La Cámara de Casación Penal declaró “inadmisibles” los planteos de los defensores de Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao, y de ese modo confirmó la prisión preventiva, por un plazo de cuatro meses, en la megacausa de los contratos truchos de la Legislatura.
De ese modo, el tribunal confirmó la resolución adoptada el viernes 2 de noviembre por la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, María Carolina Castagno, que a su vez refrendó la medida que había dispuesto el 19 de octubre último la jueza de Garantías, Marina Electra Barbagelata y confirmó la prisión preventiva de los cuatro por cuatro meses.
A Casación fueron los abogados José Raúl Velázquez y Humberto Franchi, defensores de Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo para rechazar la preventiva. En su escrito, advirtieron que el posible entorpecimiento en la investigación -la razón de la restricción de la libertad- “fueron conductas o circunstancias previas a formularles el hecho endilgado y que el fin del encierro cautelar es el de preservar las probanzas a futuro y es una de las causales del mismo, por lo que los argumentos tanto de la Jueza de Garantía como de la Vocal de la apelación carecen de los fundamentos procesales exigidos”.
Y señalaron que “no se puede hacer una inversión de la carga probatoria ya que el poder punitivo está en cabeza del estado y no de los ciudadanos”. Además, que la privación de libertad decretada, atento el contexto actual, de la situación carcelaria resultaría “dañina” para sus asistidos.
En tanto, los abogados Iván Vernengo y Damián Petenatti, defensores de Alfredo Bilbao, argumentaron la inexsistencia de posibilidades de que su asistido influya negativamente en el normal desarrollo de la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, y que la resolución de encarcelamiento preventivo quiebra el principio de reserva consagrado en Constitución Nacional. Y consideraron “excesivo y arbitrario” el tiempo de duración de la prisión preventiva.
Casación entendió que tanto la jueza de Garantías como la jueza de juicios fundamentaron convenientemente la prisión preventiva. “Por ello insistir en esta tercera instancia no prevista en la legislación, implica un desgaste jurisdiccional inútil, porque no hay ninguna posibilidad de modificar lo resuelto en la apelación, en razón de que -como lo ha demostrado la Vocal de Cámara- la resolución de la Dra. Barbagelata se encuentra debidamente fundamentada de acuerdo a la etapa procesal en la que se encuentra esta investigación y a las exigencias constitucionales y legales”, señala.
La resolución lleva las firmas de los tres magistrados que integran Casación, Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti.
La causa
El expediente judicial está caratulado “Beckman Flavia Marcela y otros s/Asociación ilícita y otros”. Según un primer diagnóstico descripto en la apertura de la causa por los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo, Hugo Mena y Alfredo Bilbao, hoy en la cárcel con prisión preventiva, más Hugo Luna (ya fallecido), María Victoria Álvarez, Jorge Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Sarnaglia, Macarena Álvarez, Viviana Mena Gioveni, Alejandro Ferreyra, Roberto Faure (también en prisión), Sergio Cardoso, Gustavo Pérez (enviado tras las rejas con preventiva), Juan Domingo Orabona “y otras personas con funciones públicas aún no identificadas tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial”.
El mecanismo descripto incluye “la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadores), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”. Según los fiscales, la actividad comenzó en el ámbito del Senado en enero de 2008 con unos 100 contratos aproximadamente, por un promedio de $4.500 cada uno. El esquema continuó hasta la fecha en que los hechos salieron a la luz, el 20 de septiembre pasado, “con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000” por contrato.
En la Cámara de Diputados, en tanto, “la sustracción se habría iniciado luego del 11 de diciembre de 2011”, con contratos de $5.000 cuyos montos se fueron incrementado también hasta $50.000.
“Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 personas. Los contratos eran firmados, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia Beckman y Hugo Mena”, dice el escrito de la Procuración.
Ya están tras las rejas Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Scialocomo, Hugo Mena y Alfredo Bilbao. A ellos se sumaron los contadores Roberto Faure y Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado. Y tienen medidas restrictivas desde este lunes ocho personas, sindicadas como “reclutadores”: Jorge Pablo ”Tucho” Balladares (yerno de Hugo Mena), Jazmín Mena Gioveni (hija de Hugo Mena), María Macarena Alvarez (hija de Beckman), Viviana Giselle Mena Gioveni (hija de Hugo Mena), Alejandro “Alito” Rubén Ferreyra (yerno de Hugo Mena), Andrea Demartin, Fernando Gastón Sarnaglia y Verónica Caíno (esposa del contador Gustavo Pérez).
Fuente: Entre Ríos Ahora
