El gobernador Gustavo Bordet mantuvo una reunión de gabinete donde dio a conocer una batería de proyectos y medidas tendientes a modernizar y dar celeridad a la administración pública.
Además, mencionó que Entre Ríos fue destacada como uno de los ejemplos en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Acompañado por el vicegobernador Adán Bahl, Bordet analizó el paquete de proyectos y medidas que buscarán modernizar, agilizar y dar más transparencia a la administración pública provincial, entre ellas el juicio por jurado.
«El Estado necesariamente tiene que ir reconfigurándose y adecuándose a la exigencia en la sociedad a la cual tiene que responder. Una cosa que se advierte como necesaria para el futuro es adecuar los procesos administrativos, incorporando tecnología, notificaciones electrónicas, despapelización y, sobre todo, que el Estado pueda dar una respuesta con velocidad frente a los reclamos, sea de la ciudadanía o de los propios empleados públicos», sostuvo luego de la reunión la ministra de Gobierno Rosario Romero.
En ese sentido, la titular de la cartera política indicó que «que hay que rearmar la Ley 7060 (de procesos administrativos)». «Es uno de los planteos del gobernador para la etapa que viene», afirmó.
«Otra de las cuestiones que trató es el juicio por jurado. No es un tema menor. No es nada más ni nada menos que la participación ciudadana en la administración de justicia que sería planteada con 12 jurados ciudadanos. Mitad mujeres y mitad varones que juzgarían los delitos penales que tengan una pena prevista de más de 20 años de prisión. Es decir, los delitos más importantes y que más afectan a la vida de las personas de Entre Ríos. Hay siete provincias argentinas que ya implementaron el sistema y nosotros empezaremos a debatirlo. El gobernador tiene pensado enviar prontamente un proyecto de ley a la legislatura», adelantó.
El mejoramiento del proceso de compra fue otro de los temas abordados en la reunión de gabinete que se hizo en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno. «A veces son demasiado lentos los procesos para las cuatro años de una gestión y a veces no estamos contemplando en las normas vigentes las cosas que pasan afuera, en la macroeconomía. Por ejemplo, una estampida del dólar o una estampida inflacionaria nos hace tener que recomenzar procesos de licitación que ya hemos iniciado», precisó la ministra.
En ese marco, Romero explicó que lo que se está planteando es generar una comisión que extienda una resolución conjunta donde se debatirá como se adecua y contempla las situaciones especiales. «Hablamos de reconducir los procesos», continuó.
Para Romero, “el Estado se tiene que adecuarse a los requerimientos ciudadanos, ya que éstos no conocen de la espera de meses para lograr la concreción de una obra del Estado; pero también hay que decir a la ciudadanía que el Estado no puede hacer las cosas sin un registro, porque eso hace a la transparencia. Entonces hay que buscar conjugar transparencia y procedimientos que le den la garantía al ciudadano de que las cosas se hacen bien, con rapidez”.
“Ese es el desafío de los próximos tiempos por lo cual planteamos modificaciones en los procesos administrativos, en sumarios, en la ley orgánica de la policía, en la ley de contravenciones para tener un código de faltas; es decir, se han planteado muchos ejes de gestión para el tiempo que viene”, subrayó la ministra y adelantó que todos estos tema estarán este año ingresando a la Legislatura, para ser tratado algunos con los actuales legisladores y otros con los que vendrán.
Por su parte, Ballay dijo que «es un trabajo que venimos haciendo en forma conjunta, para lo cual suscribimos una resolución conjunta donde vamos a convocar a los otros ministerios y organismos de control, como la Contaduría y la Fiscalía, para tratar de readecuar leyes que evidentemente quedan viejas en el tiempo y fundamentalmente en procesos de la economía actual, procesos inflacionarios donde el tipo de cambio tiene una variación que hace difícil de aplicar este tipo de normas».
«Por eso vamos a hacer un trabajo, como lo marca siempre el gobernador, sentados todos en la mesa los organismos de control y los que participamos del Ejecutivo para lograr la mejor adecuación”, adelantó.
Entre Ríos, un ejemplo
En otro orden, el ministro de Economía dijo que en la reunión de este martes del Consejo de Responsabilidad Fiscal, donde participan el gobierno nacional, todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “nuevamente Entre Ríos fue reconocida como uno de los ejemplos en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal”.
