El sacerdote fue condenado por los delitos de corrupción y abuso sexual de cuatro menores. La demanda ya fue presentada y un abogado que fue parte querellante en el juicio penal dice que es varias veces «millonaria».
La Iglesia de Paraná y el cura Juan Diego Escobar Gaviria enfrentarán una millonaria demanda civil por parte de las cuatro víctimas de los abusos del sacerdote, condenado el 6 de septiembre último a la penal de 25 años de prisión de cumplimiento efectivo, al hallárselo culpable de los delitos de corrupción y abuso sexual de cuatro menores que cumplían funciones de monaguillo en la parroquia San Lucas Evangelista, de Lucas González, donde ejerció como párroco entre 2005 y 2016.
La demanda ya fue presentada ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Nogoyá, a cargo de Américo Daniel Luna. El abogado Mariano Navarro, que fue parte querellante en el juicio penal que enfrentó Escobar Gaviria en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Nogoyá, que lo condenó a 25 años de cárcel, dice que la demanda es varias veces «millonaria», pero de momento prefiere la cautela y evita dar la cifra exacta de la demanda que hace a la Iglesia Católica.
El paso previo al pleito en Tribunales es una instancia de mediación. Y la Justicia ya designó a los mediadores, tres, que intervendrán en ese proceso. La primera audiencia de mediación con los dos primeros casos se hará el 17 de noviembre, con los mediadores Andrés Martín Galizzi y Daniel Alejandro Galizzi; en tanto, que el 20 de noviembre será la mediación para el tercer caso, que ya tiene designada mediadora: será Patricia Urigh.
El caso
Según publica El Diario, la novedad se conoció en medio de los intentos de la curia de Paraná por acercarse a las víctimas y sus familias, con la creación de una Comisión de Protección de los Menores, a cargo de la abogada María Inés Franck
Y mientras Escobar Gaviria cumple prisión preventiva, desde el 21 de abril, a la espera de que la condena quede firme.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones, de Gualeguay, integrado por María Angélica Pivas (presidente), Roberto Javier Cadenas y Darío Ernesto Crespo, condenó a 25 años de prisión al cura Juan Diego Escobar Gaviria, al hallarlo material y penalmente responsable por cuatro hechos de abusos y corrupción de menores, que salieron a la luz en 2016.
En su voto, Pivas fundamentó por qué tres hechos que involucran a tres menores víctimas se encuadra en las figuras delictivas de promoción de la corrupción de menores y un cuarto en la de abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto.
En el caso de los tres primeros casos, explicó que «se trata de un delito que atenta contra el derecho de las personas que, en razón de su edad no han alcanzado la plena madurez física, psíquica y sexual, a no ser sometidos a tratos sexuales anormales en sus modos, cuya práctica puede, en el futuro, impedirles tomar decisiones de índole sexual carentes de deformaciones».
«Es el derecho que los menores de edad tienen el libre desarrollo de su personalidad, particularmente en el aspecto sexual. Lo característico de las víctimas de estos delitos es, precisamente, que se trata de una persona que, por su edad y la falta de pleno desarrollo que ella presupone, carece de capacidad para elaborar su propio plan de vida sexual y, en razón de ello, no puede prestar su válido consentimiento en esta materia», precisó la magistrada.
Respecto al cuarto hecho, la presidenta del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay compartió lo expresado por los penalistas Carlos Creus y Jorge Eduardo Buompadre, en el libro Derecho Penal Parte Especial: «Lo que fundamenta el mayor castigo en este supuesto, a nuestro modo de ver, es la simple calidad del sujeto activo, esto es, su condición sacerdotal. Basta con que el autor, al momento del hecho, ostente la calidad exigida por la norma. Por ello, con la regulación anterior la agravante concurría aun cuando la víctima ignorase la calidad de sacerdote que revestía el autor. Sin embargo, de acuerdo con la actual estructura que presenta la agravante, debe tratarse de una conducta abusiva, vale decir que el autor se prevalezca o aproveche de su condición de sacerdote. Por lo tanto, la víctima debe conocer su calidad de tal».
Demanda Civil
Condenado Escobar Gaviria por la causa penal, ahora es el turno de la demanda civil, y el reclamo de resarcimiento económico por los daños provocados en las víctimas y sus familias por los abusos del cura.
El querellante Navarro iniciará, antes, un planteo de ejecución de sentencia por su trabajo como querellante en el juicio en Gualeguay.
Y para eso quiere plantear una revisión del patrimonio «oculto» de Escobar Gaviria en Lucas González, a partir de las «versiones» que hablan de bienes que tendría el religioso -aun cuando tiene voto de pobreza- manejado por testaferros.
El abogado sostiene que «es vox populi que el cura hacía inversiones, pero que no todas están a nombre de él, sino que hay gente de su círculo cercano que se las administra. Bueno, nosotros vamos a pedir informes y a investigar qué tan cierto es eso, y pretendemos probar que un hombre que ha hecho votos de pobreza, tiene con qué pagar los honorarios. Esa es una demanda civil que se inicia».
«Tanto el Arzobispado como Escobar Gaviria tienen que responder por daños y perjuicios ante las víctimas. La indemnización, en este caso, es económica porque lo que ocurrió no se puede volver hacia atrás. En este caso, la demanda se promueve contra la Iglesia y contra los bienes de Escobar Gaviria. En forma paralela, estoy viendo de empezar a atacar algunos bienes que podrían pertenecer al sacerdote. En este caso, el planteo también, al igual que la demanda civil, se hace ante el Juzgado Civil y Comercial de Nogoyá», explicó. (El Once)
