A poco más de dos meses de ocurrido el homicidio de José María Romero, el fiscal Lisandro Beherán formuló el requerimiento de la causa a juicio. El imputado, Ariel Waldemar Morales, permanece detenido y enfrenta una posible cadena perpetua.
El fiscal de Gualeguaychú, Lisandro Béherán, formuló el requerimiento de remisión de la causa a juicio en relación con el homicidio de quien fuera José María Romero (83 años, retirado del Ejército con el grado de teniente coronel), registrado el 6 de agosto pasado.
Se trata de la Investigación Penal Preparatoria por el cual se encuentra imputado Ariel Waldemar Morales (33 años y sin antecedentes), a quien se le atribuye el delito de homicidio conexo con otro delito o criminis causae, en carácter de autor y cuya expectativa de pena prevé la prisión perpetua.
Romero fue encontrado sin vida en Gualeguaychú en horas del mediodía del martes 7 de agosto. Estaba maniatado con precintos y con visibles signos de haber recibido una feroz golpiza, en su departamento ubicado en San Martín al 300, entre Alem y Caseros; y su muerte se estima ocurrió entre diez y doce horas antes; es decir, el lunes 6 de agosto.
Los investigadores pudieron dar con Morales a 72 horas del hecho, a través del nexo con personas cercanas a la víctima; lo que implicó una ardua tarea coordinada desde el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Entre Ríos.
Mediante exhorto judicial y con la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se allanó y requisó una vivienda del Barrio San Felipe de Campana, donde secuestraron armas de fuego, dinero en efectivo, documentación, prendas de vestir, teléfonos celulares y un vehículo VW Gol, entre otros elementos de interés para el proceso investigativo.
Este procedimiento fue realizado por personal policial de la División Homicidios e Investigaciones de Gualeguaychú, donde se aprehendió a Ariel Morales, que encuentra detenido desde el 16 de agosto en la Jefatura Departamental bajo prisión preventiva por el término de 70 días, de acuerdo a lo resuelto en su momento por el juez de Garantías y Transición N° 1 (subrogante) Guillermo Biré.
En un principio, la IPP se inició como homicidio en ocasión de robo (que contempla un mínimo de diez años y un máximo de 25 años de prisión), pero luego le imputaron a Morales «criminis causae» (perpetua como pena única), teniendo en cuenta que el agresor conocía a su víctima, además de quitarle la vida para ocultar el robo.
Para el Ministerio Público Fiscal, Morales ingresó el 6 de agosto pasado, en un horario anterior a las 20:30, al domicilio de la víctima a la que conocía.
Una vez dentro, lo atacó, lo privó de la libertad utilizando precintos y una cinta plástica del tipo de las de embalar; y finalmente lo atacó a golpes de puño generando lesiones graves y severas que tuvieron como consecuencia el deceso de la octogenaria víctima.
Luego se apoderó de casi 150 mil pesos, de tres armas de puño (calibre 38, 32 y una pistola negra calibre 6.35; con sus números de series) y un llavero con las iniciales J.M.R., «que remite a José María Romero»; además de documentos, diversas cédulas por la condición de militar de la víctima y otros elementos.
«Hay elementos de juicio suficientes como los objetos que acabo de referenciar y que estaban en el domicilio de Morales de la localidad de Campana», reforzó el fiscal cuando en su momento se hizo el pedido de la prisión preventiva.
Además, explicó que se cuenta con al menos dos huellas dactiloscópicas «levantadas» en el domicilio de la víctima y que de acuerdo al análisis comparativo de Criminalística de Paraná «se corresponden con las de Morales».
En ese marco, también aportó la existencia de filmaciones de cámaras de seguridad de la Terminal de Ómnibus e informes de la empresa Nuevo Expreso, donde se certifica que Morales viajó el 6 de agosto desde Zárate a Gualeguaychú y emprendió el regreso poco después de las 20:30 de ese día.
Del mismo modo, señaló la existencia de otras documentales y de valiosos testimonios aportados por personas allegadas tanto a Morales como a la víctima. (El Argentino)