Al respecto, señaló que “en la reunión de gabinete, por pedido del gobernador Bordet, expresé el agradecimiento a todos los que participaron de la reunión, porque esto es algo que cumplimos entre todos. Pero también un compromiso de que a esta ley la vamos a cumplir; en nuestra provincia no hay inconveniente porque hay continuidad en el gobierno, el pueblo entrerriano ha decidido que el gobernador Bordet esté cuatro años más la frente”.
En ese sentido, “eso implica que no puede existir ningún compromiso de nombramientos, ningún compromiso financiero que pueda afectar ejercicios futuros. Y creo que es saludable la norma fundamentalmente para resguardar aquellas organizaciones no sólo provinciales, sino municipales también donde hay cambio de signo político, de intendente. Seis meses de proceso es muy largo, entonces hay que evitar este tipo de cosas. Nosotros, reconociendo las autonomías municipales, también vamos a estar muy atentos a este procedimiento», agregó el titular de Economía.
“También mencionamos en la reunión de gabinete algo que venimos trabajando. Estamos a tres años y medio de gestión pero este fue una impronta de Gustavo Bordet desde el primer día que es el ordenamiento de las cuentas públicas y fundamentalmente evitar el endeudamiento o el tomar deuda avalando tasas que están hoy en el 70 por ciento”, sostuvo Ballay.
En ese sentido recordó que “el año pasado tuvimos una política de no endeudamiento y si bien teníamos una autorización legislativa por 6.500 millones de pesos, solamente tomamos 600 millones de pesos, es decir menos del 10 por ciento. Y en lo que va del año tenemos una autorización también por ley de presupuesto de 3.800 millones de pesos y hasta el momento no hemos tomado deuda y estamos proyectando evitar tomarla”.
También participaron de la reunión los ministros de Desarrollo Social, Laura Stratta; de Salud, Sonia Velázquez; y de Planeamiento, Luis Benedetto; el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; los diputados nacionales Julio Solanas, Juan José Bahillo y Mayda Cresto; y los presidentes del bloque del justicialismo en diputados y en el senado provincial, Juan Reynado Navarro y Ángel Giano; junto a funcionarios y funcionarias de distintas áreas de gobierno.
Avances institucionales
Durante la reunión se analizaron diferentes proyectos en el marco de transformaciones institucionales que necesita la provincia. Algunos tienen ya tratamiento legislativo y otros se están elaborando para enviar a las cámaras para su correspondiente debate. A saber:
Reforma de Procedimientos Administrativos
Juicio por Jurados
Modificación de la Ley de Policía y Código de Faltas (Modificación ley 3815)
Modernización del sistema de compras y licitaciones en el Estado
Nuevo sistema de sumarios administrativos
Reforma de Procedimientos Constitucionales
Fiscalía Anticorrupción
Además, se consideraron los avances institucionales desde el 2015 a la fecha y su puesta en funcionamiento, como la Ley de Narcomenudeo, el Código Procesal de Familia y la Ley de Comunas.
Juicio por Jurados
Este proyecto de ley apunta a dar cumplimiento en la provincia de Entre Ríos al mandato Constituyente Nacional originario, establecido en 1853, que los juicios criminales deben realizarse por jurados (artículos 24, 75 -inciso 12- y 118) y artículo 122, inciso 23 de la Constitución de Entre Ríos.
Se propone una forma de juzgar un delito grave, en el que 12 ciudadanos, hombres y mujeres en partes iguales, bajo las instrucciones de un juez, deciden si el acusado es culpable o no.
Este procedimiento promueve la participación ciudadana y tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos de la forma republicana de gobierno. El pueblo resuelve los conflictos demostrando el sentido comunitario que le da la norma, su visión de la realidad y su sentido innato de justicia y equidad. Además, implica una mayor garantía de imparcialidad.
La división entre veredicto a cargo del pueblo y sentencia a cargo del Juez estatal, brinda a los ciudadanos la máxima garantía de desconcentración del poder punitivo.
El proyecto prevé que en Entre Ríos se juzguen por jurado, los delitos más graves del código penal. Los que tengan una prisión en abstracto superior a los 20 años.
El servicio de jurado es una carga pública, que podría ser ejercida por cualquier ciudadano argentino o naturalizado, de entre 18 y 75 años, que tenga pleno ejercicio de sus derechos políticos y se domicilie en la circunscripción judicial respectiva al lugar del hecho.
