentación que los compromete. Están acusados de ser falsos gestores de viviendas sociales en Paraná.
Un trabajador del Copnaf y un integrante de la exSide son los dos nuevos sospechosos en el marco de la causa que investiga una organización delictiva dedicada a la venta de viviendas del IAPV.
En la tarde de este martes, la pesquisa a cargo del director de Investigaciones Favio Jurajuría apuntó al barrio San Agustín y Antonini, en Paraná, donde se habían autorizado dos allanamientos a personal de la División Delitos Económicos.
En el primer procedimiento, en la casa de un trabajador del Copnaf, de 35 años se encontró una importante suma de dinero, documentación y otros elementos vinculados con la investigación judicial.
La mayoría de las víctimas dieron detalles del nombre y apellido del falso gestor que trabaja en el Estado provincial, y que de acuerdo a los propios denunciantes, también imponía acciones violentas para cobrar el dinero pautado y acordado.
El segundo operativo dirigido por la segunda jefa de Delitos Económicos, Blanca Ramírez, llegó hasta la propiedad de un hombre de 53 años, en el barrio Antonini, más precisamente en calle Francisco Sayos.
El sospechoso de las mismas «tramitaciones» les informó a los policías y al delegado judicial que él era un integrante de la exSide en Paraná, por lo que tenía contactos y «amigos» del poder.
Más allá de eso, el denunciado no pudo evitar el secuestro de dinero en efectivo, constancias personales de los damnificados, entre ellas partidas de nacimientos y contratos. También fueron incautados equipos informáticos y varios celulares.
Los dos acusados quedaron supeditados a la investigación, junto a los cuatro denunciados en el arranque de la causa.
Las víctimas coincidieron en remarcar que entre los años 2017 y 2018, les ofrecieron a la venta viviendas construidas por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos (IAPV), construidas en las ciudades de Paraná y Colonia Avellaneda, careciendo de facultades para realizar esos negocios en nombre de dicho organismo, y aprovechándose de la necesidad de las víctimas de tener una vivienda propia.
Según los damnificados, estos indicaron que los imputados les ofrecían viviendas sin necesidad de inscripción en el sistema de vivienda social, ya que supuestamente se trataba de unidades que no habían sido sorteadas y que ellos vendían porque tenían contactos en el IAPV. (UNO)
