Juan Pablo Aguilera fue derivado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, luego de que la jueza Marina Barbagelata le dictara la prisión preventiva por 90 días, en el marco de la investigación por las contrataciones irregulares en la Legislatura.
La magistrada hizo lugar al pedido de los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro en una audiencia que se desarrolló este mismo sábado, pero acotó el plazo a 90 días de arresto, en lugar de que permanezcan en prisión hasta el juicio.
Del mismo modo, dictó la prisión preventiva para Alejandro Almada, cuñado de Aguilera, aunque en su caso permanecerá 10 días bajo arresto domiciliario y con custodia policial hasta que su pareja dé a luz al hijo de ambos y luego será derivado a la unidad penal.
En el caso de Sergio Cardoso, director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, la jueza dictó la prisión domiciliaria y también seguirá vinculado a la causa.
Las pruebas
Yedro fue quien prologó la jornada al decir que se estaba ante “los eslabones más altos de la pirámide de la organización”. La fiscal fue relatando las evidencias mientras en una pantalla se reproducían planillas e intercambios de mensajes entre Cardoso y Gustavo Pérez, que cumplía la misma función en el Senado y permanece detenido en la unidad penal; y sostuvo que las conversaciones en las que se evidencia el supuesto mecanismo delictivo no pueden ser desconocidas por quienes estaban sentados enfrente.
Los fiscales mostraron las relaciones de quienes integraban esa organización. Hay correos electrónicos y mensajes de texto en los cuales se hace referencia al alta y baja de contratos. También aparece, en un informe solicitado del Banco de Entre Ríos, un dato: Almada cobrando 112 millones de pesos en el período comprendido entre marzo de 2017 y septiembre de 2018. Yedro recordó que el 18 de enero Almada fue detenido por la Policía Federal en la ruta y se le secuestraron 371.400 pesos, cuyo origen no pudo justificar.
En cuanto a Aguilera, y así aparece en la prueba documental exhibida, era quien tenía el poder de decisión sobre las personas a contratar y los montos que percibirían.
Aramberry apuntó que, al tratarse de una organización, no se está “ante delitos aislados, sino ante una estructura conformada para delinquir”, en la que todos los actores se relacionan no solo para la comisión de delitos sino también para autoprotegerse. Mientras hablaba, en pantalla se exhibía una conversación que se produjo durante uno de los allanamientos en que la suegra de Aguilera le dice a su hija, Luciana Almada, que escondan los celulares y les digan a los policías que tienen línea fija.
El fiscal también justificó el pedido de prisión preventiva señalando que en caso de permanecer en libertad, los imputados podrían presionar a testigos, sobre todo, a empleados de la Legislatura, de quienes obtuvieron poca información, según dijo.
Sobre el final, Aramberry adelantó que para los últimos días de marzo el Ministerio Público Fiscal estaría en condiciones de clausurar la investigación preliminar y solicitar la remisión de la causa a juicio.
La defensa
Marcos Rodríguez Allende, defensor de Aguilera y Almada, dijo que el pedido de los fiscales era “desmedido y doloroso”, con “muy pocas evidencias para endilgar que sus defendidos son la cabeza de una asociación ilícita”.
“En ningún momento hay un chat directo con Aguilera, excepto por un talonario (de facturas), pero de otra causa”, sostuvo el defensor, aunque en varias oportunidades se menciona en los chats la sigla JPA, que constituyen las iniciales de su nombre.
El letrado descartó cualquier intención por parte de Aguilera de obstruir la investigación y resaltó que nunca se ausentó de su domicilio ni se fue de la ciudad.
Por su parte, Guillermo Vartorelli, también defensor de Aguilera y Almada, señaló que todas las pruebas que se mostraron bien pueden ser utilizadas en un juicio, “pero no para lo que se está discutiendo acá”, es decir, la prisión preventiva; y solicitó que, en caso de que se les conceda la excarcelación, sean enviados a prisión domiciliaria con pulseras electrónicas de monitoreo.
A su turno, Emilio Fouces, defensor de Cardoso, narró brevemente la carrera en la administración pública del imputado: dijo que ingresó en 1988 y fue escalando en diferentes estamentos estatales. “No llegó al cargo (director del Servicio Administrativo Contable) porque alguien lo sacó de un lado para ponerlo a trabajar en una organización, como se cree”, apuntó.
Además, sostuvo que “todas las altas o bajas de contratos son parte del trabajo que desempeñaba Cardoso y de no hacerlo estaría incumpliendo con su función” y agregó que “no solo hace contratos, también paga a proveedores de la Cámara de Diputados”. Y en respuesta a una mención que hicieron los fiscales, aseguró que “una tal ‘Russo Soledad’, que hizo un pedido de alta de contratos, es una empleada de un legislador que hace, entre otras cosas, ese tipo de solicitudes”.
Fouces mostró documentos para sostener sus dichos. Leyó, de manera resumida, dos notas que Cardoso envió al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, solicitándole una licencia, luego de que la investigación se conociera a través de la prensa. La primera fue remitida el 4 de octubre. La segunda nota es más reciente, y previendo que la misma licencia finalizaría en pleno proceso, Cardos solicitó una prórroga. De esa forma, Fouces aseveró que de ninguna manera su defendido pretendía obstruir la investigación.
En tanto, Miguel Ángel Cullen, defensor de Aguilera y Almada, consideró fuera de lógica el pedido de la prisión preventiva efectuado por los fiscales y le pidió a la jueza Barbagelata “que ponga un manto de racionalidad y vuelva al eje constitucional”. Dijo Cullen: “Solo por la desconfianza no se puede privar a una persona de la libertad. Así estamos fulminando la Constitución”, aseguró.
“Estamos frente al derecho constitucional de la libertad ambulatoria y la regla siempre es la libertad”, planteó Cullen. “Argentina ha sido sancionada por abusar de la prisión preventiva”, agregó enseguida.
“Como jueza de garantías, usted debe garantizar los derechos de los imputados; acá se está violando el derecho de la libertad ambulatoria y se pide dejar de lado el derecho constitucional de no declarar en contra de uno mismo”, le pidió a la jueza Barbagelata.
Fuente: Página Judicial
